Juan Manuel Salinas García

Expediente 309/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 3 actuaciones registradas, la última del 27 de marzo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
309/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
27/03/2023

Partes del expediente

  • Juan Manuel Salinas García

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado procesal que guardan los autos en los que se actúa, así como el contenido de la certificación que antecede, se desprende que ha transcurrido el plazo de cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo vigente, sin que la parte quejosa Juan Manuel Salinas García, haya interpuesto recurso alguno en contra del auto de veintiocho de febrero de dos mil veintitrés, mediante el cual se desechó de plano la demanda de amparo; por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara firme el citado auto para todos los efectos legales procedentes. En tales condiciones, hágase las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado y de conformidad con lo estipulado en el artículo 214 de la Ley de Amparo vigente, se archiva el expediente como asunto total y definitivamente concluido. Tómese nota que el presente asunto no es considerado de relevancia documental, razón por la que se determina que es susceptible de destrucción, en términos del artículo 21, inciso b) del Acuerdo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que establece las disposiciones en materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; entonces, una vez que trascurran tres años contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación de este acuerdo, hágase lo conducente. Como lo establece el artículo 35 del citado Acuerdo, hágase constar lo anterior en la carátula del expediente. Finalmente, agréguese a estos autos la intervención ministerial firmado electrónicamente por el licenciado Rafael de Santillana Gómez, Fiscal Revisor Titular de la Agencia Adscrita a este Juzgado en Materia de Amparo; sin que haya lugar a emitir mayor pronunciamiento al respecto en atención a lo acordado en el presente proveído. Notifíquese.

  2. Principal

    se: RESUELVE: ÚNICO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por********************, respecto del acto reclamado al Juez de Primera Instancia Penal en Mante, Tamaulipas, precisados en el considerando segundo, por los motivos señalados en los considerando tercero y último de este fallo. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE A LAS PARTES.

  3. Principal

    PARA QUE LE SURTA EFECTOS DE NOTIFICACION PERSONAL A LA PARTE QUEJOSA DEL AUTO DE LA FECHA EN CITA POR EL CUAL. "Visto la cuenta que antecede, téngase a Juan Manuel Salinas García, solicitando el amparo y la protección de la justicia federal contra actos de la Junta Especial Número Ocho de la Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, por estimarlos violatorios de los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Federal. En consecuencia, fórmese el cuaderno correspondiente y regístrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes de este juzgado con el número 309/2023. Ahora, como punto de partida, es pertinente traer a colación el contenido del artículo 113 de la Ley de Amparo vigente, que establece: "Artículo 113.- El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Del precepto anterior, se desprende que es procedente desechar la demanda de amparo, cuando el juez de distrito encontrare un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En esos términos, para los efectos del desechamiento de la demanda, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda. Además, se tiene la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia que se advierta es operante en el caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran aportar las partes. De esta manera, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse a las manifestaciones que bajo protesta de decir verdad hace la parte promovente en el escrito de la demanda de amparo, y así considerarla probada sin lugar a dudas, de modo tal que aun en el caso de que se llegara a admitir la demanda, el informe justificado que rinda la autoridad responsable, los alegatos y las pruebas que ésta y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean indispensables para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido. Por tanto, para que un motivo de improcedencia sea manifiesto e indudable, es necesario que de manera clara y patente así se advierta del escrito de demanda, al grado de que se tenga la certeza y plena seguridad de su existencia, a pesar de las pruebas que posteriormente se aportaren, es decir, si se tiene duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda pues, de lo contrario, se privaría a la parte quejosa de su derecho a instar el juicio de amparo contra un acto que pudiera causarle perjuicio. Lo anterior, conforme a la tesis emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 448, XVI, Julio de 2002, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro y texto siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO. El Juez de Distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En ese sentido, se concluye que un motivo manifiesto e indudable de improcedencia es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a esas promociones, de manera que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, esto es, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda y a los anexos que se acompañen y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido, por lo que de no actualizarse esos requisitos, es decir, de no existir la causa de improcedencia manifiesta e indudable o tener duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda, pues, de lo contrario, se estaría privando al quejoso de su derecho a instar el juicio de garantías contra un acto que le causa perjuicio y, por ende, debe admitirse a trámite la demanda de amparo a fin de estudiar debidamente la cuestión planteada." En ese sentido, el acto reclamado consiste en la resolución incidental de nulidad de actuaciones dictada el tres de mayo de dos mil veintidós, por la Junta Especial Número Ocho de la Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, dentro del expediente 196/E08/2018. Es así, pues en la resolución que reclama se resolvió el incidente interpuesto por la parte demandada respecto a la nulidad de la notificación del acuerdo de pruebas siete de noviembre de dos mil diecinueve, mismo que fue resuelto por la autoridad responsable el tres de mayo de dos mil veintidós. Ahora, analizado dicho acto, se concluye que se actualiza la causal de improcedencia prevista por la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el numeral 107, fracción V (en sentido contrario), de la Ley de Amparo, toda vez que fue emitido dentro de juicio, y no tiene efectos de imposible reparación, como se pasa a exponer. Los citados preceptos, en lo conducente señalan: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII.- En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley.". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.)" De acuerdo con los preceptos legales transcritos, el amparo contra actos dentro de un juicio, únicamente procede cuando esos actos son de imposible reparación, y en el caso la resolución incidental de nulidad de actuaciones dictada el tres de mayo de dos mil veintidós, por la Junta Especial Número Ocho de la Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, dentro del expediente 196/E08/2018, en la que se declaró procedente tal incidente, promovido por la parte demandada, tendiente a la notificación del auto admisorio de pruebas dictado el siete de noviembre de dos mil diecinueve, no se tratan de aquellos que afecten materialmente derechos sustantivos de la impetrante del amparo, tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, sino que se trata de una resolución que afecta derechos procesales de las partes del juicio, esto es, el acto reclamado es una violación de carácter formal (procesal) que no afecta de forma material algún derecho sustantivo, pues solo trasciende en el interior o trámite del juicio natural; de ahí que contra tal violación resulta improcedente el juicio de amparo indirecto. En el caso se considera que se trata de una violación procesal que podrá ser reparable en caso de que la parte quejosa obtenga un laudo favorable en el momento de que se resuelva en definitiva el expediente 196/E08/2018, de la estadística de la Junta Especial Número Ocho de la Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad. Lo anterior es así, pues por un acto de ejecución de imposible reparación, debe entenderse aquel que afecta materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte material, como la vida, la integridad personal, la libertad, y la propiedad, por citar algunos. Es aplicable la jurisprudencia 607, aprobada por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su anterior integración, publicada en la página 673, del Tomo II, del Semanario Judicial de la Federación, del Apéndice mil novecientos diecisiete - septiembre dos mil once, Octava Época, con número de registro 1002673, que establece: "EJECUCIÓN DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. ALCANCES DEL ARTICULO 107, FRACCIÓN III, INCISO B), CONSTITUCIONAL. De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos procede el amparo indirecto contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación... El alcance de tal disposición, obliga a precisar que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, si sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado que tutela la Constitución por medio de las garantías individuales, porque la afectación o sus efectos no se destruyen con el sólo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. Por el contrario no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación se extinguen en la realidad, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque tal violación es susceptible de ser reparada en amparo directo." Asimismo, la jurisprudencia P./J. 24/92, que aprobó el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 11, del Tomo 56, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de agosto de mil novecientos noventa y dos, con número de registro 205651, que establece: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen 'ejecución irreparable' los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio." De acuerdo a los anteriores criterios jurisprudenciales, se concluye que el amparo contra actos dictados dentro de un juicio, únicamente procede cuando esos actos afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; y en el caso, el acto reclamado no reúne esa calidad, pues no se trata de un acto que afecte materialmente derechos sustantivos en contra de la aquí quejosa, tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte. En ese tenor, el acto reclamado por la parte quejosa, lo hace consistir, en esencia, la resolución que declaro procedente el incidental de nulidad de actuaciones de tres de mayo de dos mil veintidós, interpuesto por la parte demandada contra la notificación del acuerdo de pruebas dictado el siete de noviembre de dos mil diecinueve, dentro del expediente 196/E08/2018. Tal determinación reclamada no es impugnable en amparo indirecto, ya que no tienen sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, entendiéndose por ello el que afecte materialmente derechos sustantivos tutelados en la carta magna y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte; en consecuencia, no se actualiza la hipótesis de procedencia del amparo biinstancial. En suma, como las consecuencias del acto reclamado son de carácter intraprocesal y no tienen una ejecución de imposible reparación, pues por ésta debe entenderse aquella cuyas consecuencias son susceptibles de afectar en forma inmediata alguno de los derechos fundamentales del gobernado que tutela la Constitución; es de concluirse que la determinación en estudio, impugnada por la parte quejosa, no cumple los requisitos necesarios para poder ser atacada por esta vía constitucional, porque sólo afecta los derechos adjetivos o procesales y los efectos intraprocesales pueden ser reparados si se obtiene laudo favorable; por lo que no hay duda de que no se está en presencia de actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, y, por tanto, en su contra no procede el amparo biinstancial. En ese orden de ideas, se concluye que en el caso se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo, en relación con lo dispuesto en el diverso precepto legal 107, fracción V, de la invocada ley, esté último aplicado a contrario sensu, en el cual se establece que el amparo indirecto procede contra actos en el juicio que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Tiene aplicación por las razones que la integran la Jurisprudencia 1a./J. 94/2008, aprobada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIX, Febrero de 2009, Materia Civil, Registro: 167896, Página: 256, que establece: "NULIDAD DE ACTUACIONES. LA INTERLOCUTORIA QUE CONFIRMA LA PROCEDENCIA O NO DEL INCIDENTE RELATIVO EN EL QUE SE RECLAMA LA FALTA O ILEGALIDAD DEL EMPLAZAMIENTO, ES IMPUGNABLE EN AMPARO DIRECTO. La interlocutoria que confirma la procedencia o improcedencia de un incidente de nulidad de actuaciones en el que se reclama la falta o ilegalidad del emplazamiento, al constituir una resolución en juicio cuya ejecución no es de imposible reparación, es impugnable en amparo directo, conforme al artículo 158 de la Ley de Amparo. Esto es, dicha determinación tiene efectos meramente procesales y no afecta irremediablemente algún derecho sustantivo, sino que sólo genera la posibilidad de que ello ocurra, en la medida en que influya para el dictado de un fallo adverso a los intereses del quejoso, quien podrá reclamarlo en la vía directa ante el tribunal colegiado de circuito, en términos de los artículos 159 y 161 de la Ley mencionada." Asimismo, sirve de apoyo a lo anterior, por las razones que la informan la Jurisprudencia 2a./J. 23/2008, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVII, Febrero de 2008, Novena Época, Materia Común, Registro: 170244, Página: 593, que establece: "NULIDAD DE ACTUACIONES. ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE ORDENA REPONER EL PROCEDIMIENTO POR FALTA DE EMPLAZAMIENTO. La indicada resolución constituye un acto dentro del juicio que debe impugnarse en el amparo directo que se promueva contra la sentencia definitiva o laudo, en términos de los artículos 114, fracción IV, 158 y 159, fracción V, de la Ley de Amparo, ya que las consecuencias que produce no son de imposible reparación, en tanto que no afectan de manera directa e inmediata derechos sustantivos establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el perjuicio procesal que pudieran resentir las partes en sus derechos adjetivos no resulta exorbitante, porque tal decisión no podría implicar la tramitación innecesaria del juicio, ya que éste no culminaría, sino que continuaría su curso ante la misma autoridad jurisdiccional que lo tramitó y resolvió, una vez reparada la violación procesal mencionada. No obsta para concluir lo anterior el retardo en la impartición de justicia que podría entrañar esa determinación, porque tal circunstancia, por sí sola, no justifica la procedencia del juicio de amparo indirecto que, por excepción, permite la impugnación de actos intraprocesales, habida cuenta que toda reposición del procedimiento para subsanar violaciones procesales fundadas implica una dilación del juicio en mayor o menor grado, sin que ello implique violación al principio de justicia pronta." Por las razones apuntadas, se torna claro que se actualiza la causal de improcedencia a que alude la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el numeral 107, fracción V (en sentido contrario), de la Ley de Amparo y, en vía de consecuencia, con fundamento en el numeral 113 del ordenamiento legal mencionado, se DESECHA DE PLANO la demanda de amparo por la causa manifiesta e indudable de improcedencia resaltada. Téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el señalado en su escrito de demanda, con el apercibimiento de que de resultar inexacto, las notificaciones del presente proveído y las subsecuentes, incluso las personales, le surtirán efectos mediante lista de acuerdos que se fije en los estrados de este juzgado, en términos del artículo 27, fracción III, inciso a), de la ley de la materia; asimismo, se toma nota del correo electrónico ********************, para los efectos legales correspondientes. Con fundamento en el artículo 21 tercer párrafo de la Ley de Amparo, desde este momento y por economía procesal se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de las notificaciones que de manera personal deban realizarse a las partes en el presente juicio de amparo. Notifíquese; personalmente al promovente."

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