Juan Manuel Rodríguez Loya
Expediente 870/2023 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 5 actuaciones registradas, la última del 16 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 870/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 16/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Juan Manuel Rodríguez Loya
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; dieciséis de noviembre de dos mil veintitrés. Primero, atento a lo establecido en el artículo 3, fracciones III y XII, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se hace saber a las partes, que la documentación recibida por vía electrónica o generada electrónicamente constará únicamente en el expediente electrónico, sin que deba imprimirse ni agregarse al expediente impreso; así como en caso de que una actuación deba imprimirse para efectos de practicar una notificación, la evidencia criptográfica de la firma respectiva será suficiente, sin necesidad de certificación alguna. Del mismo modo, los expedientes físicos servirán únicamente como referencia de los documentos recibidos físicamente, en el entendido de que serán los expedientes electrónicos los que tengan validez para consulta de las partes como para efectos de todos los procesos de estadística, visitas, vigilancia y demás trámites y procesos ante el Consejo de la Judicatura Federal. Al respecto, las constancias integradas en los expedientes físicos tendrán validez respecto de las constancias recibidas por esa vía, a pesar de que no integren la totalidad de las constancias del expediente electrónico. Vista la certificación de cuenta se advierte que ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que las partes en el presente juicio interpusieran recurso de revisión, contra la sentencia dictada en este asunto, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto; por tanto, se declara que la citada resolución ha causado estado. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en su oportunidad archívese el presente expediente. Ya que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia. Luego, atento a la certificación de cuenta, el expediente es susceptible de destrucción, conforme lo establece el numeral 20, fracción I, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, al haberse sobreseído. De este modo, atento a que la Dirección General de Archivo y Documentación determinó que aquellos expedientes que se encuentren bajo resguardo de los órganos jurisdiccionales y que actualmente cuenten con más de tres años de haberse acordado su archivo como asunto concluido, en términos del punto vigésimo primero de cualquiera de los Acuerdos Generales Conjuntos de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los órganos jurisdiccionales, será el propio órgano el encargado de realizar las actividades de depuración o destrucción, según corresponda, toda vez que han alcanzado la temporalidad que estipula dicho numeral para ejecutar su valoración documental. Por tanto, una vez concluido el plazo de tres años, este órgano jurisdiccional deberá destruir el presente expediente, lo cual, deberá constar en el acuerdo de desincorporación. Asimismo, se califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales tal como se indica en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el numeral 110 del ordenamiento legal invocado. Y, las partes no entregaron información con carácter de confidencial en el presente expediente, en términos de lo que dispone el ordinal 113 de la legislación en comento. Notifíquese por lista electrónica, por oficio a la autoridad responsable. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada Claudia López López, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada Reyna Jazmín Valenzuela Martínez. Doy fe.
- Principal
Sentencia Ciudad Juárez, Chihuahua; dieciséis de octubre de dos mil veintitrés. Vistos para resolver los autos del juicio de amparo ***/2023-II. Resultando Primero. Presentación de la demanda. El doce de septiembre de dos mil veintitrés, se recibió en el buzón de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, con sede en esta localidad, la demanda promovida por ****, la cual fue turnada el mismo día a este Juzgado, en ella, se demandó el amparo y la protección de la Justicia Federal en contra de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta localidad. Segundo. Derechos constitucionales que la parte quejosa estimó violentados. La parte quejosa señaló como derechos vulnerados los contenidos en los artículos 1, 8, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Tercero. Tramitación de la demanda. Mediante auto de trece de septiembre de dos mil veintitrés, se admitió a trámite la demanda, se registró bajo el consecutivo 870/2023-II, se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado, se dio la intervención legal que le compete al agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción y, se señalaron día y hora para la celebración de la audiencia constitucional. Seguido el trámite del juicio, se desahogó la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede, quedando los autos en estado de resolución. Considerando Primero. Competencia. Este Juzgado de Distrito es legalmente competente por razón de materia, grado y territorio, para resolver el presente juicio de amparo, conforme a lo dispuesto en los artículos 94, 103, fracción I y 107, fracciones I y VII, de la Constitución Federal, 33, fracción IV, 35 y 37, párrafo primero y 107 fracción II, de la Ley de Amparo, 48, 144 y 145 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Segundo. Precisión del acto reclamado. En cumplimiento al artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo se procede a realizar la fijación de los actos reclamados, por lo que, del análisis de la demanda de amparo así como de las constancias que informan el juicio, se desprende que el promovente reclama de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta localidad, el retardo en el juicio laboral 2/19/2553, de su índice, al ser omisa en pronunciar el laudo correspondiente, a pesar de haber cerrado instrucción desde el veintidós de marzo de dos mil veintitrés. Tercero. Existencia del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado a Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, toda vez que así fue manifestado en su informe justificado. Cobra aplicación, por los motivos que informa, la jurisprudencia 278 sustentada por el Tribunal Pleno de la Honorable Suprema Corte de Justicia de la Nación consultable en la página 231, tomo VI, Común, Quinta Época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 2000, con registro 917812, que establece: INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto. Cuarto. Improcedencia. Es pertinente señalar que la improcedencia del amparo es una institución por virtud de la cual existe un impedimento para establecer si el acto reclamado por la quejosa es constitucional o no. Es decir, la improcedencia va a motivar que el juzgador federal no dirima la controversia constitucional ante él planteada, por exigirlo así alguna de las causas que conforman a la misma institución, ya que ésta se encuentra constituida por una serie de hipótesis normativas debidamente descritas por la Constitución, la Ley de Amparo y la jurisprudencia emitida por nuestro Más Alto Tribunal, la que se analiza en forma profunda de acuerdo con el texto del artículo 62 de la ley en cita. Consecuentemente, este órgano jurisdiccional federal, previo estudio del fondo de la constitucionalidad del acto reclamado, se inclina, por ser una cuestión de orden público, a profundizar sobre la causa de improcedencia que se estima actualizada. Es aplicable la jurisprudencia 158, emitida por el Pleno del Máximo Tribunal del País visible en la página 262, parte VIII, Quinta Época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, de mil novecientos ochenta y cinco, registro *****, que establece: IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías. En el particular, esta juzgadora federal estima que se actualiza la causa de improcedencia contenida en el normativo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que estatuye lo siguiente: 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.) Luego, a fin de establecer los alcances de la cesación de efectos es oportuno citar el contenido del artículo 71 de la Ley de Amparo, en que se establece lo siguiente: 77. Los efectos de la concesión del amparo serán: I. Cuando el acto reclamado sea de carácter positivo se restituirá al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; y II. Cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija. (.) De los preceptos legales transcritos, se advierte que para considerar que el juicio de amparo es improcedente por cesación de efectos del acto -omisivo- reclamado, se requiere la concurrencia de los siguientes elementos: 1. Que por virtud de mandamiento de la autoridad responsable o por cualquier otra circunstancia se deje sin efecto el acto -omisivo- reclamado; 2. Que se hayan destruido todos los efectos del acto reclamado en forma total e incondicional; 3. Que las cosas vuelvan al estado que guardaban antes de la violación constitucional, como si se hubiese otorgado el amparo; y, 4. Que no se hayan causado consecuencias con la ejecución total o parcial del acto reclamado, que deban ser analizadas en la sentencia constitucional, a pesar de que se haya derogado o revocado el acto reclamado. Así lo consideró la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al emitir la jurisprudencia 59/99 publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su gaceta, tomo IX, junio de mil novecientos noventa y nueve, Novena Época, consultable en la página 38, cuyo rubro y texto se insertan a continuación: CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje allí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Al respecto, cabe señalar que la expresión "cesación de los efectos del acto reclamado" implica la imposibilidad de analizar la constitucionalidad de este, por haber desaparecido lo que originó el juicio de amparo y, con ello, la afectación en la esfera jurídica del quejoso. Precisado lo anterior, como se destacó en supra líneas el quejoso, Juan Manuel Rodríguez Loya, acudió a esta instancia el doce de septiembre de dos mil veintitrés, reclamando de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, la omisión de emitir el laudo en el juicio laboral */**/2553, dentro de los términos que para ello señala la Ley Federal del Trabajo. Ahora, de la constancia que anexó la autoridad responsable oficiante a su informe con justificación de cuenta, se advierte que el veinte de septiembre del presente año, dictó el laudo correspondiente dentro del juicio laboral */**/2553, de su índice, en el cual determinó absolver a la parte demandada, respecto de las prestaciones que reclamó la parte actora, aquí quejosa. A la documental que remite la responsable, se le reconoce valor probatorio pleno en términos de lo dispuesto por los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia. Por tanto, si la responsable el veinte de septiembre de dos mil veintitrés, pronunció el laudo que ante esta instancia le era exigido; es indudable que cesaron los efectos del acto reclamado al haber surgido una situación jurídica que definitivamente destruyó la que le dio motivo al amparo, reponiendo al quejoso en el goce de la garantía violada, es decir, volviendo a las cosas al estado que guardaban. Lo anterior, porque el efecto de una sentencia en la que se concediera la protección constitucional tendría por efecto precisamente el obligar a la Junta responsable en términos de lo dispuesto por el artículo 17 Constitucional, a actuar en los términos de la ley de la materia, y dictar el laudo correspondiente dentro de los autos del juicio 2/19/2553; lo cual finalmente ocurrió debido a la actuación de la Junta responsable. Es aplicable al caso, la tesis aislada P.CL/97, que sostuvo el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 71, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo VI, noviembre de mil novecientos noventa y siete, Novena Época, con registro 197367, que es del tenor literal: ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad. En tales condiciones, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el presente juicio de amparo, con apoyo en el artículo 63, fracción V, del ordenamiento legal invocado. Corrobora lo anterior, la tesis de jurisprudencia 9/98, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 210, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VII, correspondiente al mes de febrero de mil novecientos noventa y ocho, con registro 196820, que a la letra dice: SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo. En mérito de lo antes expuesto y con fundamento en los artículos 103 y 107 Constitucionales, los ordinales 61, fracción XXI, 63, fracción V, 73, 74, 76, 107, fracción V, y 217 de la Ley de Amparo, se resuelve: Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 61, fracción XII, 62, 63, fracciones IV y V, 64, 65, 73, 74, 75 y demás relativos de la Ley de Amparo, se resuelve: Único. Se sobresee en el juicio de amparo ***/2023-II, promovido por **** Notifíquese por lista electrónica y por oficio a la autoridad responsable. Lo resolvió y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada Claudia López López, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada Reyna Jazmín Valenzuela Martínez. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua, nueve de octubre de dos mil veintitrés. Informe justificado Agréguese a los autos el informe justificado rendido por el Presidente de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad; como dispone el artículo 117 de la Ley de Amparo, con el contenido del informe en mención, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés jurídico convenga. Lo anterior, considérese en la celebración de la audiencia constitucional, de conformidad con el numeral 124 de la legislación en cita. Notifíquese por lista electrónica. Lo proveyó y firma la Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada Claudia López López, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada Reyna Jazmín Valenzuela Martínez. Doy fe. JJH
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; diecinueve de septiembre de dos mil veintitrés. Alegatos Agréguese a los autos el escrito presentado por el agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, para que conste como legalmente corresponda. Respecto a los alegatos que formula, los mismos se tienen por reproducidos; sin perjuicio de hacer relación de ellos en la audiencia constitucional, en términos del numeral 124 de la Ley de Amparo. Solicitud de copia En cuanto a la copia certificada que solicita, dígasele que se esté a lo acordado en el auto admisorio, pues en él se autorizó la expedición de copias a las partes, sin necesidad de solicitarlo por escrito. Notifíquese por lista electrónica. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada Claudia López López, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada Reyna Jazmín Valenzuela Martínez. Doy fe.
Quedan 1 actuación en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua · 7,505 expedientes
- Juan Manuel Martinez Ortiz725/2014
- Juan Manuel Padilla Cerda827/2021
- Juan Manuel Parra Murillo76/2018
- Juan Manuel Puentes Barrón668/2016
- Juan Manuel Reyes Rivas157/2023
- Juan Manuel Rodríguez Duron680/2015
- Juan Manuel Rodríguez Loya981/2022
- Juan Manuel Rojas223/2016
- Juan Manuel Ruelas Leyva618/2023
- Juan Manuel Sánchez Ávila22/2023
- Juan Manuel Vaca Ordoñez748/2014
- Juan Manuel Varela García753/2015