Juan Manuel Villalpando Gomez

Expediente 524/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán. 4 actuaciones registradas, la última del 4 de julio de 2018.

Datos del expediente

Expediente
524/2018
Año
2018
Actuaciones
4
Última actuación
04/07/2018

Partes del expediente

  • Juan Manuel Villalpando Gomez

Actuaciones

  1. Principal

    con esta fecha se notifica por lista al quejoso... del acuerdo de tres de julio de dos mil dieciocho...Como de la certificación de cuenta, se aprecia que el término de cinco días que establece el numeral 98 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de queja en contra del proveído que desechó la demanda de garantías ha fenecido, sin que haya hecho uso de tal derecho; en consecuencia se declara que dicho acuerdo queda FIRME, para los efectos legales a que haya lugar. Ahora bien, como del estado de los autos se aprecia que no existe acuerdo pendiente por dictar, ni diligencia por practicar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE este expediente como asunto totalmente concluido; haciéndose la observación de que es susceptible de DESTRUCCIÓN, en términos de lo dispuesto en el capítulo quinto, punto vigésimo primero, fracciones II y III, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, pues, se desechó la demanda de amparo promovida por - Asimismo, se precisa que el presente asunto no es de relevancia documental, por no encontrarse entre otros, en los supuestos previstos en el punto décimo sexto de la parte considerativa del acuerdo general conjunto en cita. Se previene a la parte quejosa para que dentro del plazo de noventa días, se presente en este juzgado a recoger los documentos originales exhibidos en autos, apercibida que de no hacerlo, dichos documentos correrán la misma surte que el juicio de amparo en que se actúa...

  2. Principal

    Como de la certificación de cuenta, se aprecia que el término de cinco días que establece el numeral 98 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de queja en contra del proveído que desechó la demanda de garantías ha fenecido, sin que haya hecho uso de tal derecho; en consecuencia se declara que dicho acuerdo queda FIRME, para los efectos legales a que haya lugar. Ahora bien, como del estado de los autos se aprecia que no existe acuerdo pendiente por dictar, ni diligencia por practicar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE este expediente como asunto totalmente concluido; haciéndose la observación de que es susceptible de DESTRUCCIÓN, en términos de lo dispuesto en el capítulo quinto, punto vigésimo primero, fracciones II y III, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, pues, se desechó la demanda de amparo promovida por - Asimismo, se precisa que el presente asunto no es de relevancia documental, por no encontrarse entre otros, en los supuestos previstos en el punto décimo sexto de la parte considerativa del acuerdo general conjunto en cita. Se previene a la parte quejosa para que dentro del plazo de noventa días, se presente en este juzgado a recoger los documentos originales exhibidos en autos, apercibida que de no hacerlo, dichos documentos correrán la misma surte que el juicio de amparo en que se actúa.

  3. Principal

    con esta fecha se notifica por lista al quejoso... del acuerdo de dieciocho de junio de dos mil dieciocho... Visto el escrito de cuenta, suscrito por -en cuanto apoderado jurídico de -, en consecuencia, se le reconoce el carácter de apoderado en términos del 10° y 11° de la Ley de Amparo, por acreditarlo con la carta poder simple, así como la copia del acuerdo relativo a la radicación de la demanda; regístrese en el libro de juicios de amparo que se lleva de control en este Juzgado con el número 524/2018. Del análisis de la demanda de garantías, se advierte que la parte quejosa señala como acto reclamado: ".ACTO RECLAMADO: el auto de radicación de fecha 11 de mayo del año 2018, donde se tiene a la parte actora por no señalado domicilio para recibir notificación, alegando que el domicilio señalado para tal efecto se encuentra fuera del lugar de residencia de la Junta, actos derivados del expediente número J-IV-298/2018. ." El suscrito considera que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con la fracción V del precepto 107, aplicado a contrario sensu, del mismo cuerpo de leyes que amerita desechar la demanda de amparo, atendiendo especialmente a la naturaleza del acto precisado en el párrafo que antecede. Para evidenciar lo anterior, conviene citar lo que establece el precepto legal 113 de la referida Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: "ARTICULO 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". El numeral trascrito, autoriza a este juzgador a desechar de plano una demanda de garantías, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Debe tenerse en consideración, que el motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe ser claro, sin lugar a dudas evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador, y que no pueda ser desvirtuado por medio de prueba alguna durante el juicio. Resulta aplicable a lo anterior, por identidad jurídica la jurisprudencia 19, sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo X, septiembre de 1999, página 730, que indica: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente y el "indudable", a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad." Lo anterior es así, pues como ha quedado precisado el acto reclamado a la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje, consiste en el auto de radicación de once de mayo del dos mil dieciocho, donde se tiene a la parte actora por no señalando domicilio para recibir notificaciones, alegando que el domicilio señalado para tal efecto se encuentra fuera del lugar de residencia de la junta. Luego, el suscrito considera que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con la diversa V del artículo 107, aplicado a contrario sensu, de la Ley de Amparo, que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley....." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (...) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte...." Del texto de dichos preceptos se desprende que cuando se reclaman en amparo indirecto actos de imposible reparación dictados dentro de un procedimiento, resulta indispensable que los daños causados por éstos no tengan reparación alguna para los gobernados, afectando sus derechos sustantivos y no los adjetivos, entendiendo por los primeros, los que lesionan los derechos fundamentales de los agraviados, mismos que se encuentran tutelados en nuestro texto constitucional a través de las llamadas garantías individuales y derechos humanos. Por el contrario, los derechos adjetivos son los que sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal, pues si bien inciden dentro del procedimiento legal, de acuerdo a como se va desarrollando éste. Por tanto, resulta evidente que el auto reclamado, no constituye un acto que tenga una ejecución irreparable en perjuicio de la parte quejosa, en virtud de que, de acuerdo a su contenido y alcances legales, el auto de radicación de once de mayo del dos mil dieciocho, donde se tiene a la parte actora por no señalando domicilio para recibir notificaciones, no es una resolución constitutiva de derechos ni de condena sino que es meramente declarativa, en consecuencia no le irroga al quejoso ningún perjuicio en alguno de sus derechos sustantivos diversos a los que ya serian objeto de la sentencia y que serán materia de análisis en la apelación. En consecuencia al actualizarse la causa de improcedencia prevista por la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el 107, fracción V, aplicado a contrario sensu, de ese propio ordenamiento, procede desechar la demanda de garantías de cuenta, con apoyo en lo establecido por el artículo 113 de la ley de la materia. En otro aspecto, toda vez que la parte quejosa no hace manifestación alguna respecto a si se opone a la publicación de su nombre y datos personales en el presente asunto, una vez que cause estado el presente proveído, de conformidad con lo establecido en el artículo 6° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; así como en el precepto 8° de la Ley Federal en cita, la misma estará a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, conforme al procedimiento de acceso a la información, sin que haya lugar a la supresión de sus datos personales, con la salvedad a que se refiere el párrafo segundo del artículo 8° del Reglamento en cita. Se autoriza el uso de medios electrónicos para fotografiar o escanear los acuerdos decretados en el presente asunto, reservándose la reproducción de documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición legal expresa o si previamente debe mediar una notificación personal a la parte interesada en obtener la reproducción. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XXIX Marzo de 2009, visible a página 2847, del rubro y texto: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA. La petición de las partes de que se les autorice el uso de todos aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la técnica para copiar o reproducir el acuerdo o resoluciones dictadas por los tribunales, encuentra fundamento en los derechos constitucionales de petición y de información; no obstante, la Ley de Amparo no contiene regulación al respecto, ni tampoco su ley supletoria el Código Federal de Procedimientos Civiles, que sólo previene en su artículo 278, la expedición de copias certificadas, lo que se debe a que ese numeral no se ha modificado desde su publicación original en el Diario Oficial de la Federación, el veinticuatro de febrero de mil novecientos cuarenta y tres; por tanto, debe acudirse a la analogía con una norma vigente en acatamiento al artículo 14 constitucional. Así, el Código de Comercio en su numeral 1067, y el Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, en los artículos 71 y 331, actualmente autorizan la reproducción en copia simple o fotostática de los documentos o resoluciones que obren en autos a petición verbal de la parte interesada, sin que se requiera decreto judicial que así lo autorice siempre que se deje constancia de su recepción en los autos, sin precisar el medio tecnológico permitido para su obtención; lo cual representa un gran cambio respecto de sus textos originales...

  4. Principal

    MORELIA, MICHOACÁN, dieciocho de junio de dos mil dieciocho. Visto el escrito de cuenta, suscrito por -en cuanto apoderado jurídico de -, en consecuencia, se le reconoce el carácter de apoderado en términos del 10° y 11° de la Ley de Amparo, por acreditarlo con la carta poder simple, así como la copia del acuerdo relativo a la radicación de la demanda; regístrese en el libro de juicios de amparo que se lleva de control en este Juzgado con el número 524/2018. Del análisis de la demanda de garantías, se advierte que la parte quejosa señala como acto reclamado: ".ACTO RECLAMADO: el auto de radicación de fecha 11 de mayo del año 2018, donde se tiene a la parte actora por no señalado domicilio para recibir notificación, alegando que el domicilio señalado para tal efecto se encuentra fuera del lugar de residencia de la Junta, actos derivados del expediente número J-IV-298/2018. ." El suscrito considera que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con la fracción V del precepto 107, aplicado a contrario sensu, del mismo cuerpo de leyes que amerita desechar la demanda de amparo, atendiendo especialmente a la naturaleza del acto precisado en el párrafo que antecede. Para evidenciar lo anterior, conviene citar lo que establece el precepto legal 113 de la referida Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: "ARTICULO 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". El numeral trascrito, autoriza a este juzgador a desechar de plano una demanda de garantías, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Debe tenerse en consideración, que el motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe ser claro, sin lugar a dudas evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador, y que no pueda ser desvirtuado por medio de prueba alguna durante el juicio. Resulta aplicable a lo anterior, por identidad jurídica la jurisprudencia 19, sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo X, septiembre de 1999, página 730, que indica: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente y el "indudable", a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad." Lo anterior es así, pues como ha quedado precisado el acto reclamado a la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje, consiste en el auto de radicación de once de mayo del dos mil dieciocho, donde se tiene a la parte actora por no señalando domicilio para recibir notificaciones, alegando que el domicilio señalado para tal efecto se encuentra fuera del lugar de residencia de la junta. Luego, el suscrito considera que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con la diversa V del artículo 107, aplicado a contrario sensu, de la Ley de Amparo, que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley....." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (...) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte...." Del texto de dichos preceptos se desprende que cuando se reclaman en amparo indirecto actos de imposible reparación dictados dentro de un procedimiento, resulta indispensable que los daños causados por éstos no tengan reparación alguna para los gobernados, afectando sus derechos sustantivos y no los adjetivos, entendiendo por los primeros, los que lesionan los derechos fundamentales de los agraviados, mismos que se encuentran tutelados en nuestro texto constitucional a través de las llamadas garantías individuales y derechos humanos. Por el contrario, los derechos adjetivos son los que sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal, pues si bien inciden dentro del procedimiento legal, de acuerdo a como se va desarrollando éste. Por tanto, resulta evidente que el auto reclamado, no constituye un acto que tenga una ejecución irreparable en perjuicio de la parte quejosa, en virtud de que, de acuerdo a su contenido y alcances legales, el auto de radicación de once de mayo del dos mil dieciocho, donde se tiene a la parte actora por no señalando domicilio para recibir notificaciones, no es una resolución constitutiva de derechos ni de condena sino que es meramente declarativa, en consecuencia no le irroga al quejoso ningún perjuicio en alguno de sus derechos sustantivos diversos a los que ya serian objeto de la sentencia y que serán materia de análisis en la apelación. En consecuencia al actualizarse la causa de improcedencia prevista por la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el 107, fracción V, aplicado a contrario sensu, de ese propio ordenamiento, procede desechar la demanda de garantías de cuenta, con apoyo en lo establecido por el artículo 113 de la ley de la materia. En otro aspecto, toda vez que la parte quejosa no hace manifestación alguna respecto a si se opone a la publicación de su nombre y datos personales en el presente asunto, una vez que cause estado el presente proveído, de conformidad con lo establecido en el artículo 6° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; así como en el precepto 8° de la Ley Federal en cita, la misma estará a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, conforme al procedimiento de acceso a la información, sin que haya lugar a la supresión de sus datos personales, con la salvedad a que se refiere el párrafo segundo del artículo 8° del Reglamento en cita. Se autoriza el uso de medios electrónicos para fotografiar o escanear los acuerdos decretados en el presente asunto, reservándose la reproducción de documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición legal expresa o si previamente debe mediar una notificación personal a la parte interesada en obtener la reproducción. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XXIX Marzo de 2009, visible a página 2847, del rubro y texto: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA. La petición de las partes de que se les autorice el uso de todos aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la técnica para copiar o reproducir el acuerdo o resoluciones dictadas por los tribunales, encuentra fundamento en los derechos constitucionales de petición y de información; no obstante, la Ley de Amparo no contiene regulación al respecto, ni tampoco su ley supletoria el Código Federal de Procedimientos Civiles, que sólo previene en su artículo 278, la expedición de copias certificadas, lo que se debe a que ese numeral no se ha modificado desde su publicación original en el Diario Oficial de la Federación, el veinticuatro de febrero de mil novecientos cuarenta y tres; por tanto, debe acudirse a la analogía con una norma vigente en acatamiento al artículo 14 constitucional. Así, el Código de Comercio en su numeral 1067, y el Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, en los artículos 71 y 331, actualmente autorizan la reproducción en copia simple o fotostática de los documentos o resoluciones que obren en autos a petición verbal de la parte interesada, sin que se requiera decreto judicial que así lo autorice siempre que se deje constancia de su recepción en los autos, sin precisar el medio tecnológico permitido para su obtención; lo cual representa un gran cambio respecto de sus textos originales, sin embargo, no se dispuso expresamente respecto al uso por el propio interesado de los medios tecnológicos de reproducción para obtenerla y siendo un hecho notorio que en los dos últimos años la accesibilidad que algunos grupos sociales tienen a las innovaciones tecnológicas las que permiten a las partes el acceso a las constancias que obran en el expediente de una manera más ágil mediante el uso del scanner, la cámara fotográfica, lectores láser u otro medio electrónico para copiar constancias o reproducir el contenido de las resoluciones que obran en el expediente, lo que ha suscitado que soliciten autorización para copiar o tomar el acuerdo cotidiano de los expedientes, en los mismos términos en que se encuentran autorizados para consultarlos. De ahí que ante la falta de regulación expresa de esa situación, debe integrarse con una disposición vigente que regule una parecida en armonía con el principio general de derecho consistente en que quien puede lo más puede lo menos, y si de conformidad con la legislación procesal civil las partes y sus autorizados tienen acceso al expediente y tienen derecho a que se les expidan las copias simples que soliciten verbalmente sin que medie acuerdo, siempre que quede asentada su recepción, aunque no se precise que las partes directamente pueden obtener tales copias simples por el medio tecnológico que porten, ante la accesibilidad a las innovaciones tecnológicas que permiten la reproducción de las constancias que obran en el expediente de una manera más ágil mediante el uso del scanner, de la cámara fotográfica, de lectores láser u otro medio electrónico de reproducción portátil, no hay obstáculo legal que impida su utilización y debe ser permitida en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, en términos del artículo 17 constitucional, sólo debe cuidarse que esas herramientas sean utilizadas con lealtad procesal y que no se reproduzcan documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición legal expresa o si previamente debe mediar una notificación personal a la parte interesada en obtener la reproducción; de modo que por regla general, sí procede autorizar la utilización de los avances de la ciencia, en integración de la laguna legal que padece la Ley de Amparo y su ley supletoria, para armonizar la situación actual científica y tecnológica y que en un futuro el legislador federal pudiera regular incluso con mayor alcance. Luego, bastará la solicitud verbal de la parte interesada, no se requerirá que recaiga proveído al respecto, pero en todo caso, por seguridad jurídica, se dejará constancia en autos de tal acto, sin que implique que la fe pública del secretario de Acuerdos quede comprometida respecto de la posterior reproducción o edición que hagan los interesados y, sólo para la hipótesis de que se solicite copiar sólo parte de un documento que obre en el expediente, deberá recaer acuerdo con vista a la contraparte para que manifieste lo que a su interés legal convenga". Finalmente, se le tiene a la parte quejosa por señalado domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad. Notifíquese personalmente.

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