Juan Manuel Rodriguez Padilla
Expediente 1630/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 4 actuaciones registradas, la última del 11 de octubre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1630/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 11/10/2019
Partes del expediente
- Juan Manuel Rodriguez Padilla
Actuaciones
- Principal
se declara que la sentencia dictada el diecisiete de septiembre del año en curso, en la que se decretó el sobreseimiento del presente asunto ha causado ejecutoria para todos los efectos de ley. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo y notificado que sea el presente acuerdo, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente asunto por estar concluido. Por otra parte; tomando en consideración que se decretó el sobreseimiento en el juicio, se considera susceptible de destrucción. Asimismo, este asunto se considera no relevante.
- Principal
Visto el pedimento que suscribe la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este órgano jurisdiccional, mediante el cual aduce diversas manifestaciones mismas que se tienen por hechas; por lo que respecta a las copias que solicita, dígasele que no ha lugar a proveer de conformidad.
- Principal
POR ESTE MEDIO SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA EL ACUERDO DEFECHA SIETE DE AGOSTO DEL DOS MIL DIEICNUEVE QUE A LA LETRA INDICA : Agréguese a los presentes autos para que obre como corresponda, el escrito que suscribe el autorizado de la parte quejosa, mediante el cual solicita se aperture incidente innominado a efecto de que las responsables cumplan con la ejecutoria de amparo; en consecuencia y con fundamento en los artículos 66, 67, 193 cuarto párrafo y 205 último párrafo de la Ley de Amparo, y a fin de estar en posibilidad de cumplimentar la ejecutoria de amparo, tramítese incidente innominado, dése vista a las partes para que en el término de tres días contados a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, aleguen lo que a su derecho corresponda, y ofrezcan las pruebas de su intención, con el propósito de precisar la cuantía o monto de la cantidad que, en su caso, deba entregarse al quejoso, con motivo de la indemnización constitucional así como las prestaciones a que tenga derecho. Tiene aplicación al respecto, la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, número 2a. CLXXVI/2002, publicada en la página 279, Tomo XII, Diciembre de 2002, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta que dice: "INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. LA TRAMITACIÓN DE UN INCIDENTE INNOMINADO CON EL FIN DE PRECISAR EL ALCANCE MATERIAL Y CONCRETO DEL FALLO CONSTITUCIONAL, SIN DETERMINAR EL MONTO DE LA CANTIDAD ADEUDADA AL QUEJOSO, ES INSUFICIENTE PARA QUE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN SE PRONUNCIE SOBRE EL INCUMPLIMIENTO PLANTEADO. El hecho de que el Juez de Distrito haya tramitado y resuelto un incidente innominado, con el propósito de precisar el alcance material y concreto del fallo constitucional, pero sin determinar el monto de la cantidad que debía entregarse al quejoso, a fin de restituirlo en el goce de las garantías individuales violadas, no es suficiente para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación haga el pronunciamiento correspondiente en el incidente de inejecución de sentencia respecto al incumplimiento planteado y a la procedencia o improcedencia de las sanciones respectivas, toda vez que, en dicho incidente innominado, las partes debieron aportar prueba de sus pretensiones respecto a la cuantía de lo que debía cubrirse, es decir, precisar los elementos económicos indispensables para determinar el pago a realizar, incluso, mediante una prueba pericial idónea que permitiera estimarlos". Finalmente, toda vez que la parte quejosa solicitó al Ayuntamiento responsable diversas constancias que considera necesarias a efecto de que este órgano este en aptitud de resolver el incidente innominado propuesto: con fundamento en los artículos 121 de la Ley de Amparo y 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, requiérase al Ayuntamiento Constitucional de Tequila, Jalisco, para que dentro del término de tres días contados a partir del en que quede debidamente notificado de este acuerdo, remitan a este Juzgado de Distrito, copias certificadas de las constancias solicitadas por la quejosa, en el escrito presentado a través de la Plataforma Nacional de Transparencia Jalisco el cinco de agosto de dos mil diecinueve, toda vez que las mismas resultan necesarias para resolver el multicitado incidente; apercibido que de no hacerlo, se le impondrá una multa de cincuenta días el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización al momento de cometerse el incumplimiento, con apoyo de conformidad con lo establecido en los artículos 237, fracción I y 254 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo tercero transitorio del Decreto de reformas Constitucionales publicada el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en relación con los párrafos sexto y séptimo del Apartado B del artículo 26 Constitucional en materia de desindexación. Para un mejor entendimiento y el debido cumplimiento del requerimiento anterior, remítansele al Ayuntamiento en cita copia del escrito antes citado. Tiene sustento la tesis VII, de los Tribunales Colegiados de Distrito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Junio de 1991, página 243, que dispone: "COPIAS PARA EL AMPARO. PROCEDE EXPEDIRLAS CUANDO SE REQUIEREN OPORTUNAMENTE. Si bien es verdad que el artículo 152 de la Ley de Amparo, establece la obligación que tienen las autoridades para expedir los documentos que les pidan las partes en el juicio constitucional con el fin de ofrecerlos como pruebas, no deja de ser menos cierto que esa solicitud debe hacerse oportunamente, lo que se deduce del hecho de que el mismo precepto previene que "los funcionarios o autoridades tienen obligación de expedir con toda oportunidad a aquéllas las copias y documentos que soliciten", y es obvio que para que tales autoridades puedan cumplir con esa obligación de expedir los documentos "con toda oportunidad", la petición debe hacerse oportunamente, o sea, con la anticipación necesaria a la fecha fijada para la celebración de la audiencia constitucional."
- Principal
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