Juan Manuel Trujeque Russi
Expediente 880/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco. 12 actuaciones registradas, la última del 19 de febrero de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 880/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 12
- Última actuación
- 19/02/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco · Tabasco
Partes del expediente
- Juan Manuel Trujeque Russi
Actuaciones
Las 4 más recientes de 12.
- Incidental
En diecinueve de febrero de dos mil veintiuno, doy cuenta al Juez, con la certificación que antecede. Conste. MESA VILLAHERMOSA, TABASCO, DIECINUEVE DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIUNO. Visto; toda vez que el día de la fecha se ordenó el archivo del juicio de amparo del que deriva este incidente, al encontrarse el procedimiento incidental totalmente concluido, de igual manera, archívense los presentes cuadernos incidentales. En cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, diputación, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se indica que toda vez que en el presente expediente se negó y concedió la suspensión provisional y la definitiva solicitadas, los cuadernos incidentales son susceptibles de depuración y carecen de relevancia documental, por actualizarse la hipótesis del artículo 18, fracción I, inciso a), del citado Acuerdo General, motivo por el cual: el original debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberán seguirse los lineamientos establecidos en el propio acuerdo, y el duplicado, deberá destruirse transcurrido seis meses del dictado de la interlocutoria emitida en este asunto de conformidad con el artículo 20, fracción II, inciso a) del citado acuerdo. En tal virtud, hágase saber a las partes que una vez transcurrido dicho plazo de archivado el incidente, se desintegrarán materialmente las constancias que obran en el cuaderno original distintas a las resoluciones relativas al otorgamiento de la medida cautelar o su violación. Notifíquese.
- Principal
MESA MESA VILLAHERMOSA, TABASCO, DIECINUEVE DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIUNO. Vista, la certificación secretarial que antecede de la que se desprende que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido la sentencia dictada en el presente juicio de amparo, el once de enero de dos mil veintiuno, en la que en su primer punto resolutivo se le NEGÓ el amparo y protección de la justicia federal a JUAN MANUEL TRUJEQUE RUSSI; por lo que con fundamento en el artículo 2º de la ley invocada, en relación con el numeral 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la sentencia mencionada en líneas precedentes HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales correspondientes; por lo que háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno que se lleva en este juzgado y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, diputación, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se ordena que, una vez que transcurran tres años a partir de la presente fecha, se proceda a su depuración, por actualizarse la hipótesis del artículo 18, fracción I, inciso b), del citado Acuerdo General, previa formulación del acta y relación correspondiente de su transferencia a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo. En tal virtud, hágase saber a la parte promovente que una vez transcurrido dicho plazo, se desintegrarán materialmente la totalidad de las constancias que obran en este expediente, por lo que, en su caso, deberán comparecer a este juzgado dentro del término de noventa días a recoger los documentos originales que hayan aportado al procedimiento, con el apercibimiento de que de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos. Por otra parte, toda vez que en el presente asunto se solicitó la suspensión del acto reclamado, dése vista con el sentido de este acuerdo en los cuadernos incidentales relativos, a efecto de acordar lo que corresponda respecto de su archivo. Finalmente, devuélvase al JUEZ DE CONTROL DE LA REGIÓN JUDICIAL NUEVE DE CENTRO, TABASCO, un disco en formato DVD de audio y video, que envió como anexo a su informe justificado, constancia que se manejó por cuerda separada. Notifíquese.
- Principal
MESA 4 VISTO; para resolver los autos del juicio de amparo 880/2020-4, promovido por Juan Manuel Trujeque Russi contra actos de la Juez de Control de la Región Judicial Nueve de Centro, Tabasco, por estimarlos violatorios de los artículos 1, 14, 16 y 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. R E S U L T A N D O PRIMERO. RECEPCIÓN DE LA DEMANDA. Por escrito recibido el trece de octubre de dos mil veinte, a través del buzón judicial de los Juzgados de Distrito, misma que fue recepcionada en catorce siguiente en la Oficina de Correspondencia Común y turnado a éste órgano jurisdiccional el quince del mismo mes y año, Juan Manuel Trujeque Russi solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra del acto y autoridad que a continuación se detallan: AUTORIDAD RESPONSABLE 1.- JUEZ DE CONTROL DE LA REGIÓN JUDICIAL NUEVE DE CENTRO, TABASCO. ACTOS RECLAMADOS El auto de vinculación a proceso dictado por la juez responsable el veintisiete de septiembre de dos mil veinte, dentro de la causa penal 714/2020, de su índice, en contra del quejoso Juan Manuel Trujeque Russi, como probable responsable en la comisión del delito de homicidio en grado de tentativa, previsto y sancionado en los artículos 110, 67 y 11 del Código Penal del Estado de Tabasco, en agravio de Jesús Alberto Martínez Pérez y como probable responsable del delito de lesiones calificadas, previsto y sancionado en los artículos 116, fracción II, 123 fracción I y 121 del Código Penal del Estado de Tabasco, en agravio de Alejandro Reyes Pérez. SEGUNDO. TRÁMITE DE LA DEMANDA. En proveído de dieciséis de octubre de dos mil veinte, se admitió la demanda de que se trata, se registró bajo el expediente 880/2020-4, se requirió a la autoridad responsable rindiera su informe justificado, se dio al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, la intervención que legalmente le compete, se ordenó el emplazamiento de los terceros interesados y se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. ERCERO. EMPLAZAMIENTO DE LOS TERCEROS INTERESADOS. El cinco de noviembre de dos mil veinte, el actuario adscrito a este juzgado realizó el emplazamiento de los terceros interesados Alejandro Reyes Pérez y Jesús Manuel Martínez Pérez fojas 42 y 43. Asimismo, en proveído de uno de diciembre de dos mil veinte, con fundamento en los artículo 5, fracción III, inciso e) de la Ley de Amparo, se ordenó emplazar a Julio César Torres Torres, Fiscal del Ministerio Público que formuló la imputación en contra del quejoso en la causa penal de origen, por lo cual se envió el oficio 21924/2020, el cual fue recepcionado el ocho del mismo mes y año foja 63. Posteriormente, se celebró la audiencia constitucional en términos del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el estado de Tabasco, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo indirecto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, 33, fracción IV, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el Acuerdo 3/2013 del Pleno del Consejo de la JudIcatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación. Lo anterior, en virtud de que el acto que se reclama a la autoridad responsable pudiera tener ejecución dentro de la circunscripción territorial en que se ejerce jurisdicción. Además, la suscrita está facultada para dictar sentencia en el presente asunto, con fundamento en los artículos 1, fracción II del Acuerdo General 13/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus Covid-19. SEGUNDO. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Antes de analizar lo referente a la certeza de los actos reclamados, es necesario precisar cuáles son éstos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, para lo cual es indispensable efectuar un examen conjunto de la demanda de garantías. Ello tiene sustento en la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1511, del apéndice 1917-Septiembre 2011, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo II, Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte- SCJN Decima Primera Sección - Sentencias de amparo y sus efectos, Novena Época, registró 1003226, del rubro DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Así como, la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 255, Tomo XIX, Abril de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. En ese tenor, de la lectura integral del escrito de demanda se desprende que la parte quejosa sustancialmente señaló como actos reclamados: El auto de vinculación a proceso dictado por el juez responsable el veintisiete de septiembre de dos mil veinte, dentro de la causa penal 714/2020, de su índice, en contra del quejoso Juan Manuel Trujeque Russi, como probable responsable en la comisión del delito de homicidio en grado de tentativa, previsto y sancionado en los artículos 110, 67 y 11 del Código Penal del Estado de Tabasco, en agravio de Jesús Alberto Martínez Pérez y como probable responsable del delito de lesiones calificadas, previsto y sancionado en los artículos 116, fracción II, 123 fracción I y 121 del Código Penal del Estado de Tabasco, en agravio de Alejandro Reyes Pérez. TERCERO. CERTEZA DE LOS ACTOS. La Juez de Control de la Región Nueve de Centro, Tabasco, al rendir su informe justificado, admitió la existencia del acto reclamado (foja 33). Lo que se corrobora con las constancias que anexó a su informe justificado consistente en un disco versátil digital de audio y video, que contiene el registro de la audiencia privada de solicitud de orden de aprehensión de veinticinco de septiembre de dos mil veinte y audiencia inicial en sus fases de formulación de imputación, vinculación a proceso, plazo de cierre de investigación y medida cautelar de veintisiete de septiembre de dos mil veinte, el cual obra por cuerda separada para su fácil manejo, seguridad y custodia, así como las actas mínimas antes referidas, relativas a la causa 714/2020, las cuales obran glosadas en autos (fojas 34 a 36), y a las que se le concede valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 79, 93, fracción II, 129, 130, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2, porque se trata de actuaciones emitidas por autoridad en el ejercicio de su encargo, sin que además, hayan sido objetadas su autenticidad. Con relación a la justipreciación de las videograbaciones indicadas, es aplicable la jurisprudencia por contradicción de tesis 1a./J. 43/2013 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación del rubro siguiente: VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En ese tenor, se colige que la existencia del acto reclamado por el quejoso, se encuentra plenamente probado. Sustenta lo anterior la Jurisprudencia del texto siguiente: INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto. CUARTO. CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. El presente juicio carece de causal de improcedencia aducida por las partes; y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 62 de la ley de la materia tampoco se advierte de oficio la actualización de alguna. UINTO. ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO. A) AUDIENCIA INICIAL DE FORMULACIÓN DE LA IMPUTACIÓN. De la reproducción de la videograbación proporcionada por la responsable, se desprende que el veintisiete de septiembre de dos mil veinte, a las nueve horas con veintidós minutos, la Juez de Control de la Región Judicial Número Nueve de Centro, Tabasco llevó a cabo la audiencia de referencia en la carpeta 714/2020. De ella se obtiene que: Fueron identificadas las partes comparecientes (fiscal, asesora jurídica pública, imputado y defensora pública y defensores particulares); El inculpado fue informado sobre sus derechos; quien designó a sus defensores particulares, y éstos aceptaron y protestaron el cargo conferido; El imputado solicitó se mantuvieran en reserva sus datos personales; Previa solicitud (diez horas con treinta minutos y siguientes), la fiscal formuló imputación en contra del ahora quejoso, por el hecho que la ley señala como delito de homicidio en grado de tentativa, previsto y sancionado en los artículos 110, 67 y 11 del Código Penal para el Estado de Tabasco, cometido en agravio de Alejandro Reyes Pérez y Jesús Alberto Martínez Pérez. Al respecto, de lo verbalizado por el Ministerio Público se advierte que hizo del conocimiento del inculpado de la existencia de la aludida carpeta de investigación en la que obran datos de prueba de los que se desprende que: Siendo las cuatro horas con treinta minutos treinta de agosto de dos mil veinte, el indiciado Juan Manuel Trujeque Russi estando sobre sobre la calle Cuicuilco de la colonia Infonavit Ciudad Industrial, de esta ciudad, cerca del domicilio marcado con el 302, se acercó a las víctimas Alejandro Reyes Pérez y Jesús Alberto Martínez Pérez, con un arma de fuego en mano y disparó en la humanidad de las víctimas lesionando primero a Alejandro Reyes Pérez, en la pierna derecha a la altura de la pantorrilla la cual tarda en sanar más de quince días y tiene una incapacidad por el tiempo antes mencionado; que la víctima cayó al suelo y el activo acto seguido con el arma le apuntó a la humanidad a los hijos de la víctima de nombres Citlalli Isabel Reyes Arias de veinte años de edad y del menor de doce años de edad con identidad protegida con las iniciales I.A.R.A., quienes en ese momento se encontraban presentes en el lugar de los hechos, siendo que la víctima se levantó e interpuso entre sus hijos para evitar les causara daño por lo cual el imputado le colocó a la víctima el arma en la cabeza; seguidamente, se dirigió a la diversa víctima Jesús Alberto Martínez Pérez, y disparó con el arma en cuatro ocasiones lesionándolo en ambas piernas por lo que éste cayó al suelo y se desmayó, luego pateó a la víctima cuando estaba tirado en el suelo, lo golpeó en la cara con el arma al mismo tiempo que gritaba que lo iba a matar; que en ese momento llegaron cuatro personas vestidos con uniformes de guardias de seguridad privada consistente de pantalón color azul marino y camisa gris quienes se llevaron al activo a su propio domicilio ubicado en el número 107 de esa misma calle. Aunado a ello, el fiscal le hizo saber que los hechos que se le imputan están previstos y sancionados como delito de homicidio en grado de tentativa, previsto en los artículos 110, 67 y 11 del Código Penal para el Estado de Tabasco; que en cuanto a su participación, se le considera como autor material directo, que sus conductas son de consumación instantánea, sus conductas son dolosas porque quiso y aceptó su realización, y respecto del grado de ejecución consideró que era de consumación instantánea, en términos de los numerales 8, fracción I, 9, 10 y 13 bis del Código Penal para el Estado de Tabasco, respectivamente. También hizo de su conocimiento que depusieron en su contra Alejandro Reyes Pérez, Jesús Alberto Martínez Pérez, Orbelin Martínez Mendoza y Citlalli Isabel Reyes Arias. Hecho lo anterior, el juez preguntó al inculpado si deseaba declarar y le hizo saber los derechos que al respecto tiene (diez horas con treinta y nueve minutos), siendo que el imputado se abstuvo en declarar. El Ministerio Público solicitó se vinculara a proceso al ahora quejoso (diez horas con cuarenta minutos), para lo cual, previa explicación que el juez realizó al respecto para conocimiento del imputado, verbalizó los siguientes datos de prueba: Denuncia de Orbelín Martínez Mendoza, padre de la víctima Jesús Alberto Martínez Pérez de treinta y uno de agosto de dos mil veinte; Informe emitido por el elemento de la policía de investigación Luis Alberto Castellanos Gómez mediante oficio 618/2020 de nueve de septiembre de dos mil veinte. Entrevista de la víctima Alejandro Reyes Pérez, de seis de septiembre de dos mil veinte; Entrevista de la víctima Jesús Alberto Martínez Pérez, de seis de septiembre de dos mil veinte; Entrevista de Citlalli Isabel Reyes Arias, de seis de septiembre de dos mil veinte; Comparecencia de Citlalli Isabel Reyes Arias, de veinticuatro de septiembre de dos mil veinte; Comparecencia de la víctima Alejandro Reyes Pérez, de veinticinco de septiembre de dos mil veinte; Certificado médico expedido por la doctora Zaira Fabiola Chablé Ruiz, mediante oficio 1259/2020 de dieciocho se septiembre de dos mi veinte, a nombre de la víctima Alejandro Reyes Pérez. Certificado médico expedido por la doctora Zaira Fabiola Chablé Ruiz, mediante oficio 1258/2020 de dieciocho se septiembre de dos mi veinte, a nombre de la víctima Jesús Alberto Martínez Pérez. Hecho lo anterior, a pregunta de la juez, el inculpado solicitó que se resolviera su situación jurídica en ese momento. B) AUDIENCIA INICIAL EN SU FASE DE VINCULACIÓN A PROCESO. De la videograbación de la audiencia de mérito, se advierte que la juez preguntó a la defensa del indiciado si tenían pruebas que aportar a lo cual la defensa manifestó que no tenía pruebas; acto continuo, la juez le concedió a la defensa el uso de la voz para que formulara sus alegatos de defensa, respecto de la solicitud de vinculación a proceso del imputado solicitado por la Fiscal, y pidió que no se vinculara a proceso al imputado (once horas con nueve minutos). Luego, la juez responsable concedió el uso de la voz a la Fiscal para que ejerciera su derecho de réplica, respecto a la solicitud de no imputación a proceso expuesto por los defensores particulares del imputado, respecto de la cual la representación social consideró que se encontraban acreditados los requisitos establecido en el artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, consistentes en el hecho y la probable participación del imputado; además, precisó que en audiencia privada de veinticinco de septiembre de dos mil veinte, solicitó orden de aprehensión en contra de Juan Carlos Trujeque Silva, en esa misma fecha con fundamento en el artículo 99 del Código Nacional de Procedimientos Penales solicitó el saneamiento respecto del nombre correcto del imputado; esto es, Juan Manuel Trujeque Russi (once horas con treinta y tres minutos). En razón de lo anterior, la juez responsable concedió el uso de la voz a la defensa del imputado para que ejerciera el derecho de contrarréplica (once horas con cincuenta y un minutos). A continuación la juez dictó auto de vinculación a proceso en contra de Juan Manuel Trujeque Russi , por los hechos de treinta de agosto de dos mil veinte, que la ley señala como delito de homicidio en grado de tentativa, previsto y sancionado por los artículos 110, 67 y 11 del Código Penal para el Estado de Tabasco, cometido en agravio de Jesús Alberto Martínez Pérez y auto de vinculación a proceso en contra del citado quejoso, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de lesiones calificadas, previsto y sancionado en los artículo 11 fracción II, 123 fracción I y 121 del mismo ordenamiento legal, cometido en agravio de Alejandro Reyes Pérez (doce horas con veintisiete minutos). Lo anterior por considerar que se encontraban satisfechos los requisitos de los artículos 19 constitucional, 316 y 317 del Código Nacional de Procedimientos Penales, al haber formulado imputación el fiscal; porque el inculpado tuvo oportunidad de declarar, lo cual se reservó; y obran datos de prueba que establecen que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que existe la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su realización. Para ello, se apoyó en los datos de prueba verbalizados por la representación social, a los cuales les concedió valor probatorio en términos de los numerales 259 y 265 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Asimismo, la responsable estimó que los datos de prueba verbalizados por el fiscal son suficientes para establecer que el inculpado es quien probablemente cometió los hechos que se le atribuyen, esto es, que es el autor material directo de los mismos, consistentes en que: Siendo las cuatro horas con treinta minutos treinta de agosto de dos mil veinte, el indiciado Juan Manuel Trujeque Russi estando sobre sobre la calle Cuicuilco de la colonia Infonavit Ciudad Industrial, de esta ciudad, cerca del domicilio marcado con el 302, se acercó a las víctimas Alejandro Reyes Pérez y Jesús Alberto Martínez Pérez, con un arma de fuego en mano y disparó en la humanidad de las víctimas lesionando primero a Alejandro Reyes Pérez, en la pierna derecha a la altura de la pantorrilla la cual tarda en sanar más de quince días y tiene una incapacidad por el tiempo antes mencionado; que la víctima cayó al suelo y el activo con el arma le apuntó a la humanidad a los hijos de la víctima de nombres Citlalli Isabel Reyes Arias de veinte años de edad y del menor de doce años de edad con identidad protegida con las iniciales I.A.R.A., quienes en ese momento se encontraban presentes en el lugar de los hechos, siendo que la víctima se levantó y se interpuso entre sus hijos para evitar les causara daño; por lo cual, el imputado le colocó a la víctima el arma en la cabeza; seguidamente, se dirigió a la diversa víctima Jesús Alberto Martínez Pérez, y disparó con el arma de fuego en cuatro ocasiones lesionándolo en ambas piernas, por lo que éste cayó al suelo y se desmayó, luego pateó a la víctima cuando estaba tirado en el suelo, lo golpeó en la cara con el arma al mismo tiempo que gritaba que lo iba a matar; cuando en ese momento llegaron cuatro personas vestidos con uniformes de guardias de seguridad privada consistente de pantalón color azul marino y camisa gris quienes se lo llevaron a su domicilio ubicado en el número 107 de esa misma calle. Cabe destacar que la juez responsable previo a resolver sobre la petición de vinculación a proceso solicitado por el fiscal y la asesora jurídica pública, procedió a resolver el aspecto debatido por la defensa respecto que los hechos verbalizados por el fiscal acusador. Esto es, respecto a la manifestación de la defensa en cuanto a su juicio el policía investigador debió entrevistar a otras personas para constatar cual era el lugar de los hechos, la juez responsable consideró innecesario realizar las referidas entrevistas en razón de que pudo establecerse el lugar del hecho el cual le fue indicado por la víctima Alejandro Martínez Reyes quien resultaba ser la persona idónea para señalar el lugar donde acontecieron los hechos por ser la quien padeció el hecho delictivo; además, que el referido agente proporcionó la geolocalización del lugar y croquis correspondiente; además de que lo anterior, guarda congruencia con la versión de las víctimas y testigo presencial, que el evento delictivo ocurrió en la calle Cuicuilco cerca del poste de madera de Telmex cerca del domicilio marcado con el número 302, lo cual no fue rebatido por la defensa. Por otra parte, respecto a las manifestaciones de la defensa en cuanto a que las lesiones presentadas que la víctima Jesús Alberto Martínez Pérez no eran graves ni ponen en peligro su vida y por tanto no se puede considerar que existía la intensión del imputado de privarlo de la vida; además, que el fiscal no aportó alguna prueba que permita acreditar el ánimo del para privar de la vida a la víctima. Al respecto la juez responsable consideró que de acuerdo lo establecido en la fracción I, del artículo 11, del Código Penal para el Estado de Tabasco, establece que existe una tentativa acabada cuando la resolución de cometer un delito se exterioriza realizando totalmente los actos ejecutivos que deberían producir el resultado u omitiendo los que debieran evitarlo y aquel no se consuma por causas ajenas a la voluntad del agente y existe tentativa inacabada cuando la resolución de cometer un delito en el hecho se exterioriza realizando parcialmente los actos que debería producir el resultado u omitiendo los que debieran evitarlo y aquel no se consuma por causa ajenas a la voluntad del agente. Por lo anterior, el hecho imputado por el fiscal investigador quien estableció que después de que el imputado hizo cuatro disparos en contra de la humanidad de Jesús Alberto Martínez Pérez y ver que éste cayó desmayado se le acercó y lo pateó y lo continuó golpeando con un arma de fuego y cuando le gritó te voy a matar intervienen cuatro personas quienes lo retiran del lugar y lo llevan hasta su domicilio; que esos hechos junto al resto expresados en la formulación de imputación se encuentran sustentados en los datos de prueba que el fiscal verbalizó, ya que así fue referido por las personas presenciales de los hechos Alejandro Reyes Pérez y Citlalli Isabel Reyes Arias, quienes advirtieron que después que la víctima cayó al suelo herido por los impactos de bala el activo se le acercó y lo empezó a patear y le gritó que lo iba a matar, que en ese momento intervinieron cuatro personas que se lo llevaron. De ahí que no se trata de un simple argumento del fiscal ya que existen datos que le permiten establecer que así sucedieron los hechos sin que exista algún elemento para considerar lo contrario en virtud de que la defensa junto con el imputado no aportaron ninguna prueba en contrario, no obstante que los disparos causados no son idóneos para privar de la vida a la víctima; sin embargo, cuando la víctima cayó al suelo éste lo empezó a golpear y le dijo que lo iba a matar por lo que en ese momento intervinieron cuatro personas que se lo llevan y por ello no consumó el resultado con lo cual consideró que se configura una tentativa inacabada de acuerdo lo establecido en la fracción I, del artículo 11, del Código Penal para el Estado de Tabasco. En cuanto a su participación, el juez consideró al inculpado como autor material directo, que su conducta es dolosa porque quiso y aceptó su realización y respecto del grado de ejecución consideró que era de consumación instantánea, en términos de los numerales 8 fracción I, 9, 10 y 13 bis del Código Penal para el Estado de Tabasco, respectivamente. Finalmente, previa petición del fiscal, la juez estableció como plazo de cierre de la investigación dos meses (trece horas con cuarenta y tres minutos). SEXTO. PLANTEAMIENTO Y DECISIÓN. La parte quejosa formuló los conceptos de violación que consideró pertinentes, mismos que se tienen por reproducidos en este apartado, por no ser necesaria su transcripción, atento a lo dispuesto en el artículo 74 de la Ley de Amparo. Al respecto, se cita la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 830, del Tomo XXXI, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, mayo de dos mil diez, Novena Época, de rubro "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN". ese tenor, el impetrante de amparo aduce que el acto reclamado viola los artículos 14 y 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Al respecto sustancialmente refiere que el juez de oralidad vulneró en su agravio el principio de contradicción y debido proceso al realizar la reclasificación del hecho sin que la fiscalía previamente así lo haya solicitado; por tanto esta subsanando la deficiencia de ésta en agravio del quejoso. Qe contrario a lo determinado por la juez responsable, los datos de prueba no resultan eficaces para demostrar el delito homicidio en grado de tentativa ni de lesiones calificadas. Alega que la juez responsable no haya corroborado la calidad de licenciados en derecho de los defensores particulares que asistieron al imputado, con lo cual quedó en estado de indefensión. Dichos argumentos resultan infundados por las razones que más adelante se exponen. A fin justificar la anterior postura, cabe señalar que el caso que nos ocupa, se atendieron las formalidades esenciales del procedimiento, salvaguardando con ello el derecho fundamental de debido proceso tutelado en el segundo párrafo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que instituye: "Artículo 14 [.] Nadie odrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho. [.]". La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 160/2010, analizó los numerales 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que introducen el Sistema Procesal Penal Acusatorio y Oral, el cual se rige por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. La oralidad en el nuevo sistema penal acusatorio, se constituye en un instrumento de relevancia primordial puesto que marca una estructura general del procedimiento, dando consecución a los principios que se enlistan a continuación: Publicidad: Es el derecho que tiene el procesado a ser juzgado en audiencia pública por un juez o tribunal; éste sólo podrá restringirse en los casos de excepción que determine la ley, por razones de seguridad nacional, seguridad pública, protección de las víctimas, testigos y menores, cuando se ponga en riesgo la revelación de datos legalmente protegidos, o cuando el tribunal estime que existen razones fundadas para justificarlo. Contradicción: Consagra el derecho del procesado a que se le informe desde su comparecencia ante el Ministerio Público o el juez, de los hechos que se le imputan y a que se le faciliten todos los datos que solicite para su defensa; que se le reciban los testigos y demás datos pertinentes que ofrezca en su favor y a impugnar u objetar los datos existentes en la carpeta de investigación y los que sean ofrecidos en su contra. Permite el equilibrio entre las partes y conduce a un pleno análisis judicial de la contienda, es decir, los actos de cada parte procesal, estarán sujetos al control del otro, teniendo en este aspecto igualdad procesal para sostener la imputación o la defena, respectivamente. Concentración: Tiene como finalidad lograr el debate procesal en pocas audiencias con el fin de llevar a cabo el mayor número de cuestiones en un menor número de actuaciones. Continuidad: Se refiere a limitar las interrupciones del proceso. Inmediación: Implica que todas las audiencias se desarrollarán en presencia del juez, sin que pueda delegar en ninguna persona el desahogo y la valoración de las pruebas. Además de que ningún juzgador podrá tratar asuntos que estén sujetos a proceso con cualquiera de las partes sin que esté presente la otra. Al respecto, el artículo 20 de la Constitución Política Federal, estable lo siguiente: "Artículo 20. El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. A. De los principios generales: I. El proceso penal tendrá por objeto el esclarecimiento de los hechos, proteger al inocente, procurar que el culpable no quede impune y que los daños causados por el delito se reparen; II. Toda audiencia se desarrollará en presencia del juez, sin que pueda delegar en ninguna persona el desahogo y la valoración de las pruebas, la cual deberá realizarse de manera libre y lógica; III. Para los efectos de la sentencia sólo se considerarán como prueba aquellas que hayan sido desahogadas en la audiencia de juicio. La ley establecerá las excepciones y los requisitos para admitir en juicio la prueba anticipada, que por su naturaleza requiera desahogo previo; IV. El juicio se celebrará ante un juez que no haya conocido del caso previamente. La presentación de los argumentos y los elementos probatorios se desarrollará de manera pública, contradictoria y oral; V. La carga de la prueba para demostrar la culpabilidad corresponde a la parte acusadora, conforme lo establezca el tipo penal. Las partes tendrán igualdad procesal para sostener la acusación o la defensa, respectivamente; VI. Ningún juzgador podrá tratar asuntos que estén sujetos a proceso con cualquiera de las partes sin que esté presente la otra, respetando en todo momento el principio de contradicción, salvo las excepciones que establece esta Constitución; VII. Una vez iniciado el proceso penal, siempre y cuando no exista oposición del inculpado, se podrá decretar su terminación anticipada en los supuestos y bajo las modalidades que determine la ley. Si el imputado reconoce ante la autoridad judicial, voluntariamente y con conocimiento de las consecuencias, su participación en el delito y existen medios de convicción suficientes para corroborar la imputación, el juez citará a audiencia de sentencia. La ley establecerá los beneficios que se podrán otorgar al inculpado cuando acepte su responsabilidad; VIII. El juez sólo condenará cuando exista convicción de la culpabilidad del procesado; IX. Cualquier prueba obtenida con violación de derechos fundamentales será nula, y X. Los principios previstos en este artículo, se observarán también en las audiencias preliminares al juicio. B. De los derechos de toda persona imputada: I. A que se presuma su inocencia mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el juez de la causa; II. A declarar o a guardar silencio. Desde el momento de su detención se le harán saber los motivos de la misma y su derecho a guardar silencio, el cual no podrá ser utilizado en su perjuicio. Queda prohibida y será sancionada por la ley penal, toda incomunicación, intimidación o tortura. La confesión rendida sin la asistencia del defensor carecerá de todo valor probatorio; III. A que se le informe, tanto en el momento de su detención como en su comparecencia ante el Ministerio Público o el juez, los hechos que se le imputan y los derechos que le asisten. Tratándose de delincuencia organizada, la autoridad judicial podrá autorizar que se mantenga en reserva el nombre y datos del acusador. La ley establecerá beneficios a favor del inculpado, procesado o sentenciado que preste ayuda eficaz para la investigación y persecución de delitos en materia de delincuencia organizada; IV. Se le recibirán los testigos y demás pruebas pertinentes que ofrezca, concediéndosele el tiempo que la ley estime necesario al efecto y auxiliándosele para obtener la comparecencia de las personas cuyo testimonio solicite, en los términos que señale la ley; V. Será juzgado en audiencia pública por un juez o tribunal. La publicidad sólo podrá restringirse en los casos de excepción que determine la ley, por razones de seguridad nacional, seguridad pública, protección de las víctimas, testigos y menores, cuando se ponga en riesgo la revelación de datos legalmente protegidos, o cuando el tribunal estime que existen razones fundadas para justificarlo. En delincuencia organizada, las actuaciones realizadas en la fase de investigación podrán tener valor probatorio, cuando no puedan ser reproducidas en juicio o exista riesgo para testigos o víctimas. Lo anterior sin perjuicio del derecho del inculpado de objetarlas o impugnarlas y aportar pruebas en contra; V. Le serán facilitados todos los datos que solicite para su defensa y que consten en el proceso. El imputado y su defensor tendrán acceso a los registros de la investigación cuando el primero se encuentre detenido y cuando pretenda recibírsele declaración o entrevistarlo. Asimismo, antes de su primera comparecencia ante juez podrán consultar dichos registros, con la oportunidad debida para preparar la defensa. A partir de este momento no podrán mantenerse en reserva las actuaciones de la investigación, salvo los casos excepcionales expresamente señalados en la ley cuando ello sea imprescindible para salvaguardar el éxito de la investigación y siempre que sean oportunamente revelados para no afectar el derecho de defensa; VII. Será juzgado antes de cuatro meses si se tratare de delitos cuya pena máxima no exceda de dos años de prisión, y antes de un año si la pena excediere de ese tiempo, salvo que solicite mayor plazo para su defensa; VIII. Tendrá derecho a una defensa adecuada por abogado, al cual elegirá libremente incluso desde el momento de su detención. Si no quiere o no puede nombrar un abogado, después de haber sido requerido para hacerlo, el juez le designará un defensor público. También tendrá derecho a que su defensor comparezca en todos los actos del proceso y éste tendrá obligación de hacerlo cuantas veces se le requiera, y IX. En ningún caso podrá prolongarse la prisión o detención, por falta de pago de honorarios de defensores o por cualquiera otra prestación de dinero, por causa de responsabilidad civil o algún otro motivo análogo. La prisión preventiva no podrá exceder del tiempo que como máximo de pena fije la ley al delito que motivare el proceso y en ningún caso será superior a dos años, salvo que su prolongación se deba al ejercicio del derecho de defensa del imputado. Si cumplido este término no se ha pronunciado sentencia, el imputado será puesto en libertad de inmediato mientras se sigue el proceso, sin que ello obste para imponer otras medidas cautelares. En toda pena de prisión que imponga una sentencia, se computará el tiempo de la detención. C. De los derechos de la víctima o del ofendido: I. Recibir asesoría jurídica; ser informado de los derechos que en su favor establece la Constitución y, cuando lo solicite, ser informado del desarrollo del procedimiento penal; II. Coadyuvar con el Ministerio Público; a que se le reciban todos los datos o elementos de prueba con los que cuente, tanto en la investigación como en el proceso, a que se desahoguen las diligencias correspondientes, y a intervenir en el juicio e interponer los recursos en los términos que prevea la ley. Cuando el Ministerio Público considere que no es necesario el desahogo de la diligencia, deberá fundar y motivar su negativa; III. Recibir, desde la comisión del delito, atención médica y psicológica de urgencia; IV. Que se le repare el daño. En los casos en que sea procedente, el Ministerio Público estará obligado a solicitar la reparación del daño, sin menoscabo de que la víctima u ofendido lo pueda solicitar directamente, y el juzgador no podrá absolver al sentenciado de dicha reparación si ha emitido una sentencia condenatoria. La ley fijará procedimientos ágiles para ejecutar las sentencias en materia de reparación del daño; V. Al resguardo de su identidad y otros datos personales en los siguientes casos: cuando sean menores de edad; cuando se trate de delitos de violación, trata de personas, secuestro o delincuencia organizada; y cuando a juicio del juzgador sea necesario para su protección, salvaguardando en todo caso los derechos de la defensa. El Ministerio Público deberá garantizar la protección de víctimas, ofendidos, testigos y en general todos los sujetos que intervengan en el proceso. Los jueces deberán vigilar el buen cumplimiento de esta obligación; VI. Solicitar las medidas cautelares y providencias necesarias para la protección y restitución de sus derechos, y VII. Impugnar ante autoridad judicial las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal o suspensión del procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño". Como se dijo, el suscrito considera que en el caso se encuentran satisfechas las formalidades esenciales del procedimiento del que deriva el acto reclamado. Así es; de la reproducción de la videograbación remitida por el juez de control, se advierte que la audiencia de veintisiete de setiembre de dos mil veinte, se desarrolló de manera oral. Asimismo, se desprende que la aludida audiencia fue pública y que en todo momento se salvaguardó el derecho de contradicción del imputado, al ser informado de los hechos que se le atribuyen y los datos de prueba propuestos por el Ministerio Público, teniendo la oportunidad de objetarlos y aportar los propios. También se observa que el debate procesal se realizó en una audiencia, en atención a que el inculpado solicitó que su situación jurídica se resolviera en ese momento, por lo que se cumplió con el principio de concentración. De igual forma, se atendió al principio de continuidad, aun cuando en la referida audiencia se decretó un receso, pues éste está permitido por el segundo párrafo del artículo 315 del Código Nacional de Procedimientos Penales. De la misma manera, la audiencia se realizó conforme al principio de inmediación, ya que la juez que estuvo a cargo de la misma durante su desarrollo. En igual tenor, de la referida audiencia se advierte que se observaron los lineamientos establecidos por los artículos 307 al 315 del Código Nacional de Procedimientos Penales, esto es: Concurrieron a la misma el Ministerio Público, la asesora jurídico publico representante de las víctimas, el imputado y sus defensores particulares que designó; Se informó al inculpado y a la parte ofendida sus derechos constitucionales y legales; Se hizo saber al imputado que no podía negarse a proporcionar su completa identidad, debiendo responder las preguntas que se le dirigieran con respecto a ésta y se le exhortó para que se condujeran con verdad; Se le preguntó al inculpado si era su deseo proporcionar sus datos en voz alta o si prefería que éstos fueran anotados por separado y preservados en reserva, optando por esto último; Se formuló la imputación en la que la Ministerio Público expuso al imputado los hechos que le atribuyen, la calificación jurídica preliminar, la fecha, lugar y modo de su comisión, la forma de su intervención, así como el nombre de sus acusadores; Se dio oportunidad de declarar al inculpado, derecho al cual se abstuvo de ejercer; Al realizar la representante social la solicitud de vinculación a proceso del imputado, se le explicó en qué consistía esta, así como los momentos en los cuales podía resolverse la misma; Se otorgó la oportunidad a la defensa para que contestara la aludida solicitud; Se cuestionó al imputado si deseaba que se resolviera sobre su vinculación a proceso en esa audiencia, dentro del plazo de setenta y dos horas o si solicitaba la ampliación de dicho plazo; Al respecto, el inculpado, asesorado de sus defensores particulares, solicitó se resolviera sobre su situación jurídica en ese momento, lo cual se hizo así; Después se dictó el auto de vinculación a proceso; y, Se impuso al imputado la medida cautelar consistente en prisión preventiva oficiosa. Se definió el plazo para el cierre de la investigación. De ahí que se colija por ésta juzgadora que en el caso se cumplen con las formalidades esenciales del procedimiento. Por otra parte, se considera que el acto reclamado se encuentra suficientemente fundado y motivado. En efecto, el primer párrafo del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone: "Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento [.]". El precepto trascrito contiene el derecho fundamental a la legalidad, consistente en que todo acto de autoridad debe estar fundado y motivado. La exigencia de fundamentación se entiende como el deber que tiene la autoridad de expresar, en el mandamiento escrito, los preceptos legales que regulen el hecho y las consecuencias jurídicas que pretenda imponer el acto de autoridad, presupuesto que tiene su origen en el principio de legalidad que en su aspecto imperativo consiste en que las autoridades sólo pueden hacer lo que la ley les permite; mientras que la exigencia de motivación se traduce en la expresión de las razones por las cuales la autoridad considera que los hechos en que basa su proceder se encuentran probados y son precisamente los previstos en la disposición legal que afirma aplicar. Asimismo, es necesaria una correlación entre los fundamentos jurídicos y los motivos de hecho, lo que supone un razonamiento de la autoridad para demostrar la aplicabilidad de los preceptos legales invocados a los hechos de que se trate. La anterior consideración tiene sustento en la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que con el número 204, está publicada en el tomo VI, Materia Común, del Apéndice 2000 al Semanario Judicial de la Federación, página 166, de rubro y texto: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas". Consideraciones similares informan la jurisprudencia 1a./J. 139/2005, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXII, diciembre de dos mil cinco, página 162, de rubro: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LAS RESOLUCIONES JURISDICCIONALES, DEBEN ANALIZARSE A LA LUZ DE LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, RESPECTIVAMENTE". Debe distinguirse entre falta e indebida fundamentación y motivación en los actos de autoridad. La falta de dichos presupuestos constitucionales es la omisión total de expresar el dispositivo legal aplicable al particular y las razones que se hayan considerado para estimar que el caso se ajusta a la hipótesis normativa. En cambio, la indebida fundamentación ocurre cuando la autoridad invoca el precepto legal, empero resulta inaplicable al caso, mientras que la indebida motivación se actualiza cuando la autoridad expresa razones para emitir su acto, pero éstas no se adecuan a la hipótesis normativa, o bien, ésta se interpreta en forma errónea. Ahora bien, al resolver la contradicción de tesis 160/2010, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, expuso que los objetivos del Sistema Penal Acusatorio son: Determinar la verdad real, histórica o procesal; Determinar la existencia de un hecho típico; Identificar a su autor; Lograr el esclarecimiento de los hechos; Resolver el conflicto suscitado entre las partes, protegiendo al inocente y procurando que el culpable no quede impune; Lograr efectivamente la reparación del daño a favor de la víctima u ofendido; Aplicar a favor de las partes e intervinientes los principios del debido proceso, reconociendo los principios y derechos procesales; Dar celeridad al proceso con la aplicación reglada de los criterios de oportunidad y las formas alternativas de solución de conflictos; y, Facilitar con la admisión de cargos el procedimiento abreviado. En la ejecutoria de mérito también se precisa que en el sistema acusatorio adversarial se modifican los estándares probatorios en términos del tercer párrafo del artículo 16, primero del 19 y el inciso A del 20 del Pacto Federal, para quedar en los términos siguientes. Se determina la no formalización de las pruebas en la fase de investigación del procedimiento penal, bajo el sistema acusatorio, salvo excepciones, basándose sólo en el grado de razonabilidad de los datos que establezcan que se ha cometido un hecho y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió. Se impide al juzgador del proceso oral revisar las actuaciones practicadas en la indagatoria no formalizada con el fin de evitar que se prejuzgue, y mantener la objetividad e imparcialidad de sus decisiones; así como el principio de igualdad y contradicción dada la horizontalidad de la posición de las teorías del caso y de los contendientes; por una parte el Agente del Ministerio Público, víctima u ofendido y por otra el imputado y la defensa, en relación con un hecho que la ley señale como delito y exista la probabilidad de que el indiciado los cometió o participó en su comisión. Bajo las reglas del sistema en cita, al emitir una orden de aprehensión o resolver la vinculación o no del imputado a proceso, el estudio de los datos en que se sustente la imputación y la razonabilidad de los argumentos expuestos por la representación social y, en su caso, la contra-argumentación o refutación del imputado o de su defensa, son los elementos que resultan suficientes para justificar racionalmente que el inculpado sea presentado ante el juez de control a fin de conocer formalmente la imputación de un hecho previsto como delito con pena privativa de libertad por la ley penal y pueda ejercer plenamente su derecho a la defensa en un proceso penal respetuoso de todos los principios del sistema acusatorio. Por ende, el Máximo Tribunal del país sostuvo que el estándar probatorio cambió, aduciendo que en la etapa preliminar o de investigación sólo se requiere que el ministerio público aporte datos, es decir, la referencia al contenido de determinados medios de investigación que se estimen idóneos, pertinentes y suficientes, para establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que existe la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su realización. Aunado a ello, conforme a lo dispuesto por la fracción III del apartado A del reformado artículo 20 constitucional, en la etapa de investigación tales datos de prueba no constituyen prueba fehaciente, pues para los efectos de la sentencia sólo se considerarán como pruebas aquellas que hayan sido desahogadas en la audiencia de juicio. En ese contexto, el suscrito considera que la resolución reclamada se encuentra suficientemente fundada y motivada. En efecto, el juez de control se apoyó en los numerales 19 de nuestra Carta Magna, 316 y 317 del Código Nacional de Procedimientos Penales, y expuso las razones por las que estimó se reunían los requisitos para el dictado del auto de vinculación a proceso en contra del aquí quejoso. Para ello refirió que los datos de prueba verbalizados por el Ministerio Público, le permitían establecer que se había cometido los hechos imputados que la ley señala como delito (el cual identificó como homicidio en grado de tentativa, que refirió está previsto y sancionado en los artículos 110, 67 y 11 del Código Penal para el Estado de Tabasco). Asimismo, consideró que los datos de prueba eran suficientes para establecer que el imputado realizó los hechos que se le atribuyen o participó en su ejecución. Ahora bien, el primer párrafo del numeral 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone: "Artículo 19. Ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder del plazo de setenta y dos horas, a partir de que el indiciado sea puesto a su disposición, sin que se justifique con un auto de vinculación a proceso en el que se expresará: el delito que se impute al acusado; el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, así como los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión.[.]". Del referido precepto constitucional, reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el dieciocho de junio de dos mil ocho, se desprende que para dictar un auto de vinculación a proceso es necesario colmar determinados requisitos de forma y fondo. En cuanto a los últimos es necesario que: 1) existan datos que establezcan que se ha cometido un hecho, 2) la ley señale como delito a ese hecho y 3) exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su realización. El aludido texto constitucional contiene los lineamientos que marcan la transición de un sistema de justicia penal mixto hacia otro de corte acusatorio, adversarial y oral, como lo revela la sustitución, en los requisitos precitados, de las expresiones "comprobar" por "establecer" y "cuerpo del delito" por "hecho que la ley señala como delito", las cuales denotan un cambio de paradigma en la forma de administrar justicia en materia penal. Acorde con las razones que el propio Poder Constituyente registró en el proceso legislativo, con la segunda expresión ya no se requiere de "pruebas" ni se exige "comprobar" que ocurrió un hecho ilícito, con lo cual se evita que en el plazo constitucional se adelante el juicio, esto es, ya no es permisible que en la etapa preliminar de la investigación se configuren pruebas por el Ministerio Público, por sí y ante sí -como sucede en el sistema mixto-, con lo cual se elimina el procedimiento unilateral de obtención de elementos probatorios y, consecuentemente, se fortalece el juicio, única etapa procesal en la que, con igualdad de condiciones, se realiza la producción probatoria de las partes y se demuestran los hechos objeto del proceso. De ahí que con la segunda expresión la norma constitucional ya no exija que el objeto de prueba recaiga sobre el denominado "cuerpo del delito", entendido como la acreditación de los elementos objetivos, normativos y/o subjetivos de su descripción típica, dado que ese ejercicio, identificado como juicio de tipicidad, sólo es exigible para el dictado de una sentencia, pues es en esa etapa donde el juez decide si aquél quedó o no acreditado. En ese sentido, para dictar un auto de vinculación a proceso y establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito, basta con que el juez encuadre la conducta a la norma penal, que permita identificar, independientemente de la metodología que adopte, el tipo penal aplicable. Este nivel de exigencia es acorde con los efectos que genera dicha resolución, los cuales se traducen en la continuación de la investigación, en su fase judicializada, es decir, a partir de la cual interviene el juez para controlar las actuaciones que pudieran derivar en la afectación de un derecho fundamental. Además, a diferencia del sistema tradicional, su emisión no condiciona la clasificación jurídica del delito, porque este elemento será determinado en el escrito de acusación, a partir de toda la información que derive de la investigación, no sólo de la fase inicial, sino también de la complementaria, ni equivale a un adelanto del juicio, porque los antecedentes de investigación y elementos de convicción que sirvieron para fundarlo, por regla general, no deben considerarse para el dictado de la sentencia, salvo las excepciones establecidas en la ley. Las anteriores consideraciones fueron sustentadas por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de jurisprudencia 1a./J. 24/2019 (10a.), publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 45, Agosto de 2017, Tomo I, página 360, de rubro "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. PARA SATISFACER EL REQUISITO RELATIVO A QUE LA LEY SEÑALE EL HECHO IMPUTADO COMO DELITO, BASTA CON QUE EL JUEZ ENCUADRE LA CONDUCTA A LA NORMA PENAL, DE MANERA QUE PERMITA IDENTIFICAR LAS RAZONES QUE LO LLEVAN A DETERMINAR EL TIPO PENAL APLICABLE (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL)". En consonancia con lo anterior, los artículos 316 y 317 del Código Nacional de Procedimientos Penales, disponen: "Artículo 316. Requisitos para dictar el auto de vinculación a proceso El Juez de control, a petición del agente del Ministerio Público, dictará el auto de vinculación del imputado a proceso, siempre que: I. Se haya formulado la imputación; II. Se haya otorgado al imputado la oportunidad para declarar; III. De los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público, se desprendan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Se entenderá que obran datos que establecen que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito cuando existan indicios razonables que así permitan suponerlo, y IV. Que no se actualice una causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito. El auto de vinculación a proceso deberá dictarse por el hecho o hechos que fueron motivo de la imputación, el Juez de control podrá otorgarles una clasificación jurídica distinta a la asignada por el Ministerio Público misma que deberá hacerse saber al imputado para los efectos de su defensa. El proceso se seguirá forzosamente por el hecho o hechos delictivos señalados en el auto de vinculación a proceso. Si en la secuela de un proceso apareciere que se ha cometido un hecho delictivo distinto del que se persigue, deberá ser objeto de investigación separada, sin perjuicio de que después pueda decretarse la acumulación si fuere conducente. Artículo 317. Contenido del auto de vinculación a proceso El auto de vinculación a proceso deberá contener: I. Los datos personales del imputado; II. Los fundamentos y motivos por los cuales se estiman satisfechos los requisitos mencionados en el artículo anterior, y III. El lugar, tiempo y circunstancias de ejecución del hecho que se imputa". Los anteriores requisitos y presupuestos se consideran satisfechos en el presente asunto, como se evidenciará enseguida. El primer requisito previsto por el numeral 316 del código precitado, se considera colmado porque en la audiencia inicial, el Ministerio Público formuló imputación contra Juan Manuel Trujeque Russi, por su probable intervención en la comisión de los hechos que la ley señala como delito de homicidio en grado de tentativa, previsto y sancionado en los artículos 110, 67 y 11 del Código Penal del Estado de Tabasco, en agravio de Jesús Alberto Martínez Pérez y Alejandro Reyes Pérez. Al respecto se hace la aclaración que la juez responsable hizo la reclasificación correspondiente respecto a los hechos relativos al delito de lesiones calificadas cometido en agravio de Alejandro Reyes Pérez, por encontrarse facultada para ello en términos de lo dispuesto en el segundo párrafo de la fracción II del artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el cual establece que el para el dictado del auto de vinculación a proceso, el Juez de control podrá otorgar una clasificación jurídica distinta a la asignada por el Ministerio Público al hecho o hechos que fueron motivo de la imputación, misma que deberá hacerse saber al imputado para los efectos de su defensa. En la audiencia se observa que la representación social hizo referencia a los hechos atribuidos, esto es, que: A las cuatro horas con treinta minutos treinta de agosto de dos mil veinte, el indiciado Juan Manuel Trujeque Russi estando sobre la calle Cuicuilco de la colonia Infonavit Ciudad Industrial, de esta ciudad, cerca del domicilio marcado con el 302, se acercó a las víctimas Alejandro Reyes Pérez y Jesús Alberto Martínez Pérez, con un arma de fuego en mano y disparó en la humanidad de las víctimas lesionando primero a Alejandro Reyes Pérez, en la pierna derecha a la altura de la pantorrilla la cual tarda en sanar más de quince días y tiene una incapacidad por el tiempo antes mencionado; que éste cayó al suelo y el activo acto seguido con el arma le apuntó a la humanidad a los hijos de la víctima de nombres Citlalli Isabel Reyes Arias de veinte años de edad y del menor de doce años de edad con identidad protegida con las iniciales I.A.R.A., quienes en ese momento se encontraban presentes en el lugar de los hechos, siendo que la víctima se levantó e interpuso entre el activo y sus hijos para evitar les causara daño por lo cual el imputado le colocó a la víctima el arma en la cabeza; seguidamente, se dirigió a la diversa víctima Jesús Alberto Martínez Pérez, y le disparó con el arma en cuatro ocasiones lesionándolo en ambas piernas por lo que éste cayó al suelo y se desmayó, luego lo pateó cuando estaba tirado en el suelo y lo golpeó en la cara con el arma al mismo tiempo que gritaba que lo iba a matar; que en ese momento llegaron cuatro personas vestidos con uniformes de guardias de seguridad privada consistente de pantalón color azul marino y camisa gris quienes se lo llevaron a su domicilio ubicado en el número 107 de esa misma calle. De igual forma, se desprende de la audiencia en cuestión, que el fiscal hizo saber al inculpado que los hechos que se le imputan están previstos y sancionados como delito de homicidio en grado de tentativa, en los artículos 110, 67 y 11 del Código Penal del Estado de Tabasco; que en cuanto a su participación, se le considera como autor material directo, que su conducta es dolosa porque quiso y aceptó su realización, y respecto del grado de ejecución consideró que era de consumación instantánea, en términos de los numerales 8 fracción I, 9, 10 y 13 bis del Código Penal para el Estado de Tabasco, respectivamente. También hizo de su conocimiento que depusieron en su contra Alejandro Reyes Pérez, Jesús Alberto Martínez Pérez, Orbelin Martínez Mendoza y Citlalli Isabel Reyes Arias. El segundo requisito (que se hubiere otorgado la oportunidad al imputado de declarar), también fue observado por la responsable, ya que se aprecia que el juez responsable le hizo de su conocimiento al imputado sobre el derecho que tenía a declarar y se le informó de las consecuencias de hacerlo o de guardar silencio. El tercer requisito (se adviertan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión), se considera cumplido. En efecto, en la audiencia se advierte que la juez de control expuso que con los datos de prueba verbalizados, se estableció los hechos referidos por el Ministerio Público (que el treinta de agosto de dos mil veinte, aproximadamente a las cuatro horas con treinta minutos intentó privar de la vida a la víctima Jesús Alberto Reyes Pérez, al haberle disparado con un arma de fuego impactándole en ambas piernas, gritándole que lo iba a matar; mismo que la ley señala como delito de homicidio en grado de tentativa, previsto y sancionado en los artículos 110, 67 y 11 del Código Penal del Estado de Tabasco; asimismo, lesionó a Alejandro Reyes Pérez, al haberle disparado con un arma de fuego en la pierna derecha a la altura de la pantorrilla la cual tarda en sanar más de quince días y tiene una incapacidad por el tiempo antes mencionado; mismo que la ley señala como delito de lesiones calificadas, previsto y sancionado en los artículos 116, fracción II, 123 fracción I y 121 del Código Penal para el Estado de Tabasco. En ese tenor, se estima que existen datos de prueba suficientes con los que se puede razonablemente establecer la probable participación del imputado, aquí quejoso, en la comisión de los hechos en cuestión, particularmente con: Informe emitido por el elemento de la policía de investigación Luis Alberto Castellanos Gómez mediante oficio 618/2020 de nueve de septiembre de dos mil veinte, en el cual se advierte la inspección realizada por el policía de investigación en el lugar que la víctima Alejandro Reyes Pérez le indicó, el cual se trata de la calle Cuicuilco de la colonia Infonavit Ciudad Industrial, de esta ciudad, cerca de un poste de madera de Telmex cerca de la casa marcada con el numero 302 donde habita una de las víctimas, lugar del cual generó fotografías y croquis de geolocalización y croquis del lugar. Entrevista de la víctima Alejandro Reyes Pérez, de seis de septiembre de dos mil veinte; de la que se desprende que el treinta de agosto de dos mil veinte, a las cuatro horas con treinta minutos el imputado le disparó con un arma de fuego hiriéndolo en la pierna derecha a la altura de la pantorrilla, luego le apuntó con la pistola en la sien y después realizó disparos lesionando a Jesús Alberto Martínez Pérez a quien hirió en las piernas por lo que éste cayó al suelo donde el activo lo comenzó a darle patadas y a golpearlo con el arma que llevaba en la mano. Entrevista de la víctima Jesús Alberto Martínez Pérez, de seis de septiembre de dos mil veinte; de la cual se desprende que el treinta de agosto de dos mil veinte aproximadamente a las cuatro horas con treinta minutos se encontraba en una parada de transporte discutiendo con unas personas y que estos lo intentaron agredir con un machete por lo cual corrió hasta el domicilio de unos familiares quienes salieron a ver lo que sucedía, que estaban discutiendo cuando llego el imputado Juan Carlos Trujeque Silva (Juan Manuel Trujeque Russi) activo quien con una pistola le disparó a su tío Alejandro Reyes Pérez, quien cayó al suelo, posteriormente le apunto con dicha arma a sus primos que se encontraba presentes es ese momento de nombre Citlalli Isabel Reyes Arias y el menor de identidad reservada con las iniciales I.A.R.A., que su tío se puso en medio del imputado y sus primos, éste la apunto en la sien con una pistola; posteriormente, el activo disparó en contra del declarante en cuatro ocasiones y lo lesionó en las piernas por lo que cayó al suelo donde el activo lo siguió golpeando, luego él se desmayó y despertó cuando se encontraba en el hospital. Entrevista de Citlalli Isabel Reyes Arias, de seis de septiembre de dos mil veinte; de la cual se desprende que el treinta de agosto de dos mil veinte aproximadamente a las cuatro horas con treinta minutos estaba en casa de su abuelita escuchó escándalo y observó que unas personas venían persiguiendo a su primo, por lo que salió junto con su papá y su hermano menor a ver lo que ocurría, que estaban en medio de una discusión cuando apareció el imputado quien con un arma de fuego lesionó a su papá después le apuntó a en la sien con una pistola y, posteriormente, lesionó a su primo a quien le disparó en cuatro ocasiones quien cayó al suelo y donde el imputado le empezó a dar patadas y al golpearlo con la pistola que llevaba en la mano gritándole que lo iba a matar, que en ese momento llegaron cuatro personas vestidos de seguridad privada quienes se llevaron al imputado a su domicilio. Certificado médico expedido por la doctora Zaira Fabiola Chablé Ruiz, mediante oficio 1259/2020 de dieciocho se septiembre de dos mi veinte, en la que concluyó que las lesiones causadas a víctima Alejandro Reyes Pérez, tardan en sanar en más de quince días. Certificado médico expedido por la doctora Zaira Fabiola Chablé Ruiz, mediante oficio 1258/2020 de dieciocho se septiembre de dos mi veinte, en la que concluyó que las lesiones causadas en los pies y las piernas de la víctima Jesús Alberto Martínez Pérez, guardan compatibilidad con las que son originadas por proyectiles de arma de fuego. Datos de prueba de los que se obtiene que Juan Manuel Trujeque Russi, fue identificado como la persona que probablemente el treinta de agosto de dos mil veinte, aproximadamente a las cuatro horas con treinta minutos intentó privar de la vida a víctima Jesús Alberto Reyes Pérez, al haberle disparado con un arma de fuego impactándole en ambas piernas, gritándole que lo iba a matar; asimismo, lesionó a Alejandro Reyes Pérez, al haberle disparado con un arma de fuego en la pierna derecha a la altura de la pantorrilla la cual tarda en sanar más de quince días y tiene una incapacidad por el tiempo antes mencionado. También se considera jurídicamente correcta la apreciación de la responsable en cuanto a la probable intervención del imputado en la comisión de los hechos considerados como delito. Ello porque los antecedentes de la investigación propuestos por el Ministerio Público, arrojan datos de prueba que establecen que existe la probabilidad de que el imputado realizó los hechos señalados por la ley como delito de homicidio en grado de tentativa, previsto y sancionado por los artículos 110, 67 y 11 del Código Penal para el Estado de Tabasco y lesiones calificadas, previsto y sancionado en los artículos 116, fracción II, 123 fracción I y 121 del mismo ordenamiento legal. En efecto, la juez de control ponderó los datos de prueba aportados por la representación social al formular la imputación y solicitar la vinculación a proceso, pues de los mismos se obtiene que el inculpado intentó privar de la vida a la víctima Jesús Alberto Reyes Pérez, al haberle disparado con un arma de fuego impactándole en ambas piernas, gritándole que lo iba a matar; asimismo, lesionó a Alejandro Reyes Pérez, al haberle disparado con un arma de fuego en la pierna derecha a la altura de la pantorrilla. Sobre el particular, conviene reiterar que tratándose de un auto de vinculación a proceso, el estándar probatorio es menor y basta que exista la probabilidad de que el imputado haya participado en la comisión de los hechos que se le atribuyen, esto es, no se requiere que se demuestre plenamente, ya que esto sólo es exigible al dictarse sentencia. Por lo que en esta fase del proceso penal en cuestión, se considera que los medios de investigación propuestos resultan idóneos, pertinentes y suficientes, para establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que existe la probabilidad de que el imputado lo cometió. De ahí que se pueda colegir razonablemente que el inculpado, aquí quejoso, probablemente realizó de manera directa los hechos que se le imputan, mismos que son considerados permanentes porque se viola el mismo precepto legal, y su consumación se prolonga en el tiempo. Conducta que es dolosa, pues sabía que es contrario a la ley dispararle a una persona con arma de fuego, sin que se alegara por las partes alguna excluyente de incriminación o una causa de extinción de la acción penal. Cabe destacar que de la videograbación de las audiencias en cuestión, no se aprecia que el quejoso o su defensa hayan incorporado y verbalizado datos de prueba que desvirtuaran los hechos imputados. De igual forma, respecto del cuarto requisito, la responsable señaló que de lo expuesto por las partes en la audiencia así como de los datos de prueba valorados en forma libre, razonable y lógica no se advertía que se actualizara alguna causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito. De lo anterior, se puede colegir que fue jurídicamente correcto el proceder de la juez de control, pues se advierte que su análisis no contraviene las reglas de la sana crítica y la lógica, en virtud de que los datos de prueba proporcionan indicios razonables y suficientes,-al menos hasta ese estadio procesal-, para informar sobre la existencia de los hechos que la ley señala como delito de homicidio en grado de tentativa, previsto y sancionado por los artículos 110, 67 y 11 del Código Penal para el Estado de Tabasco, cometido en agravio de Jesús Alberto Martínez Pérez y lesiones calificadas, previsto y sancionado en los artículos 116, fracción II, 123 fracción I y 121 del mismo ordenamiento legal, cometido en agravio de Alejandro Reyes Pérez Datos de prueba de los que se puede establecer que el treinta de agosto de dos mil veinte, aproximadamente a las cuatro horas con treinta minutos intentó privar de la vida a víctima Jesús Alberto Reyes Pérez, al haberle disparado con un arma de fuego impactándole en ambas piernas, gritándole que lo iba a matar; asimismo, lesionó a Alejandro Reyes Pérez, al haberle disparado con un arma de fuego en la pierna derecha a la altura de la pantorrilla la cual tarda en sanar más de quince días y tiene una incapacidad por el tiempo antes mencionado. En ese orden de ideas, la suscrita estima que los argumentos planteados por el quejoso resultan infundados. Se estima lo anterior, porque como ya quedó precisado con anterioridad, el quejoso le fue garantizado debidamente su derecho de defensa, en virtud de que fue asistido por los defensores particulares a quienes designó al inicio en la audiencia inicial, quienes protestaron el cargo conferido y que les fue asignado, quienes se impusieron con oportunidad de la carpeta de investigación y realizaron manifestaciones a favor de su representado en contestación a la solicitud de auto de vinculación a proceso formulada por la Fiscal y por la asesora jurídica pública de la víctima, además de que la defensa solicitó auto de no vinculación a proceso a favor de su defendido, se le otorgó copia certificada de la audiencia inicial, de ahí que se evidencia que no se violó su derecho de defensa adecuada. Asimismo son infundados los argumentos del quejoso en relación a que los datos de prueba no acreditan su autoría en la comisión del hecho que se le imputa; en razón de que como ya se expuso con anterioridad, la juez responsable estimó que los datos verbalizados por el fiscal responsable eran suficientes para establecer que el aquí quejoso fue quien probablemente cometió los hechos denunciados por las víctimas y por tanto resulta ser el autor material de los hechos ilícitos anteriormente especificados. De igual manera resulta infundado el agravio identificado en los incisos a), en virtud de que la juez responsable conforme a lo establecido en el segundo párrafo de la fracción II del artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se encuentra facultada otorgar una clasificación jurídica distinta a la asignada por el Ministerio Público al hecho o hechos que fueron motivo de la imputación, misma que deberá hacerse saber al imputado para los efectos de su defensa; por tanto resulta apegada a derecho la reclasificación que realizó respecto a los hechos cometidos en agravio de Alejandro Reyes Pérez, mismos que el fiscal investigador clasificó como constitutivos del delito de homicidio en grado de tentativa siendo que la juez responsable consideró que al respecto clasificó constitutivos del diverso delito de lesiones calificadas. También, resulta infundado el agravio identificado con el inciso b), en virtud de que contrariamente a lo alegado por el quejoso, la juez responsable sí pudo advertir bajo el principio de inmediación y razonabilidad y de manera indiciaria que hechos por los cuales se pronunció, esto es, de los acontecidos el treinta de agosto de dos mil veinte, por lo que sí advirtió que los datos de pruebas relacionados por el fiscal investigador guardan relación con los hechos denunciados por las víctimas y con lo declarado con la testigo de cargo, lo cual fue corroborado con el informe policial homologado y los certificados médicos practicados a las víctimas, en los términos analizados en párrafos que anteceden. Por tanto, se considera que la juez responsable atendió la petición de auto de vinculación proceso respecto a los hechos y datos de prueba verbalizados por el fiscal acusador, de manera fundada y motivada, de ahí que contrariamente a lo manifestado por la parte quejosa, la responsable resolvió en forma completa conforme a los cuestionamientos planteados observando los principios de exhaustividad y congruencia en el dictado del auto de vinculación a proceso que reclama; además, que la parte quejosa no ofreció pruebas en contrario para desvirtuar la imputación en su contra; de ahí que resulta infundado el agravio formulado por el quejoso. Finalmente, resulta infundado el agravio identificado en el inciso c) en razón de que la juez responsable sí corroboró la calidad de licenciados en derecho de los defensores particulares que asistieron al imputado, por tanto éste no quedó en estado de indefensión, ya que del contenido de la audiencia inicia se advierte que fueron presentadas las partes, en el caso particular, los licenciados Yara Andrea Gómez Torres, defensora pública adscrita con datos ya registrados ante la administración del juzgado responsable, Juan Carlos Silva Castillo, con datos registrados ante la administración del juzgado con el número 202, y el licenciado Joel Esteban de la Cruz Arellano, con cédula profesional 471170 registrado ante esa sala de audiencia con el número de registro 1286; posteriormente, a pregunta de la juez el imputado manifestó que designaba como sus abogados a los licenciados Juan Carlos Silva Castillo y Joel Esteban de la Cruz Arellano; de igual forma, requirió al licenciado Juan Carlos Silva Castillo, para que proporcionará el número de su cédula profesional, a lo cual éste señaló que su número de cédula profesional era la número 3161374; hecho lo anterior, la juez responsable verificó con la administración del juzgado los números de registro de las cedulas profesionales de los referidos abogados, siendo afirmativa la respuesta de la referida administración. Acto continúo los citados abogados protestaron el cargo conferido y la defensora pública les hizo entrega de la carpeta de investigación por lo cual la juez responsable les concedió a los referidos abogados el término de cuarenta y cinco minutos para que se impusieran de la referida carpeta de investigación, quienes trascurrido dicho término manifestaron estar en condiciones de continuar con el desahogo de la audiencia inicial en su fase de formulación de imputación, continuando los mencionados abogados con la defensa del quejoso durante el desahogo de toda la audiencia hasta su finalización, de ahí que no se advierta que el quejoso haya quedado en estado de indefensión; en consecuencia resulta infundado lo alegado por el quejoso. De ahí que no le asista la razón al impetrante de amparo. No pasa inadvertido que la parte quejosa apoya sus conceptos de violación en la jurisprudencia 1a./J. 69/2019 (10a.) Décima Época, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, página 959 del libro 71, Octubre de 2019, Tomo I, Materia(s) Penal de rubro "DEFENSA ADECUADA EN LA AUDIENCIA INICIAL DEL PROCEDIMIENTO PENAL ACUSATORIO. LA CALIDAD DE LICENCIADO EN DERECHO DEL DEFENSOR DEBE ACREDITARSE CON EL REGISTRO PREVIO DE LA CÉDULA PROFESIONAL EN LOS SITEMAS DE REGISTRO O ANTE LOS EMPLEADOS JUDICIALES DESIGNADOS PARA TAL EFECTO, Y CON LA SIMPLE MENCIÓN QUE DE ESOS DATOS SE HAGA EN LA AUDIENCIA RESPECTIVA. Sin embargo, la misma resulta inaplicable por las consideraciones anteriormente establecidas; además que se considera que es compatible su aplicación con lo determinado en el presente asunto, en virtud de que se verificó que la autoridad responsable haya verificado que las personas que fungieron como defensores particulares del quejoso acreditaran contar con patente para ejercer la profesión de abogados y así estar en aptitud de ejercer la defensa del quejoso. Por las anteriores consideraciones y fundamentos, se niega al quejoso el amparo y protección de la justicia federal solicitados. sÉPTIMO. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. En auto de dieciséis de octubre de dos mil veinte, dictado en el presente juicio de amparo, se señaló a las partes el derecho que les asiste para oponerse en relación con terceros a la publicación de sus datos personales. No obstante, omitieron manifestarse al respecto, por lo tanto, como lo establecen los artículo 6o., fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; y 1 y 2, fracción XI, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las Disposiciones en Materia de Protección de Datos Personales, elabórese versión pública de la presente sentencia con supresión de éstos. Por lo expuesto, fundado, y con apoyo además en los ordinales 73, 74, 75, 77, 79 y 124 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, se: RESUELVE PRIMERO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a Juan Manuel Trujeque Russi, en contra de los actos reclamados y autoridad referida en el resultando primero, por las razones y fundamentos precisados en el considerando correspondiente de la presente resolución. SEGUNDO. En atención a lo expuesto en último considerando de este fallo, elabórese versión pública de la sentencia con supresión de datos personales. Notifíquese personalmente.
- Principal
mesa 4.-Villahermosa, Tabasco, dos de diciembre de dos mil veinte. Visto el estado procesal de autos, se advierte que mediante proveído de uno de diciembre actual, se tuvo al Juez de Control de la Región Judicial Nueve de Centro, Tabasco, con residencia en esta ciudad, informando que el Fiscal del Ministerio Público de la Federación Julio César Torres Torres, se encuentra adscrito a la Unidad de Tramitación Masiva de Causas del Centro de Procuración de Justicia de Centro, Tabasco, por lo que se ordenó girar oficio a dicho fiscal, con copia simple de la demanda de amparo, auto admisorio, informes justificados, así como del acuerdo de uno del presente mes y año, a fin de que sea emplazado en su carácter de tercero interesado y comparezca a juicio si a sus intereses conviene. Por tanto, para dar margen a lo anterior, y no violar las formalidades esenciales del procedimiento, difiérase la audiencia constitucional que debería tener verificativo el día de hoy, señalándose como nueva fecha y hora para su celebración, las DIEZ HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL CUATRO DE ENERO DE DOS MIL VEINTIUNO. Notifíquese.
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