Juan Manuel Sosa González y Otros.

Expediente 176/2017 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali. 2 actuaciones registradas, la última del 18 de abril de 2017.

Datos del expediente

Expediente
176/2017
Año
2017
Actuaciones
2
Última actuación
18/04/2017

Partes del expediente

  • Juan Manuel Sosa González y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    Agréguese a sus autos para que obre como corresponda, el oficio recibido vía correo electrónico que remite el Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales, con residencia en la ciudad de Tijuana, Baja California, de cuyo contenido en lo conducente se desprende que aceptó la competencia declinada en el juicio de amparo 176/2017 del índice de este juzgado, avocándose al conocimiento de la demanda de amparo promovida por JUAN MANUEL SOSA GONZÁLEZ. Por otra parte, agréguese únicamente para que obre como corresponda, el diverso oficio remitido por el aludido Secretario, toda vez que el mismo no cuenta con firma autógrafa, sin que sea el caso efectuar mayor pronunciación, dado lo acordado en el párrafo que antecede. En consecuencia, archívese este cuaderno como asunto totalmente concluido, asimismo, háganse las anotaciones en el libro de Gobierno; en la inteligencia, de que en términos del considerando vigésimo, fracción I, del Acuerdo Complementario del Comité del Centro de Documentación y Análisis al Acuerdo General Conjunto 1/2009, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, es susceptible de destrucción; de igual manera, se indica que el presente cuaderno de antecedentes no tiene relevancia documental. Así también, se hace constar que en el presente expediente no existen documentos originales exhibidos por las partes; ello conforme al Capítulo Primero, Disposición Segunda, fracción XVIII, del Acuerdo en cita.

  2. Principal

    Vista la demanda de amparo presentada por Juan Manuel Sosa González, contra actos de la autoridad PRESIDENTE DE LA JUNTA ESPECIAL NÚMERO 59 DE LA FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DE TIJUANA, BAJA CALIFORNIA; por tanto, fórmese el expediente respectivo, previo su registro en el libro de Gobierno bajo el número de orden 176/2017. Ahora bien, del escrito de demanda se aprecia que el quejoso señala como actos reclamados, lo siguiente: ".PRIMERO: Se reclama de la autoridad responsable, el no dictar el auto de radicación dentro de los plazos y términos previstos por la ley para que tenga verificativo, en donde indicara la fecha para la AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN, DEMANDA Y EXCEPCIONES, transgrediendo y vulnerando el artículo 873 de la Ley Federal del Trabajo "La Junta, dentro de las veinticuatro horas siguientes, contadas a partir del momento en que reciba el escrito de demanda, dictada acuerdo, en el que señalara día y hora para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, que deberá efectuarse dentro de los quince días siguientes al que en que se haya recibido el escrito de demanda", y demás relativos aplicables de la Ley Federal del Trabajo, ya que ha pasado en exceso el término que la ley que prevén los numerales anteriormente antes referidos, violando plazos y términos que dispone la ley de la Materia, por lo que obstaculiza la impartición de Justicia en forma expedita y pronta como lo dispone la carta Magna." Por ende, este Juzgador estima carecer de competencia legal para conocer la demanda de amparo, por los motivos que enseguida se expresan: El artículo 37 de la Ley de Amparo dispone: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." De la anterior transcripción se advierte que el citado numeral contiene tres reglas para fijar la competencia de los Jueces de Distrito en los asuntos cuyo conocimiento les corresponda: 1) será competente el Juez de Distrito del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado; 2) cuando el acto pueda tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda; y, 3) cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Lo que distingue las dos primeras reglas de competencia de la tercera, es que en ésta, el acto o resolución reclamada no requiere ejecución material, mientras que la operancia de las otras exige esta ejecución. En la especie, se estima que se actualiza la premisa del primer párrafo trascrito, toda vez que este Juzgador considera que el acto reclamado requiere ejecución material, conforme al señalamiento que hace la parte quejosa. De la anterior trascripción, se advierte que la parte quejosa reclama en esencia el no dictar el auto de radicación dentro de los plazos y términos previstos por la ley para que tenga verificativo la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, dentro de un procedimiento seguido ante la Junta Especial Número 59 de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con domicilio en Tijuana, Baja California. En este orden de ideas, se colige que en el caso a estudio cobra aplicación la regla estatuida en el primer párrafo del referido artículo 37 de la Ley de Amparo, en cuanto indica que será competente para conocer del juicio de amparo, el Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución el acto reclamado; lo cual, en su caso, tendrá verificativo en la Ciudad Tijuana, Baja California, pues es en dicho lugar donde se tramita el expediente de origen. En consecuencia, se declina la competencia legal a favor del Juez de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales, en Turno, con sede en Tijuana, Baja California, en los términos del numeral antes citada y de conformidad al Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Bajo esa tesitura, con fundamento en el artículo 48 de la ley de la materia, remítase el original de la demanda de amparo y nueve copias de la misma, al Juez de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales, en Turno, con sede en Tijuana, Baja California, previo cuaderno de antecedentes que se forme, a efecto de que decida si acepta o no el conocimiento del asunto; solicítese que, de no tener inconveniente alguno, una vez que se pronuncie respecto a la competencia que se declina a su favor, lo haga del conocimiento de esta autoridad, para los efectos legales procedentes. Con fundamento en lo dispuesto en el último párrafo del artículo 21 de la ley en comento, SE HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES, para que en su caso, EL ACTUARIO JUDICIAL ADSCRITO, realice las notificaciones personales que se ordenen en el presente juicio y entregue los oficios derivados del mismo. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el ubicado en Avenida de los Héroes local 18-D, del Centro Comercial Plaza Fiesta en el Centro Cívico y Comercial de esta ciudad, y por autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a los Licenciados Jesús Alberto Tirado Vega y Raúl Fernando Villalobos Pacheco; y únicamente para oír y recibir notificaciones a los pasantes en derecho que señala. Se autoriza a los Secretarios del Juzgado a firmar los oficios que se giren en el presente juicio. Finalmente, de conformidad en los preceptos 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 3, y 5 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública promulgada en nueve de mayo de dos mil dieciséis y reformada en veintisiete de enero de dos mil diecisiete; además con las disposiciones aplicables de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados publicada en el Diario Oficial de la Federación de veintiséis de enero de dos mil diecisiete; así como 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, el derecho fundamental de las partes a la oposición de la publicación de sus datos personales puede ejercerse en cualquier instancia seguida ante los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, por lo que, se hace de su conocimiento tal derecho, en el entendido de que aun cuando se omita expresar tal oposición, este órgano al emitir la sentencia respectiva elaborará la versión pública con el objeto de otorgar el acceso a la información al gobernado que la solicite, protegiendo la considerada legalmente como confidencial o reservada y suprimiéndose la relativa en los términos que prevé el artículo 56 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicada el seis de febrero de dos mil catorce, en el diario oficial de la federación. Por último, dígase a las partes y sus representantes que en el presente asunto podrán acceder electrónicamente para consultar, presentar recursos y promociones electrónicas en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en un sitio web, para acceder a los servicios del citado portal, deben contar con firma electrónica emitida o reconocida por el Poder Judicial de la Federación a través de la unidad, y su registro en el sistema del Consejo de la Judicatura Federal, en términos de lo dispuesto en el artículo 59 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y del Consejo de la Judicatura Federal publicado en el Diario Oficial de la Federación el nueve de diciembre de dos mil quince. En ese sentido y, para otorgar la autorización, así como el acceso al sistema de consulta, deberá solicitarlo por escrito, sin que implique permiso para notificarse electrónicamente de las resoluciones judiciales, ya que en la solicitud debe expresar que es en esos términos, señalando el nombre del usuario y contraseña, o bien a través de su firma electrónica y surtirá efectos únicamente en el presente expediente, lo anterior de conformidad a lo dispuesto en el artículo 81 del citado Acuerdo General 1/2015.

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