Juan Manuel Vázquez Velázquez

Expediente 730/2017 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Colima. 5 actuaciones registradas, la última del 11 de julio de 2017.

Datos del expediente

Expediente
730/2017
Año
2017
Actuaciones
5
Última actuación
11/07/2017

Partes del expediente

  • Juan Manuel Vázquez Velázquez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Firmeza de auto de sobreseimiento. Visto; con fundamento en lo dispuesto por el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado el proveído de diecinueve de junio de dos mil diecisiete, en el que se sobreseyó fuera de audiencia este juicio, por falta de impugnación dentro del plazo legal. Archivo del expediente. Archívese el presente juicio, como asunto concluido.

  2. Principal

    Informe justificado. Visto; con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo (en adelante la ley), téngase por rendido el informe justificado y, se recibe como prueba documental la copia certificada del juicio mercantil ejecutivo 1424-123M, del índice del Juzgado Primero Mixto Familiar y Mercantil de Manzanillo, Colima, del índice de la autoridad oficiante. Estado procesal del juicio. Del estado procesal del juicio se advierte que el dieciocho de mayo de dos mil diecisiete, Juan Manuel Vázquez Velázquez demandó el amparo contra la omisión del Juez y del Secretario de Acuerdos, adscritos al Juzgado Primero Mixto Familiar y Mercantil de Manzanillo, Colima, en acordar el escrito que presentó el cuatro de mayo de dos mil diecisiete. Análisis del juicio. Del informe justificado que rindieron las responsables se advierte que el veintiséis de mayo de dos mil diecisiete las responsables acordaron el escrito del quejoso, en el cual ordenaron turnar los autos para el dictado de la resolución interlocutoria respecto al Incidente de Gastos y Costar en el juicio mercantil ejecutivo 1424-123M, del índice del Juzgado Primero Mixto, Familiar y Mercantil de Manzanillo, Colima. Causal de improcedencia. En relación a esta situación, conviene mencionar que el artículo 63, fracción V, de la Ley, prevé que el sobreseimiento en el juicio de amparo procede, durante su sustanciación, cuando se materialice un supuesto de improcedencia y que, conforme a la postura de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, debe ser manifiesta (cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara, de forma que con alguna prueba se desvirtúe) e indudable (cuando existe la certidumbre y la plena convicción de que la hipótesis de improcedencia analizada opera en el caso a estudio). En cuanto a los actos reclamados de las responsables, a juicio de quien suscribe, se actualiza la hipótesis de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley, consistente en que el juicio de amparo es improcedente cuando, o bien que la autoridad responsable derogue o revoque el acto reclamado, o que, aún sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo y protección de la justicia federal; es decir, como si el acto no hubiera invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia de la Unión. Este sobreseimiento se hace extensivo al secretario de acuerdos señalado como responsable, pues, sus facultades están circunscritas a la organización interna y de mero trámite del tribunal al que son adscritos y la fe que dan mediante su firma, de los autos, decretos y sentencias dictados por él, no significa que resuelvan conjuntamente con éste, pues dar fe, significa que confirman que el acuerdo o resolución fue dictado por el órgano, por lo que los actos de los secretarios de acuerdos no son actos de decisión reclamables en amparo, porque dichos funcionarios no tienen intervención en su emisión. Se deja sin efectos audiencia constitucional. Dado lo expuesto en párrafos precedentes, se deja sin efecto la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional, a verificarse a las NUEVE HORAS CON VEINTITRÉS MINUTOS DEL DOCE DE JULIO DE DOS MIL DIECISIETE.

  3. Principal

    Informe justificado. Visto; con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo (en adelante la ley), téngase por rendido el informe justificado y, se recibe como prueba documental la copia certificada del juicio mercantil ejecutivo 1424-123M, del índice del Juzgado Primero Mixto Familiar y Mercantil de Manzanillo, Colima, del índice de la autoridad oficiante. Estado procesal del juicio. Del estado procesal del juicio se advierte que el dieciocho de mayo de dos mil diecisiete, Juan Manuel Vázquez Velázquez demandó el amparo contra la omisión del Juez y del Secretario de Acuerdos, adscritos al Juzgado Primero Mixto Familiar y Mercantil de Manzanillo, Colima, en acordar el escrito que presentó el cuatro de mayo de dos mil diecisiete. Análisis del juicio. Del informe justificado que rindieron las responsables se advierte que el veintiséis de mayo de dos mil diecisiete las responsables acordaron el escrito del quejoso, en el cual ordenaron turnar los autos para el dictado de la resolución interlocutoria respecto al Incidente de Gastos y Costar en el juicio mercantil ejecutivo 1424-123M, del índice del Juzgado Primero Mixto, Familiar y Mercantil de Manzanillo, Colima. Causal de improcedencia. En relación a esta situación, conviene mencionar que el artículo 63, fracción V, de la Ley, prevé que el sobreseimiento en el juicio de amparo procede, durante su sustanciación, cuando se materialice un supuesto de improcedencia y que, conforme a la postura de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, debe ser manifiesta (cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara, de forma que con alguna prueba se desvirtúe) e indudable (cuando existe la certidumbre y la plena convicción de que la hipótesis de improcedencia analizada opera en el caso a estudio). En cuanto a los actos reclamados de las responsables, a juicio de quien suscribe, se actualiza la hipótesis de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley, consistente en que el juicio de amparo es improcedente cuando, o bien que la autoridad responsable derogue o revoque el acto reclamado, o que, aún sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo y protección de la justicia federal; es decir, como si el acto no hubiera invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia de la Unión. Este sobreseimiento se hace extensivo al secretario de acuerdos señalado como responsable, pues, sus facultades están circunscritas a la organización interna y de mero trámite del tribunal al que son adscritos y la fe que dan mediante su firma, de los autos, decretos y sentencias dictados por él, no significa que resuelvan conjuntamente con éste, pues dar fe, significa que confirman que el acuerdo o resolución fue dictado por el órgano, por lo que los actos de los secretarios de acuerdos no son actos de decisión reclamables en amparo, porque dichos funcionarios no tienen intervención en su emisión. Se deja sin efectos audiencia constitucional. Dado lo expuesto en párrafos precedentes, se deja sin efecto la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional, a verificarse a las NUEVE HORAS CON VEINTITRÉS MINUTOS DEL DOCE DE JULIO DE DOS MIL DIECISIETE.

  4. Principal

    Estado procesal del juicio. Visto; de la certificación de cuenta se advierte que se encuentra transcurriendo el término de quince días para que las autoridades responsables Juez y Secretario, ambos adscritos al Juzgado Primero Mixto Familiar y Mercantil de Manzanillo, Colima, rindan su informe justificado. Diferimiento de audiencia constitucional. Consecuentemente, a fin de que transcurra el término que se les concedió a las citadas responsables y estén en aptitud de rendir su informe justificado, no es factible verificar la audiencia constitucional fijada para el día de hoy, por lo que se difiere. Nueva fecha para que se verifique la audiencia constitucional. Se fijan las NUEVE HORAS CON VEINTITRÉS MINUTOS DEL DOCE DE JULIO DE DOS MIL DIECISIETE, para que se verifique la audiencia constitucional.

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