Juan Manuel Rojas Arce

Expediente 274/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa. 30 actuaciones registradas, la última del 17 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
274/2023
Año
2023
Actuaciones
30
Última actuación
17/11/2023

Partes del expediente

  • Juan Manuel Rojas Arce

Actuaciones

Las 4 más recientes de 30.

  1. Principal

    Auto. Los Mochis, Sinaloa, diecisiete de noviembre de dos mil veintitrés. Visto el oficio de cuenta suscrito por el Juez de Primera Instancia de Control y de Enjuiciamiento Penal del Poder Judicial del Estado de Sinaloa, con sede en Angostura Sinaloa, mediante el cual, en atención a lo solicitado en auto de diecisiete de octubre de dos mil veintitrés, informa que ya remitió a este Juzgado de Distrito, mediante oficio 13688/2023, la constancia actuarial de notificación de trece de octubre de dos mil veintitrés practicada al quejoso ****, mediante la cual se le hizo del conocimiento los autos de veintisiete y veintinueve de septiembre de dos mil veintitrés; agréguese a los autos para que obre como corresponda, sin que haya lugar a proveer en relación a lo informado, toda vez que el referido oficio fue recibido en este Juzgado de Distrito el pasado catorce de noviembre de dos mil veintitrés, acordándose lo conducente el pasado dieciséis de noviembre de dos mil veintitrés.

  2. Principal

    ****************************************Auto. Los Mochis, Sinaloa, dieciséis de noviembre de dos mil veintitrés.****************************************Visto el oficio de cuenta suscrito por el Juez de Primera Instancia de Control y de Enjuiciamiento Penal del Poder Judicial del Estado de Sinaloa con sede en Angostura Sinaloa, mediante el cual, en atención a lo solicitado en autos de veintisiete y veintinueve de septiembre de dos mil veintitrés, remite la constancia de notificación personal de trece de octubre de dos mil veintitrés, practicada al quejoso ********************, respecto a las al oficio y documentales allegadas por la referida autoridad responsable inherentes al cumplimiento de amparo, así como del requerimiento efectuado respecto a la ratificación de la firma contenida en el escrito presentado en este Juzgado de Distrito en uno de junio de dos mil veintitrés mediante el cual solicitó revocar el nombramiento de sus autorizados y señala nuevos; agréguese a los autos para que surta sus efectos legales conducentes.****************************************En atención a lo anterior, se tiene a la citada autoridad responsable desahogando los requerimientos efectuados en autos de veintisiete y veintinueve de septiembre de dos mil veintitrés, y se tiene notificado al quejoso ******************** de dichos proveídos, por medio de constancia de notificación personal de doce de octubre de dos mil veintitrés.****************************************Por otra parte, vista la certificación secretarial que antecede, así como el estado procesal que guardan los autos, se advierte que el quejoso ********************, no desahogó la vista personal ordenada mediante autos de veintisiete y veintinueve de septiembre de dos mil veintitrés, ordenada por conducto de la autoridad responsable Juez de Primera Instancia de Control y de Enjuiciamiento Penal del Poder Judicial del Estado de Sinaloa con sede en Angostura Sinaloa, en relación a su oficio y anexos inherentes al cumplimiento de la ejecutoria de amparo, no obstante que tal determinación le fue notificada personalmente el doce de octubre de dos mil veintitrés, por tanto, procede analizar si se otorgó el debido cumplimiento a la ejecutoria de amparo con base en los elementos que obran en autos y los datos aportados por la citada autoridad responsable.****************************************Es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 26/2000, sustentada por la entonces Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 243 del Tomo XI del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, marzo de 2000, Novena Época, Materia Común, del tenor siguiente:****************************************"INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia.".****************************************En primer lugar, se precisa que en sentencia de veintiocho de junio de dos mil veintitrés, se concedió al quejoso ********************, la protección constitucional contra los actos que reclamó de las autoridades responsables Juez de Primera Instancia de Control y de Enjuiciamiento Penal dela Región Centro Norte con sede en Angostura Sinaloa y Centro Penitenciario de la Región del Évora con sede en Angostura Sinaloa, para el efecto de que esas autoridades realizaran lo siguiente:****************************************"1. Deje insubsistente la resolución emitida en la audiencia de veintidós de marzo de dos mil veintidós en la causa de control ********************, únicamente en lo relativo a la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva justificada en contra del imputado; ****************************************2. Señale una nueva fecha y hora para llevar a cabo la diligencia, dentro de las veinticuatro horas siguientes y, con libertad de jurisdicción, deberá emitir una nueva resolución en la que la funde y motive suficientemente de acuerdo a los lineamientos expuestos en esta sentencia de amparo; y podrá ser en el mismo o diverso sentido que la que declare insubsistente; y ****************************************3. Asimismo, por el sentido de la presente sentencia, no tiene el alcance de que se ordene el levantamiento de la medida cautelar de la prisión preventiva dictada contra el quejoso. "****************************************La anterior sentencia, causó ejecutoria el quince de agoto de dos mil veintitrés, en virtud a que ninguna de las partes interpuso recurso de revisión, y se ordenó requerir a las autoridades responsables Juez de Primera Instancia de Control y de Enjuiciamiento Penal dela Región Centro Norte con sede en Angostura Sinaloa y Centro Penitenciario de la Región del Évora con sede en Angostura Sinaloa, a fin de que otorgaran el debido cumplimiento a la ejecutoria de amparo.****************************************Posteriormente, mediante oficio ********************signado por la autoridad responsable Juez de Primera Instancia de Control y Enjuiciamiento Penal con sede en Angostura Sinaloa, se comunicó a este Juzgado de Distrito que para dar cumplimiento a la ejecutoria en el presente juicio de amparo, el quince de septiembre de dos mil veintitrés se llevó a cabo la audiencia de revisión de medidas cautelares en la que se determinó dejar insubsistente la medida cautelar de prisión preventiva justificada impuesta al aquí quejoso ******************** en audiencia de veintidós de marzo de dos mil veintitrés y emitió una nueva determinación, resolviendo de la siguiente manera:********************"la prisión preventiva oficiosa se debe tomar en consideración, mismos planteamientos para la prisión preventiva justificada, dicho lo anterior y habiendo escuchado a las partes, se precisa que la injerencia del poder punitivo en el derecho a la libertad del imputado, se encontrad constitucionalmente legitimado como ya se dijo en el artículo 19 constitucional y la idoneidad de la prisión preventiva para lograr ese fin, siendo la de garantizar la comparecencia del imputado en el proceso, el desarrollo de la investigación, la protección de las víctimas, los testigos o la comunidad se encuentran señalados a su vez 153, estableciéndose dichos puntos, para prevenir en este caso, el primero de ellos, la de garantizar la comparecencia del imputado en el proceso, en sí prevenir el riesgo de fuga o de obstaculización del procedimiento se realiza de la siguiente forma: en cuanto a las situaciones específicas para razonar riesgo de fuga del imputado, en este momento por ninguna de las partes se ha establecido que pueda consolidarse un arraigo del imputado en la localidad, ya sea por situaciones familiares, laborales, económicas, posesión de bienes, un domicilio conocido y estable, circunstancias que pudieran disminuir notablemente el riesgo de fuga, no fue señalado por ninguna de las partes, sin embargo tenemos que de la narrativa implementada por las partes, se infiere que éstas tenían un vínculo familiar, es por ello, que se vinculó a proceso por la fracción II del artículo 134 bis del código Penal, que esencialmente refiere que para la configuración del feminicidio, la existencia de razones de género, que se haya realizado por violencia familiar, con base a este caso, asumiendo que la existencia de los hechos, planteados en la vinculación del imputado, era la intención de provocarle la muerte a la víctima y llego a un grado de sospecha alta, tan es así, como ya se dijo fue vinculado por ello el día once de agosto de dos mil veintidós, con lo que se surte los presupuestos para implementar la prisión preventiva que la naturaleza grave de los hechos, esto con relación con el artículo 165 y 167 del código Nacional, al tratarse de una caso de feminicidio en tentativa, es de esperarse que la pena concreta sea alta, por lo tanto, una reparación del daño integral, por lo que al quedar claro que una de las finalidades de la prisión preventiva es evitar que la persona imputada pueda eludir la acción de la justicia, es pertinente limitar su libertad ambulatoria, esto con base en los fundamentos establecidos en el artículo 19 de la Constitución y demás relativos del código nacional, la idoneidad de la prisión preventiva, en específico la de garantizar la presencia del imputado en el procedimiento como ya se dijo, así como propiamente la necesidad de la misma, se verá al analizarse si existen o no medios menos gravosos al de la prisión preventiva, siendo los señalados en el artículo 155 del código nacional, quedándose señalado o al no tener conocimiento específico por esta autoridad que el imputado tenga un arraigo domiciliario, pues como ya se dijo no está acreditado que tenga un domicilio estable y que en este haya estado habitando durante un tiempo prolongado en la localidad, puesto que como fue señalado por la Fiscalía, es notoriamente el vínculo que sostenía con la víctima, al estar habitando en el mismo domicilio, el mismo finalizo ya que el lugar de convivencia donde se realizó el evento delictivo era en el que ambos habitaban, entonces no es dable tener por acreditado las razones que el imputado al menos hasta este momento, tenga un arraigo domiciliario, aunado a que fue señalado por la Fiscalía que el imputado, vivía en estados unidos, por un lapso aproximado de seis años y que esto fue de forma ilegal, existieron manifestaciones de la defensa de que esta forma ilegal de traspasar a diverso país, es aún más limitada, también lo es, ya sea una forma ilegal de introducirse al país vecino, que el imputado lo pueda realizar de nueva cuenta, aunado que tiene conocimiento de ello, por haberse señalado como ya lo dije por la Fiscalía, ingreso al mismo de forma ilegal, por otra parte, tampoco se tiene demostrado o fehacientemente convincente de que el imputado tenga un arraigo familiar, puesto que si bien fue señalado que comparte un hijo con la víctima, también lo es que si tenía alguna familia con ésta, con su acto se desintegró dicho vinculo al agredir con gravedad y con intención homicida a la madre de su hijo, por otra parte no existen indicios que el imputado tenga un arraigo laboral o una actividad económica que lo ate en esta localidad y como ya fue señalado, existe una gravedad de la pena, puesto que estamos en presencia de los delitos que se persiguen con mayor severidad como lo es feminicidio, ya que son de aquellos que se cometen en contra de la vida de una mujer, entonces en cuanto al artículo 155, que establece diversas medidas, incluyendo la de la prisión preventiva, se señala que no pueden imponerse al imputado el cuidado o vigilancia siendo estas las establecidas en la fracción VI, el sometimiento privado de vigilancia, la persona o una institución determinada e internamiento en una institución determinada, la de no ausentarse de la localidad establecida en la fracción V de dicho numeral la prohibición de salir del país o la localidad donde reside o de los limites territorial que fije el juez o presentarse ante una autoridad fracción I, dicho numeral establece la presentación periódica ante el Juez o ante una autoridad que este designe, así como la no comunicación, siendo las contenidas en las fracciones séptima y octava de dicho numeral, la prohibición de concurrir a determinadas reuniones o la prohibición de acercarse o convivir con las víctimas o a determinadas personas, las víctimas, ofendido, testigos, siempre que no se afecte el derecho de defensa y la separación inmediata del domicilio, asimismo tampoco resulta factible poner las medidas que tiene que ver con cauciones, en este caso, con la imposición de transacciones económicas, ya sea las establecidas en la fracción secta, la exhibición de una garantía económica, el embargo de bienes e inmovilización de cuentas y demás valores que se encuentren dentro del sistema financiero, ni tampoco, resulta factible, la vigilancia electrónica establecida en la fracción doceava, la colocación de localizadores electrónicos ni la limitación de actividades de las establecidas en la fracción décima y décimo primera, siendo la suspensión temporal de ejercicio de cargo cuando se le atribuya un delito cometido por servidores públicos o la suspensión temporal en el ejercicio de determinada actividad profesional.********************Ahora, puesto que no está acreditado que tenga vínculos ya sea laborales, de bienes o familiares que le da a una permanencia en la localidad, por lo tanto, es imposible fácticamente que se pueda adoptar cuidado o vigilancia o un familiar conforme a lo señalado en la fracción sexta del artículo 155, aunado a que si no tiene un domicilio, no es posible que pueda ponerse la medida cautelar de no ausentarse, ya que no existe información, de que habita en la localidad, durante un tiempo prolongado, en domicilio estable, aunado a que fue manifestado por la Fiscalía que tiene conocimiento de cómo retirarse del país, de forma ilegal, por lo tanto, tampoco resulta aplicable la fracción quinta del artículo 155, no pudiese poner una caución suficiente para garantizar una posible reparación del daño a la víctima y de peso para mantenerlo en la localidad, puesto que no existen indicios de que pueda tener bienes que puedan presentarse como garantía o un ingreso fijo que pueda cubrir dicho monto, siendo esto que no resulta aplicable las fracciones II, III, y IV del artículo 155 del Código Nacional, agregándose que tampoco se pueden limitar sus actividades, ya que de la narrativa de los hechos, no se desprende que estos fueran, derivados de sus funciones, por lo tanto, no son aplicables las fracciones X y XI del artículo 155, tampoco la obligación de presentarse a las instalaciones, puesto que no solo por su comportamiento mostrado por los hechos, lleva a concluir para esta autoridad que es de considerable el riesgo propio para la víctima, así como un riesgo de peligro de fuga u ocultamiento, por lo tanto tampoco resulta factible implementar la fracción I del artículo 155, en cuanto a la vigilancia electrónica, no estoy obligado a establecer medidas en base a las limitaciones de diversas autoridades, sin embargo en pro de la protección de la víctima y como ya lo dije que los delitos cometidos en contra de las mujeres son de los que se castigan con mayor severidad y para garantizar la presencia del imputado al procedimiento así como que no exista o limitar el riesgo fundado para la integridad de la víctima, pues si bien n existe en UMECA, la autoridad responsable de la vigilancia de dichas medidas los equipos necesarios para el mismo, hasta en tanto dicha circunstancia no cambie y en pro de lo señalado con anterioridad no resulta factible aplicar la fracción XII de dicho numeral; por lo tanto, al no cumplirse con los presupuestos necesarios para garantizar la comparecencia del imputado con restricciones ante el procedimiento que se le atribuye estas medidas no resultan idóneas, lo cual conlleva a determinar que la prisión es la única medida necesaria para el cumplimiento de dicho fin."****************************************Atento lo anterior, la responsable remitió copia certificada de la transcripción y del registro de audio y video de dicha audiencia para acreditarlo.****************************************Ahora, el amparo y protección de la Justicia de la Unión se otorgó para el efecto de que la autoridad responsable, una vez que causara ejecutoria la sentencia de veintiocho de junio de dos mil veintitrés, una vez notificada del auto donde se declare ejecutoriada la sentencia en este juicio de amparo ********************dejara insubsistente la resolución emitida en audiencia de veintidós de marzo de dos mil veintidós en la causa de control ********************, únicamente en lo relativo a la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva justificada y señalara una nueva fecha y hora para llevar a cabo la diligencia, dentro de las veinticuatro horas siguientes y, con libertad de jurisdicción, emitiera una nueva resolución en la que la fundara y motivara suficientemente de acuerdo a los lineamientos expuestos en esta sentencia de amparo; entonces, de las constancias remitidas por la autoridad responsable Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Familiar del Distrito Judicial de Guasave, Sinaloa, se advierte que se tiene CUMPLIDA LA EJECUTORIA DE AMPARO.****************************************En consecuencia, de conformidad con los numerales 77 y 196, ambos de la Ley de Amparo, se puede concluir se ha restituido a la peticionaria del amparo, en el pleno goce de las garantías violadas, por tanto, se declara que el fallo protector ha quedado cumplido, sin exceso, ni defecto alguno.****************************************Finalmente, toda vez que el quejoso ********************, se encuentra interno en el Centro Penitenciario de la Región del Évora con sede en Angostura Sinaloa, se ordena notificar por conducto de la autoridad responsable Juez de Primera Instancia de Control y de Enjuiciamiento Penal con sede en Angostura Sinaloa, el presente proveído, en el cual se tiene por cumplida la ejecutoria de amparo emitida en el presente juicio de amparo 274/2023-4A.************************

  3. Principal

    Auto. Los Mochis, Sinaloa, ocho de noviembre de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan los autos, se observa que no obra glosada a este juicio de amparo la constancia postal que acredite que la autoridad responsable Jueza de Primera Instancia de Control y Enjuiciamiento Penal de la Región Centro Norte con sede en Angostura Sinaloa, se encuentre notificada respecto al oficio ********************, mediante el cual se le solicitó informara a este Juzgado de Distrito el estado procesal que guardan las notificaciones ordenadas por su conducto en auto de veintinueve de septiembre de dos mil veintitrés, en la que se encomendó notificar al quejoso ******************** quien se encuentre interno en el Centro Penitenciario de la Región del Évora con sede en Angostura Sinaloa, el oficio y documentales allegadas inherentes al cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Asimismo, mediante el cual se ordenó notificar por su conducto, el proveído de dos de junio y veintinueve de septiembre ambos de dos mil veintitrés, y correrle traslado con el escrito de uno de junio de dos mil veintitrés suscrito por el quejoso ******************** mediante el cual solicitó revocar el nombramiento de sus autorizados legales y señaló nuevos, y se ordenó requerirlo a fin de que manifestara si ratificaba la firma que calza el escrito presentado en este Juzgado de Distrito. En consecuencia, REQUIERASE mediante oficio vía estafeta y vía correo electrónico a la dirección jcep.cnp@stj-sin.gob.mx, para que en el término de veinticuatro horas, contado a partir de la recepción del oficio en el que se le informe el presente acuerdo, comunique a este Juzgado Federal si recibió o no el referido oficio y, en caso afirmativo, informe el estado procesal que guardan dichas notificaciones, o en su caso, el impedimento que para ello tuviere.

  4. Principal

    Auto. Los Mochis, Sinaloa, diecisiete de octubre de dos mil veintitrés. Visto el oficio de cuenta suscrito por la Jueza de Primera Instancia de Control y Enjuiciamiento Penal de la Región Centro Norte con sede en Angostura Sinaloa, mediante el cual informa y hace del conocimiento que el veinticinco de septiembre de dos mil veintitrés se decretó la acumulación de la causa penal ********************a la diversa ********************22, de su índice, instruida en contra del aquí quejoso ********************; agréguese a los autos para que surta sus efectos legales conducentes. Por otra parte visto el estado procesal que guardan los autos, se observa que en auto de veintinueve de septiembre de dos mil veintitrés se ordenó notificar por conducto de la autoridad responsable Juez de Primera Instancia de Control y de Enjuiciamiento Penal con sede en Angostura Sinaloa, al quejoso ********************, quien se encuentra interno en el Centro Penitenciario de la Región del Évora con sede en Angostura Sinaloa, el auto de veintisiete de septiembre de dos mil veintitrés, así como el oficio y documentales allegadas por la citada autoridad inherentes al cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Asimismo, se observa que se encomendó a la citada autoridad responsable, notificar al quejoso también el proveído de dos junio de dos mil veintitrés y el escrito de uno de junio de dos mil veintitrés, mediante el cual solicitó revocar el nombramiento de sus autorizados legales y señala nuevos y requerirlo a fin de que manifestara si ratificaba la firma que calza dicho escrito. En atención a ello, solicitese mediante oficio VÍA ESTAFETA, a la autoridad responsable Juez de Primera Instancia de Control y Enjuiciamiento Penal del Poder Judicial del Estado de Sinaloa Región Centro Norte con sede en Angostura, para que dentro del término de tres días informe el estado en el que se encuentran dichas notificaciones.

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