Juan Manuel Rojas Lopez
Expediente 473/2023 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 24 actuaciones registradas, la última del 14 de agosto de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 473/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 24
- Última actuación
- 14/08/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Juan Manuel Rojas Lopez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 24.
- Principal
Irapuato, Guanajuato, catorce de agosto de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el plazo de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa interpusiera el recurso de revisión que prevé el artículo 81, fracción I, inciso d), de la legislación en comento, contra el proveído de siete de julio de dos mil veintitrés, en el que se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio. Por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2º, se declara que HA CAUSADO ESTADO. Sin que sea necesario realizar el cómputo a las demás partes dado que la citada determinación no les genera perjuicio. Por tanto, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como totalmente concluido y se ordena su archivo judicial en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. VALORACIÓN: NO es de RELEVANCIA DOCUMENTAL. DESTINO: Expediente principal. Es DESTRUIBLE en el plazo de 3 años, contado a partir de la fecha del presente auto. Expediente incidental. Es CONSERVABLE en el plazo de 3 años contado a partir de la fecha del presente auto. EXISTENCIA DE DOCUMENTOS. La parte quejosa allegó documentos al presente juicio de amparo, catalogados como no originales. Lo anterior, de conformidad con los artículos 12, 15 interpretado a contrario sentido, 17 fracción III inciso b y 20, fracción II del Acuerdo en cita. Realícese la certificación en la fecha de la remisión física de este expediente y el estampado de los sellos pertinentes en la carátula. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E). DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTOS A LA PARTE QUEJOSA Como se precisó en la certificación de cuenta, los documentos exhibidos por la parte quejosa en el presente juicio son de los catalogados como no originales, por lo que, su devolución se autoriza desde este momento, previa razón que se asiente en autos para constancia, con el apercibimiento de que de no acudir a recogerlos, se destruirán con el expediente principal en el plazo señalado, de conformidad con el acuerdo citado. Finalmente, se requiere a las autoridades responsables para que se abstengan de acusar recibo del oficio que este Juzgado les remite, salvo en aquellos casos en el que de manera expresa les sea solicitado, ello atendiendo a las cargas de trabajo con las que cuenta este órgano jurisdiccional. Notifíquese, y vía electrónica al fiscal adscrito.
- Principal
Irapuato, Guanajuato, siete de julio de dos mil veintitrés. AUTORIDAD INFORMA ESTADO PROCESAL Se tiene por recibido el oficio de cuenta, signado por la encargada de Sala del Juzgado de Oralidad en Materia Penal de la Segunda Región en el Estado de Guanajuato, actuando en sede Irapuato, por el que informa el estado procesal de la causa penal *****, y al respecto remite la audiencia de suspensión condicional del proceso de tres de julio de dos mil veintitrés, en un disco DVD, de la que se advierte que las partes estuvieron conformes en la suspensión condicional del proceso, por una temporalidad de once meses, iniciando a partir del tres de julio de dos mil veintitrés, para fenecer el dos de junio de dos mil veinticuatro. De lo anterior, se toma conocimiento para los efectos que correspondan. PRUEBAS En ese sentido, téngasele por anunciando como pruebas de su parte los medios tecnológicos que acompaña la autoridad de mérito. MEDIO TECNOLÓGICO Asimismo, se ordena a la secretaria que haga constar que el disco que remite la responsable puede reproducirse, el que deberá glosarse a los autos en sobre cerrado, sin perjuicio de que sean reproducidos en cualquier momento procesal y de que las partes tengan acceso a este. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia 1a./J.43/2013 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 703, del libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 1, Materia Común, Décima Época, del Seminario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 2004362, de rubro siguiente: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL". SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA De las constancias remitidas por la autoridad responsable, se pone de relieve que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIII, de la Ley de Amparo, numeral que dispone lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIII. Contra actos consentidos expresamente o por manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento; (.)" Así es, en el caso se actualizada la causa de improcedencia invocada, por las razones que se explican a continuación. El acto reclamado en el presente asunto es: El artículo 338 del Código Nacional de Procedimientos Penales, con motivo de su primer acto de aplicación, consistente en la determinación de treinta de marzo de dos mil veintitrés, dictada por el Juez del Tribunal Unitario del Sistema Penal Acusatorio y Oral de la Segunda Región del Estado de Guanajuato, con sede en Irapuato, Guanajuato, en la causa penal *****, en la cual se tuvo formulando acusación por parte de la representación social y, con fundamento en dicho precepto, ordenó dar vista al ahora quejoso para que estuviera en aptitud de hacer valer vicios formales de la acusación. Ahora, de acuerdo con las constancias allegadas del juzgado responsable, con valor probatorio en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, se advierte que el tres de julio del año en cita, se llevó a cabo la audiencia de suspensión condicional del proceso, en el que las partes decidieron terminar de manera anticipada el proceso penal, y el juez concedió tal beneficio a la acusada -aquí tercera interesada- por un lapso de once meses y se estableció un plan para la reparación del daño al ofendido -quejoso-. En virtud de ello, no es posible jurídicamente resolver sobre la constitucionalidad del acto reclamado, toda vez que con la suspensión condicional del proceso se revela que sobrevino la causa de improcedencia en estudio, dado que el quejoso, como víctima, al haber consentido esa forma alterna de solución del procedimiento, consintió la acusación respecto de la cual se inconformó en este juicio de amparo, básicamente al estimar que el precepto reclamado solo le facultaba para proponer correcciones formales de la acusación pero le impedía intervenir -en su carácter de víctima- para la reclasificación del delito. De conformidad con los artículos 184, 191, 192, 194, 199 y demás relativos del Código Nacional de Procedimientos Penales, la suspensión condicional del proceso constituye una forma de solución alterna del procedimiento que se basa precisamente en el auto de vinculación a proceso, en virtud del cual, se define tanto su materia como la oportunidad para promoverlo. Para la persona procesada representa una forma de aceptación del delito que se le imputa, pero a la vez, precisamente porque su procedencia exige la no oposición de la víctima u ofendido, cuando éste accede a esa forma de terminación alterna del proceso, esto implica su aceptación respecto del auto de vinculación o, como en este caso, de la acusación. Tanto así que la suspensión condicional del proceso exige que se proponga el plan sobre el sometimiento de la persona procesada a determinadas condiciones y sobre la reparación del daño a favor de la víctima u ofendido que, en caso de cumplirse, da lugar a la extinción de la acción penal. Al respecto la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido que cuando las partes deciden acogerse a ese medio alternativo de solución del proceso, ello representa un beneficio para la persona procesada y para la víctima u ofendido, que lleva consigo la libre aceptación de los hechos de la imputación o que por lo menos no los rebatan o cuestionen. Resulta aplicable por analogía la jurisprudencia 1a./J. 33/2017 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 43, Junio de 2017, Tomo I, página 461, que se aplica por analogía, y que dice: "CONSENTIMIENTO DEL AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. ACONTECE CUANDO EL IMPUTADO ACEPTA CONCLUIR EL PROCESO PENAL A TRAVÉS DE UN ACUERDO REPARATORIO O SUSPENSIÓN DEL PROCESO A PRUEBA, POR LO QUE SE ACTUALIZA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA QUE PREVÉ EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XIII, DE LA LEY DE AMPARO. La reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, introdujo la justicia restaurativa como eje toral del sistema, creando nuevos caminos de solución para encausar, mediante mecanismos alternativos, los conflictos de naturaleza penal que podrán encontrar mejor solución que en el juicio, los cuales, si bien parten de la comisión de un hecho delictivo, se distinguen porque no buscan declarar la responsabilidad penal del imputado, ya que su prioridad radica en restaurar el daño causado y concluir el conflicto penal sin la imposición de una pena. Ahora bien, cuando el juicio de amparo se promueve contra el auto de vinculación a proceso y posterior a su emisión el quejoso -en su calidad de imputado- accede a un mecanismo alternativo, mediante la suscripción de un acuerdo reparatorio o de la suspensión del proceso a prueba, dicha manifestación entraña el consentimiento del acto reclamado, que como causa de improcedencia prevé el artículo 61, fracción XIII, de la Ley de Amparo, ya que su voluntad de concluir el proceso penal a través de vías de solución alternas debe entenderse para todos los efectos legales. Es así, porque uno de los presupuestos para transitar por la justicia restaurativa consiste en el consentimiento libre y voluntario del imputado de someter la solución de la controversia penal a un mecanismo alternativo, lo que implica la libre aceptación de los hechos de la imputación o que, al menos, no los cuestione, ya que esa aceptación no es gratuita, sino que persigue un beneficio, pues consentir las bases jurídicas en que se sustenta la vinculación a proceso pasa por buscar una solución construida en la lealtad de las partes para la efectiva solución del conflicto penal, al obligarse a reparar el daño causado por la comisión del delito y, a cambio, evitar la posibilidad de que se le imponga una pena privativa de libertad, en delitos que por la especial naturaleza de los derechos que tutelan pueden ser renunciables. Estimar lo contrario, no sólo sería un exceso de rigor técnico de la acción de amparo, sino que también desnaturalizaría este moderno sistema, al premiar que el imputado ejerza intereses incompatibles: uno, que tiene como presupuesto la validez del acto reclamado, al participar en una solución alterna y, otro, que lo cuestiona a través del juicio de amparo, lo que jurídicamente es inadmisible. Por tanto, si la referida causa de improcedencia se actualiza antes de la presentación de la demanda, motivará que la misma se deseche por notoriamente improcedente, o bien, si sobreviene durante la tramitación del amparo, generará el sobreseimiento del juicio, incluso antes de la celebración de la audiencia constitucional." Por tanto, respecto del acto reclamado en este juicio y su ejecución, sobrevino la invocada causa de improcedencia, dado que no es factible emitir un pronunciamiento respecto de la determinación de treinta de marzo de dos mil veintitrés, dictada por el Juez del Tribunal Unitario del Sistema Penal Acusatorio y Oral de la Segunda Región del Estado de Guanajuato, con sede en Irapuato, Guanajuato, en la causa penal *****, en la que se tuvo formulando acusación por parte de la representación social, pues está plenamente demostrado que al haber aceptado la suspensión condicional del proceso, el quejoso otorgó su libre aceptación al someter la solución de la controversia penal y citado mecanismo alternativo de solución de conflictos, consintiendo la acusación. Por lo anterior, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las diez horas con diez minutos del cuatro de agosto de dos mil veintitrés. Notifíquese, personalmente a la parte quejosa, por lista al tercero interesado, por oficio a las autoridades responsables y vía electrónica al fiscal adscrito.
- Principal
(CITATORIO) EN RAZÓN QUE LA PARTE QUEJOSA NO COMPARECIÓ ANTE ESTE JUZGADO FEDERAL PARA SER NOTIFICADA DEL AUTO DE SIETE DE JULIO DE DOS MIL VEINTITRÉS, DENTRO DEL PLAZO QUE TENÍA PARA ELLO, A PESAR DEL CITATORIO QUE SE LE DEJÓ EN EL DOMICILIO SEÑALADO PARA TAL EFECTO, EN CONSECUENCIA, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO B), DE LA LEY DE AMPARO, SE LE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA LA REFERIDA DETERMINACIÓN, LA CUAL EN LO CONDUCENTE DICE: Se tiene por recibido el oficio de cuenta, signado por la encargada de Sala del Juzgado de Oralidad en Materia Penal de la Segunda Región en el Estado de Guanajuato, actuando en sede Irapuato, por el que informa el estado procesal de la causa penal *****, y al respecto remite la audiencia de suspensión condicional del proceso de tres de julio de dos mil veintitrés, en un disco DVD, de la que se advierte que las partes estuvieron conformes en la suspensión condicional del proceso, por una temporalidad de once meses, iniciando a partir del tres de julio de dos mil veintitrés, para fenecer el dos de junio de dos mil veinticuatro. De lo anterior, se toma conocimiento para los efectos que correspondan. PRUEBAS En ese sentido, téngasele por anunciando como pruebas de su parte los medios tecnológicos que acompaña la autoridad de mérito. MEDIO TECNOLÓGICO Asimismo, se ordena a la secretaria que haga constar que el disco que remite la responsable puede reproducirse, el que deberá glosarse a los autos en sobre cerrado, sin perjuicio de que sean reproducidos en cualquier momento procesal y de que las partes tengan acceso a este. SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA De las constancias remitidas por la autoridad responsable, se pone de relieve que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIII, de la Ley de Amparo, numeral que dispone lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIII. Contra actos consentidos expresamente o por manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento; (.)" Así es, en el caso se actualizada la causa de improcedencia invocada, por las razones que se explican a continuación. El acto reclamado en el presente asunto es: El artículo 338 del Código Nacional de Procedimientos Penales, con motivo de su primer acto de aplicación, consistente en la determinación de treinta de marzo de dos mil veintitrés, dictada por el Juez del Tribunal Unitario del Sistema Penal Acusatorio y Oral de la Segunda Región del Estado de Guanajuato, con sede en Irapuato, Guanajuato, en la causa penal *****, en la cual se tuvo formulando acusación por parte de la representación social y, con fundamento en dicho precepto, ordenó dar vista al ahora quejoso para que estuviera en aptitud de hacer valer vicios formales de la acusación. Ahora, de acuerdo con las constancias allegadas del juzgado responsable, con valor probatorio en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, se advierte que el tres de julio del año en cita, se llevó a cabo la audiencia de suspensión condicional del proceso, en el que las partes decidieron terminar de manera anticipada el proceso penal, y el juez concedió tal beneficio a la acusada -aquí tercera interesada- por un lapso de once meses y se estableció un plan para la reparación del daño al ofendido -quejoso-. En virtud de ello, no es posible jurídicamente resolver sobre la constitucionalidad del acto reclamado, toda vez que con la suspensión condicional del proceso se revela que sobrevino la causa de improcedencia en estudio, dado que el quejoso, como víctima, al haber consentido esa forma alterna de solución del procedimiento, consintió la acusación respecto de la cual se inconformó en este juicio de amparo, básicamente al estimar que el precepto reclamado solo le facultaba para proponer correcciones formales de la acusación pero le impedía intervenir -en su carácter de víctima- para la reclasificación del delito. De conformidad con los artículos 184, 191, 192, 194, 199 y demás relativos del Código Nacional de Procedimientos Penales, la suspensión condicional del proceso constituye una forma de solución alterna del procedimiento que se basa precisamente en el auto de vinculación a proceso, en virtud del cual, se define tanto su materia como la oportunidad para promoverlo. Para la persona procesada representa una forma de aceptación del delito que se le imputa, pero a la vez, precisamente porque su procedencia exige la no oposición de la víctima u ofendido, cuando éste accede a esa forma de terminación alterna del proceso, esto implica su aceptación respecto del auto de vinculación o, como en este caso, de la acusación. Tanto así que la suspensión condicional del proceso exige que se proponga el plan sobre el sometimiento de la persona procesada a determinadas condiciones y sobre la reparación del daño a favor de la víctima u ofendido que, en caso de cumplirse, da lugar a la extinción de la acción penal. Al respecto la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido que cuando las partes deciden acogerse a ese medio alternativo de solución del proceso, ello representa un beneficio para la persona procesada y para la víctima u ofendido, que lleva consigo la libre aceptación de los hechos de la imputación o que por lo menos no los rebatan o cuestionen. Por tanto, respecto del acto reclamado en este juicio y su ejecución, sobrevino la invocada causa de improcedencia, dado que no es factible emitir un pronunciamiento respecto de la determinación de treinta de marzo de dos mil veintitrés, dictada por el Juez del Tribunal Unitario del Sistema Penal Acusatorio y Oral de la Segunda Región del Estado de Guanajuato, con sede en Irapuato, Guanajuato, en la causa penal ***** en la que se tuvo formulando acusación por parte de la representación social, pues está plenamente demostrado que al haber aceptado la suspensión condicional del proceso, el quejoso otorgó su libre aceptación al someter la solución de la controversia penal y citado mecanismo alternativo de solución de conflictos, consintiendo la acusación. Por lo anterior, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las diez horas con diez minutos del cuatro de agosto de dos mil veintitrés.
- Principal
Irapuato, Guanajuato, veintidós de junio de dos mil veintitrés. ESTADO PROCESAL Visto el estado procesal de los autos y como se advierte de la certificación de cuenta, el veintiuno de junio del presente año, se tuvo por rendido el informe justificado del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que se encuentra transcurriendo el plazo de ocho días previsto en el artículo 117 de la Ley de Amparo para que las partes se impongan de su contenido. DIFIERE AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En tales condiciones, a fin de dar margen a lo anterior, procede diferir la audiencia constitucional que estaba señalada para esta data y en su lugar se fijan las DIEZ HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL CUATRO DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTITRÉS, para su verificativo, lo cual se fija atendiendo a las cargas de trabajo con que cuenta este Juzgado. Notifíquese.
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