Juan Manuel Romero González
Expediente 15/2022 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 11 actuaciones registradas, la última del 21 de abril de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 15/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 21/04/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec · Oaxaca
Partes del expediente
- Juan Manuel Romero González
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Principal
PRAL.15/2022 MESA 7 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiuno de abril de dos mil veintidós. 1. Causa ejecutoria la sentencia. Vistos los autos y la certificación que antecede, se advierte que ha fenecido el término que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera el recurso de revisión contra la sentencia dictada el veintiocho de marzo de dos mil veintidós, en la que se sobreseyó en el juicio de amparo, sin que lo hubiere hecho. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los numerales 356, fracción II, y, en lo conducente, 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del precepto 2°, de la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria la referida sentencia. 2. Precisión. Resulta jurídicamente innecesario hacer pronunciamiento respecto al plazo de las I) autoridades responsables y II) agente del Ministerio Público adscrita al Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca; ello, dado el sentido de la sentencia dictada en este juicio de amparo, pues ningún agravio les genera, en términos del artículo 87 de la Ley de Amparo. Se invoca como apoyo a lo anterior, por identidad de razón, la tesis emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Nación, Quinta Época, tomo CXXX, página 676, de rubro: "REVISIÓN INTERPUESTA POR LAS AUTORIDADES RESPONSABLES, IMPROCEDENCIA DEL RECURSO DE, EN CASOS DE SOBRESEIMIENTO". 3. Publicación de datos personales. Como las partes en este juicio de amparo no se opusieron a la publicación de sus datos personales, con apoyo en los artículos 68, 117, 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la sentencia ejecutoriada estará a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes no ejercieran tal derecho, se ordena la publicación de la sentencia relativa en versión pública, procurándose no impedir conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, atento al criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. 3.1. Instrucción Secretaría y Actuaría. Por otra parte, se instruye a la secretaria (o) y actuario (a), que se atiendan los lineamientos precisados en la circular DGGJ/STG/17/2020, de quince de octubre de dos mil veinte, para que la versión publica de esta sentencia sea consultable por internet. 4. Archivo del expediente. Con fundamento en los artículos 1, 6, 12, 14, 15 (interpretado contrario sensu), 21, inciso a) y 24, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del dos mil veinte y con vigor a partir del día siguiente, archívese este expediente como definitivamente concluido. 5. Destino. Transcurrido el plazo de tres años, a partir de la fecha en que se dicta este proveído, procédase a su destrucción, conforme a los artículos 21 y 24 del referido acuerdo. 6. Archivo reciente. Conforme al artículo 21, del acuerdo en cita, se comunica a las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional, durante tres años; por lo que, una vez cumplido ese plazo, dentro de los treinta días siguientes será destruible, remitiendo el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Se encomienda al (a la) secretario (a) que lleva el trámite de este expediente verifique que, en su momento, en la carátula del expediente conste la leyenda de que el mismo es destruible. 7. Instrucción (certificación). Se instruye al (a la) secretario (a) que lleva el trámite de este expediente para que verifique que, previo al archivo del mismo, haga la revisión y verifique que, como se precisó en el auto inicial, tanto en el expediente electrónico generado con la FIREL como en el impreso se haya incorporada (o) cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan en su totalidad; hecho lo cual, realice la certificación correspondiente. Lo anterior, en cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 3º, párrafo octavo, de la Ley de Amparo y 35, último párrafo, del referido Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del dos mil veinte. 8. Anotaciones. Realícense las anotaciones respectivas en la carátula del expediente y en los libros de gobierno impreso y electrónico. Notifíquese.
- Principal
PRAL.15/2022 MESA 7 AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. En San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, siendo las diez horas con siete minutos del veintiocho de marzo de dos mil veintidós, *** R E S U L T A N D O S: PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante oficio 39621/2022, suscrito por la secretaria del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca, y recibido en este Juzgado el cuatro de enero de este año, se tuvo al referido órgano jurisdiccional declinando competencia a favor de este Juzgado para conocer del juicio de amparo 1456/2021, de su índice, tramitado con motivo de la demanda de amparo promovida por ***, por propio derecho, en la que solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra un acto Juzgado Cuarto de lo Penal del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, que se precisará en el considerando segundo de esta sentencia. SEGUNDO. Radicación y se acepta el conocimiento previo. En proveído de cinco de enero de dos mil veintidós se aceptó la competencia declinada y este Juzgado se avocó al conocimiento del asunto; se registró el juicio con el número de expediente 15/2022; se dio intervención al agente del Ministerio Público adscrito a este Juzgado; se solicitó su informe justificado a la autoridad responsable y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, misma que, previo diferimiento, se llevó a cabo al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O S: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo, por razón de materia, grado y territorio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción XII, de la Constitución Federal; 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo y 49, 50 y 56, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de mayo de mil novecientos noventa y cinco, conforme a lo dispuesto en el artículo quinto transitorio del Decreto por el que se expide la nueva Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y se reforman diversos ordenamientos, publicado en el mencionado medio de difusión oficial el siete de junio de dos mil veintiuno; en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y el Acuerdo General 3/2021, que adiciona el primero (3/2013), publicado en el aludido medio de difusión oficial, el veintidós de abril de este año, por tratarse de un asunto de naturaleza penal y porque la autoridad responsable tiene su sede oficial en Tlacolula, Oaxaca, lugar en el que ejerce jurisdicción este Juzgado de Distrito en materia mixta. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. De conformidad con lo dispuesto por los artículos 74, fracción I, y 76, de la Ley de Amparo, se establece que el acto reclamado por la parte quejosa y por el cual se realizarán el análisis relativo es: La omisión de dar continuación a los trámites de ley para el cierre de instrucción solicitado dentro de la causa penal 70/2019. Omisión que se atribuye al juez Cuarto de lo Penal del distrito judicial del Centro, Oaxaca. Es aplicable la tesis del rubro siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." TERCERO. Existencia del acto reclamado. La autoridad responsable, jueza Cuarto Penal del distrito judicial del Centro, Oaxaca, al rendir su informe justificado, negó la existencia del acto reclamado. En tanto que de las manifestaciones vertidas por dicha autoridad, se concluye que el acto reclamado consistente en la omisión de realizar los trámites respectivos para el cierre de instrucción en la causa penal 70/2019, de su índice, existía a la fecha de presentación de la demanda (treinta de diciembre de dos mil veintiuno, como se advierte del sello respectivo de la Oficina de Correspondencia Común); ello es así, porque de las constancias remitidas por la autoridad responsable como anexo a su informe justificado, se aprecia que fue en acuerdo de diez de marzo de dos mil veintidós (fecha posterior a la presentación de la demanda) en el que se declaró cerrada la instrucción por lo que se refiere al quejoso Juan Manuel Romero González; en esas condiciones, dicha negativa se desvirtúa y se tiene por cierto el acto reclamado. CUARTO. Causal de sobreseimiento. Previo al estudio de fondo del asunto, se analizará si, en la especie, se actualiza alguna causa de improcedencia del juicio de amparo, ya sea porque las partes las hagan valer o se realice de oficio, por ser ésta una cuestión de orden público y de estudio preferente, de conformidad con lo establecido en el artículo 62 de la Ley de Amparo. En el caso, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo que, textualmente, establece: "ART. 61.- El juicio de amparo es improcedente: - - - [.] XXI.- Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. [.]". A manera de referencia, cabe destacar que los efectos de un acto reclamado no cesan, sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo, y esto da lugar a una situación idéntica a aquélla que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o, también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que, definitivamente, destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce del derecho fundamental violado. Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del quejoso al cesar su actuación, lo que, se estima, implica no sólo la detención definitiva de la autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de que se habla, no es la simple paralización del acto de autoridad, sino que hace innecesario examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá. Efectivamente, la improcedencia de referencia se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho fundamental violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y, cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que actúe en el sentido de respetar el derecho humano de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que ese derecho exija. Por tanto, en términos de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, no existe motivo para la resolución del juicio de amparo, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. En esa tesitura, es patente que de la interpretación relacionada con lo dispuesto por los artículos 61, fracción XXI, y 63, fracción V, de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que la causa de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de efectos del acto reclamado, se actualiza cuando, ante la insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella. En este juicio se actualiza dicha hipótesis de improcedencia porque la parte quejosa, como ya se precisó, reclama de la autoridad responsable, jueza Cuarto Penal del distrito judicial del Centro, Oaxaca, la omisión de dar continuación a los trámites de ley para el cierre de instrucción solicitado dentro de la causa penal 70/2019. En tanto que de las documentales que remitió la autoridad responsable, jueza Cuarto Penal del distrito judicial del Centro, Oaxaca, glosadas en auto de veintidós de marzo pasado, se advierte que en la parte relativa del acuerdo de diez de marzo de dos mil veintidós, dictado en la causa penal 70/2019, declaró cerrada la instrucción por lo que se refiere al quejoso Juan Manuel Romero González y, por ende, ordenó correr traslado del proceso por el termino de seis días al agente del Ministerio Público adscrito a dicho Juzgado, a fin de que emita las conclusiones respectivas. Pretender analizar la constitucionalidad del acto reclamado en esta instancia constitucional, se estima, resultaría contrario a derecho, dado que el mismo ha perdido todo efecto jurídico y no generaría ningún beneficio a la parte quejosa; ante ello, es inconcuso que cesaron los efectos del acto reclamado como si no hubieren invadido la esfera jurídica del particular. En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, procede sobreseer en este juicio. Apoya a lo anterior, la jurisprudencia número 2ª /J 59/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página treinta y ocho, tomo IX, junio de 1999, novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, en términos del transitorio sexto de la Ley de Amparo, con el rubro siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL." QUINTO. Publicación de datos personales. Como las partes en este juicio de amparo no se opusieron a la publicación de sus datos personales, con apoyo en los artículos 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, esta sentencia estará a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes no ejercieran tal derecho, la publicación de la referida resolución se realizará en versión pública, procurándose no impedir conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, atento al criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. SEXTO. Notificación al quejoso. Se comisiona al (la) actuario (a) adscrito (a) a este Juzgado, para que, con las medidas de seguridad debidas, se haga presente en el Centro Federal de Readaptación Social Número Trece Cps-Oaxaca, en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, en un día de la semana que específicamente programe para tal fin, y notifique personalmente esta sentencia al directo quejoso Juan Manuel Romero González, haciéndole entrega de la copia autorizada que, para tal efecto, se acompaña. En el entendido que dicha comisión fuera de la zona urbana y de donde este Juzgado ejerce jurisdicción territorial para realizar diligencias, es única y exclusivamente para ese efecto y es con el fin evitar esa encomienda a otro juzgado del orden estatal y que con ello se vea retrasada la pronta administración de justicia, en contravención a lo dispuesto por el artículo 17 constitucional. Indicación al (la) actuario (a). También, se instruye al actuario adscrito a este Juzgado que deberá apegarse, de manera estricta, a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal para resguardar la integridad y salud de quienes la imparten, tal y como lo determina el acuerdo General 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19 (vigente a la fecha en que se actúa). Por lo expuesto y fundado legalmente, con apoyo, además, en los artículos 1°, fracción I, 73, 74 y 75, de la Ley de Amparo; se: R E S U E L V E: Primero. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por **** contra el acto consistente en la omisión de dar continuación a los trámites de ley para el cierre de instrucción solicitado dentro de la causa penal 70/2019, que atribuyó a la jueza Cuarto Penal del distrito judicial del Centro, Oaxaca; ello, en términos del considerando cuarto de esta sentencia. Segundo. En su oportunidad, dése cumplimiento al considerando último de este fallo, en los términos ahí precisados. Notifíquese; y personalmente al quejoso en el lugar en que se encuentra recluido.
- Principal
PRAL.15/2022 MESA 7 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinticuatro de marzo de dos mil veintidós. Glose de oficio. Incorpórese, únicamente para que obre como corresponda, el oficio número 426, suscrito por la jueza Cuarto Penal del distrito judicial del Centro, Oaxaca; lo anterior, toda vez que por auto de veintidós de marzo de este año se acordó lo conducente, al haberse recibido, vía correo electrónico, un comunicado con el mismo número, contenido y anexos. Notifíquese.
- Principal
pral.15/2022 mesa 7 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintidós de marzo de dos mil veintidós. 1. Glose de oficio. Incorpórese el oficio número 426, suscrito por la jueza Cuarto Penal del distrito judicial del Centro, Oaxaca, con sede en Tanivet, Tlacolula de Matamoros, Oaxaca, mediante el que, en cumplimiento al requerimiento que se le hizo en auto de veintiocho de febrero del año en curso, informa que en la causa penal 70/2019 (antes 140/2014 del extinto Juzgado Quinto Penal), el diez de marzo del año en curso se declaró cerrada la instrucción por lo que se refiere al procesado, aquí quejoso, ***; asimismo, remite copia certificada de las constancias respectivas. 1.1. Documentales. En esas condiciones, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, ténganse por desahogadas las documentales remitidas por la autoridad de cuenta, en razón de su propia y especial naturaleza, para ser consideradas al resolver este asunto. 2. Glose de escrito del quejoso. Por otra parte, glósese el escrito suscrito por el quejoso *** mediante el que, en lo sustancial, solicita a) se le informe el estado actual de este juicio de amparo y b) se le expidan copias simples de los informes justificados; al respecto, se acuerda: A). Infórmese al quejoso de referencia que en este asunto todavía no se ha dictado la sentencia correspondiente, pues en auto de veintiocho de febrero del año en curso se requirieron diversas documentales a la autoridad responsable, mismas que son indispensables para resolver conforme a derecho; asimismo, se le informa que se encuentran señaladas las diez horas con siete minutos del veintiocho de marzo de este año, para que tenga verificativo la audiencia constitucional en este asunto. B). Con fundamento en el artículo 3° de la Ley de Amparo, en relación con el 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2º, expídase al quejoso copia simple del 1) informe justificado rendido por la autoridad responsable, jueza Cuarto Penal del distrito judicial del Centro, Oaxaca, acordado el cuatro de febrero pasado, así como del 2) comunicado de cuenta. C). Asimismo, infórmese al quejoso que, por encontrarse privado de su libertad en el Centro Federal de Readaptación Social número 13, CPS-Oaxaca, con sede en Miahuatlán de Porfirio Díaz, este Juzgado ordenará que se le notifiquen personalmente, en dicho centro penitenciario, únicamente las determinaciones que, dada su naturaleza e importancia, lo ameriten, no así respecto de aquellos acuerdos de mero trámite; lo anterior, con la finalidad de evitar dilaciones procesales innecesarias, tomando en consideración la lejanía del referido centro de reclusión y el rol establecido para la práctica de notificaciones en ese lugar. 3. Forma de notificación. Se comisiona al (la) actuario (a) adscrito (a) a este juzgado, para que, con las medidas de seguridad debidas, se haga presente en el centro penitenciario de referencia, en un día de la semana que específicamente programe para tal fin y notifique personalmente este proveído al quejoso ***; asimismo, le haga entrega de la copia autorizada y anexos que, para tal efecto, se acompañan. En el entendido que dicha comisión fuera de la zona urbana y de donde este Juzgado ejerce jurisdicción territorial para realizar diligencias, es única y exclusivamente para ese efecto y es con el fin evitar esa encomienda a otro juzgado del orden estatal y que con ello se vea retrasada la pronta administración de justicia, en contravención a lo dispuesto por el artículo 17 constitucional. 3.1. Indicación al (la) actuario (a). También, se instruye al (a la) actuario (a) adscrito (a) a este Juzgado que deberá apegarse, de manera estricta, a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal para resguardar la integridad y salud de quienes la imparten, tal y como lo determina el acuerdo General 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19 (vigente a la fecha en que se actúa). Notifíquese; y personalmente al quejoso en el lugar en que se encuentra recluido.
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