Juan Manuel Salas Zacarias
Expediente 1015/2020 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Aguascalientes. 8 actuaciones registradas, la última del 20 de abril de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1015/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 20/04/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Aguascalientes · Aguascalientes
Partes del expediente
- Juan Manuel Salas Zacarias
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
Aguascalientes, Aguascalientes, veinte de abril de dos mil veintiuno. -DEVOLUCIÓN DOCUMENTOS- Visto el escrito de cuenta, con fundamento en el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, hágase la devolución de los documentos que indica, previa copia certificada que de los mismos quede agregada en autos y constancia de su entrega. -GENERACIÓN DE CITAS- Por tanto, en atención a lo dispuesto en los numerales 3 y 4 del Acuerdo General 21/2020, se hace saber a la parte quejosa que, en los términos previstos en ese ordenamiento, para la entrega de los documentos los cuales pide su devolución, deberá generar una cita a través del Portal de Servicios en Línea, en el que se encuentra un micrositio sobre "Servicios jurisdiccionales" y el sistema "Agenda OJ", con el enlace https://www.serviciosenlinea.pjf.gpb.mx/ServiciosJusrisdiccionales. Notifíquese por lista que se publique en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 29 de la Ley de Amparo y en el Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID19, reformado en cuanto a su vigencia por el diverso Acuerdo General 01/2021. 1015/2020-V
- Principal
Vista la certificación que antecede, se aprecia que el plazo de cinco días establecido por el artículo 98 de la Ley de Amparo, para recurrir el auto de tres de marzo de dos mil veintiuno, mediante el cual se desechó la demanda de amparo, transcurrió sin que se haya hecho valer el medio de impugnación; por tanto se declara que ha causado estado. -ARCHIVO- Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente y envíese al archivo. -DESTINO DEL EXPEDIENTE- Atento a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se determina: 1. El expediente principal es destruible de conformidad con lo dispuesto en el inciso d), del artículo 21, en razón de que el tres de marzo de dos mil veintiuno, se desechó la demanda de amparo. Se señala como fecha susceptible para tal efecto el veintiséis de marzo de dos mil veinticuatro, toda vez que, cumplido el plazo de conservación, debe ser destruido después de tres años de haberse dictado el auto que dio por concluido el presente asunto. Una vez cumplido el término antes indicado, dentro de los treinta días siguientes destrúyase el presente expediente e inclúyase en el acta de baja documental correspondiente que deberá ser enviada a la Dirección General de Archivo y Documentación. - INEXISTENCIA DE DOCUMENTOS ORIGINALES Conforme deriva de la certificación de cuenta, en el expediente no obran documentos originales recuperables por las partes. - INEXISTENCIA DE DOCUMENTOS DE INFORMACIÓN RESERVADA - De conformidad con lo dispuesto en el numeral 19 del Acuerdo General en consulta, en el presente asunto no existen documentos del expediente que se hayan determinado como información reservada, con motivo de una solicitud de acceso a la información. Notifíquese por medio lista a las partes, que se publique en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 29 de la Ley de Amparo y en el Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, reformado en cuanto a su vigencia por su similar 25/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, reformado en cuanto a su vigencia por el diverso Acuerdo General 01/2021. 1015/2020-V.
- Principal
Aguascalientes, Aguascalientes, tres. -SE CUMPLE CON PREVENCIÓN - Visto el escrito signado por el quejoso ............., a través del cual da cumplimiento a la prevención que le fue formulada mediante proveído de cuatro de febrero de dos mil veintiuno. -DESECHAMIENTO- De conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito examinará, ante todo, la demanda de amparo; y si encuentra motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. En relación con ello, debe identificarse que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del Juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. En cuanto a la interpretación de los términos "manifiesta" e "indudable", cobra aplicación la tesis XV.2o.2 K, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III, Febrero de 1996, Página 403, Novena Época, de rubro y texto: "DEMANDA DE GARANTÍAS, DESECHAMIENTO DE. REQUISITOS. La facultad contenida en el artículo 145, de la Ley de Amparo, está limitada a aquellos casos en los que exista una causa de improcedencia "manifiesta" e "indudable", lo que significa que para que el juez de Distrito pueda desechar una demanda de amparo, no es suficiente que se actualice una causal de improcedencia, sino que es indispensable que, por una parte, se manifieste con tal notoriedad que sea imposible no advertirla y que, por otra, sea indudable a tal grado que se tenga la certeza absoluta de que no pueda sobrevenir elemento alguno que haga cambiar dicha apreciación". En el caso, de la lectura integral de la demanda, se aprecia que la parte quejosa reclama lo siguiente: De la Agencia del Ministerio Público cinco y seis adscrito a la Fiscal General del Estado de Aguascalientes: la omisión de dar contestación a la promoción presentada el nueve de septiembre de dos mil veinte, tal como se advierte del anexo que presente en su escrito inicial de demanda. Las anteriores manifestaciones constituyen una confesión expresa en términos de lo dispuesto por el artículo 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición del artículo 2° de la Ley de Amparo. Habiendo realizado un análisis integral de la demanda, este Juzgador llega a la conclusión de que el quejoso reclama esencialmente de la autoridad que identifica como responsable la omisión de proveer sobre la promoción que para allegar datos de prueba presentó el nueve de septiembre de dos mil veinte, en autos de la Carpeta de Investigación CI/AGS/14132/06-19 UTC-S, en la que el quejoso funge como denunciante. Luego, este juzgador estima que en la especie se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo que dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior; ." Con base en lo anterior, debe decirse que el juicio de amparo es regido por reglas o principios que lo estructuran y determinan su procedencia, entre los cuales, para efecto del caso en estudio, debe destacarse el llamado "principio de definitividad del acto reclamado", que establece que el juicio constitucional sólo resulta procedente respecto de actos definitivos, es decir, que no sean susceptibles de modificación o de invalidación por recurso ordinario alguno. Esto es así, ya que al ser el amparo un juicio extraordinario, resulta obvio que sólo puede acudirse a él cuando previamente se ha agotado el recurso previsto en la ley ordinaria, pues de lo contrario se provocaría que la Justicia Federal se pronunciara respecto de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de un acto que aún es susceptible de modificarse, revocarse o anularse, haciendo con ello ocioso e innecesario su trámite. Por tal razón, la parte quejosa tiene la obligación de agotar el recurso procedente, porque mediante el acto de autoridad, a decir del recurrente, se le causó una lesión o perjuicio en sus derechos o intereses; perjuicio que no solamente lo legitima sino que lo obliga a interponer en contra de ese acto lesivo, los recursos o medios de defensa ordinarios que resulten procedentes. En efecto, una de las finalidades del principio de definitividad es la de evitar los abusos en la promoción del juicio de amparo y, con ello, impedir que se utilice para retardar la administración de justicia, y por ese motivo el legislador limitó la procedencia del juicio de amparo indirecto a las resoluciones judiciales después de agotado el recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Le resulta cita a la tesis de jurisprudencia I.6o.C. J/37, sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, número de registro: 187,016, visible en la página 902, Tomo XV, Mayo de 2002, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías." Conforme a lo narrado, se advierte que el acto reclamado deviene de denuncia de hechos, y consistente en la omisión de su radicación e investigación de los hechos dentro de la citada carpeta. Ahora bien, el artículo 20, apartado C, fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece lo siguiente: "Artículo 20. El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. (.) C. De los derechos de la víctima o del ofendido: (.) VII. Impugnar ante autoridad judicial las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal o suspensión del procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño." Mientras que el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, prevé textualmente: "Artículo 258. Notificaciones y control judicial. Las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal deberán ser notificadas a la víctima u ofendido quienes las podrán impugnar ante el Juez de control dentro de los diez días posteriores a que sean notificadas de dicha resolución. En estos casos, el Juez de control convocará a una audiencia para decidir en definitiva, citando al efecto a la víctima u ofendido, al Ministerio Público y, en su caso, al imputado y a su Defensor. En caso de que la víctima, el ofendido o sus representantes legales no comparezcan a la audiencia a pesar de haber sido debidamente citados, el Juez de control declarará sin materia la impugnación. La resolución que el Juez de control dicte en estos casos no admitirá recurso alguno." Del precepto en cita, se advierte un sistema de impugnación en la vía ordinaria conforme al cual, las determinaciones de abstención de investigar, archivo temporal, aplicación de un criterio de oportunidad y no ejercicio de la acción penal, dictadas por la Representación Social, pueden impugnarse ante el Juez de Control, previo a acudir al amparo. A este respecto se trae a colación que la expresión "podrá" que emplea el citado precepto legal referido a la posibilidad de impugnación ante el juez de Control de las determinaciones del Ministerio Público, a juicio de este juzgador no implica que sea potestativo para los gobernados agotarlo antes de acudir al juicio de amparo, pues dicho término no se refiere a la opción de escoger entre un medio de defensa u otro, sino la posibilidad de elegir entre recurrir o no la resolución respectiva. Así lo consideró la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 1a./J. 148/2007, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVII, Enero de 2008, Materia(s): Común, Página: 355, de rubro y texto: "RECURSOS ORDINARIOS. EL EMPLEO DEL VOCABLO "PODRÁ" EN LA LEGISLACIÓN NO IMPLICA QUE SEA POTESTATIVO PARA LOS GOBERNADOS AGOTARLOS ANTES DE ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO. Si la ley que regula el acto reclamado permite recurrirlo a través de un determinado medio de impugnación utilizando en su redacción el vocablo "podrá", ello no implica que sea potestativo para los gobernados agotarlo antes de acudir al juicio de amparo, pues dicho término no se refiere a la opción de escoger entre un medio de defensa u otro, sino la posibilidad de elegir entre recurrir o no la resolución respectiva, supuesto este último que traería consigo el consentimiento tácito. Luego, si el acto reclamado versa sobre la omisión de las autoridades de la Fiscalía para pronunciarse en torno a la recabación de medios de prueba ofertados por la parte denunciante, es inconcuso que el acto reclamado implica omisiones ministeriales, que pueden ser sujetas a control judicial mediante el recurso señalado en el artículo 258 del código nacional adjetivo indicado. Resulta aplicable al presente asunto la jurisprudencia 1a./J. 27/2018 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación en su libro 57, de agosto de 2018, tomo I, página 945, que dice: "SISTEMA PENAL ACUSATORIO. LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, SON IMPUGNABLES ANTE EL JUEZ DE CONTROL A TRAVÉS DEL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. Los artículos 20, apartado C, fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 109, fracción XXI, del Código Nacional de Procedimientos Penales, otorgan a la víctima u ofendido de un delito, el derecho a impugnar ante autoridad judicial, las omisiones del Ministerio Público en sus funciones de investigación, en los términos previstos en ese Código. Asimismo, el artículo 16, párrafo décimo cuarto, de la Constitución General, prevé que los jueces de control tienen encomendada la tarea de resolver en forma inmediata y por cualquier medio, las solicitudes de medidas cautelares, providencias precautorias y técnicas de investigación de la autoridad que requieran control judicial; además, deben garantizar los derechos de los indiciados y de las víctimas u ofendidos, cuidando que la actuación de la parte acusadora sea apegada a derecho; esto es, les corresponde resolver las diligencias que requieran control judicial, en forma acelerada y ágil, así como realizar las audiencias procesales preliminares al juicio conforme a los principios del sistema acusatorio. Por otra parte, el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales prevé la posibilidad de impugnar las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal, esto es, en general se trata de actuaciones del Ministerio Público que tengan como efecto paralizar, suspender o terminar una investigación. En este sentido, bien puede entenderse que las omisiones del Ministerio Público en la etapa de investigación encuadran en este supuesto, ya que dicha conducta supone la paralización de su función investigadora. Así, de la interpretación sistemática y funcional de los artículos citados, se obtiene que la víctima u ofendido pueden impugnar ante el Juez de Control las omisiones de la autoridad ministerial derivadas de su facultad investigadora, a través del medio de defensa innominado previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, puesto que la finalidad de que el Juez de Control revise las decisiones u omisiones del Ministerio Público, que definen el curso de una indagatoria es que, al estimar que su actuación es ilegal, debe conminarlo a que reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos." Así lo consideró la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 1a./J. 28/2018 (10a.), consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 57, Agosto de 2018 Tomo I, Materia(s): Común, Penal, Página: 943, de rubro y texto: "SISTEMA PENAL ACUSATORIO. CONTRA LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, PROCEDE EL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, EL CUAL DEBE AGOTARSE EN CUMPLIMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EL JUICIO DE AMPARO. De la interpretación sistemática y funcional de los artículos 16, párrafo décimo cuarto y 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 109, fracción XXI y 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se advierte que la víctima u ofendido puede impugnar ante el Juez de Control las omisiones de la autoridad ministerial derivadas de su facultad investigadora, a través del medio de defensa innominado que prevé el artículo 258 citado, cuya finalidad es que el Juez de Control revise las decisiones u omisiones del Ministerio Público, que definen el curso de una indagatoria, pues al estimar que su actuación es ilegal, debe conminarlo a que cese ese estado de cosas, reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos. Por lo tanto, previamente a la promoción del juicio de amparo indirecto, se debe agotar ese medio de defensa ordinario, en observancia al principio de definitividad." Por lo que al no haberse observado el principio de definitividad, se actualiza a causa de improcedencia prevista por la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo. Luego, con fundamento en el artículo 113 del mismo ordenamiento ha lugar a desechar de plano la demanda de amparo que se presentó, por notoriamente improcedente. Como corolario, debe decirse que admitir y dar trámite al juicio de amparo a nada jurídicamente práctico llevaría, razón por la cual es mejor que el promovente tenga conocimiento desde el inicio del resultado del análisis preliminar de la demanda de amparo y, a su vez, se evite la práctica de un trámite innecesario en atención a lo establecido por la garantía de prontitud en la impartición de justicia prevista en el artículo 17 Constitucional, lo que incluso permite que el promovente interponga oportunamente los medios ordinarios para defender sus derechos. Sirve de apoyo a lo anterior la Jurisprudencia VII.2o.C. J/23 de la Novena Época, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, visible en la página 921, Tomo XXIV, Julio de 2006, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguiente: "DESECHAMIENTO O SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. NO IMPLICA DENEGACIÓN DE JUSTICIA NI GENERA INSEGURIDAD JURÍDICA. Cuando se desecha una demanda de amparo o se sobresee en el juicio, ello no implica denegar justicia ni genera inseguridad jurídica, ya que la obligación de los tribunales no es tramitar y resolver en el fondo todos los asuntos sometidos a su consideración en forma favorable a los intereses del solicitante, sino que se circunscribe a la posibilidad que tiene cualquier individuo de acudir ante los órganos jurisdiccionales, con su promoción (demanda), a la cual debe darse el trámite acorde a las formalidades rectoras del procedimiento respectivo, dentro de las cuales el legislador previó las causales de improcedencia y sobreseimiento. Así, cuando el juzgador o tribunal de amparo se funda en una de ellas para desechar o sobreseer en un juicio, imparte justicia, puesto que el acceso a ella no se ve menoscabado, sino que es efectivo, ni se deja en estado de indefensión al promovente, no obstante sea desfavorable, al no poder negar que se da respuesta a la petición de amparo, con independencia de que no comparta el sentido de la resolución, dado que de esa forma quien imparte justicia se pronuncia sobre la acción, diciendo así el derecho y permitiendo que impere el orden jurídico." Además, si bien del contenido de los artículos 1° y 17 de la Constitución Federal, así como el diverso 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, se advierte que privilegian el derecho de acceso a la impartición de justicia -acceso a una tutela judicial efectiva-, lo cierto es que no tienen el alcance de soslayar los presupuestos procesales necesarios para la procedencia de las vías jurisdiccionales que los gobernados tengan a su alcance -que en la especie se traduce en la promoción del juicio de amparo indirecto, contra actos que afecten en grado predominante derechos fundamentales-. Estimar lo contrario, equivaldría a que los Tribunales dejaran de aplicar los demás principios constitucionales, convencionales y legales que rigen la función jurisdiccional, provocando con ello un estado de incertidumbre en los destinatarios de tal función dado que se desconocería la forma de proceder de tales órganos, aunado a que se trastocarían las condiciones de igualdad procesal de los justiciables. Tiene aplicación, la tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Semanario Judicial de la Federación y su gaceta, Libro XIV, Noviembre de 2012 Tomo 2, décima época, página 1587, con el siguiente rubro y texto: DERECHO DE ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. SU APLICACIÓN RESPECTO DE LOS DEMÁS PRINCIPIOS QUE RIGEN LA FUNCIÓN JURISDICCIONAL. Si bien los artículos 1o. y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el diverso 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, reconocen el derecho de acceso a la impartición de justicia -acceso a una tutela judicial efectiva-, lo cierto es que tal circunstancia no tiene el alcance de soslayar los presupuestos procesales necesarios para la procedencia de las vías jurisdiccionales que los gobernados tengan a su alcance, pues tal proceder equivaldría a que los Tribunales dejaran de aplicar los demás principios constitucionales y legales que rigen su función jurisdiccional, provocando con ello un estado de incertidumbre en los destinatarios de esa función, ya que se desconocería la forma de proceder de tales órganos, además de que se trastocarían las condiciones de igualdad procesal de los justiciables". Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma electrónicamente José Guadalupe Arias Ortega, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Aguascalientes, asistido del Secretario José Rubén Ávila González, quien autoriza y da fe, dentro del juicio de amparo 1015/2020-V.
- Principal
Se notifica por lista de acuerdos al quejoso Juan Manuel Salas Zacarías en términos de la determinación de tres de marzo de dos mil veintiuno que dice: SE CUMPLE CON PREVENCIÓN - Visto el escrito signado por el quejoso ............., a través del cual da cumplimiento a la prevención que le fue formulada mediante proveído de cuatro de febrero de dos mil veintiuno. DESECHAMIENTO De conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito examinará, ante todo, la demanda de amparo; y si encuentra motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. En relación con ello, debe identificarse que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del Juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. En cuanto a la interpretación de los términos "manifiesta" e "indudable", cobra aplicación la tesis XV.2o.2 K, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III, Febrero de 1996, Página 403, Novena Época, de rubro y texto: "DEMANDA DE GARANTÍAS, DESECHAMIENTO DE. REQUISITOS... En el caso, de la lectura integral de la demanda, se aprecia que la parte quejosa reclama lo siguiente: De la Agencia del Ministerio Público cinco y seis adscrito a la Fiscal General del Estado de Aguascalientes: la omisión de dar contestación a la promoción presentada el..., tal como se advierte del anexo que presente en su escrito inicial de demanda. Las anteriores manifestaciones constituyen una confesión expresa en términos de lo dispuesto por el artículo 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición del artículo 2° de la Ley de Amparo. Habiendo realizado un análisis integral de la demanda, este Juzgador llega a la conclusión de que el quejoso reclama esencialmente de la autoridad que identifica como responsable la omisión de proveer sobre la promoción que para allegar datos de prueba presentó el...., en autos de la Carpeta de Investigación..., en la que el quejoso funge como denunciante. Luego, este juzgador estima que en la especie se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo que dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XX. .... No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior; ." Con base en lo anterior, debe decirse que el juicio de amparo es regido por reglas o principios que lo estructuran y determinan su procedencia, entre los cuales, para efecto del caso en estudio, debe destacarse el llamado "principio de definitividad del acto reclamado", que establece que el juicio constitucional sólo resulta procedente respecto de actos definitivos, es decir, que no sean susceptibles de modificación o de invalidación por recurso ordinario alguno. Esto es así, ya que al ser el amparo un juicio extraordinario, resulta obvio que sólo puede acudirse a él cuando previamente se ha agotado el recurso previsto en la ley ordinaria, pues de lo contrario se provocaría que la Justicia Federal se pronunciara respecto de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de un acto que aún es susceptible de modificarse, revocarse o anularse, haciendo con ello ocioso e innecesario su trámite. Por tal razón, la parte quejosa tiene la obligación de agotar el recurso procedente, porque mediante el acto de autoridad, a decir del recurrente, se le causó una lesión o perjuicio en sus derechos o intereses; perjuicio que no solamente lo legitima sino que lo obliga a interponer en contra de ese acto lesivo, los recursos o medios de defensa ordinarios que resulten procedentes. En efecto, una de las finalidades del principio de definitividad es la de evitar los abusos en la promoción del juicio de amparo y, con ello, impedir que se utilice para retardar la administración de justicia, y por ese motivo el legislador limitó la procedencia del juicio de amparo indirecto a las resoluciones judiciales después de agotado el recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Le resulta cita a la tesis de jurisprudencia I.6o.C. J/37, sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, número de registro: 187,016, visible en la página 902, Tomo XV, Mayo de 2002, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. ... Conforme a lo narrado, se advierte que el acto reclamado deviene de denuncia de hechos, y consistente en la omisión de su radicación e investigación de los hechos dentro de la citada carpeta. Ahora bien, el artículo 20, apartado C, fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece lo siguiente: Artículo 20. El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. (.) C. De los derechos de la víctima o del ofendido: (.) VII. Impugnar ante autoridad judicial las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal o suspensión del procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño." Mientras que el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, prevé textualmente: "Artículo 258. .... Del precepto en cita, se advierte un sistema de impugnación en la vía ordinaria conforme al cual, las determinaciones de abstención de investigar, archivo temporal, aplicación de un criterio de oportunidad y no ejercicio de la acción penal, dictadas por la Representación Social, pueden impugnarse ante el Juez de Control, previo a acudir al amparo. A este respecto se trae a colación que la expresión "podrá" que emplea el citado precepto legal referido a la posibilidad de impugnación ante el juez de Control de las determinaciones del Ministerio Público, a juicio de este juzgador no implica que sea potestativo para los gobernados agotarlo antes de acudir al juicio de amparo, pues dicho término no se refiere a la opción de escoger entre un medio de defensa u otro, sino la posibilidad de elegir entre recurrir o no la resolución respectiva. Así lo consideró la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 1a./J. 148/2007, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVII, Enero de 2008, Materia(s): Común, Página: 355, de rubro y texto: "RECURSOS ORDINARIOS. EL EMPLEO DEL VOCABLO "PODRÁ" EN LA LEGISLACIÓN NO IMPLICA QUE SEA POTESTATIVO PARA LOS GOBERNADOS AGOTARLOS ANTES DE ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO. Si la ley que regula el acto reclamado permite recurrirlo a través de un determinado medio de impugnación utilizando en su redacción el vocablo "podrá", ello no implica que sea potestativo para los gobernados agotarlo antes de acudir al juicio de amparo, pues dicho término no se refiere a la opción de escoger entre un medio de defensa u otro, sino la posibilidad de elegir entre recurrir o no la resolución respectiva, supuesto este último que traería consigo el consentimiento tácito. Luego, si el acto reclamado versa sobre la omisión de las autoridades de la Fiscalía para pronunciarse en torno a la recabación de medios de prueba ofertados por la parte denunciante, es inconcuso que el acto reclamado implica omisiones ministeriales, que pueden ser sujetas a control judicial mediante el recurso señalado en el artículo 258 del código nacional adjetivo indicado. Resulta aplicable al presente asunto la jurisprudencia 1a./J. 27/2018 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación en su libro 57, de agosto de 2018, tomo I, página 945, que dice: "SISTEMA PENAL ACUSATORIO. LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, SON IMPUGNABLES ANTE EL JUEZ DE CONTROL A TRAVÉS DEL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. .... Así lo consideró la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 1a./J. 28/2018 (10a.), consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 57, Agosto de 2018 Tomo I, Materia(s): Común, Penal, Página: 943, de rubro y texto: "SISTEMA PENAL ACUSATORIO. CONTRA LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, PROCEDE EL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, EL CUAL DEBE AGOTARSE EN CUMPLIMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EL JUICIO DE AMPARO. Por lo que al no haberse observado el principio de definitividad, se actualiza a causa de improcedencia prevista por la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo. Luego, con fundamento en el artículo 113 del mismo ordenamiento ha lugar a desechar de plano la demanda de amparo que se presentó, por notoriamente improcedente. ...
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