Juan Manuel Torres Esquivel

Expediente 28/2018 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán. 7 actuaciones registradas, la última del 23 de marzo de 2018.

Datos del expediente

Expediente
28/2018
Año
2018
Actuaciones
7
Última actuación
23/03/2018

Partes del expediente

  • Juan Manuel Torres Esquivel
  • Secretario de Seguridad Pública En Morelia, Michoacán

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    IIII. En veintitrés de marzo de dos mil dieciocho, el Secretario da cuenta al Juez, con: a) La particularidad de que ha concluido el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte legitimada recurriera la sentencia dictada por este juzgado el veintiséis de febrero del año en curso, que decretó el sobreseimiento en el presente juicio, el cual transcurrió del uno al catorce de marzo actual, sin contar el tres, cuatro, diez y once de marzo mencionado por ser inhábiles, sin que lo haya hecho. b) Se hace constar que no se recibió escrito alguno tendente a combatir dicha resolución, lo cual se constató en el libro de correspondencia que se lleva en la Oficialía de Partes de este juzgado. c) Asimismo, el Secretario certifica que de una revisión exhaustiva del juicio en que se actúa, se advierte que: 1. No se formó incidente de suspensión. 2. Durante la tramitación del juicio no se exhibieron documentos originales. 3. No existe documental ofrecida por las autoridades responsables, cuya devolución haya que realizar. Doy fe.Uruapan, Michoacán, veintitrés de marzo de dos mil dieciocho. A la fecha, se advierte que el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, ha transcurrido, como se desprende del inciso a) de la cuenta secretarial, sin que la parte legitimada hubiese recurrido la resolución dictada por este juzgado el veintiséis de febrero de dos mil dieciocho. Consecuentemente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2º de la invocada legislación, en relación con el 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que dicha resolución, de la que existió oposición por la parte quejosa para la publicación de sus datos personales al no haber realizado manifestación alguna sobre el requerimiento que le fue formulado en el auto admisorio de la demanda, en el sentido de si se encontraba de acuerdo en que se publicaran sus datos personales y que sobreseyó en el juicio de garantías, HA QUEDADO FIRME; sin que en el caso, por su naturaleza, amerite actos de ejecución; lo anterior, para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, una vez notificado este acuerdo y se cuente con la constancia de su notificación a las partes, sin necesidad de nuevo proveído, archívense las actuaciones como asunto concluido. De conformidad con el punto cuarto del capítulo segundo, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito y acorde con el punto vigésimo primero, fracción II, del capítulo quinto del mencionado acuerdo, se estima que el expediente en que se actúa es de aquellos susceptibles de destrucción, transcurridos más de cinco años, contados a partir de la notificación de la presente determinación, en razón de que la respectiva sentencia únicamente sobreseyó en el juicio, cuyo expediente no contiene información reservada, ni se considera de relevancia documental que amerite su conservación.

  2. Principal

    III. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. En Uruapan, Michoacán, a las diez horas con cincuenta minutos del veintiséis de febrero de dos mil dieciocho, hora y fecha fijadas para la celebración de la audiencia constitucional prevista por el artículo 124 de la Ley de Amparo, en el juicio de garantías 28/2018-III, promovido por JUAN MANUEL TORRES ESQUIVEL. En audiencia pública el Juez Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán, licenciado Rubén Olvera Arreola, quien actúa con el licenciado Mario Alvez Cuevas, secretario que autoriza y da fe, procede a celebrarla, sin la asistencia de las partes. Acto continuo, el Secretario hace relación de las constancias existentes en autos, entre las que destacan por su importancia: demanda de garantías promovida por JUAN MANUEL TORRES ESQUIVEL (fojas 2 a 4); auto de diecinueve de enero de dos mil dieciocho, en que se admitió a trámite la demanda de garantías; se dio al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención que legalmente le compete (foja 16); informes justificados de las autoridades responsables; proveído de diecinueve de febrero del año en curso, en que se dejó de tener como autoridad responsable al Subsecretario de Prevención y Reinserción Social en el Estado, con sede en Morelia, Michoacán (foja 47). A lo anterior el Juez acuerda: Téngase por efectuada la relación de constancias existentes en actuaciones y con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, por rendido el informe con justificación de las autoridades responsables. Abierto el periodo de pruebas, el Secretario hace constar que ninguna de las partes exhibió escrito que las contenga; sin existir prueba pendiente de desahogo, se cierra el periodo probatorio. Abierta la fase de alegatos, el Secretario hace constar que ninguna de las partes presentó escrito que los contenga, ni la Agente del Ministerio Público adscrita, exhibió pedimento; se cierra el periodo de alegatos. Con lo anterior se da por concluida la presente audiencia y se pasan los autos para el dictado de la sentencia correspondiente. VISTOS, para resolver en los autos del juicio de amparo 28/2018-III, promovido por JUAN MANUEL TORRES ESQUIVEL, contra actos del Secretario de Seguridad Pública, con residencia en Morelia, Michoacán y otras autoridades; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Por escrito recibido el diecinueve de enero de dos mil dieciocho, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, con residencia en esta ciudad, que por razón de turno, se remitió ese mismo día a este Juzgado Quinto de Distrito en el Estado, JUAN MANUEL TORRES ESQUIVEL, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra las autoridades y por los actos que se especifican a continuación, que estimó violatorios en su perjuicio del artículo 18 Constitucional. AUTORIDADES RESPONSABLES: ORDENADORAS: Secretario de Seguridad Pública. Subsecretario de Prevención y Reinserción Social en el Estado de Michoacán. (inexistente) Director de Ejecuciones de Sanciones Penales del Estado de Michoacán. Directora Técnica de Prevención y Reinserción Social en el Estado de Michoacán. Coordinador del Sistema Penitenciario del Estado de Michoacán. Con residencia en Morelia, Michoacán. EJECUTORAS: Directora del Centro de Reinserción Social "Lic. Eduardo Ruiz". Jefe de Seguridad y Custodia del Centro de Reinserción Social "Lic. Eduardo Ruiz" Con residencia en esta ciudad ACTOS RECLAMADOS: Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que los actos reclamados por el quejoso, se hacen consistir en: La orden de traslado que se pretende realizar del quejoso del lugar en el que actualmente se encuentra recluido, esto es, del Centro de Readaptación Social "Lic. Eduardo Ruiz", con sede en esta ciudad, a otro diverso del Estado de Michoacán; y su ejecución. SEGUNDO. Por acuerdo de diecinueve de enero de dos mil dieciocho, se admitió a trámite la demanda presentada por JUAN MANUEL TORRES ESQUIVEL, la cual se registró con el consecutivo 28/2018-III, se solicitó de las autoridades responsables su respectivo informe justificado; se dio al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención que legalmente le compete; se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual fue celebrada al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Este Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán ejerce jurisdicción, es legal y constitucionalmente competente para resolver el presente juicio de amparo, de acuerdo con lo establecido en los artículos 17, 103, fracción I y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, 35 y 107, de la Ley de Amparo; 48, 49 y 51, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a "la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito", por tratarse de un amparo en materia administrativa y reclamarse actos vinculados con la libertad personal del quejoso. SEGUNDO. Las autoridades que se enlistan a continuación, al rendir su informe de ley, negaron la existencia del acto que se les reclama. Secretaria de Seguridad Pública (foja 25). Director de Ejecuciones de Sanciones Penales (foja 32). Directora Técnica de Prevención (foja 26). Coordinador del Sistema Penitenciario del Estado (foja 39). Todos con residencia en Morelia, Michoacán. Encargada del Despacho de la Dirección del Centro Penitenciario "Lic. Eduardo Ruiz" (foja 19). Encargado del Departamento de Seguridad y Vigilancia del Centro Penitenciario "Lic. Eduardo Ruiz" (foja 34). Con residencia en esta ciudad. En tanto que la parte quejosa no aportó pruebas encaminadas a desvirtuar dicha negativa, por lo que se impone sobreseer en el presente juicio de garantías, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, ante la evidente inexistencia del acto que la parte quejosa reclamó de las autoridades responsables. Tesis: VI. 2o. J/20 Semanario Judicial de la Federación Octava Época 227634 1 de 1 Tribunales Colegiados de Circuito Tomo IV, Segunda Parte-2, Julio-Diciembre de 1989 Pag. 627 Jurisprudencia (Común) INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO DESVIRTUADOS. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo. Así, al haberse declarado el sobreseimiento, el suscrito se encuentra impedido para abordar el análisis de los conceptos de violación formulados por la parte quejosa al tenor de la siguiente jurisprudencia que dispone: Tesis: II.3o. J/58 Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Octava Época 214593 1 de 1 Tribunales Colegiados de Circuito Núm. 70, Octubre de 1993 Pag. 57 Jurisprudencia (Común) SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituyen el problema de fondo, porque aquélla cuestión es de estudio preferente. TERCERO. En términos de lo previsto en los artículos 113, 118, 119 y 120, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: PRIMERO. Se SOBRESEE en el juicio de garantías promovido por JUAN MANUEL TORRES ESQUIVEL, en los términos precisados en el considerando segundo de esta resolución. SEGUNDO. En términos del considerando tercero de la presente resolución, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial.

  3. Principal

    III. En diecinueve de febrero de dos mil dieciocho, el Secretario da cuenta al Juez, con lo siguiente. a) La circunstancia de que el término de tres días, concedido a la parte quejosa, en proveído de seis de febrero del año en curso, a efecto de que desahogara la vista que se le dio respecto de la inexistencia de la autoridad responsable Subsecretario de Prevención y Reinserción Social en el Estado, con sede en Morelia, Michoacán, transcurrió del nueve al trece de febrero mencionado, sin contar el diez y once por ser inhábiles, sin que hubiese hecho manifestación alguna. Asimismo hace constar, que la Oficial de Partes de este Juzgado de Distrito, informó que realizada una revisión exhaustiva del libro de correspondencia, no existe promoción alguna ingresada, tendente a realizar manifestación alguna al respecto. b) El estado que guardan los presentes autos, principalmente con la circunstancia de que se encuentra fijada esta fecha para la celebración de la audiencia constitucional. Conste.Uruapan, Michoacán, diecinueve de febrero de dos mil dieciocho. Del estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que transcurrió el término de tres días, concedido a la parte quejosa en proveído de seis de febrero del año en curso, a efecto de que desahogara la vista que se le dio respecto de la inexistencia de la autoridad responsable Subsecretario de Prevención y Reinserción Social en el Estado, con sede en Morelia, Michoacán, sin que hubiese hecho manifestación alguna. Consecuentemente, hágase efectivo el apercibimiento decretado en dicho proveído, por tanto, déjese de tener como responsable en el juicio de amparo en que se actúa y suspéndase toda comunicación que le resulte. Por otra parte, del estado procesal que guardan los presentes autos se advierte que se encuentra fijada esta fecha para la celebración de la audiencia constitucional; asimismo, en proveído de seis de febrero que transcurre, se ordenó dar vista a las partes con el informe de la autoridad responsable Coordinador del Sistema Penitenciario del Estado, con residencia en Morelia, Michoacán; por tanto, no ha transcurrido el plazo a que hace referencia el artículo 117, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, que establece que entre la fecha de notificación del respectivo informe (incluye las constancias que lo apoyan) y la celebración de la audiencia constitucional, deberá mediar un plazo de por los menos ocho días, que permita su conocimiento por las partes a efecto de que estén en oportunidad de ofrecer las pruebas que a su juicio estimen pertinentes. Consecuentemente, la audiencia constitucional prevista para el día de hoy se difiere y en su lugar se programan las DIEZ HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL VEINTISÉIS DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO, para su celebración. Apoya lo expuesto, la jurisprudencia Tesis: P./J. 54/2000 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época 191995 1 de 1 Pleno Tomo XI, Abril de 2000 Pag. 5 Jurisprudencia (Común) AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DEBE, EN PRINCIPIO, DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN CON OCHO DÍAS DE ANTICIPACIÓN A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACIÓN, SI EL QUEJOSO O EL TERCERO PERJUDICADO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO. Cuando la autoridad responsable no rinda su informe justificado al menos ocho días antes de la celebración de la audiencia, y el quejoso o el tercero perjudicado no comparezcan a ésta a solicitar su diferimiento o suspensión, no debe verificarse tal actuación con apoyo en una aplicación aislada y restringida de la parte final del párrafo primero del artículo 149 de la Ley de Amparo ("... el Juez podrá diferir o suspender la audiencia, según lo que proceda, a solicitud del quejoso o del tercero perjudicado, ..."), sino relacionándolo de una manera lógica, sistemática y armónica con el párrafo último del propio precepto ("Si el informe con justificación es rendido fuera del plazo que señala la ley para ello, será tomado en cuenta siempre que las partes hayan tenido oportunidad de conocerlo y de preparar las pruebas que lo desvirtúen."); por lo tanto, el Juez de Distrito debe diferir, de oficio y por una sola vez, la celebración de la audiencia constitucional, con la finalidad de que las partes (principalmente el quejoso) se impongan del contenido del informe con justificación y estén en aptitud de preparar, ofrecer y desahogar las pruebas que, en su caso, estimen convenientes para desvirtuarlo. De esta manera se equilibra procesalmente a las partes y, a la vez, se podrá aplicar cabalmente el párrafo último del referido numeral de la ley de la materia, en virtud de que el Juez de Distrito, al dictar la sentencia correspondiente, tomará en cuenta los informes justificados, aun cuando se hayan rendido sin la anticipación debida, pero ya con el pleno conocimiento del quejoso y del tercero perjudicado que les haya permitido defenderse de resultar necesario.

  4. Principal

    III. En seis de febrero de dos mil dieciocho, el Secretario da cuenta al Juez, con seis oficios recibidos por correo electrónico, registrados en el libro de correspondencia con los consecutivos 1764, 1765 y 1766. Conste.Uruapan, Michoacán, seis de febrero de dos mil dieciocho. Agréguense los oficios enviados por el Coordinador del Sistema Penitenciario del Estado, con residencia en Morelia, Michoacán; en atención a su contenido, con fundamento en los artículos 126 y 117, de la Ley de Amparo, téngasele informando sobre el cumplimiento dado a la suspensión de plano del acto reclamado, decretada en acuerdo de diecinueve de enero próximo pasado, así como por rendido su informe justificado. Dése vista a las partes por el término de ocho días, para que se impongan de su contenido y manifiesten lo que a su interés legal convenga, sin perjuicio de su relación en la audiencia constitucional. Por otra parte, téngase al citado Coordinador del Sistema Penitenciario del Estado, a través de los diversos oficios registrados con los consecutivos 1766 y 1764, haciendo del conocimiento de este juzgado que la autoridad designada por el quejoso como Subsecretario de Prevención y Reinserción Social en el Estado de Michoacán, dentro del organigrama de la Coordinación a la que se encuentra adscrito, no existe con la aludida nomenclatura. Consecuentemente, con apoyo el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, dése vista a la parte quejosa, para que dentro de tres días, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación que se le realice del presente proveído, manifieste lo que a su interés convenga respecto de tal inexistencia; bajo apercibimiento que de no hacerlo, se dejará de tener como responsable y se suspenderá con ella toda comunicación oficial.

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