Juan Manuel Sánchez Sánchez

Expediente 309/2015 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila. 2 actuaciones registradas, la última del 4 de mayo de 2015.

Datos del expediente

Expediente
309/2015
Año
2015
Actuaciones
2
Última actuación
04/05/2015

Partes del expediente

  • Juan Manuel Sánchez Sánchez

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que la parte quejosa, no impugnó el auto de quince de abril de dos mil quince, por el que se desechó la demanda que dio origen al presente juicio; por ende, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a), y 98 de la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado. En tal razón, háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno que se lleva para tal efecto ante este Juzgado; y archívese el expediente como asunto totalmente concluido.

  2. Principal

    Vista la demanda de amparo promovida por Juan Manuel Sánchez Sánchez, contra actos del Juez de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Sabinas, Coahuila de Zaragoza. Ante ello, fórmese expediente, anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este Juzgado, bajo el número estadístico 309/2015, por ser el numeral progresivo que le correspondió. En principio, conviene señalar que del estudio integral de la demanda de garantías se advierte que el acto reclamado por la parte promovente en esta instancia se hace consistir en: (...) Ahora bien, el precepto 113 de la Ley de Amparo autoriza al Juez de Distrito a desechar de plano una demanda de amparo, cuando de su examen se desprenda un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; en relación con este tema, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que será motivo de improcedencia manifiesto, aquél que se advierta en forma patente, notoria y absolutamente clara, mientras que el indudable será del que se tiene certeza y plena convicción... En efecto el artículo 113 de la Ley de Amparo, impone la obligación al Juez de Distrito de examinar con todo detenimiento el libelo actio de amparo y, de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia, desecharla de plano, para lo cual, en principio, deben tomarse en consideración únicamente los hechos y circunstancias narrados en la propia demanda y los anexos que, en su caso, se acompañen; siendo que por motivo manifiesto, se entiende lo que se advierte clara y patentemente, y por indudable aquello de lo que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal suerte que aún en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, y con total abstracción de lo que en un futuro pudiera probarse, sin lugar a dudas, sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes pudieran allegar o hacer valer en el procedimiento, sean innecesarios para configurar dicha improcedencia ni lleguen a desvirtuar su contenido. Proceder que tiene como base constitucional el contenido del artículo 17, que consagra el derecho a la administración de justicia e impone como taxativa a los órganos jurisdiccionales el cumplir con ello de manera pronta y expedita, pues no sería lógico ni razonable admitir a trámite una demanda pese a tener plena convicción de que a la postre la misma no será procedente, con demérito de los recursos humanos y materiales que tal acción genera. Por consiguiente, al tratarse de una cuestión de orden público, debe atenderse a los citados elementos a efecto de comprobar que en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII del numeral 61 de la Ley de Amparo, por los motivos y consideraciones que a continuación se precisan. Así, en términos de lo dispuesto en el ordinal 74, fracción I, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es pertinente precisar que por esta vía se tilda de inconstitucional lo siguiente: La sentencia interlocutoria, número 14/2015, de doce de febrero del presente año, recaída en el incidente sobre falsedad de firma en el documento de fecha trece de octubre de dos mil catorce, dentro del expediente número 720/2014, relativo al juicio de paternidad, tramitado por el ahora promovente ante el Juez de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Sabinas, Coahuila de Zaragoza. En ese orden de ideas, es pertinente precisar que el numeral 61, fracción XVIII, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone: (...) La causa de improcedencia contenida en el precepto legal trascrito, prevé que el gobernado que estime haber sido agraviado por un acto de autoridad, cuando ésta tenga la calidad de tribunal judicial, administrativo o laboral, pueda acudir solicitando el amparo solamente hasta después de que haya agotado todas las instancias, recursos o medios de defensa ordinarios que se regulen en la ley correspondiente, que tiendan a revocar, modificar y nulificar la resolución o acto que lo lesiona. Por otro lado, se destaca que el principio de definitividad del juicio de amparo, supone el agotamiento o ejercicio previo y necesario de todos los recursos que la ley que rige al acto reclamado establece para atacarlo, bien sea modificándolo, confirmándolo o revocándolo, de tal suerte que, existiendo dicho medio ordinario de impugnación, sin que lo interponga la parte quejosa, el amparo es improcedente. La determinación en comento, que se consagra en forma específica en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo invocada, opera para los actos o resoluciones que emanan de un procedimiento judicial, administrativo o laboral, respecto de los cuales proceda algún recurso o medio ordinario de defensa dentro del juicio, susceptible de modificarlos, revocarlos o anularlos; con ello, se da oportunidad al gobernado que interviene dentro de uno de esos procedimientos judiciales, administrativos o laborales, para que antes de acudir a la instancia extraordinaria de análisis constitucional, se agoten los recursos ordinarios que puedan hacer cesar, con un estudio de legalidad, la violación de la que se queja el gobernado que se aduce agraviado. Uno de los axiomas que rigen la procedencia del juicio de amparo, lo constituye el reglamentado por el artículo antes trascrito, que es el que se denomina de definitividad; esto es, el juicio de amparo no puede promoverse si previamente no se han agotado los juicios, recursos o medios de defensa que la ley que rige el acto establece, y que tengan por objeto modificarlo, revocarlo o nulificarlo, lo que quiere decir, que el acto reclamado debe ser definitivo, en el sentido de que mediante el sistema ordinario ya no se pueda anular. En el asunto particular, la razón por la que se actualiza la causal de improcedencia en comento, radica que respecto al acto reclamado en estudio procede como medio de impugnación el recurso de apelación contemplado en el artículo 866, fracción I del Código Procesal Civil para el Estado de Coahuila de Zaragoza vigente, el cual no agotó el quejoso a pesar de que tenía la obligación de hacerlo, con anterioridad a solicitar la protección de la Justicia Federal, al ser parte incorporada a la relación jurídico procesal (demandado). Efectivamente, se pone de relieve que los artículos 537, 544, 865 a 869 del Código Procesal Civil de Coahuila, que es aplicable al juicio natural, en lo que interesa establecen lo siguiente: (...) Como puede observarse, los anteriores dispositivos legales señalan que las sentencias interlocutorias en toda clase de juicios, serán apelables, salvo que la ley disponga expresamente que no son recurribles; además, de que el citado recurso se puede interponer por escrito dentro de ocho días; el recurso de apelación el tribunal de alzada podrá revocar o modificar el auto o la sentencia recurridos, si estima fundados los agravios del apelante; o bien, confirmar la resolución apelada, si considera infundados dichos agravios. Al efecto, de las actuaciones que adjuntó el aquí quejoso a su demanda de amparo, se advierte, que el doce de febrero de dos mil quince, el Juez de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Sabinas, Coahuila de Zaragoza, dentro del expediente 720/2014, formado con motivo del incidente sobre falsedad de documentos, promovido por el hoy quejoso, en contra de Mónica Marlene Aguilar Morales, dictó la sentencia interlocutoria, en la que se determinó lo siguiente: "PRIMERO: Procedió la vía incidente intentada y tramitada. SEGUNDO: El actor incidental JUAN MANUEL SÁNCHEZ SÁNCHEZ, no probó los elementos constitutivos de su acción planteada. TERCERO: Se absuelve a MÓNICA MARLENE AGUILAR MORALES, de las prestaciones reclamadas. CUARTO: No se hace especial condenación en costas." De ahí que se advierta sin género de dudas que contra esa resolución procede el recurso de apelación, puesto que lo que tilda de inconstitucional y con lo que no está conforme el aquí quejoso, como lo hace ver en su demanda de amparo, es específicamente lo resuelto en dicha interlocutoria. De ahí entonces que el quejoso, en lugar de acudir directamente al juicio de amparo -como lo hizo-, debió de haber interpuesto recurso de apelación ante el Tribunal del conocimiento, porque si dicho medio de impugnación tiene por objeto revocar o modificar el auto o la sentencia recurridos, si el Tribunal de Alzada estima fundados los agravios del apelante; o bien, confirmar la resolución apelada, si considera infundados dichos agravios. Por lo que si no se agota el recurso de apelación es improcedente el juicio de garantías al no acatarse el principio de definitividad, con apoyo en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. Asimismo, cabe decir que aún en el supuesto, de que la ejecución del acto reclamado fuera de imposible reparación para efecto de la procedencia del amparo indirecto, ésta calidad en el acto, no constituye un caso de excepción al principio de definitividad, que impera en el juicio de amparo, porque de conformidad con lo dispuesto en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo vigente, y acorde a las reglas del amparo indirecto, estos lineamientos determinan que al tratarse de actos intraprocesales, antes de acudir al juicio de garantías deben combatirse mediante los recursos correspondientes, incluso si su ejecución se estima de imposible reparación, pues así se advierte del numeral 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; de tal suerte que la afirmación de que se causen daños de imposible reparación no exime al quejoso de agotar los medios ordinarios de defensa, previo a la interposición del amparo. Acorde a las directrices trazadas, en la parte quejosa recaía la obligación de agotar el principio de definitividad de que se ha venido hablando, antes de acudir a la presente vía constitucional, puesto que para la procedencia de los recursos o medios ordinarios de defensa, es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que, si bien es cierto que el principio apuntado admite excepciones, tiene como característica fundamental imponer la obligación y el deber jurídico de agotarlos y sustanciarlos antes de acudir al juicio de amparo, por lo que no es a discreción del afectado cumplir o no con el mismo para la procedencia de dicha contienda, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino de carácter obligatorio, en virtud de que el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley Reglamentaria de los diversos numerales 103 y 107 de la Carta Magna vigente al inicio de este asunto, es terminante en que se agoten los medios de defensa legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías, con el propósito manifiesto de que no se soslaye el citado postulado; de ahí que, al haberse inobservado lo anterior por parte del quejoso, lo procedente es desechar la demanda de garantías que se analiza. Máxime que en la especie no se actualiza alguno de los casos de excepción establecidos en la ley, a efecto de dispensar el mencionado principio que rige en el juicio de amparo, pues no se reclama la inconstitucionalidad de alguna ley, algún acto de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ni el acto reclamado carece de fundamentación, además la parte quejosa no es tercera extraña a juicio, por lo cual, se insiste, el promovente está obligado a instar el recurso correspondiente antes de intentar la vía constitucional. Lo anterior, se corrobora con el dicho del propio quejoso, al manifestar haber interpuesto recurso de apelación en contra de la mencionada interlocutoria; sin embargo, refiere que mediante proveído de veinticinco de marzo del presente año, la autoridad a quien le atribuye el acto reclamado no lo admitió; determinación que en el presente juicio de amparo no fue reclamada. Por las narradas condiciones, es que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61, de la Ley de Amparo, lo que impone desechar de plano la demanda de amparo promovida por Juan Manuel Sánchez Sánchez, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 del citado ordenamiento legal. (...) Por otra parte, se tiene a la parte quejosa señalado como domicilio para oír y recibir notificaciones el que se indica en el escrito de demanda; y como autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a los licenciados Florencio González Espinoza, Patricia Alejandra Ramos Rivera y José Martínez Mendoza. Asimismo, con el propósito de evitar dilaciones innecesarias, se faculta a los Actuarios adscritos a este Juzgado, para practicar las notificaciones que se les ordenen en el asunto, aun en días y horas inhábiles, en términos del artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo. Por último, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 8°, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la referida ley, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, dígase a las partes que, conforme al procedimiento de acceso a la información, la sentencia que se dicte en el presente asunto, estará a disposición del público para su consulta cuando así se solicite; así también, que pueden ejercer el derecho para manifestar, hasta antes que se pronuncie el fallo, su voluntad de que su nombre y datos personales no se incluyan en la publicación, en la inteligencia de que tal oposición, únicamente surtirá efectos cuando se trate de expedientes que contengan información reservada que en términos de lo previsto por la fracción IV, del artículo 13, de la citada ley, será cuando pongan en riesgo la vida, la seguridad, o la salud de las partes. Notifíquese; y personalmente a la parte promovente.

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