Juan Manuel Salinas Llano
Expediente 124/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula. 18 actuaciones registradas, la última del 13 de septiembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 124/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 18
- Última actuación
- 13/09/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula · Chiapas
Partes del expediente
- German Torres Jimenez
- Juan Manuel Salinas Llano
- Blas Rodriguez Cruz
Actuaciones
Las 4 más recientes de 18.
- Principal
Tapachula de Córdova y Ordoñez, Chiapas, a trece de septiembre de dos mil veintidós. CAUSA EJECUTORIA Vista la certificación de cuenta, se desprende que a la fecha, ha fenecido el término de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes interpusieran recurso de revisión [medio de impugnación establecido en el diverso numeral 81, fracción I, inciso d), de dicha legislación], en contra la sentencia dictada en el presente asunto, en el que se sobreseyó el juicio en que se actúa, sin que ninguna de las mismas lo hubiera hecho. Por consiguiente, con fundamento en el artículo 288, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles supletorio a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto causó ejecutoria para todos los efectos legales. 18/03/24 12:34:40 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.74.7a MARIO FRANCISCO GARCÍA CANCINO 2 Comuníquese lo anterior a las autoridades responsables. ANOTACIONES Y SE ORDENA EL ARCHIVO DEL EXPEDIENTE PRINCIPAL Háganse las anotaciones en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, se ordena el archivo del presente asunto como totalmente concluido, en virtud de que no existe actuación pendiente por realizar. Ahora bien, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en relación con el Capítulo 7, punto 7.4, del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, se acuerda lo siguiente: JUICIO DE AMPARO DEPURABLE El presente expediente se considera depurable, pues se concedió la suspensión de plano de los actos reclamados; por lo tanto, se conservará por el término de tres años en el archivo de "trámite" a que se refieren los numerales 8, fracción I, y 9 de dicho Acuerdo General, contados a partir de que se ordenó el archivo como asunto concluido y transcurrido ese plazo, dentro, dentro de los siguientes noventa días deberá procederse a su depuración, conservando las resoluciones relativas a la 18/03/24 12:34:40 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.74.7a MARIO FRANCISCO GARCÍA CANCINO 3 ??????????????? demanda, el decreto de la suspensión de plano, la resolución que puso fin al juicio y el auto que la declara firme, y terminado el proceso de depuración, deberá solicitarse la transferencia a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación, tal y como lo establece el penúltimo y último párrafo del mencionado artículo. Se ordena estampar el sello correspondiente en la carátula del expediente, atendiendo a lo establecido en el presente acuerdo de conformidad con el artículo 35 de acuerdo en comento. DIGITALIZACIÒN Y FE DE COINCIDENCIA ENTRE EXPEDIENTES En cumplimiento al párrafo segundo, del artículo 251 , del acuerdo invocado, se comisiona a la Secretaría para que verifique la digitalización de las actuaciones, para posteriormente dar fe de que el expediente electrónico coincide con el impreso; hecho lo cual, se procederá a la remisión física del expediente al archivo. TRANSPARENCIA Con fundamento en los artículos 3º, 8º, 9º, 67, fracción II, 68, 98, 104, 108, 110, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, hágase saber a la parte quejosa que este órgano jurisdiccional está obligado a hacer público el presente expediente, debiendo en su caso suprimirse la información que tenga el carácter de reservada o confidencial. 1 Artículo 25. Digitalización de expedientes generados con la FIREL. (.) Previo a la transferencia de su documentación, con independencia de la materia del expediente, el órgano jurisdiccional dará´ fe de que la versión electrónica coincida en su totalidad con la impresa." 18/03/24 12:34:40 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.74.7a MARIO FRANCISCO GARCÍA CANCINO 4 DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTOS Finalmente, dado que no existen en autos documentos originales exhibidos por la parte quejosa no es necesario requerirla para que los recoja, como lo exige el artículo 21 del citado Acuerdo General. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Rosa Patricia Córdova Rangel, Jueza Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, asistida de Mario Francisco García Cancino, Secretario del Juzgado con quien actúa y da fe. Doy Fe.
- Principal
AUDIENCIA Y SENTENCIA CONSTITUCIONAL En la ciudad de Tapachula de Córdova y Ordoñez, Estado de Chiapas, a las once horas con diez minutos del veinticinco de agosto de dos mil veintidós, hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional a que se refiere el artículo 124 de la Ley de Amparo, en el juicio de amparo 124/2022, , promovido por Juan Manuel Salinas Llano, Edgar Everardo Mejía Salguero, Germán Torres Jiménez, Carlos Acevedo Morales y Blas Rodríguez Cruz, ante la presencia de la Jueza Rosa Patricia Córdova Rangel, Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas con residencia en Tapachula de Córdova y Ordoñez, ante Mario Francisco García Cancino, Secretario del Juzgado, con quien actúa y da fe, sin la comparecencia de ninguna de las partes ni representante legítimo de ellas. A continuación, el Secretario de cuenta con la relación de constancias, en las que obran y destacan las siguientes: NO. CONSTANCIAS FOJAS 1 Demanda de amparo. 2 - 4 2 Auto admisorio. 6 - 15 3 Emplazamiento de las autoridades responsables 22 Asimismo, se hace constar que la siguiente relación coincide con las autoridades responsables y el sentido de su informe con justificación y certifica que en proveído de nueve de febrero del año en curso, se dio vista a la parte quejosa respecto de la inexistencia de la autoridad responsable que denominó como Director de Seguridad y Custodia del Centro Federal de Readaptación Social Número Quince "CPS-CHIAPAS", con sede en Villa Comaltitlán, sin que lo hubiera hecho: NO AUTORIDAD RESPONSABLE SENTIDO FOJA 1 Directora General del Centro Federal de Readaptación Social número 15 "CPS-CHIAPAS", por si y en representación del Director Técnico, así como del Comité Técnico todos de dicho centro penitenciario. Niega 56 y 57 Al respecto la Jueza de Distrito acuerda: se tiene por hecha la relación de constancias que antecede para los efectos a que haya lugar y respecto de la aludida vista, se hace efectivo decretado en dicho acuerdo y se tiene por inexistente a la citada autoridad; por lo tanto, se suspende toda comunicación con ella. Acto seguido se abre la etapa de pruebas: El secretario hace constar que, las partes ofrecieron los siguientes medios de convicción: NO PARTE PRUEBAS FOJA 1 Autoridad Responsable: Directora General del Centro Federal de Readaptación Social número 15 "CPS-CHIAPAS", por si y en representación del Director Técnico, así como del Comité Técnico todos de dicho centro penitenciario. Documentales 58 a 119 Al respecto la Jueza de Distrito acuerda: con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, ténganse por admitidas y desahogadas por su propia y especial naturaleza. Acto continuo, se abre el de alegatos, El secretario da cuenta con los formulados por el Defensor Público Federal, los cuales en este acto se agregan: NO PARTE Manifestaciones FOJA 1 Defensor Público Federal Alegatos 161 a 163 Al respecto la Jueza de Distrito acuerda: con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, ténganse por formulados los del defensor público federal en representación del quejoso Juan Manuel Salinas Llano. Posteriormente, al respecto se acuerda: ténganse por hecha la relación de constancias que antecede, para los efectos legales procedentes, sin promoción pendiente de acuerdo, se pasan los autos para dictar la resolución que en derecho corresponda. VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo número 124/2022. RESULTANDO PRIMERO. Demanda. Mediante escrito de demanda presentado el cuatro de febrero del dos mil veintidós, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chiapas, de la que correspondió conocer, por razón de turno, a este juzgado, Juan Manuel Salinas Llano, Edgar Everardo Mejia Salguero, Germán Torres Jiménez, Carlos Acevedo Morales y Blas Rodríguez Cruz, demandaron el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de los actos y autoridades que en un apartado posterior se precisarán. SEGUNDO. Trámite. Por auto de cuatro de febrero de dos mil veintidós, se admitió a trámite el expediente 124/2022, sólo por cuanto a los actos que hizo consistir en tortura, malos tratos e incomunicación, en los términos apuntados en dicho auto; seguidamente, se ordenó dar la intervención que legalmente corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación, se solicitó el informe justificado a las autoridades responsables y se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se desprende del acta que antecede. TERCERO. Desistimiento. En auto de doce de abril de dos mil veintidós, se tuvo por desistidos a los quejosos Germán Torres Jiménez, Edgar Everardo Mejia Salguero y Carlos Acevedo Morales (foja 53); asimismo, en diverso proveído de veintidós de junio de dos mil veintidós se tuvo por desistido al quejoso Blas Rodríguez Cruz (foja 142), lo anterior con fundamento en el artículo 63, fracción I, de la Ley de la Materia y por las razones precisadas en los autos de referencia; por lo que se prosiguió con la secuela procesal únicamente por lo que ve al quejoso Juan Manuel Salinas Llano. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, es competente para conocer y resolver del presente juicio, en términos de lo previsto por los artículos 103 fracción I y 107 fracción VII, de la Constitución Federal, 1, 37 y 107 de la Ley de Amparo, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y Acuerdo General 3/2021 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que adiciona el similar 3/2013, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la Jurisdicción Territorial y Especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, publicados el siete de junio y veintidós de abril del presente año en el Diario Oficial de la Federación; en vinculación con los diversos acuerdos 16/2016 y 32/2020 difundidos el once de marzo de dos mil dieciséis y ocho de diciembre de dos mil veinte respectivamente en el Diario Oficial de la Federación; toda vez que se reclaman actos de autoridades con residencia en la circunscripción en la que este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación de la litis. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo vigente, resulta necesario fijar con claridad y precisión en qué consiste el acto reclamado, para lo cual se atiende la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la jurisprudencia de la Segunda Sala de la misma superioridad, respectivamente de rubros: ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO" y "ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS. Del estudio íntegro de la demanda de garantías, se advierte que la parte quejosa hizo valer como actos reclamados los siguientes: _ tortura, malos tratos e incomunicación. TERCERO.- Inexistencia de los actos reclamados. Todas las autoridades responsables negaron la existencia de los actos reclamados consistentes en la tortura y malos tratos con motivo de su reclusión; por lo que, a fin de determinar la existencia o no de los actos reclamados, resulta importante precisar lo siguiente. Consideraciones previas. La "tortura" se debe entender como todo acto por medio del cual se inflija a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o psíquicos, con la finalidad de obtener de ella o de un tercero información o una confesión, o castigarla por un acto que haya cometido, o se sospeche que ha cometido, o de intimidar o coaccionar a esa persona o a otras, o por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación, cuando dichos dolores o sufrimientos sean infligidos por un funcionario público u otra persona en el ejercicio de funciones públicas, a instigación suya, o con su consentimiento o aquiescencia. La definición anterior encuentra una explicación completa y concisa en la tesis aislada 1a. LV/2015, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1425 del Libro 15, Febrero de 2015, Tomo II, Décima Época, constitucional-penal, con número de registro 2008504, que establece: "TORTURA. SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, atendiendo a la norma más protectora, prevista en la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, estima que se está frente a un caso de tortura cuando: i) la naturaleza del acto consista en afectaciones físicas o mentales graves; ii) éstas sean infligidas intencionalmente; y iii) tengan un propósito determinado, ya sea para obtener una confesión o información, para castigar o intimidar, o para cualquier otro fin que tenga por objeto menoscabar la personalidad o la integridad física y mental de la persona." La tesis de mérito permite entender que se está frente a un caso de tortura cuando concurran los siguientes elementos: a) La naturaleza del acto consista en afectaciones físicas o mentales graves; b) Éstas sean infligidas intencionalmente; y c) Tengan un propósito determinado, ya sea para obtener una confesión o información, para castigar o intimidar, o para cualquier otro fin que tenga por objeto menoscabar la personalidad o la integridad física y mental de la persona. Sentado lo antepuesto, es menester afirmar, que en la especie, no se cuenta con evidencia razonable para considerar que se cometieron actos de tortura física y psicológica en contra del peticionario del amparo, en autos obran constancias suficientes que permiten aseverar esa circunstancia. Por tanto, es imprescindible considerar lo que establece la tesis aislada 1a. CCCXXVI/2018, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 256 del Libro 61, Diciembre de 2018, Tomo I, Décima Época, materia común, con número de registro 2018533, que se cita textualmente a continuación: "ACTOS DE TORTURA RECLAMADOS DE MANERA AUTÓNOMA. OBLIGACIONES DE LOS JUECES DE AMPARO. Si bien el desarrollo de los precedentes legales sobre tortura de esta Primera Sala se han circunscrito de manera preponderante en el marco de los procesos penales y el impacto de la tortura en las confesiones o elementos autoincriminatorios; lo cierto es que la propia Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura entiende que la finalidad de la tortura no es sólo con propósitos de investigación criminal, sino como medio intimidatorio, castigo personal y medida preventiva, entre otros. Así, al tener como acto reclamado de manera autónoma los actos de tortura, los jueces de amparo se encuentran obligados a investigar dichas alegaciones allegándose de todos los elementos necesarios para poder determinar si se tiene por acreditada la misma. Primeramente, deberá solicitar la ampliación de los informes justificados de las autoridades responsables a las que se les haya atribuido el acto reclamado consistente en violencia física o moral y tortura, cuando las autoridades hayan negado los actos reclamados de manera genérica sin hacer pronunciamiento específico en cuanto al acto materia de análisis. Lo anterior tiene la finalidad de no dejar en estado de indefensión a la solicitante del amparo y crear certeza jurídica. Enseguida, tomando en consideración lo que señalen las autoridades responsables en sus informes con justificación, el juez deberá allegarse de todos los elementos -bitácoras, exámenes médicos y psicológicos con base en el Protocolo de Estambul, copia de la averiguación previa, entre otros- para analizar el alegato de tortura como acto reclamado, sin que sea suficiente la simple negativa de las autoridades, el cual debe ser analizado tomando en especial consideración la entidad de la tortura y en su caso con un enfoque diferenciado y con perspectiva de género. En este sentido, se deberán revisar las constancias y determinar si existe base razonable para tener por acreditada la tortura. Para ello se deberá tomar en consideración la inversión de la carga de la prueba y el estándar atenuado para acreditarse como violación a la integridad personal, según el cual bastarán indicios que permitan sostener razonablemente que la hubo, aun cuando no se sepa la identidad del o los torturadores." Del anterior criterio, se puede colegir, que al señalarse en la demanda de amparo como acto reclamado, de manera destacada, los actos de tortura, los jueces de amparo están obligados a investigarla recabando los elementos probatorios necesarios para estar en posibilidad de poder determinar si se tiene por acreditada la misma. Lo anterior, para no dejar en estado de indefensión al solicitante del amparo y crear certidumbre jurídica; por lo que, derivado de lo que expongan las autoridades responsables en sus informes con justificación, el Juez deberá allegarse de todos los elementos -bitácoras, exámenes médicos y psicológicos con base en el Protocolo de Estambul, copia de la averiguación previa, entre otros- para analizar el alegato de tortura como acto reclamado, sin que sea suficiente la simple negativa de las autoridades, el cual debe ser especial consideración la entidad de la tortura y en analizado tomando en su caso con un enfoque diferenciado y con perspectiva de género. Cabe precisar, que como instrumento de investigación de la tortura existe el Protocolo de Estambul que es una guía que contiene las líneas básicas con estándares internacionales en derechos humanos para la valoración médica y psicológica de una persona que se presuma o haya sido víctima de tortura o algún mal trato. Su aplicación requiere reconocer el contexto en el que se dan los hechos. Asimismo, dicho manual establece los diversos parámetros para el estudio en investigación de la tortura como son: evaluación de los antecedentes examen de los métodos de tortura, interpretación de los hallazgos y conclusiones, historial médico, examen físico, evaluación psicológica, secuelas psicológicas de la tortura, evaluación neuropsicológica, pruebas de diagnóstico, entre otros métodos y técnicas de investigación a través de los cuales se puede determinar la existencia o no de tortura. En ese tenor, se deberán revisar las constancias y determinar si existe base razonable para tener por acreditada la tortura, para lo cual se deberá tomar en consideración la inversión de la carga de la prueba y el estándar atenuado para acreditarse como violación a la integridad personal, según el cual bastarán indicios que permitan sostener razonablemente que la hubo, aun cuando no se sepa la identidad del o los torturadores. De la tesis de mérito, surge la obligación de emplear una técnica de constatación precisa cuando se trata de este tipo de reclamos, así como la obligación de utilizar una herramienta para tal actividad, cuando se tiene evidencia razonable y fehaciente de que realmente se cometieron actos de tortura en contra de los peticionarios. Como se adelantó, la tesis aislada citada en párrafos precedentes, establece la obligación de utilizar una herramienta indispensable para la constatación de la existencia o no de los actos de tortura, desde la vertiente de violación a los derechos humanos de dignidad e integridad física y mental, a saber, la reversión de la carga probatoria. Por su parte, la actividad de constatación está sujeta a una técnica de comprobación, a la que el máximo Tribunal de la nación denomina estándar atenuado. Reversión de la carga probatoria. Esta herramienta implica que, al contrario a como sucede con casi todos los actos reclamados, cuando se trata del consistente en tortura, es la autoridad la que está obligada a probar que no incurrió en la violación expresada por el quejoso, es decir, que la potestad a la que se señala como responsable al respecto, tiene la ineludible obligación de acreditar que no torturó al quejoso, pues como autoridad, tiene a su alcance una amplia gama de posibilidades de probar que no fue quien infligió la tortura. De tal modo que, si no existiera la reversión de la carga probatoria al respecto, sería prácticamente imposible que una persona pudiera acreditar como acto reclamado la violación a sus derechos humanos de dignidad e integridad física y mental, pues se le impondría la carga de probar las circunstancias de modo, tiempo y lugar de tales sucesos, lo que de suyo no solo implicaría revictimizarlo al obligarle a saber quién lo hizo y probar como se lo hicieron; sino además, resultaría sumamente impráctico para lograr los propósitos del juicio de amparo, al colocarle como requisito indispensable el acreditamiento de los actos de que fue objeto, para con ello, proceder al estudio de constitucionalidad, lo que resultaría inconcebible jurídicamente, porque la tortura es un acto inconstitucional e inconvencional en sí mismo. Por tal motivo, es la autoridad la que debe probar -si es que existen indicios razonables de tortura- el origen de los mismos o bien, si la autoridad no pudo haber participado en su comisión, orden o aprobación. Estándar atenuado. Por su parte, el estándar atenuado implica como actividad, que la comprobación de la violación a los derechos humanos multicitados, no debe condicionarse a requisitos ominosos o a mecanismos de comprobación rigurosos, sino que basta la concurrencia de dos elementos para arribar a la conclusión de existencia de actos de tortura, a saber, la existencia de evidencia razonable en tal sentido, y las conclusiones derivadas de la reversión de la carga probatoria. Cabe destacar en este punto, que el estándar atenuado del que se habla, es propio únicamente del juicio de amparo, pues no se debe olvidar que la tortura también constituye un tipo penal. En efecto, la tortura puede dimensionarse jurídicamente desde dos vertientes, como delito, y como violación al derecho humano de dignidad e integridad física y mental. Es aplicable la tesis aislada 1a. CCVI/2014, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 562 del Libro 6, Mayo de 2014, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, materia constitucional- penal, con número de registro 2006484, que establece: "TORTURA. SU SENTIDO Y ALCANCE COMO PROHIBICIÓN CONSTITUYE UN DERECHO ABSOLUTO, MIENTRAS QUE SUS CONSECUENCIAS Y EFECTOS SE PRODUCEN TANTO EN SU IMPACTO DE VIOLACIÓN DE DERECHOS HUMANOS COMO DE DELITO. Conforme al marco constitucional y convencional, la prohibición de la tortura se reconoce y protege como derecho absoluto que pertenece al dominio del jus cogens internacional, mientras que sus consecuencias y efectos impactan en dos vertientes: tanto de violación de derechos humanos como de delito. En ese orden, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que: 1. Las personas que denuncien actos de tortura tienen el derecho a que las autoridades intervengan de forma expedita para que su acusación sea investigada y, en su caso, examinada a través de un juicio penal; en ese sentido, las autoridades tienen la obligación de investigar la tortura para, en su caso, esclarecerla como delito, así como de realizar y proseguir de modo diligente las investigaciones necesarias para deslindar responsabilidades por su comisión. 2. La obligación de proteger ese derecho recae en todas las autoridades del país y no sólo en aquellas que deban investigar o juzgar el caso. 3. Atento al principio interpretativo pro persona, para efectos del mencionado derecho, debe considerarse como denuncia de un acto de tortura a todo tipo de noticia o aviso que sobre ese hecho se formule ante cualquier autoridad con motivo de sus funciones. 4. Cuando una persona ha sido sometida a coacción para quebrantar la expresión espontánea de su voluntad, deben excluirse las pruebas obtenidas mediante la misma." Así, tratándose de la vertiente delictuosa, los estándares de comprobación son indiscutiblemente diferentes, no sólo porque la imputación al respecto debe cumplir con una serie de elementos normativos y subjetivos, sino porque, además, el sólo señalamiento e incluso la existencia de la evidencia, no dan lugar a afirmar categóricamente que el imputado por tal delito sea responsable del mismo, sino que es preciso que el Ministerio Público acredite fehacientemente que tal o cual persona lo cometió, por lo que mientras no haya una condena firme al respecto, ninguna persona puede ser tratada como responsable de tal ilícito, de conformidad con el principio de presunción de inocencia. Sin embargo, desde la vertiente de violación de derechos humanos, la tortura tiene un estándar de comprobación atenuado, en el que basta la existencia de evidencia razonable, el señalamiento por parte del quejoso que la resintió, y las conclusiones derivadas de la reversión de la carga probatoria; de tal suerte que si existe el señalamiento claro del impetrante, la evidencia razonable de la existencia de los actos de tortura manifestados, y la autoridad responsable no quiso o no fue capaz de demostrar que no incidió en los indicios de tal evidencia; ello es suficiente para que la Justicia de la Unión se declare operante en favor del peticionario, a fin de que se reparen las violaciones a los derechos humanos infringidos. De esta manera, la figura del estándar atenuado no sólo resulta una técnica de apreciación obligatoria para este órgano de control de constitucionalidad, sino además constituye un mecanismo eficaz, idóneo, asequible y práctico para concluir cuándo se está ante un caso de tortura; porque si no existiera la herramienta de la reversión de la carga de la prueba, o bien, la técnica de apreciación de la violación a los derechos humanos multicitados con motivo de la tortura, denominada estándar atenuado; sería prácticamente imposible que cualquier persona que la haya sufrido, tuviese a su alcance algún mecanismo jurídico eficaz para verse reparado en su esfera jurídica, pues se le impondría al quejoso la carga revictimizante de comprobar las circunstancias fácticas y temporales de los actos señalados, aun cuando son las responsables las que cuentan con diversos y amplios medios a su alcance para probar precisamente lo contrario. Acotado lo antes expuesto, es menester efectuar una relatoría de los medios de convicción que existen en el sumario, dentro de los cuales se encuentran los aportados por las autoridades responsables en sus informes de suspensión de plano y justificados; así también, los allegados de oficio por este órgano jurisdiccional, los cuales son los siguientes: 1. La manifestaciones bajo protesta de decir verdad contenidas en el escrito inicial de demanda promovida por Juan Manuel Salinas Llano y otros, quien aseveró -en esencia- que alrededor de las diecinueve horas del veinticinco de enero del presente año, al encontrarse en sus respectivas celdas, llegaron quince o veinte oficiales de seguridad y custodia, ordenándoles recogieran sus pertenencias, sacándolos de las celdas sin motivo alguno y en la unidad de transporte sufrieron fuertes golpes con las manos y pies, por parte del personal de seguridad de dicho Centro Penitenciario, haciendo hincapié en que fueron trasladados al dormitorio "A", módulo VII, siendo un módulo que se utiliza como aislamiento de los internos, por tiempo indefinido. 2. Nota médica en materia de psicología suscrita por la psicóloga penitenciaria, así como por la encargada de la oficina de tres de febrero de dos mil veintidós, practicada al quejoso Juan Manuel Salinas Llano, en la que la especialista plasma que el impetrante de garantías se encuentra en condiciones favorables en cuanto a su estado emocional y mental, asimismo hace constar que en registros de conducta emitida por el área de seguridad, existe reporte que fue participe de un código naranja (riña colectiva), razón por la cual fue llevado a dicho módulo, poniendo de manifiesto la dificultad para el manejo de sus impulsos y a su vez diagnostica que al encontrarse en un estado emocional estable y mentalmente sano, no hay datos que requieran atención inmediata o en crisis, dejando la siguiente atención a solicitud del quejoso, sin que obre en autos petición alguna respecto a ello. La evidencia razonable de tortura. Es menester afirmar, que en la especie, no se cuenta con evidencia razonable para considerar que se cometieron actos de tortura física en contra del peticionario del amparo, pues en autos no obran constancias suficientes que permitan establecer esa circunstancia. Esto es así, pues si bien se cuenta con las manifestaciones de Juan Manuel Salinas Llano, en la demanda inicial, del dictamen médico practicado el galeno no advierte daño psicológico alguno, puesto que por el contrario lo encuentra en un estado emocional estable y mentalmente sano. Es por ello, que bajo las condiciones apreciables, incluso a simple vista por parte de la actuaria judicial quien pudo ponerse en comunicación con el directo quejoso, ponen de manifiesto que el quejoso no resintió en su persona actos de tortura o malos tratos. Por lo que, como se adelantó, los anteriores indicios, concatenados entre sí, permiten concluir que no existe evidencia razonable para estimar que el peticionario del amparo, fue víctima de tortura o malos tratos. Atento a ello, debe tenerse presente que la prueba es el medio por el cual se demuestra a la autoridad la verdad de las afirmaciones de las partes sobre la certeza de los hechos aducidos; por tanto, no existen pruebas fehacientes que corroboren lo narrado por el quejoso, por lo que es inconcuso que tales afirmaciones o manifestaciones que se realizaron no se encuentran demostradas. En ese tenor, de autos no se desprende que el quejoso haya sido objeto de afectaciones físicas o mentales graves, infligidas intencionalmente, con el propósito de obtener de él una confesión o información, para castigar o intimidar, o para cualquier otro fin que tenga por objeto el menoscabo de la personalidad o la integridad física o mental. De esta manera, ante el planteamiento de tortura o malos tratos, como se ha venido señalando, no se aprecian diagnósticos de lesiones físicas o psicológicas originadas por tratos degradantes de las autoridades responsables en su perjuicio, pues no se advierte que se haya obtenido una confesión [como lo alegó el quejoso] o información para castigar o intimidar, o para cualquier otro fin que tenga por objeto menoscabar la personalidad o la integridad física y mental de la persona. Asimismo, igual consideración permite respecto al acto reclamado consistente en la incomunicación, pues de las constancias remitidas por la autoridad responsable, se aprecia que el quejoso entabló comunicación en diversas ocasiones con su esposa, de igual manera, en la valoración psicológica citada en líneas precedentes dicho quejoso manifestó haber sido visitado por su esposa e hija, lo cual aconteció el tres de febrero del presente año (foja 112) y ha tenido llamadas telefónicas (foja 64), esto es, anterior a la presentación de la demanda. En ese sentido, son infundadas las alegaciones vertidas por el Defensor Público Federal, pues como se vio, no se acreditaron la existencia de los actos reclamados. Por lo tanto, con fundamento en la fracción IV, del artículo 63 de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el presente juicio de amparo respecto a los actos de tortura, malos tratos e incomunicación reclamados. Por lo expuesto y fundado se RESUELVE: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo, promovido por Juan Manuel Salinas Llano, contra los actos precisados en el considerando segundo, atribuidos a las autoridades señaladas en el considerando tercero, por los motivos expuestos en el mismo. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Rosa Patricia Córdova Rangel, Juez Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, asistida por Mario Francisco García Cancino, Secretario del Juzgado con quien actúa y da fe. Doy Fe.
- Principal
Tapachula de Córdova y Ordoñez, Chiapas, a quince de agosto de dos mil veintidós. Visto el contenido de la certificación que encabeza este acuerdo, se advierte que está transcurriendo el plazo de tres días otorgado a la parte quejosa, para que se impongan del contenido del oficio suscrito por la Directora General del Centro Federal de Readaptación Social Número quince "CPS-CHIAPAS", con sede en Villa Comaltitlán, Chiapas. Por lo tanto, el expediente no se encuentra debidamente integrado, con fundamento en el artículo 117, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se difiere la fecha para la celebración de la audiencia constitucional que está fijada para hoy, y se señalan las once horas con diez minutos del veinticinco de agosto de dos mil veintidós, para que tenga verificativo ese acto procesal. MARIO FRANCISCO GARCÍA CANCINO 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.74.7a 18/03/24 12:34:40 2 Inscríbase esta determinación el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes de esta institución, para los efectos estadísticos correspondientes. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Rosa Patricia Córdova Rangel, Jueza Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, asistida de Mario Francisco García Cancino, Secretario del Juzgado con quien actúa y da fe. Doy Fe.
- Principal
Tapachula de Córdova y Ordoñez, Chiapas, a ocho de agosto de dos mil veintidós. Glósese a los autos el oficio suscrito por la Directora General del Centro Federal de Readaptación Social Número Quince, "CPS-CHIAPAS", con sede en Villa Comaltitlán, mediante el cual cumple con el requerimiento formulado en auto de catorce de julio de dos mil veintidós. En tal virtud, se deja sin efectos el apercibimiento ahí decretado. En consecuencia con fundamento en el artículo 297 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2, dese vista a las partes, por el término de tres días, para el ejercicio de sus derechos si lo estiman pertinente. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Rosa Patricia Córdova Rangel, Jueza Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, asistida de Mario Francisco García Cancino, Secretario del Juzgado con quien actúa y da fe. Doy Fe. RPCR/M
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