Juan Manuel Vergara Medina
Expediente 354/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua. 5 actuaciones registradas, la última del 1 de septiembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 354/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 01/09/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Juan Manuel Vergara Medina
- Servicio de Administracion Tributaria
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua, primero de septiembre de dos mil veintidós. Glósense a las presentes actuaciones, el oficio y anexos que remite la Secretaria del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito, con residencia en Cuernavaca Morelos, el cual, remite testimonio de la ejecutoria pronunciada por ese Tribunal Colegiado, el conflicto competencial 8/2022, entre la Jueza Primero de Distrito en el Estado de Morelos y Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, derivado del juicio de amparo indirecto 354/2022-III-B y hace del conocimiento de este Juzgado Federal, el contenido de la resolución pronunciada el cinco de agosto del año en curso, dentro del conflicto competencial 8/2022, suscitado entre este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos y este Juzgado de Distrito, en el presente juicio constitucional, en la cual, a la letra resolvió: "ÚNICO. Es improcedente el conflicto competencial planteado por la Jueza Primera de Distrito en el Estado de Morelos.". Acúsese el recibo de estilo, háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente y agréguese el cuadernillo de antecedentes respectivo. Por lo que, archívese este expediente como asunto totalmente concluido, cumplido el plazo de conservación de tres años, dentro de los treinta días siguientes, se deberá destruir este expediente y remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Por otro lado, el expediente principal, no encuadra en los supuestos de relevancia documental y no obran documentos originales; por lo que al haberse sobreseído, es susceptible de destrucción dentro del plazo de tres años, conforme lo establece el numeral 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Conforme a lo ordenado en el numeral 35 (treinta y cinco), primer párrafo, del acuerdo aludido, se ordena hacer en la carátula del presente expediente, la anotación de la fecha de archivo, como también que es destruible. Por otro lado, hágase conforme a lo dispuesto en el artículo 3º de la Ley de Amparo, la compulsa del expediente electrónico y físico y acorde a las reglas y acuerdos generales emitidos por el Consejo de la Judicatura Federal Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma el licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante el licenciado Félix Santillanes Cruz, Secretario de Juzgado, quien autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua, catorce de junio de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta, agréguese a sus autos para que obre como legalmente corresponda. Así, y en atención al contenido del oficio 2965/2022 signado por la Actuaria Judicial adscrita al Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito, en el Estado de Morelos, con sede en Cuernavaca, se le tiene informando a este juzgado que con fecha nueve de junio del año en curso, ese Tribunal Colegiado se avoca al conocimiento del conflicto competencial suscitado entre el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos y este Juzgado de Distrito, quedando registrado con el número 8/2022 de ese Tribunal Colegiado. Notifíquese. Así lo proveyó y firma, el Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado Héctor Manuel Flores Lara, asistido del licenciado Félix Santillanes Cruz, Secretario que autoriza y da fe de sus actos. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua, primero de junio de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta, agréguese a sus autos para que obre como legalmente corresponda. Así, y en atención al contenido del oficio 1111/2022 signado por la Actuaria Judicial adscrita al juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos, con sede en Cuernavaca, se le tiene informando a este juzgado que consideró no aceptar la competencia al considerar que las cuestiones procedimentales con las que argumentó este juzgado no se cumplía para abocarse al conocimiento del asunto, aquel órgano jurisdiccional no estuvo de acuerdo y por ello ordenó con fundamento en el artículo 48 de la Ley de Amparo y 37 fracción VI de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, remitir el expediente correspondiente al Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Octavo Circuito, en turno, con residencia en esa ciudad, para que resuelva el conflicto competencial suscitado entre este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos y este Juzgado de Distrito. Notifíquese. Así lo proveyó y firma, el Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado Héctor Manuel Flores Lara, asistido del licenciado Félix Santillanes Cruz, Secretario que autoriza y da fe de sus actos. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua, diecinueve de mayo de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los autos, así como la certificación que antecede y tomando en cuenta que tanto de las copias certificadas remitidas por la Jueza Primero de Distrito en el Estado de Morelos, en un primer momento en que se declaró incompetente para conocer del asunto, como de las recibidas el día de ayer, mediante oficio 964, constante de otras (39) treinta y nueve fojas útiles, del expediente de amparo 386/2020-6, repuesto, por no haberse localizado el original; promovido por el quejoso Juan Manuel Vergara Medina, contra actos del Servicio de Administración Tributaria y otras autoridades. Y ni de las once copias más de la demanda de amparo, se advierte la existencia de la demanda de amparo con firma original del quejoso, dígasele que este órgano jurisdiccional determina no aceptar la competencia tal y como se proveyó por auto de fecha dos de mayo del año en curso, por lo siguiente: En primer término, si bien la Jueza Primero de Distrito en el Estado de Morelos, insiste en la incompetencia planteada, aduciendo que por error se mencionó al Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal en Tepic, Nayarit, y que en este asunto no se trata de actos privativos de libertad personal, lo cierto es que efectivamente con las copias certificadas en las que se contiene la misma demanda de amparo completa (en copia certificada), ya se puede advertir el acto reclamado y las autoridades responsables, por lo que, se advierte que no se trata de un asunto urgente, como bien lo precisa también la autoridad declinante; sin embargo, se trata de un asunto de reposición de constancias, el cual se encuentra regulado en los artículos 70 y 71 de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 70. El incidente de reposición de constancias de autos se tramitará a petición de parte o de oficio, en ambos casos, se certificará su preexistencia y falta posterior. Este incidente no será procedente si el expediente electrónico a que hace referencia el artículo 3o de esta Ley permanece sin alteración alguna, siendo únicamente necesario, en tal caso, que el órgano jurisdiccional realice la copia impresa y certificada de dicho expediente digital. Artículo 71. El órgano jurisdiccional requerirá a las partes para que dentro del plazo de cinco días, aporten las copias de las constancias y documentos relativos al expediente que obren en su poder. En caso necesario, este plazo podrá ampliarse por otros cinco días. El juzgador está facultado para investigar de oficio la existencia de las piezas de autos desaparecidas, valiéndose para ello de todos los medios de prueba admisibles en el juicio de amparo y ley supletoria.". Luego, si bien se observa que por auto de siete de abril de dos mil veintidós, la Juzgadora declinante, instruyó a la secretaria del asunto que procediera a realizar la certificación correspondiente, de las copias impresas de las actuaciones que obraran en ambos expedientes [físico y electrónico], las que deberían ser certificadas para que obraran en lugar de las originales, y resolver lo conducente, lo cual así lo realizó la Secretaría, pero no asentó en este asunto la preexistencia y falta posterior de la demanda de amparo original con firma autógrafa, que se presentó según se observa del sello correspondiente físicamente y no en vía electrónica. Se evidencia que no se dio cumplimiento a lo dispuesto por dicho artículos. Y por otro lado, nada impide a la Juez declinante, antes de decidir sobre su incompetencia, ajustarse a los dispositivos legales mencionados, esto es, no se realizaron en las certificaciones de constancias como en derecho corresponde - ya que las que se remitieron fueron - copias certificadas de copias certificadas- , pero no se remitió ni siquiera la demanda de amparo con firma autógrafa, ni se certificó la preexistencia y falta posterior de la demanda de amparo original con firma autógrafa, lo cual es necesario para tramitar y resolver conforme a derecho este asunto. Máxime que como lo aclaró la Juez declinante no está ante los supuesto de un juicio de amparo de tramitación urgente, de los que establece el artículo 15 de la Ley de Amparo. Por último, no se soslaya por este Juzgado que de - las copias certificadas de las certificadas- que se envían por la Jueza declinante, se desprende que existe la presunción, de que el quejoso firmó su escrito de demanda, empero, ello no quita la faculta de que ese órgano jurisdiccional, requiera al promovente, por las vías legales para que comparezca a manifestar si fue la persona que presentó la demanda de amparo físicamente y la cual se subió al expediente electrónico, esto es, si ratifica o no la firma autógrafa escaneada. Sirve de apoyo a lo anterior, en lo atingente, la Tesis Aislada I.6o.P.13 K (10a.), Registro digital 2015961, sustentada por el Sexto Tribunal Décima Época, Materia Colegiado en Materia Penal Del Primer Circuito, Común, Libro 50, Enero de 2018, Tomo IV, página 2108, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, la cual aparece bajo los siguientes rubro y texto: "DEMANDA DE AMPARO PRESENTADA EN LÍNEA. SI CARECE DE FIRMA ELECTRÓNICA, PERO EXISTE INDICIO DE QUE SE FIRMÓ DE MANERA AUTÓGRAFA, SE GENERA LA PRESUNCIÓN DE QUE FUE FIRMADA POR EL QUEJOSO Y, POR TANTO, NO DEBE DESECHARSE, SINO REQUERIR AL PROMOVENTE. De los artículos 3o., 108 y 109 de la Ley de Amparo, 1, 3, 4, 5, 10, 12, incisos b) y f), y 13, inciso d), del Acuerdo General Conjunto Número 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al Expediente Electrónico; y, 5, 54, 55, 58, 59, 60, 62, 64, 65, 72, 73 y 76 del Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, se advierte que las demandas de amparo pueden presentarse a través de los servicios en línea, mediante el uso de la firma electrónica emitida o reconocida por el Poder Judicial de la Federación, por conducto de las unidades de certificación. Ahora bien, como la firma electrónica produce los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa, cuando la demanda se reciba vía electrónica sin firma, pero se cuente con algún signo que permita advertir que se firmó de manera autógrafa, ello genera la presunción de que contiene la manifestación de voluntad para realizar actos procesales, y mediante la cual, se acreditan la autenticidad de un documento y su eficacia, por lo que no debe darse el mismo tratamiento al diverso supuesto de una demanda que no contiene la firma electrónica, ni algún otro signo que permita presumir que fue suscrita por el promovente. Por ello, al contarse con esa presunción, el órgano jurisdiccional, no debe desecharla por carecer de firma electrónica, sino requerir al promovente, para que comparezca a manifestar si fue la persona que mediante el portal del servicios en línea presentó la demanda de amparo y si ratifica o no la firma autógrafa escaneada". Asimismo, cobra aplicación al caso, la Tesis Aislada I.3o.C.117 C (10a.), Registro digital 2004569, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, Décima Época, Materia Común, Civil, Libro XXIV, Septiembre de 2013, Tomo 3, página 2655, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, la cual aparece bajo los siguientes rbro y texto: "RECONOCIMIENTO DE FIRMA. ES UN ACTO PERSONALÍSIMO QUE CORRESPONDE A LA PARTE AGRAVIADA. El artículo 4o. de la Ley de Amparo (vigente hasta el 2 de abril de 2013) establece que el juicio de amparo puede promoverse únicamente por la parte a quien perjudique la ley y sólo podrá seguirse por éste, por su representante legal o por su defensor. Los artículos 12 y 14 del mismo ordenamiento disponen que el agraviado podrá constituir apoderado que lo represente en el juicio de amparo y que para ello no se requiere cláusula especial en el poder general para que el mandatario promueva y siga el juicio de amparo. Por otra parte, el artículo 2554 del Código Civil Federal establece que en todos los poderes generales para pleitos y cobranzas, bastará que se diga que se otorga con todas las facultades generales y las especiales que requieran cláusula especial conforme a la ley, para que se entiendan conferidos sin limitación alguna. De lo anterior se concluye que la persona a quien perjudique el acto reclamado puede designar a un tercero para que funja como su representante legal en el procedimiento de amparo y, al otorgarle poder general para pleitos y cobranzas sin limitación alguna, lo faculta para actuar a nombre de éste en los procedimientos en donde se vea involucrado. Ahora, para poder establecer si un mandatario general para pleitos y cobranzas podría reconocer la firma asentada por su mandante en una demanda de amparo, en cumplimiento a la prevención efectuada por un Juez de Distrito, es necesario distinguir entre dos figuras distintas: ratificación y reconocimiento; la primera constituye un acto jurídico a través del cual se confirma un acto nulo, con el objetivo de otorgarle validez, ello de conformidad con el artículo 1802 del citado código, que dice: "Los contratos celebrados a nombre de otro por quien no sea su legítimo representante, serán nulos, a no ser que la persona a cuyo nombre fueron celebrados, los ratifique antes de que se retracten por la otra parte. ...". Dicha figura es distinta del reconocimiento, éste es un acto expreso o implícito en virtud del cual el autor jurídico del documento le otorga autenticidad, sea espontánea o por citación judicial; busca que exista certeza sobre el origen del documento y sobre su autor. Por tanto, existe una diferencia sustancial entre ratificación y reconocimiento, porque la primera busca la validación de actos nulos; en cambio, la segunda tiene como fin otorgar autenticidad a un documento, al cerciorarse de que éste procede del autor indicado en él. Así, el reconocimiento de una firma sólo puede ser efectuado por quien la imprimió, por lo cual, aun cuando el quejoso hubiere constituido apoderado para que lo represente en el juicio de amparo, éste no podría comparecer ante el Juez de Distrito para reconocer una firma que no asentó, pues es un acto personalísimo. En tal virtud, la representación de la parte agraviada sólo sirve para manifestar su voluntad respecto al contenido de los actos jurídicos, mas no llega al extremo de deslindar al mandante de realizar las diligencias que, por su naturaleza, debe desahogar en forma personal". Igualmente es aplicable la jurisprudencia número 679, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito que aparece publicada en la página 456, del tomo VI, Tribunales Colegiados de Circuito, de la Octava Época del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1995, del rubro siguiente: "COMPETENCIA DEL JUEZ DE DISTRITO. SE DEBE FINCAR ANTES DE RESOLVER LAS CUESTIONES DE FONDO PLANTEADAS EN LA DEMANDA. La competencia constituye un presupuesto procesal cuya resolución reviste la mayor importancia, pues la decisión que al efecto se emita puede afectar a las partes en grado predominante o superior, ya que no solamente es declarativa, sino constitutiva, en función que define, aparte de qué Juez es el competente, la naturaleza del negocio y las leyes aplicables para su tramitación y resolución, dado que de examinarse hasta en sentencia definitiva o, en su caso, en revisión o amparo directo y resultar cierta la violación, implicaría la reposición de todo el procedimiento, conforme al artículo 93, fracción IV, de la Ley de Amparo, a fin de que el Juez haga el planteamiento de incompetencia correspondiente. Por último, déjese copia cotejada de las actuaciones remitidas y devuélvanse al Juzgado de origen las remitidas por el Juzgado declinante. Sin perjuicio de que una vez que remita la demanda de amparo original con firma autógrafa olas certificaciones completas, sean remitidas al Juzgado Federal en turno en este Circuito, para que proceda conforme a derecho. Por consiguiente, notifíquese por oficio a la Juez declinante.
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