Juan Manuel Rojas Moreno
Expediente 5/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 7 actuaciones registradas, la última del 11 de abril de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 5/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 11/04/2019
Partes del expediente
- Juan Manuel Rojas Moreno
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, once de abril de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos el oficio de la Presidenta de la Junta Especial Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla, por medio del cual remite copia certificada de las constancias de notificación a las partes, respecto del acuerdo de veintiséis de marzo de dos mil diecinueve, dictado dentro del expediente laboral D-3/973/2013, lo que será tomado en consideración en el momento procesal oportuno. Por otra parte, visto el estado procesal que guarda el presente expediente, se advierte, como consta en la certificación secretarial que antecede, que transcurrió el plazo de tres días que prevé en el artículo 196 de la Ley de Amparo, para que las partes alegaran el defecto o exceso en el cumplimiento al fallo protector; en consecuencia, se procede a resolver lo relativo al cumplimiento dado a la ejecutoria pronunciada dentro del juicio en que se actúa. Por sentencia de once de febrero de dos mil diecinueve, se concedió a la parte quejosa el amparo y protección de la justicia federal, para el efecto de que: ".a) La Junta Especial Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Puebla, inmediatamente emita el acuerdo correspondiente sobre las pruebas ofrecidas por las partes dentro del juicio de origen D-3/973/2013, en el que deberá atender a cada uno de los medios de convicción aportados por las partes y proveerá sobre su admisión o desechamiento, según sea el caso. b) Posteriormente a ello, deberá remita a este juzgado las constancias que acrediten el cumplimiento dado al fallo protector. Asimismo, mediante oficio recibido el veintisiete de marzo de dos mil diecinueve, la autoridad responsable dio cumplimiento a la sentencia de amparo, ya que remitió copia certificada del auto de veintiséis de marzo de dos mil diecinueve, dictado dentro del expediente laboral D-3/973/2013, en el que acordó las pruebas ofrecidas por las partes el diez de octubre de dos mil diecisiete (fojas 38 a 41). Por auto de veintiocho de marzo de dos mil diecinueve, se dio vista a la parte quejosa con tales documentos, mismo que se le notificó el tres de abril del año en cita. Ahora, este órgano jurisdiccional procede a resolver de oficio, si de acuerdo a las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia registrada con la clave 2a./J.26/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 243, del Tomo XI, correspondiente a marzo de 2000, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que enseguida se transcribe: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." Del examen de las documentales exhibidas por la Junta Especial Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla , las que de conformidad con los artículos 129, 197, 202 y 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2o., tienen pleno valor probatorio, se desprende que se colma la garantía de legalidad por cuya infracción se concedió el amparo; ello, en atención a que remitió copia certificada del auto de veintiséis de marzo de dos mil diecinueve, dictado dentro del expediente laboral D-3/973/2013, en el que acordó las pruebas ofrecidas por las partes el diez de octubre de dos mil diecisiete. Asimismo, la autoridad responsable, mediante oficio recibido el diez de abril del año en curso, remitió copia certificada de las constancias de notificación a las partes, respecto del acuerdo de veintiséis de marzo de dos mil diecinueve, dictado dentro del expediente laboral D-3/973/2013. En las relatadas condiciones, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 196, párrafos segundo y cuarto de la Ley de Amparo, se tiene por cumplida la sentencia. Háganse las anotaciones del caso en el libro de gobierno y archívese el presente asunto como concluido. Ahora bien, en cumplimiento a lo que establece el punto Vigésimo Primero, fracción IV, del Acuerdo General 1/2009, de fecha veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transparencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito y con apoyo en el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el expediente principal en que se actúa, es susceptible de depuración en el plazo de cinco años, ya que se trata de un juicio de amparo en el que se determinó amparar, en el entendido de que este asunto se tramitó sin incidente de suspensión. Por otra parte, como lo disponen los puntos Décimo, fracción I, Décimo Primero, segundo párrafo, Décimo Tercero y Vigésimo Quinto del Acuerdo General en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y, una vez que transcurran tres años, deberá transferirse al Centro Archivístico Judicial (momento en el cual deberá realizarse la anotación en el libro de gobierno respectivo). Se hace la observación que no existen documentos originales exhibidos por las partes, entendiéndose como tales en términos del citado acuerdo: "Todo aquél soporte impreso que contenga un rasgo distintivo o signo de puño y letra y sea insustituible por otro que haya sido ofrecido por las partes con excepción de la demanda. En consecuencia, aquellos documentos de los que pueda obtenerse una copia certificada por alguna dependencia gubernamental, notaría o correduría públicas, sin que sea necesaria la autorización de las partes que hayan intervenido en el acto jurídico, no serán consideradas como documentos originales". Notifíquese.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veintiocho de marzo de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos el oficio signado por la Presidenta de la Junta Especial Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla, por medio del cual remite copia certificada del auto de veintiséis de marzo de dos mil diecinueve, dictado dentro del expediente laboral D-3/973/2013, en el que acordó las pruebas ofrecidas por las partes el diez de octubre de dos mil diecisiete. En consecuencia, con las referidas documentales, dese vista a la parte quejosa por el plazo de tres días, computados a partir de la legal notificación de este proveído, para que manifieste lo que a su derecho convenga, con el apercibimiento de que, en caso de no realizar manifestación alguna sobre el particular, este tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, cinco de marzo de dos mil diecinueve. Vista la certificación secretarial de cuenta, así como el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes hubiera recurrido la sentencia dictada en el presente juicio de amparo; en tal virtud, con fundamento en lo que disponen los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 constitucionales, según su artículo 2°, se declara que dicha sentencia que concedió la protección constitucional, ha causado ejecutoria para todos los fines legales correspondientes. En consecuencia, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, se requiere al Presidente [Ana Lilia Sánchez Martínez], Representante de los Trabajadores [José Luis Méndez Escalera] y Representante de los Patrones [Mario Vázquez López], los tres integrantes de la Junta Especial Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla, para que dentro del término de cuarenta y cinco días posteriores a la notificación de este proveído, den cabal cumplimiento a la presente ejecutoria, para lo cual deberán ejecutar los actos que fueron precisados en la parte final del considerando sexto de la sentencia dictada el once de febrero de dos mil diecinueve. Sin que haya lugar a requerir al superior jerárquico de la citada Junta, en términos de la jurisprudencia 2a./J. 36/2011 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 3515, Libro IV, Tomo 4, enero de dos mil doce, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "JUNTAS Y TRIBUNALES LABORALES. NO TIENEN SUPERIOR JERÁRQUICO PARA EFECTOS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO. Se apercibe a las autoridades requeridas que de no dar cumplimiento a lo anterior, se harán acreedoras a una multa equivalente a cien unidades de medida y actualización, de acuerdo a lo dispuesto por los artículos 192, 237 y 258 de la Ley de Amparo, así como el artículo 26, apartado B, párrafo sexto, constitucional, y primero y segundo transitorios del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, y se ordenará remitir el presente expediente al Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Sexto Circuito, en turno para iniciar el trámite del procedimiento de inejecución, el cual puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Por otra parte, con fundamento en el artículo 195 de la Ley de Amparo, se hace del conocimiento de las autoridades responsables que el cumplimiento extemporáneo de la ejecutoria de amparo, si es injustificado, no las exime de la responsabilidad correspondiente, pero podría tomarse en consideración como atenuante de la sanción penal. En el mismo orden de ideas, con apoyo en el artículo 193, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se informa a las responsables que se considerará como incumplimiento al retraso que por medio de evasivas o procedimientos ilegales se advierta, y como consecuencia de tal hecho, es la que deriva de la comisión del delito previsto en el artículo 267, fracción I, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 267. Se impondrá pena de cinco a diez años de prisión y multa de cien a mil días, en su caso destitución e inhabilitación de cinco a diez años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos a la autoridad que dolosamente: - - - I. Incumpla una sentencia de amparo o no la haga cumplir." Asimismo, infórmese a los integrantes de la Junta responsable que en términos del artículo 193, primer párrafo, última parte, de la Ley de Amparo, los titulares requeridos seguirán teniendo responsabilidad aunque dejen el cargo; y que también son responsables en los términos indicados las personas físicas que ocupan el cargo con posterioridad si durante el ejercicio de sus funciones se debió dar cumplimiento a la ejecutoria. Por lo anterior, si al momento de recibirse el requerimiento respectivo la junta responsable se encuentra integrada por personas distintas a las antes referidas, cuyos nombres se obtuvieron de las constancias de autos, serán sus sustitutos quienes deberán cumplir con el fallo protector, y el apercibimiento efectuado se entenderá dirigido a ellos. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Incorpórese al expediente el escrito del quejoso MANUEL GARCÍA GARITA, visto su contenido, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, previa copia autorizada que obre agregada en autos, dígase que deberá comparecer personalmente el impetrante con original y copia de su identificación oficial vigente, de lunes a jueves hábiles, en un horario comprendido de nueve a doce horas, por así permitirlo las labores del juzgado, para que se haga la devolución de los documentos que solicita. Sin que haya lugar a tener por autorizada a la persona que menciona en su ocurso de cuenta, para recibir los documentos, dada la responsabilidad que tiene este juzgado para su guarda y custodia.
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