Juan Manuel Sarabia Parra

Expediente 653/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México. 16 actuaciones registradas, la última del 26 de octubre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
653/2021
Año
2021
Actuaciones
16
Última actuación
26/10/2021

Partes del expediente

  • Juan Manuel Sarabia Parra
  • Juan Manuel Sarabia Parra y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 16.

  1. Principal

    IV. Naucalpan de Juárez, Estado de México, veintiséis de octubre de dos mil veintiuno. Téngase a la Tercera Sala Regional del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, acusando recibo de los tomos de pruebas que le fueron remitidos, por lo que, se deja sin efectos el apercibimiento decretado en autos. El cuaderno principal es susceptible de depuración, en términos del artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, en atención a que se sobreseyó y negó la protección constitucional. El original del incidente de suspensión es depurable de conformidad con el artículo 18, fracción I, inciso b), del referido Acuerdo en virtud de que la medida cautelar solicitada por el quejoso fue negada y concedida. El duplicado del incidente de suspensión es destruible con fundamento en el artículo 20, fracción II, inciso a), del citado Acuerdo General, por lo que una vez transcurridos más de seis meses a partir de esta fecha, en su oportunidad y previo desglose, este Juzgado Federal procederá a su destrucción conforme a los lineamientos que establece ese Acuerdo. Además de que este asunto no tiene relevancia documental para ser resguardado, ni se ubica dentro de las hipótesis contenidas en el artículo 15 del aludido Acuerdo General. Finalmente, requiérase a la parte quejosa para que en el lapso de noventa días, acuda a este órgano jurisdiccional a efecto de recoger los documentos que presentó en su escrito inicial, apercibido que de no hacerlo así en el término indicado, en su momento, se procederá a su destrucción junto con este expediente. En el entendido de que dicha entrega se realizará únicamente los días viernes, dentro del horario establecido a este órgano jurisdiccional, y previa cita en términos del acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. Asimismo, tendrá que llevar a cabo las medidas sanitarias necesarias para la pandemia que prevalece. Notifíquese y por lista electrónica a las partes. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Diana Ceballos Rojas, Secretaria quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.

  2. Principal

    IV. Naucalpan de Juárez, Estado de México, diecinueve de octubre de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede y el estado de autos, se advierte que a la fecha ha transcurrido el plazo que refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que el quejoso y la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita interpongan recurso de revisión contra la sentencia del veintinueve de septiembre de dos mil veintiuno, con fundamento en los numerales 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicha sentencia que sobreseyó y negó el amparo en este juicio, ha causado ejecutoria. Realícense las anotaciones respectivas; glósense los cuadernos incidentales y hágase del conocimiento de las partes lo anterior. Asimismo, devuélvanse a la Tercera Sala Regional del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, las constancias que remitió en apoyo a su informe justificado, consistentes en los tomos de pruebas I, II, III, IV, V y VI. Por lo que se requiere a la citada autoridad para que dentro del término de tres días legalmente computado remita el acuse de recibo correspondiente, bajo el apercibimiento que de no hacerlo así se le impondrá una multa por el equivalente a cincuenta unidades de medida y actualización; ello con fundamento en lo dispuesto en el artículo 237, fracción I, en relación con el 259, ambos de la Ley de Amparo. Notifíquese y por lista electrónica al quejoso. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Diana Ceballos Rojas, Secretaria quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.

  3. Principal

    IV. En Naucalpan de Juárez, Estado de México, a las doce horas con cuarenta y cuatro minutos del veintinueve de septiembre de dos mil veintiuno, hora y día señalados para que tenga verificativo la audiencia constitucional en el juicio de amparo 653/2021-IV, promovido por **********, por derecho propio, y en su carácter de Delegado Regional Naucalpan de la Secretaría de Movilidad del Estado de México; Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Diana Ceballos Rojas, Secretaria quien da fe, procedió a celebrar la misma sin la asistencia personal de alguna de las partes. Acto seguido, la secretaria hace una relación de los autos y, en obvio de repeticiones innecesarias, se tienen por reproducidas todas y cada una de las constancias que obran en este expediente. Acto seguido, el Juez de Distrito: Téngase por hecha la anterior relación para todos los efectos legales a que haya lugar. Abierto el período probatorio, la secretaria da cuenta al Juez con las pruebas ofrecidas por la parte quejosa y por la autoridad responsable Magistrada de la Tercera Sala Regional del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, al rendir su informe justificado. Acto seguido, el Juez de Distrito: Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo se tienen por ofrecidas, admitidas y desahogadas las citadas probanzas. Se cierra esta etapa. Abierto el período de alegatos, la secretaria hace constar que ninguno los formuló. Acto seguido, el Juez de Distrito acuerda: Al no existir alegatos pendientes que deban relacionarse, se cierra esta etapa. Sin diligencias pendientes por practicar. A continuación, se pasa a dictar la sentencia correspondiente. Doy fe. V I S T O S, los autos para resolver el juicio de amparo indirecto 653/2021-IV; y, R E S U L T A N D O: I. *********, por derecho propio, y en su carácter de Delegado Regional Naucalpan de la Secretaría de Movilidad del Estado de México, demandó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra actos de la Magistrada de la Tercera Sala Regional del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México y otras autoridades. II. En proveído del ocho de julio pasado, este Órgano Jurisdiccional previno a la parte quejosa para que desahogara diversas cuestiones. III. Previo desahogo de las prevenciones formuladas y la ratificación del mismo, mediante auto del cuatro de agosto del año en curso, este Juzgado Federal admitió a trámite la demanda; solicitó los informes con justificación a las autoridades responsables; dio la intervención legal a la Representante Social de la Federación adscrita y señaló fecha y hora para que tuviera verificativo la audiencia constitucional, la cual se llevó a cabo en términos del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: Primero. El Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, es legalmente competente para resolver este juicio de amparo, de conformidad con lo previsto en los artículos 37, párrafo primero, de la Ley de Amparo y 57 de la Nueva Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, dado que se reclaman actos que tendrán su ejecución en el territorio donde ejerce jurisdicción este órgano jurisdiccional. Segundo. A fin de fijar la litis constitucional y con apoyo en lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que la parte quejosa, reclamó: 1. De la Magistrada de la Tercera Sala Regional del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, el proveído del once de junio de dos mil veintiuno, dictado en los juicios administrativos 291/2011, 292/2011 y 293/2011 y sus acumulados, por el que se le impuso una multa de cien veces la unidad de medida y actualización. 2. De la Delegación Fiscal Naucalpan de la Dirección General de Recaudación dependiente de la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de México, la ejecución de la multa impuesta. 3. De la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de México, la ejecución de la multa impuesta. 4. De la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de México, la ejecución de la multa impuesta. Tercero. La Delegada de Asuntos Contenciosos, Naucalpan de la Procuraduría Fiscal, en representación de la Subsecretaría de Ingresos y la Titular de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de México, al rendir el informe justificado respectivo, negó el acto reclamado que se les imputa. De esa guisa, ante la negativa manifestada por las autoridades responsables, la parte quejosa se encontraba obligada a desvirtuar la misma, aportando para tal efecto los medios de prueba que demostraran la existencia de dicho acto. Al respecto, cobra aplicación por las razones que la informan, la tesis 187728, de rubro: "PRUEBA, CARGA DE LA. RECAE EN EL QUEJOSO ANTE LA NEGATIVA QUE DE LOS ACTOS RECLAMADOS HAGAN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO". Además, del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas del Estado de México, específicamente de los artículos 3, primer párrafo, fracción I, 6, 7, 8, 10; que contienen los rubros de competencia de esas autoridades, sin que de los mismos se desprenda que son las autoridades competentes para ejecutar la multa combatida, de ahí que se tengan por inexistentes los actos que se les reclaman. Por tanto, lo procedente es sobreseer por cuanto hace a la Subsecretaría de Ingresos y la Titular; ambas de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de México, en términos de la fracción IV, del numeral 63 de la Ley de Amparo vigente. Cuarto. La Magistrada de la Tercera Sala Regional del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, al rendir su informe justificado, aceptó la existencia del acto que se le reclama. Por su parte, la Delegada de Asuntos Contenciosos, Naucalpan de la Procuraduría Fiscal, en representación de la Delegación Fiscal Naucalpan de la Dirección General de Recaudación dependiente de la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaria de Finanzas del Gobierno del Estado de México; negó la existencia del acto que se le atribuye; sin embargo, dicha negativa se desvirtúa en atención a que es la autoridad facultada para ejecutar el acto que por esta vía se reclama. Aunado a que así se advierte de las constancias que remitidas consistentes en copia certificada de los juicios administrativos 291/201, 292/2011 y 293/2011, acumulados. Quinto. Previo al análisis de fondo del presente asunto, se procede a examinar las causas de improcedencia, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, atento a lo establecido en el artículo 62 de la Ley de Amparo, máxime que el artículo 63 fracción V, de la propia normatividad, dispone que procede el sobreseimiento cuando durante el juicio apareciere o sobreviniere alguna de las causas de improcedencia. En el caso, no existe causa de improcedencia hecha valer por las partes o que este Juzgado de Distrito advirtiera alguna de oficio; por tanto, procede el estudio de los actos reclamados, a la luz de los motivos de inconformidad vertidos por la parte quejosa en sus conceptos de violación. Sexto. El impetrante del amparo, aduce la violación a sus derechos fundamentales de legalidad, congruencia en la sentencia y seguridad jurídica, contenidos en los artículos 1, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en razón de los siguientes conceptos de violación esgrimidos de su parte: Aduce una indebida motivación en la determinación impugnada, por el incumplimiento de sentencia del veinte de septiembre de dos mil dieciocho, dictada en el recurso de revisión 04/2018; puesto que, manifiesta ha dado cumplimiento a los requerimientos formulados por la Sala responsable, siempre que estos sean legales. Que la Sala Regional responsable, ha sido omisa en tomar en consideración los oficios: DGAJ-DCT/220000060200000L/4763/2019. DGAJ/DCT/22000006020000L/518/2020. DGAJ-DCT/22000006020000L/0034/2021. DGAJ-DCT/22000006020000L/1087/2021. DGAJ-DCT/22000006020000L/1411/2021. DGAJ-DCT/22000006020000L/1439/2021. En los que expuso las imposibilidades materiales y jurídicas para dar cumplimiento a la sentencia de mérito; pues no es procedente conceder las autorizaciones que solicita Transportes de la Tolva, sociedad anónima de capital variable, puesto que las mismas fueron revocadas en los recursos RAI/14/98 y RAI/14/98-99 y en razón de lo expuesto por el artículo 15 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, la Sala responsable no puede obligar a la autoridad a revocar sus propias determinaciones. Además, que la sanción impuesta carece de lógica jurídica por haber impuesto una multa excesiva de cien veces la unidad de medida de actualización, haciendo efectivo el apercibimiento impuesto desde auto del veintinueve de noviembre de dos mil dieciocho, apercibido por última vez en auto del diecinueve de mayo de dos mil veintiuno, en los juicios administrativos 291/201, 292/2011 y 293/2011, acumulados; en atención a dicha sanción, refiere que aun cuando la Sala tiene la facultad de imponer las sanciones que hagan cumplimentar sus determinaciones, no basta con que considere la rebeldía del obligado, sino que debe medir las razones y circunstancias particulares del caso concreto. Refiere que la Asociación de Propietarios, Operadores y Autotransportistas de la Tolva, asociación civil, no dio origen a la sociedad mercantil Transportes de la Tolva, sociedad anónima de capital variable, y ni de la transformación de esta ni de su cesión, se informó a la Secretaría de Movilidad del Estado de México, de conformidad con lo ordenado por el artículo 62 del Reglamento de Transporte Público y Servicios Conexos del Estado de México, y mediante Gaceta de gobierno de fechas veintiocho de mayo de dos mil tres y quince de septiembre de dos mil cinco, lo que evidencia que no está legalmente constituida y no tienen los derroteros que aducen aportar a la empresa. En razón de ello, señala de incongruente, que la moral actora en el juicio natural solicite la autorización de derroteros. Manifiesta que si bien es cierto, que el quejoso en su calidad de Delegado Regional Naucalpan de la Secretaría de Movilidad del Estado de México, emitió una resolución del tres de julio de dos mil diecinueve, en el procedimiento administrativo PA/NAU/2012/001; en cumplimiento a la sentencia del recurso de revisión 04/2018 del índice de la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, en el que otorgó el reconocimiento de las autorizaciones materia de la litis, no menos cierto es que, nadie está obligado a lo imposible. En armonía con lo anterior, resalta que aun cuando ese acuerdo se emitió en acatamiento a la sentencia de mérito, este se dictó contrario a derecho. Refiere la existencia de los juicios administrativos 29/2020, 30/2020 y 31/2020 acumulados, promovidos por Transportes de la Tolva, sociedad anónima de capital variable; y ya que sobre los mismos aun no obra un pronunciamiento que los resuelva, por ello se encuentra imposibilitado material y jurídicamente para concretarla, hasta en tanto, se emita resolución ejecutoriada en esos juicios administrativos. Imposibilidad similar se presenta por la existencia del juicio administrativo 113/2020, del índice de la Segunda Sala Regional del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, en que se solicitó la nulidad de la resolución emitida por el Director de lo Contencioso de la Dirección General de Asuntos Jurídicos e Igualdad de Género, respecto de los derroteros solicitados por Transportes de la Tolva, sociedad anónima de capital variable; así como la suspensión del acto reclamado. Argumentos que el suscrito estima infundados en parte e inoperantes en otra. En principio, es oportuno señalar que las medidas de apremio son aquéllas de las que puede disponer la autoridad para hacer cumplir sus determinaciones y su establecimiento se justifica porque no puede quedar a voluntad de las partes ejecutar mandamientos de orden público como lo son aquellos dictados por autoridad Constitucionalmente competente. Ahora, la multa constituye esa medida de apremio conforme al segundo párrafo del artículo 280 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, lo cual constituye un medio idóneo y eficaz para conminar a las autoridades demandadas a cumplir la sentencia siempre que exista renuencia o inactividad injustificada para ese propósito. Cabe precisar que el principio de seguridad jurídica, consagrado en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se encuentra vinculado a los principios de fundamentación y motivación previstos en el diverso 16, que deben imperar en toda resolución o acto gubernamental. En efecto, al hacer una interpretación conjunta y armónica de los principios de legalidad y seguridad jurídica, que consagran los preceptos 14 y 16, constitucionales, se advierte que los actos de molestia y privación, requieren para ser legales, entre otros requisitos e imprescindiblemente, que sean emitidos cumpliendo las formalidades esenciales del procedimiento, conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho, por escrito y debidamente fundados y motivados, entendiéndose esto último, como la cita del precepto legal aplicable al caso, así como las razones, motivos o circunstancias especiales que llevaron a la autoridad a emitir su determinación. Formalidades que, en el caso, como se advierte del auto que constituye el acto reclamado fueron observadas en su dictado por la autoridad responsable ordenadora, pues los artículos en que se fundamentó para dictar el auto que se combate, entre otros, son 3, fracción V, 279, 280 segundo párrafo y 281 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México. El artículo 279, ordena a las autoridades demandadas para que una vez que causa ejecutoria; en su caso, la sentencia favorable al actor, deberán gestionar y dar el total cumplimiento del fallo, lo que deberán informar a la autoridad jurisdiccional que conozca del asunto. Por su parte el precepto 280 código invocado indica los términos en que debe cumplirse la sentencia dictada por el tribunal administrativo y cómo proceder en caso de que no estuviere cumplida, además establece precisamente que en caso de incumplimiento se impondrá al demandado una multa por la cantidad equivalente de cien a mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente. Por su parte, el artículo 281 del mismo Código faculta a la Sala Superior a tomar las medidas necesarias para el cumplimiento de las sentencias. Ahora, para dar respuesta a los motivos de inconformidad propuestos por la parte quejosa, es dable puntualizar lo siguiente: Que mediante escritos presentados ante la Tercera Sala Regional del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, Transportes de la Tolva R.11, sociedad anónima de capital variable, por conducto de su apoderado, formuló demandas administrativas en contra del Secretario del Transporte, Director General de Operación del Transporte Zona II, Delegado Regional Naucalpan, dependiente de la Dirección General de Operación del Transporte Zona II de la Subsecretaría de Operación del Transporte, todos de la Secretaría de Transporte del Gobierno del Estado de México, en la que impugnó el silencio administrativo y como consecuencia la negativa ficta deducida por no haber dado respuesta al escrito de petición en el sentido de que se declarara que las autoridades demandadas deben de autorizar los derroteros a favor de Transportes de la Tolva, sociedad anónima de capital variable. Lo que instó los juicios administrativos 291/201, 292/2011 y 293/2011, acumulados. Llevada la secuela procesal y los recursos interpuestos, se toman como referencia las resoluciones que subsisten y rigen el proceso de cumplimiento en los juicios administrativos 291/201, 292/2011 y 293/2011, acumulados, siendo las siguientes: 1. La resolución dictada en el recurso de revisión, de la que correspondió conocer a la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, con el consecutivo 1481/2011, quien el veintinueve de noviembre de dos mil once, determinó condenar a las autoridades demandadas en el juicio natural a expedir las autorizaciones complementarias de las concesiones para el reconocimiento de las rutas de transporte público como solicitó en sus escritos de petición de Transportes de la Tolva, sociedad anónima de capital variable que originaron las resoluciones fictas, motivo por el cual el Delegado Regional en Naucalpan, conforme al numeral fracción VI del Reglamento interior de la Secretaría de Transporte Estatal, debió continuar con el procedimiento administrativo para otorgar las autorizaciones respectivas, verificando que las concesiones se encuentran vigentes y que no se afecten derechos de otros concesionarios o permisionarios, una vez hecho lo anterior resuelva atendiendo las pretensiones del demandante. 2. La resolución del recurso de revisión (en relación con el cumplimiento de la anterior determinación), al cual se le asignó el número 1896/2014, por la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, quien determinó que la misma no se encontraba cumplida, estableciendo lo siguiente: ". Para que se estime cabalmente cumplida la sentencia de mérito la autoridad demandada tiene que continuar con el procedimiento administrativo que dio lugar a las negativas fictas materia del juicio de nulidad, procedimiento en que deben cumplirse minuciosa y detalladamente las formalidades esenciales, siendo necesario que, ante lo imperativo de lo mandatado en la ejecutoria, la autoridad demanda de vista a los terceros interesados con lo solicitado por el demandante, a efecto de que esté en aptitud de realizar las objeciones que considere conveniente en relación con las solicitudes de otorgamiento de los derroteros, esto es para que puedan controvertirlas o impugnarlas, en aras de un adecuado equilibro procesal entre las partes, dándoles la oportunidad razonable de probar y alegar lo que a sus intereses convenga, antes de dictarse resolución con vista a las pretensiones deducidas.". En atención a lo anterior, se continuó el procedimiento de cumplimiento de sentencia, en el cual la autoridad demandada inició el procedimiento administrativo P.A./NAU/2012/001, para resolver las pretensiones de Transportes de la Tolva, sociedad anónima de capital variable. 3. La resolución del veinte de septiembre de dos mil dieciocho, dictada por la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, quien la radicó con el número 04/2018, en la que dejó insubsistente la resolución del diecisiete de mayo de dos mil dieciocho y revocó la diversa dictada por la Tercera Sala Regional del veintisiete de noviembre de dos mil diecisiete, por haber considerado que la sentencia en los juicios administrativos 291/2011, 292/2011 y 293/2011 acumulados, no se encontraba cumplimentada. Lo que así consideró, en virtud de que se ordenó expedir en favor de Transportes de la Tolva, sociedad anónima de capital variable las autorizaciones complementarias de las concesiones para el reconocimiento de las rutas del transporte público; sin embargo, como se solicitó en los escritos que originaron esa litis, la moral Transportes de la Tolvar R.11, sociedad anónima de capital variable, ya contaba con los mismos vigentes y en operación, por lo que se solicitó el reconocimiento de las mismas ahora, en su carácter de sociedad mercantil. Previsto lo anterior, es infundado lo expresado por el impetrante del amparo en el primer y segundo concepto de violación, relativo a que es indebida la motivación en la determinación impugnada, por el incumplimiento de sentencia del veinte de septiembre de dos mil dieciocho, dictada en el recurso de revisión 04/2018; puesto que, manifiesta ha dado cumplimiento a los requerimientos formulados por la Sala responsable, siempre que estos sean legales; además de que la Sala Regional del conocimiento, fue omisa en observar las imposibilidades manifestadas en los oficios DGAJ-DCT/220000060200000L/4763/2019, DGAJ/DCT/22000006020000L/518/2020, DGAJ-DCT/22000006020000L/0034/2021, DGAJ-DCT/22000006020000L/1087/2021, DGAJ-DCT/22000006020000L/1411/2021 y DGAJ-DCT/22000006020000L/1439/2021. Lo que se afirma de acuerdo a lo que argumenta la autoridad responsable en la resolución combatida, específicamente en el punto IV, en donde refiere los antecedentes que la llevaron a determinar la conducta dilatoria y contumaz del promovente. Lo que además se corrobora, de los requerimientos formulados por la Sala responsable tendentes a cumplimentar el fallo dictado en el juicio natural y el desahogo dado por el aquí quejoso a través del Director de lo Contencioso y Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Movilidad del Estado de México, que a continuación se señalan: Requerimiento Cumplimiento Veintinueve de noviembre de dos mil dieciocho. Mediante oficio DGAJ/DCT/223042000/5154/2018, informó las gestiones realizadas y solicitó prórroga para dar cumplimiento al fallo. Ocho de enero de dos mil diecinueve. Mediante oficio DGAJ-DCT/223042000/233/2019, señaló como imposibilidad jurídica y material las faltas surgidas al notificar el acuerdo del ocho de enero de dos mil diecinueve, situación que se reparó en diverso auto del veintinueve de enero de dos mil diecinueve. Veintinueve de enero de dos mil diecinueve. Mediante oficio DGAJ/DCT/22000006020000L/622/2019, informó las gestiones realizadas y solicitó prórroga para dar cumplimiento al fallo. Trece de marzo de dos mil diecinueve. Mediante oficio DGAJ/DCT/22000006020000L/929/2019, remitió copia certificada de la determinación del doce de marzo de dos mil diecinueve, por la que se resolvió el procedimiento administrativo, determinando improcedente la concesión de los derroteros con clave: 1107 Tolva- Molinito. 1107 Altamora cine premier. 1 R-11-08 calle 42, colonia La Mancha, Tercer Sección- Cuatro caminos. 1-R11-08 Cadete -Metro Cuatro Caminos. 1-R11-09 Cadete- San Bartolo 1-R11-09 Colonia La Mancha Tercera Sección- Metro Cuatro Caminos. 1-R11-10 Torres- San Bartolo. 1-R11-10 Lomas de Chamapa- Metro Cuatro Caminos. 1-R11-11 Torres - Metro Cuatro Caminos. 1-R11-13 Juchitlán - Metro Cuatro Caminos. 1- R14-15 Juchitlán- San Bartolo. 1107 Metro Cuatro Caminos - Tolva (por San Andrés Atoto), ordenando la revocación de las concesiones afectas a Transportes de la Tolva, sociedad anónima de capital variable. Ocho de abril de dos mil diecinueve. Mediante oficio DGAJ-DCT/22000006020000Ll1568/2019, desahogó la vista ordenada, haciendo diversas manifestaciones en relación con los derroteros materia de la litis. Catorce de junio de dos mil diecinueve. Toda vez que en ese auto se determinó no tener por cumplida la sentencia; mediante oficio DGAJ/DCT/22000006020000L/3342/2019, el aquí quejoso, remitió copia certificada de la determinación del tres de julio de dos mil diecinueve, por la que se resolvió el procedimiento administrativo P.A./NAU/2012/001, determinando procedente la concesión de los derroteros referidos a favor de Transportes de la Tolva, sociedad anónima de capital variable, solicitando al Subsecretario de Movilidad, dar cumplimiento al reconocimiento correspondiente a los derroteros. Seguido lo que es el trámite de ejecución, en oficio DGAJ/DCT/22000006020000L/4763/2019, se informó la corrección a la determinación anterior, ordenando la revocación de la determinación del doce de marzo de dos mil diecinueve, al subsistir la del tres de julio de ese año. Veintiocho de enero de dos mil veinte. Mediante oficio DGAJ/DCT/22000006020000L/518/2020, manifestó como imposibilidad para cumplir con la sentencia dictada en ese juicio administrativo, la existencia de los diversos juicios administrativos de consecutivos 29/2020, 30/2020 y 31/2020 acumulados, en la que se recurrió la determinación del tres de julio de dos mil diecinueve y su corrección; sin embargo, manifiestó que no se actuó conforme a derecho, pues no es procedente reconocerle las autorizaciones a Transportes de la Tolva, sociedad anónima de capital variable; entonces es por la Sala Regional responsable y la Segunda Sección de la Sala Superior de la Entidad, que se encuentra obligada a revocar sus propias determinaciones. Quince de septiembre de dos mil veinte. Toda vez que previo proveído del veintiocho de agosto de dos mil veinte, se ordenó el archivo de los juicios administrativos 291/201, 292/2011 y 293/2011, acumulados; sin embargo en proveído del quince de septiembre de dos mil veinte se subsanaron irregularidades en el mismo por lo que la autoridad jurisdiccional requirió nuevamente al quejoso, quien mediante oficio DGAJ/DCT/22000006020000L/2154/2020, informó a la Sala Regional responsable que en los diversos juicios administrativos 29/2020, 30/2020 y 31/2020 acumulados, se solicitó la suspensión de los actos reclamados, motivo por el cual solicitó una prórroga para hasta en tanto se resolviera lo concerniente a dicho tópico. Veintiséis de noviembre de dos mil veinte. Mediante oficio DGAJ/PCT/22000006020000Ll0483/2021, se informó a la Sala Regional Responsable que en razón de haberse remitido por competencia territorial a favor de la Segunda Sala Regional del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, los referidos juicios administrativos en el párrafo precedente, solicitó la suspensión de los actos reclamados, motivo por el cual solicitó una prórroga para hasta en tanto se resolviera lo concerniente a dicho tópico. Nueve de abril de dos mil veintiuno. Mediante oficio DGAJ/DCT/22000006020000L/1087/2021, manifestó que de dar cumplimiento a la sentencia de marras incurriría en el delito de abuso de autoridad, previsto en el artículo 136 del Código Penal del Estado México, lo anterior en virtud de que no se ha dictado resolución en los juicios administrativos 29/2020, 30/2020 y 31/2020 acumulados. Diecinueve de mayo de dos mil veintiuno. Mediante oficio DGAJ/DCT/22000006020000L/1439/2021, el impetrante del amparo, informó que presentó una queja ante la Junta de Gobierno y Administración del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, en razón de la incertidumbre que causa que se encuentran en trámite los juicios administrativos 29/2020, 30/2020 y 31/2020 acumulados y continúan requiriendo el cumplimiento del fallo en los diversos 291/201, 292/2011 y 293/2011, acumulados. De lo relatado, se desprende que desde el veintinueve de noviembre de dos mil dieciocho, se ha requerido el cumplimiento del fallo al demandado en el juicio natural, sin que de los mismos se desprenda mayor avance en su ejecución, puesto que únicamente realiza manifestaciones tendentes a generar convicción de que se actualizaron diversas causas jurídicas y materiales que impiden el cumplimiento de la sentencia, sin que alguna de las razones esgrimidas sean suficientes para considerar imposibilitado al quejoso, a cumplir con la determinación jurisdiccional de marras. Por otra parte, contrario a lo que alega el quejoso, la Sala Regional sí se pronunció respecto de las imposibilidades que hace valer en los oficios DGAJ-DCT/220000060200000L/4763/2019, DGAJ/DCT/22000006020000L/518/2020, DGAJ-DCT/22000006020000L/0034/2021, DGAJ-DCT/22000006020000L/1087/2021, DGAJ-DCT/22000006020000L/1411/2021 y DGAJ-DCT/22000006020000L/1439/2021, sin embargo, los calificó de inoperantes por los fines pretendidos, puesto que es un derecho adquirido lo ya decretado en la sentencia y lo que expresa no es materia de revisión durante la ejecución del fallo. Además, como acertadamente manifestó la Sala Regional responsable, no asiste razón al quejoso respecto de la imposibilidad que refiere por existir los juicios administrativos 29/2020, 30/2020 y 31/2020 acumulados, relacionados con el acuerdo del tres de julio de dos mil diecinueve, pues en los referidos juicios administrativos, se negó la suspensión de los actos reclamados en proveído del uno de junio de dos mil veintiuno, por parte de la Segunda Salara Regional del Tribunal de Justicia Administrativa en el Estado de México. Argumento que por ende desvirtúa lo alegado por el quejoso, en el sentido de que incurrirá en el delito de abuso de autoridad, pues no obra concesión de la medida cautelar. Además, no pasa inadvertido que el quejoso señala que cumple con los requerimientos que considera legales, argumento que se presume subjetivo y que no puede anteponerse al cumplimiento de las sentencias, que son vinculantes para la parte condenada, cuyo cumplimiento es de orden público en interés social; por lo que, de no estar de acuerdo con lo resuelto o considerar ilegalidad en la sentencias que rigen el procedimiento de cumplimiento, debió combatirla a través de los medios legales correspondientes, pues como acertadamente lo refiere la sala responsable, la materia de la litis actualiza la figura de cosa juzgada y consentida por el promovente; lo que se corrobora de la emisión de la resolución del tres de julio de dos mil diecinueve, en el procedimiento administrativo P.A./NAU/2012/001, en que determinó procedente la concesión de los derroteros y su reconocimiento, en favor de Transportes de la Tolva, sociedad anónima de capital variable. Entonces, no surte como imposibilidad material o jurídica que el quejoso aduzca la ilegalidad de la sentencia o de su pretensión para no cumplimentarla, pues tales consideraciones no son materia del proceso de la ejecución que se ventila en el juicio de origen. Lo que convalida lo infundado de los conceptos de violación. Así las cosas, no surte razón al quejoso en su argumento tercero relativo a que la multa impuesta es excesiva, y que no basta la señalización de que este incurrió en rebeldía. Para afirmarlo, y como se desprende del cuadro narrado en las líneas que anteceden, la Tercera Sala Regional, realizó múltiples requerimientos que no fueron cumplimentados por el quejoso; sin embargo, se trae a colación el último de los apercibimientos decretado en auto del diecinueve de mayo de dos mil veintiuno; en que se requirió al quejoso para que remitiera el pronunciamiento de la suspensión solicitada en los juicios administrativos 29/2020, 30/2020 y 31/2020 acumulados, sin que lo hubiera hecho, pues tanto en la respuesta contenida en su oficio DGAJ/DCT/22000006020000L/1439/2021, como en anteriores a esta, se limitó a solicitar una prórroga para cumplimentarlo. Además, la sanción impuesta, se funda en el contenido del artículo 280, del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, en que ordena que la sala regional resolverá si el demandado ha cumplido con los términos de la sentencia, y en caso de renuencia, se le impondrá una multa por la cantidad equivalente de 100 a 1,000 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente. Con base en lo expuesto, se reitera que dicho concepto de violación es infundado, puesto que la imposición de la multa ocurre ante la omisión del promovente de cumplir con los términos de la sentencia y los requerimientos tendentes a su ejecución, aunado a que se impuso la multa más baja estipulada por la ley de la materia para ese efecto, por lo que esta no puede ser excesiva. Ahora, de los motivos de disenso sintetizados en los numerales 4, 5, 6, 7, y 8 devienen inoperantes, toda vez que son una reiteración de los argumentos que hizo valer el quejoso ante la Sala responsable a los requerimientos formulados por ésta, por ende, no atacan las consideraciones vertidas en el acto reclamado en esta instancia constitucional. Por tanto, ante la inoperancia de los motivos de inconformidad y los diversos infundados lo procedente es negar el amparo y protección de la Justicia de la Unión. Negativa que se hace extensiva a las autoridades ejecutoras, en virtud de no haberse reclamado por vicios propios. Sin que sea óbice a lo anterior el hecho de que no se haya emplazado a la mora tercero interesada Transportes de la Tolva, sociedad anónima de capital variable, toda vez que si bien es cierto que el emplazamiento a las partes es una regla que norma el procedimiento en el juicio de amparo, también lo es, que uno de los principios fundamentales de la impartición de justicia es que sea pronta y expedita; así que en vista de que la presente sentencia no le es adversa lo cual es razón suficiente para dictar el fallo que en derecho corresponde, fundamentalmente porque en la especie no se deja sin posibilidad de defensa a la referida parte procesal. Por lo expuesto y fundado, se: R E S U E L V E: Primero. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Juan Manuel Sarabia Parra, por derecho propio, y en su carácter de Delegado Regional Naucalpan de la Secretaría de Movilidad del Estado de México, respecto del acto reclamado a las autoridades responsables Subsecretaría de Ingresos y Titular de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de México, por las razones expuestas en el considerando tercero de este fallo. Segundo. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Juan Manuel Sarabia Parra, por derecho propio, y en su carácter de Delegado Regional Naucalpan de la Secretaría de Movilidad del Estado de México, contra los actos reclamados y por las razones sostenidas en el considerando sexto de esta sentencia. Notifíquese, por lista electrónica al quejoso. Lo resolvió y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Diana Ceballos Rojas, Secretaria quien da fe. Doy fe.

  4. Principal

    IV. Naucalpan de Juárez, Estado de México, dos de septiembre de dos mil veintiuno. Visto que de autos se desprende que se encuentra transcurriendo el plazo de ocho días concedido a las partes en proveído del uno de septiembre pasado respecto del informe justificado rendido por la sala responsable y anexos; en tal virtud, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y se fijan las doce horas con cuarenta y cuatro minutos del veintinueve de septiembre de dos mil veintiuno, para que tenga verificativo. Notifíquese, por lista electrónica al quejoso y vía electrónica a las autoridades responsables que así lo solicitaron. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Diana Ceballos Rojas, Secretaria quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.

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