Juan Manuel Ruiz Aca

Expediente 1150/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Veracruz. 4 actuaciones registradas, la última del 10 de febrero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1150/2021
Año
2021
Actuaciones
4
Última actuación
10/02/2022

Partes del expediente

  • Juan Manuel Ruiz Aca

Actuaciones

  1. Principal

    "Boca del Río, Veracruz, diez de febrero de dos mil veintidós. Agréguese el oficio de cuenta y su anexo. La Secretaria de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito con sede en Boca del Río, exhibe testimonio de la resolución dictada en la queja 275/2021 de su índice. La Superioridad declaró infundado ese medio de impugnación, interpuesto contra el auto de nueve de noviembre de dos mil veintiuno, en el que se desechó la demanda de amparo. Háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno respectivo y el sistema electrónico respectivo. Archívese como asunto concluido. Notifíquese..."

  2. Principal

    "...Boca del Río, Veracruz, treinta de noviembre de dos mil veintiuno. Agréguese el oficio de cuenta. Téngase a la signante comunicando el órgano jurisdiccional de su adscripción admitió a trámite el recurso de queja interpuesto por **********, por conducto de su autorizado ********** , en contra del auto de nueve de noviembre de dos mil veintiuno, que desechó de plano la demanda de amparo. Registrándola con el número de toca 275/2021. Tómese conocimiento de lo anterior para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese...".

  3. Principal

    "Boca del Río, Veracruz, veinticuatro de noviembre de dos mil veintiuno. Agréguese copia del escrito signado electrónicamente por ********** (autorizado de la parte quejosa en amplios términos), con el que interpone recurso de queja contra el proveído de nueve de los corrientes, en el que se desechó la demanda de amparo. En tales condiciones, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99, 100 y 101 de la Ley de Amparo, se da entrada al recurso. Ríndase el informe relativo a la queja de que se trata. Remítase de inmediato el escrito de expresión de agravios al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito, en turno, a través de su Oficina de Correspondencia Común, con sede en Boca del Río, Veracruz, así como copia de la totalidad de constancias necesarias para su resolución. Manifestando que es cierto el acto reclamado, cuya legalidad se sostiene por sus propios fundamentos y consideraciones. Habilítese la herramienta "Vincular con otro Órgano", para que tenga acceso a la totalidad del expediente electrónico. Finalmente, no ha lugar hacer mayor pronunciamiento respecto de las cuestiones procesales asentadas en la promoción de cuenta. Resulta evidente fueron incorporadas a efecto de ser valoradas por la Superioridad que conozca del medio defensivo en cuestión. Notifíquese, y personalmente a la analista encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes adscrita..."

  4. Principal

    "...Boca del Río, Veracruz, nueve de noviembre de dos mil veintiuno. Vista la demanda de amparo promovida por ***********, por propio derecho, contra actos del 1. Fiscal Octavo de la Unidad Integral de Procuración de Justicia del XVII Distrito Judicial de Veracruz, Veracruz y otra autoridad. Fórmese expediente. Regístrese con el número 1150/2021-V en el libro de gobierno respectivo. Háganse las anotaciones correspondientes. Captúrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). DESECHAMIENTO. Antes de proveer lo que en derecho proceda sobre la admisión de la demanda, este Órgano Federal la analizó atendiendo a las disposiciones de la Ley de Amparo y específicamente su artículo 113. A la letra dice: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De conformidad con el artículo citado, el Juez de Distrito tiene la obligación de examinar el escrito de demanda y de encontrar algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia, deberá desecharla de plano. Congruente con ello, se advierte la parte quejosa reclama: - Del 1. Fiscal Octavo de la Unidad Integral de Procuración de Justicia del XVII Distrito Judicial de Veracruz, Veracruz: a) La falta de resolución y notificación respecto de las peticiones esbozadas por la defensa a través de los escritos de fechas veintitrés de septiembre de dos mil veintiuno y uno de octubre del mismo año. En el primero de ellos, fue solicitado el auxilio para la práctica de actos de investigación para su defensa y, en el segundo, la ampliación del término para la culminación de la investigación complementaria. Correspondiente a la carpeta de investigación ***********. b) El contenido del acuerdo de veintisiete de septiembre del año cursante, en el que se da respuesta a lo solicitado en el escrito de veintitrés de septiembre pasado y su falta de notificación. - Del 2. Fiscal Décimo Tercero de la Unidad Integral de Procuración de Justicia del XVII Distrito Judicial de Veracruz, Veracruz: c) La determinación externada en la audiencia celebrada el siete de octubre de dos mil veintiuno dentro de la causa penal ********** seguida ante la Jueza de Control y Enjuiciamiento adscrita al Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del XVII Distrito Judicial de Veracruz, Veracruz. En la que no consideró procedente la aplicación del plazo para la culminación de la investigación complementaria. En ese orden de ideas, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 5, fracción II de la Ley de Amparo, respecto de los actos reclamados a los Fiscales señalados como responsables. En efecto, del contenido de los artículos 1o y 5 de la Ley de Amparo, se obtiene que el juicio de amparo tiene por objeto resolver las controversias que se susciten por leyes o actos de autoridad que violen directamente los Derechos Humanos de la parte impetrante. Asimismo, la procedencia del juicio se encuentra supeditada al hecho de que los actos reclamados provengan de autoridad. Ésta es la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria u omita el acto que de realizarse, crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. En el caso concreto, se advierte que la representación social actúa como parte dentro del procedimiento penal y no como autoridad. Se le reclaman abstenciones y actuaciones durante la etapa de investigación complementaria, en la cual está ceñida a la autorización y dirección de la Juez de Control correspondiente. Al respecto, es menester invocar los preceptos siguientes del Código Nacional de Procedimientos Penales: "Artículo 105. Sujetos de procedimiento penal. Son sujetos del procedimiento penal los siguientes: I. La víctima u ofendido; II. El Asesor jurídico; III. El imputado; IV. El Defensor; V. El Ministerio Público; VI. La Policía; VII. El Órgano jurisdiccional, y VIII. La autoridad de supervisión de medidas cautelares y de la suspensión condicional del proceso. Los sujetos del procedimiento que tendrán la calidad de parte en los procedimientos previstos en este Código, son el imputado y su Defensor, el Ministerio Público, la víctima u ofendido y su Asesor jurídico." "Artículo 127. Competencia del Ministerio Público. Compete al Ministerio Público conducir la investigación, coordinar a las Policías y a los servicios periciales durante la investigación, resolver sobre el ejercicio de la acción penal en la forma establecida por la ley y, en su caso, ordenar las diligencias pertinentes y útiles para demostrar, o no, la existencia del delito y la responsabilidad de quien lo cometió o participó en su comisión." "Artículo 129. Deber de objetividad y debida diligencia. La investigación debe ser objetiva y referirse tanto a los elementos de cargo como de descargo y conducida con la debida diligencia, a efecto de garantizar el respeto de los derechos de las partes y el debido proceso. Al concluir la investigación complementaria puede solicitar el sobreseimiento del proceso, o bien, en la audiencia de juicio podrá concluir solicitando la absolución o una condena más leve que aquella que sugiere la acusación, cuando en ésta surjan elementos que conduzcan a esa conclusión, de conformidad con lo previsto en este Código. Durante la investigación, tanto el imputado como su Defensor, así como la víctima o el ofendido, podrán solicitar al Ministerio Público todos aquellos actos de investigación que consideraren pertinentes y útiles para el esclarecimiento de los hechos. El Ministerio Público dentro del plazo de tres días resolverá sobre dicha solicitud. Para tal efecto, podrá disponer que se lleven a cabo las diligencias que se estimen conducentes para efectos de la investigación. El Ministerio Público podrá, con pleno respeto a los derechos que lo amparan y en presencia del Defensor, solicitar la comparecencia del imputado y/u ordenar su declaración, cuando considere que es relevante para esclarecer la existencia del hecho delictivo y la probable participación o intervención." "Artículo 131. Obligaciones del Ministerio Público. Para los efectos del presente Código, el Ministerio Público tendrá las siguientes obligaciones: I. Vigilar que en toda investigación de los delitos se cumpla estrictamente con los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los Tratados; II. Recibir las denuncias o querellas que le presenten en forma oral, por escrito, o a través de medios digitales, incluso mediante denuncias anónimas en términos de las disposiciones legales aplicables, sobre hechos que puedan constituir algún delito; III. Ejercer la conducción y el mando de la investigación de los delitos, para lo cual deberá coordinar a las Policías y a 1os peritos durante la misma; IV. Ordenar o supervisar, según sea el caso, la aplicación y ejecución de las medidas necesarias para impedir que se pierdan, destruyan o alteren los indicios, una vez que tenga noticia del mismo, así como cerciorarse de que se han seguido las reglas y protocolos para su preservación y procesamiento; V. Iniciar la investigación correspondiente cuando así proceda y, en su caso, ordenar la recolección de indicios y medios de prueba que deberán servir para sus respectivas resoluciones y las del Órgano jurisdiccional, así como recabar los elementos necesarios que determinen el daño causado por el delito y la cuantificación del mismo para los efectos de su reparación; VI. Ejercer funciones de investigación respecto de los delitos en materias concurrentes, cuando ejerza la facultad de atracción y en los demás casos que las leyes lo establezcan; VII. Ordenar a la Policía y a sus auxiliares, en el ámbito de su competencia, la práctica de actos de investigación conducentes para el esclarecimiento del hecho delictivo, así como analizar las que dichas autoridades hubieren practicado; VIII. Instruir a las Policías sobre la legalidad, pertinencia, suficiencia y contundencia de los indicios recolectados o por recolectar, así como las demás actividades y diligencias que deben ser llevadas a cabo dentro de la investigación; IX. Requerir informes o documentación a otras autoridades y a particulares, así como solicitar la práctica de peritajes y diligencias para la obtención de otros medios de prueba; X. Solicitar al Órgano jurisdiccional la autorización de actos de investigación y demás actuaciones que sean necesarias dentro de la misma; XI. Ordenar la detención y la retención de los imputados cuando resulte procedente en los términos que establece este Código; XII. Brindar las medidas de seguridad necesarias, a efecto de garantizar que las víctimas u ofendidos o testigos del delito puedan llevar a cabo la identificación del imputado sin riesgo para ellos; XIII. Determinar el archivo temporal y el no ejercicio de la acción penal, así como ejercer la facultad de no investigar en los casos autorizados por este Código; XIV. Decidir la aplicación de criterios de oportunidad en los casos previstos en este Código; XV. Promover las acciones necesarias para que se provea la seguridad y proporcionar el auxilio a víctimas, ofendidos, testigos, jueces, magistrados, agentes del Ministerio Público, Policías, peritos y, en general, a todos los sujetos que con motivo de su intervención en el procedimiento, cuya vida o integridad corporal se encuentren en riesgo inminente; XVI. Ejercer la acción penal cuando proceda; XVII. Poner a disposición del Órgano jurisdiccional a las personas detenidas dentro de los plazos establecidos en el presente Código; XVIII. Promover la aplicación de mecanismos alternativos de solución de controversias o formas anticipadas de terminación del proceso penal, de conformidad con las disposiciones aplicables; XIX. Solicitar las medidas cautelares aplicables al imputado en el proceso, en atención a las disposiciones conducentes y promover su cumplimiento; XX. Comunicar al Órgano jurisdiccional y al imputado los hechos, así como los datos de prueba que los sustentan y la fundamentación jurídica, atendiendo al objetivo o finalidad de cada etapa del procedimiento; XXI. Solicitar a la autoridad judicial la imposición de las penas o medidas de seguridad que correspondan; XXII. Solicitar el pago de la reparación del daño a favor de la víctima u ofendido del delito, sin perjuicio de que éstos lo pudieran solicitar directamente; XXIII. Actuar en estricto apego a los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en la Constitución, y XXIV. Las demás que señale este Código y otras disposiciones aplicables." De los numerales citados, se obtiene los sujetos del procedimiento que tendrán la calidad de parte en los procedimientos previstos en el Código Nacional de Procedimientos Penales son: el imputado y su defensor, el Ministerio Público, la víctima u ofendido y su asesor jurídico. Por ende, la representación social tiene diversas facultades y obligaciones dependiendo de las diferentes etapas del procedimiento penal. Al respecto, el Código Nacional de Procedimientos Penales dispone:... Lo anterior pone en relieve que el proceso penal acusatorio comprende las siguientes etapas: 1. De investigación: a) inicial y b) complementaria, 2. La intermedia o de preparación del juicio, que comprende desde la formulación de la acusación hasta el auto de apertura del juicio, y 3. La de juicio, que comprende desde que se recibe el auto de apertura a juicio hasta la sentencia emitida por el Tribunal de enjuiciamiento. Asimismo, el proceso dará inicio con la audiencia inicial y terminará con la sentencia firme. Derivado de lo anterior, una vez llevada a cabo la etapa de investigación por parte del Ministerio Público y formulada la imputación correspondiente, el Juez de Control podrá decretar auto de vinculación a proceso si considera que existen datos de prueba para establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que existe la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión (como aconteció en el caso concreto) -el cual podrá ser impugnado vía recurso de apelación o, en su caso, por medio del juicio de amparo indirecto-. Además, la autoridad jurisdiccional debe fijar fecha para la audiencia de cierre de la investigación, tomando en consideración la naturaleza de los hechos atribuidos y la complejidad de la misma. La cual deberá celebrarse dentro de un plazo de dos a seis meses, dependiendo de si la pena máxima del delito excede o no de dos años de prisión. De lo antes expuesto, se advierte en la etapa de investigación inicial -hasta el momento de formular imputación- el Ministerio Público reviste el carácter de autoridad. Pero posteriormente, dentro de la etapa de investigación complementaria, el representante social pierde ese carácter, pues quien tiene la dirección del procedimiento es el Juez de Control, a cuya disposición se encuentra el imputado. Mismo que tiene el deber de actuar con imparcialidad respecto de las cuestiones que ante él debaten las partes en pugna (el Ministerio Público y el imputado a través de su defensa). Estimar lo contrario, implicaría validar que al mismo tiempo, se siguieran dos procedimientos, uno ante el Juez de Control y otro ante el Ministerio Público... De ahí que el Fiscal se convierta en parte dentro del proceso penal y carezca de atribuciones para seguir actuando motu propio como autoridad -salvo los actos materiales de investigación que el Código Nacional de Procedimientos Penales establece puede realizar sin autorización judicial, en términos de artículo 251 del citado ordenamiento-. Lo anterior se refuerza con el contenido del artículo 2191 del Código Nacional de Procedimientos Penales que permite al imputado y su defensa, acudir ante el juez a denunciar hechos irregulares del Ministerio Público, lo que es similar a lo dispuesto en el numeral 2182 de la misma codificación... En ese contexto, el Juez de Control -en términos del artículo 321 del Código Nacional de Procedimientos Penales fija el plazo para que se desahogue la etapa de investigación complementaria, cuenta con facultades para prorrogar el periodo correspondiente, e incluso, puede ordenar la reanudación de la investigación, en términos de lo dispuesto en el artículo 333 del ordenamiento legal en cita. Bajo ese tenor, aquellas cuestiones por las que el imputado considere mermada su posibilidad de defensa -o cualquier otra actuación realizada u omitida por la representación social en su perjuicio dentro de esta etapa deberán ser recurridas ante la Jueza de Control y Enjuiciamiento adscrita al Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del XVII Distrito Judicial de Veracruz, Veracruz, quien -se itera- es la rectora de la causa penal de origen (***********) y responsable de emitir las determinaciones conducentes para el debido seguimiento del proceso, debiendo acatar el principio de igualdad contemplado expresamente en los numerales 11 y 17 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Robusteciéndose el hecho de que los Fiscales especificados en la demanda de amparo, carezcan de la calidad de autoridades responsables en los términos peticionados en la demanda de amparo. Por lo expuesto, se estima actualizada la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en La víctima u ofendido y su Asesor Jurídico podrán tener acceso a los registros de la investigación en cualquier momento. El imputado y su defensor podrán tener acceso a ellos cuando se encuentre tenido, sea citado para comparecer como imputado o sea sujeto de un acto de molestia y se pretenda recibir su entrevista, a partir de este momento ya no podrán mantenerse en reserva los registros para el imputado o su Defensor a fin de no afectar su derecho de defensa. Para los efectos de este párrafo, se entenderá como acto de molestia lo dispuesto en el artículo 266 de este Código. En ningún caso la reserva de los registros podrá hacerse valer en perjuicio del imputado y su Defensor, una vez dictado el auto de vinculación a proceso, salvo lo previsto en este Código o en las leyes especiales. Para efectos de acceso a la información pública gubernamental, el Ministerio Público únicamente deberá proporcionar una versión pública de las determinaciones de no ejercicio de la acción penal, archivo temporal o de aplicación de un criterio de oportunidad, siempre que haya transcurrido un plazo igual al de prescripción de los delitos de que se trate, de conformidad con lo dispuesto en el Código Penal Federal o estatal correspondiente, sin que pueda ser menor de tres años, ni mayor de doce años, contado a partir de que dicha determinación haya quedado firme...?????????????? relación con los diversos numerales 1º y 5 del propio ordenamiento legal. De ahí que proceda desechar de plano la demanda de cuenta. AUTORIZACIÓN PARA CONSULTAR EXPEDIENTE ELECTRÓNICO. La parte quejosa solicita se le permita tener acceso a la consulta del expediente electrónico del juicio de amparo en que se actúa, a través del "Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación", con los usuarios: "***********" y "************". Al efecto se provee: a) Se faculta al personal adscrito autorizado, para que proceda a realizar las gestiones necesarias ante los órganos correspondientes del Consejo de la Judicatura Federal, a fin de habilitar las autorizaciones que se solicitan, por el medio mencionado, relativa al expediente electrónico del juicio de amparo en que se actúa. b) En caso ser factible lo anterior, habilítese a los usuarios que refiere la parte quejosa para que conforme a los lineamientos recibidos por las instancias administrativas competentes del Consejo de la Judicatura Federal, puedan acceder vía internet a este juicio de amparo. DOMICILIO. Se tiene como lugar de la parte impetrante para oír y recibir notificaciones el Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación. Conforme a los artículos 26, fracción IV, 30 y 31 de la Ley de Amparo, se ordena realizar las notificaciones a la parte impetrante en la vía electrónica, a través del "Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación" (previamente aludido) y con el usuario proporcionado, en los términos que establece el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo... Notifíquese; personalmente a la encargada del SISE y electrónicamente a la parte quejosa...".

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