Juan Manuel Rodriguez Guzman
Expediente 873/2020 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 12 actuaciones registradas, la última del 15 de diciembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 873/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 12
- Última actuación
- 15/12/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Juan Manuel Rodriguez Guzman
Actuaciones
Las 4 más recientes de 12.
- Principal
Ciudad de México, quince de diciembre de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, y toda vez que el que suscribe, fue adscrito como titular de este órgano jurisdiccional, a partir del dieciséis de noviembre del año en curso, de conformidad con el oficio SEADS/1104/2021 de veintiocho de octubre de dos mil veintiuno, signado por Sergio Aldo Lamas Torres, Encargado del Despacho de la Secretaría Ejecutiva de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal. En virtud de lo anterior, hágase del conocimiento de las partes la presente determinación para los efectos legales a que haya lugar. Por otra parte, en atención a la certificación que antecede, de la que se advierte que feneció el plazo para que la parte quejosa, que es a quien pudiera causar perjuicio, interpusiera recurso de revisión en contra de la resolución emitida por este Juzgado Federal el veintidós de noviembre de dos mil veintiuno, en la que se determinó lo siguiente: "ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo". En consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicha resolución ha causado estado. En esas condiciones, previas las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, archívese el presente juicio como asunto total y definitivamente concluido. En acatamiento a lo ordenado por los artículos 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se instruye lo siguiente: 1. Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis del capítulo octavo, artículo 21, inciso a), del citado Acuerdo General, al ser un juicio de amparo donde se sobreseyó; hecho que deberá realizarse en un plazo de treinta días, contado después de tres años, como lo dispone el artículo 21, penúltimo párrafo del citado Acuerdo General. Notifíquese.
- Principal
Ciudad de México, veintidós de noviembre de dos mil veintiuno Visto para resolver en el juicio de amparo 873/2020, promovido por Juan Manuel Rodríguez Guzmán, en contra del acto del Secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México y otras autoridades; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante escrito presentado en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, el treinta y uno de agosto de dos mil veinte, turnado este Juzgado de Distrito el mismo día, Juan Manuel Rodríguez Guzmán solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra las autoridades y actos que a continuación se señalan: "AUTORIDADES RESPONSABLES: Las autoridades responsables en el presente asunto son las siguientes: 1. Secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. 2. Director General de Carrera Policial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. 3. Oficial Mayor de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. ACTO RECLAMADO: 1. De la autoridad marcada con el numeral 1 se reclama lo siguiente: La emisión de la convocatoria denominada "Baja voluntaria del Servicio 2020", vigente a partir del día 10 de agosto de 2020. 2. De las autoridades marcadas con los numerales 2 y 3 se reclama lo siguiente: La aplicación de la convocatoria denominada "Baja Voluntaria del Servicio 2020", vigente a partir del 10 de agosto de 2020." SEGUNDO. Derechos fundamentales. La parte quejosa señaló que no existen terceros interesados; narró los hechos que constituyen los antecedentes de los actos reclamados; señaló como derechos violados los protegidos por el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, formuló los conceptos de violación que estimó conducentes. TERCERO. Desechamiento de demanda. Por acuerdo de tres de septiembre de dos mil veinte, entre otros puntos, este órgano jurisdiccional registró la demanda de amparo bajo el expediente 873/2020; sin embargo, se desechó al considerar que se actualizaba la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1, fracción I y 5, fracción II, todos de la Ley de Amparo; puesto que los actos reclamados no constituían propiamente actos de autoridad para efectos del juicio de amparo; y, por ende, el amparo indirecto no se consideraba la vía idónea para resolver controversias surgidas entre los miembros de las instituciones policiales y las dependencias para las que presten sus servicios, cuando dichas controversias surgieron únicamente con motivo del desarrollo de esos servicios y no se vincularon con la suspensión del servicio activo, remoción, cese o baja (fojas 20 a 28). CUARTO. Queja. Inconforme con la anterior determinación, por escrito presentado el diecisiete de septiembre de dos mil veinte, la parte quejosa interpuso queja; por cuestión de turno correspondió al Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito conocer del recurso, registrado bajo el expediente Q.A. 138/2020, de su índice. QUINTO. Suspensión de funciones jurisdiccionales en los órganos del Poder Judicial de la Federación en el Primer Circuito. En atención al incremento en los contagios por virus COVID-19, en los órganos jurisdiccionales del Primer Circuito, con residencia en la Ciudad México, en sesión de cuatro de diciembre de dos mil veinte, la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal aprobó el punto de acuerdo relativo a la "Propuesta de medidas en relación con contagios de la enfermedad COVID-19 en los órganos jurisdiccionales del Primer Circuito, con residencia en la Ciudad de México", contenida en la circular SECNO/029/2020; luego, dichas medidas se prorrogaron a través de las diversas SECNO/1/2021, SECNO/4/2021, SECNO/6/2021 y SECNO/9/2021, todas de la Secretaría de Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos, por el periodo de cinco de diciembre de dos mil veinte al diecisiete de febrero de dos mil veintiuno. Dichas medidas, consistieron en regresar al esquema de contingencia previsto en el artículo 1°, fracciones I, II, III y IV del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19. SEXTO. Reanudación de plazos y términos procedimiento. En sesión de trece de febrero de dos mil veintiuno, dada la modificación en la situación de contagios por Covid-19 en el país, la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal, a través de la Circular SECNO/10/2021, entre otros puntos, estableció medidas especiales para la reanudación de plazos y términos, en los órganos jurisdiccionales del Primer Circuito, con residencia en la Ciudad de México, en términos del esquema previsto en el Acuerdo General 21/2020, cuya vigencia fue ampliada por los diversos Acuerdos Generales 25/2020 y 37/2020. En términos de lo anterior, en sesión remota de once de marzo de dos mil veintiuno, el tribunal de alzada declaró fundado el recurso de queja, bajo las siguientes consideraciones (fojas 53 a 75): "(.) Ahora bien, en el caso, es necesario determinar si la Secretaría de Seguridad Ciudad de la Ciudad de México al emitir la convocatoria "Baja Voluntaria del Servicio 2020", en términos del Acuerdo 48/2016 por el que se emiten los lineamientos para la implementación del programa de Baja Voluntaria del Servicio para el Personal Operativo en Activo de la Policía Preventiva de la Ciudad de México, en la que se establecen los requisitos, documentación necesaria, los beneficios y efectos para participar como candidato o candidata en el programa, fue con el carácter de autoridad para efectos del amparo. Así como el carácter que asiste a la Directora General de Carrera Policial de la Subsecretaría de Desarrollo Institucional de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, al emitir el oficio SSC/SDI/DGCP/02928/2020, de doce de agosto de dos mil veinte, por el que se informó al quejoso no cumplir con los requisitos para poder participar en el programa "Baja Voluntaria del Servicio 2020". Sin embargo, para determinar si las autoridades señaladas como responsables pueden tener o no tal carácter en el juicio de amparo, es necesario hacer un estudio minucioso del carácter con que actúa al emitir la convocatoria "Baja Voluntaria del Servicio 2020", en la que se establecen los requisitos para poder acceder al programa y los beneficios que se otorgan, tales como un pago extraordinario en consideración de servicio y el nivel de remuneraciones asignadas, el monto a obtener y los efectos. En ese sentido, resulta indispensable analizar de manera detallada el tipo de relación que se entabla entre el quejoso y la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, cuando ésta emite reglas de carácter general en cuanto a los requisitos para causar baja voluntaria del servicio, lo cual no es procedente al momento analizar preliminarmente la demanda de amparo. Pues incluso, es importante destacar que es indispensable analizar la naturaleza de la relación existente entre el quejoso y las autoridades responsables de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, en atención al régimen excepcional que prevé el artículo 123, apartado B, fracción XIII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Máxime que el Pleno de Circuito al que pertenece este órgano jurisdiccional, así como el juzgado de origen, en la Contradicción de Tesis 32/2017, determinó que la relación que une al Estado con los militares, marinos, personal del servicio exterior, agentes del Ministerio Público, peritos y los miembros de las instituciones policiales, es de naturaleza administrativa, cuyos nombramientos deben entenderse como "actos condición", y con ello una relación de supra a subordinación; por ende, cuando los agentes del Ministerio Público y los agentes de la Policía de Investigación formulen cualquier solicitud a la dependencia para la que prestan sus servicios, ante la omisión de ésta de responder, se genera un acto de autoridad susceptible de impugnarse en el juicio de amparo indirecto, por violación al artículo 8o. constitucional. Criterio reflejado en la tesis de jurisprudencia PC.I.A. J/130 A (10a.), localizable en la Décima Época, con número de registro 2018179, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 59, octubre de 2018, Tomo II, página 1676, cuyo contenido es: (.) Entonces, también resulta necesario analizar si las consideraciones que dieron origen a esta tesis de jurisprudencia pueden ser aplicadas de forma analógica para determinar si los actos reclamados de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México tienen el carácter de autoridad para efectos del juicio de amparo. Por ende, como se ha informado, en el auto de admisión el Juez de Distrito no está en posibilidad jurídica ni material de precisar si el acto reclamado, consistente en la convocatoria "Baja Voluntaria del Servicio 2020" y el acto de aplicación, proviene o no de una autoridad para efectos del juicio de amparo, ya que en esa etapa del procedimiento únicamente constan en el expediente los argumentos plasmados en el escrito inicial de demanda y las pruebas que se acompañen a ésta. Por tanto, el juzgador federal no está en aptitud para desechar la demanda de amparo bajo el argumento de que se actualiza un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, ya que en esa etapa no es evidente, claro y fehaciente, pues se requerirá hacer un análisis profundo para determinar su improcedencia, estudio propio de la sentencia definitiva, razón por la cual debe admitir la demanda de amparo, sin perjuicio de que en el transcurso del procedimiento lleve a efecto el análisis exhaustivo de esos supuestos. (.)." SÉPTIMO. Admisión de demanda. En proveído de seis de abril de dos mil veintiuno, se admitió a trámite la demanda propuesta, se requirió a las autoridades responsables su informe justificado, se dio la intervención que compete al ahora Fiscal ejecutivo titular adscrito a este Juzgado; y, se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional. OCTAVO. Audiencia constitucional. Seguida la secuela procesal, la audiencia constitucional se celebró el nueve de noviembre de dos mil veintiuno, en términos del acta que antecede y concluye con el dictado de la sentencia; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, con apoyo en los artículos 103, fracción I y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, fracción I, 33, fracción IV, 35 y 37, párrafo primero, de la Ley de Amparo; 52, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como los puntos primero, fracción I, segundo, fracción I, numeral 3, y cuarto, fracción I, del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; toda vez que se reclama una resolución de naturaleza administrativa que tiene ejecución en el territorio en el que este órgano ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Adscripción. Toda vez que el que suscribe fue adscrito como titular de este órgano jurisdiccional a partir del dieciséis de noviembre del año en curso, de conformidad con el oficio SEADS/1104/2021 de veintiocho de octubre de dos mil veintiuno, signado por Sergio Aldo Lamas Torres, Encargado del Despacho de la Secretaría Ejecutiva de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal. En virtud de lo anterior, hágase lo anterior del conocimiento de las partes la presente determinación para los efectos legales a que haya lugar. TERCERO. Precisión del acto reclamado. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, la sentencia debe contener la fijación clara y precisa del acto reclamado. Del análisis integral de la demanda de amparo, así como de la totalidad de las constancias que obran en el expediente, se desprende que la parte quejosa reclama: Del Secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México: La convocatoria "Baja voluntaria del servicio 2020" del Servicio de la Policía Preventiva de la Ciudad de México, para el ejercicio fiscal dos mil veinte. Del Oficial Mayor y de la Directora General de Carrera Policial, ambos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México: El oficio SSC/SDI/DGCP/02928/2020, de doce de agosto de dos mil veinte, a través del cual se atendió a su petición de diez de agosto de ese año, para informarle que no cumplía con los requisitos para participar en el programa de "Baja voluntaria del servicio 2020" del Servicio de la Policía Preventiva de la Ciudad de México, para el ejercicio fiscal dos mil veinte. CUARTO. Inexistencia del acto reclamado. No es cierto el acto que se atribuye al Oficial Mayor de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, consistente en el oficio SSC/SDI/DGCP/02928/2020, de doce de agosto de dos mil veinte, por el que se informó al quejoso que no cumplía con los requisitos para participar en el programa de "Baja voluntaria del servicio 2020" del Servicio de la Policía Preventiva de la Ciudad de México, toda vez que así lo reconoció al rendir su informe justificado, sin que la parte quejosa lo controvirtiera con medio probatorio alguno. Corroboran lo anterior, las documentales que acompañó al referido informe, de las que destaca el oficio SSC/SDI/DGCP/02928/2020, de doce de agosto de dos mil veinte, que efectivamente fue una diversa autoridad la que emitió dicha determinación combatida. Documentales con valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. En ese orden de ideas, ante la inexistencia del acto atribuido a la autoridad citada en este apartado, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer en el juicio de amparo, por lo que dicha autoridad se refiere. QUINTO. Existencia de los actos reclamados. Es cierto el acto atribuido al Secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, consistente en la convocatoria "Baja voluntaria del servicio 2020" del Servicio de la Policía Preventiva de la Ciudad de México, no obstante que no lo haya aceptado expresamente al rendir informe justificado. Se dice lo anterior pues destaca de las documentales que acompañaron a su informe justificado, que en efecto fue dicha autoridad quien emitió la convocatoria "Baja voluntaria del servicio 2020" del Servicio de la Policía Preventiva de la Ciudad de México; tal como se advierte de la publicación en la página de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, localizable en la siguiente liga https://www.ssc.cdmx.gob.mx/storage/app/media/Documentos/Organizacion%20policial/Desarrollo%20institucional/Convocatoria%20Baja%20Voluntaria.pdf . Lo que se invoca como hecho notorio, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Por otro lado, también es cierto el acto atribuido a la Directora General de Carrera Policial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, consistente en el oficio SSC/SDI/DGCP/02928/2020, de doce de agosto de dos mil veinte, por el que se informó al aquí quejoso que no cumplía con los requisitos para participar en la convocatoria "Baja voluntaria del servicio 2020" del Servicio de la Policía Preventiva de la Ciudad de México, pues así lo manifestó al rendir informe justificado. Lo que se refuerza con la documental relacionada previamente, consistente en el referido oficio oficio SSC/SDI/DGCP/02928/2020, de doce de agosto de dos mil veinte, signado por la Directora General de Carrera Policial, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, notificado al aquí quejoso trece de agosto de dos mil veinte. Prueba documental valorada previamente. SEXTO. Antecedentes. Para mejor comprensión del asunto, resulta conveniente narrar los antecedentes relevantes del caso, cuyo valor probatorio ya se determinó con antelación. 1. El quejoso Juan Manuel Rodríguez Guzmán, se desempeñaba como suboficial en la Dirección de Armamento de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. 2. El ocho de agosto de dos mil dieciséis se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el Acuerdo 48/2016 por el que se emitieron los Lineamientos para la Implementación del Programa de Baja Voluntaria del Servicio para el Personal Operativo en Activo de la Policía Preventiva de la Ciudad de México. A través de dicho acuerdo se establecieron los requisitos para que el personal activo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México pudiera tener acceso a los beneficios del programa de retiro voluntario en los años en que la convocatoria correspondiente fuera lanzada. 3. El diecisiete de febrero de dos mil veinte, el aquí quejoso solicitó licencia prejubilatoria, a fin de separarse de manera voluntaria del servicio activo en la dependencia en comento y de esta manera llevar a cabo trámites para completar el proceso de separación del servicio (foja 126). Por lo que el veintitrés de abril del mismo año, se expidió a su favor el aviso de licencia con efectos del dieciséis de marzo al quince de junio de dos veinte, de la que le fue entregada copia el diecisiete de junio siguiente (foja128). 4. El diez de agosto de dos mil veinte se publicó en el portal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México la convocatoria "Baja voluntaria del servicio 2020" del Servicio de la Policía Preventiva de la Ciudad de México para el ejercicio dos mil veinte (foja 123). 5. El doce de agosto de dos mil veinte derivado de una petición previa por el quejoso, la Directora General de Carrera Policial de la Secretaria de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, emitió el oficio SSC/SDI/DGCP/02928/2020, a través del cual le informó que no podría participar en la convocatoria previamente mencionada por contar con licencia prejubilatoria, mismo que le fue notificado el trece de agosto siguiente (fojas 114 a 116). 6. El veinte de agosto de dos mil veinte, le fue notificado al quejoso el aviso de baja de diecisiete de junio de dos mil veinte, con efectos al quince del mismo mes y año, con motivo de su jubilación del servicio activo, "en atención al oficio SSC/OM/DGAP/DPPL/1583/2020, por el que solicitó el trámite de licencia por jubilación en consideración a la solicitud del interesado". SÉPTIMO. Improcedencia y sobreseimiento. Previamente al estudio de constitucionalidad del acto reclamado, procede el análisis de las causas de improcedencia, toda vez son de estudio oficioso y preferente a cualquier otra cuestión planteada, conforme al artículo 62 de la Ley de Amparo. En el caso, este juzgador advierte se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXII, en relación con el diverso 63, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, ya que si bien subsiste el acto reclamado (primer acto de aplicación de la norma combatida), no puede surtir efecto legal o material alguno, por haber dejado de existir su objeto, derivado de que el quejoso completó su procedimiento de baja por jubilación, formalizado con el aviso de baja de diecisiete de junio de dos mil veinte, notificado el veinte de agosto siguiente. El citado artículo establece: "61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXII. Cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo;(.)". En el precepto reproducido se establecen causas de improcedencia expresas, es decir, en él se señalan supuestos específicos en los cuales resulta improcedente el juicio de amparo. En su fracción XXII, se prevé dicha improcedencia cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir en el objeto o la materia del mismo. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que se surte esta causa de improcedencia cuando los efectos del acto de autoridad impugnado no se han concretado ni se concretarán en la esfera jurídica del quejoso, en virtud de la modificación del entorno en el cual se emitió, por lo que en caso de concluirse que el mismo es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituirlo en el goce del derecho que se estime violado, lo que generalmente sucede cuando la situación jurídica que surgió con motivo del respectivo acto de autoridad, aun cuando éste subsiste, se modifica sin dejar alguna huella en la esfera jurídica del gobernado susceptible de reparación, lo que impide que ese preciso acto y sus efectos trasciendan a este último y que, por ende, el fallo protector cumpla con su finalidad. Al respecto, resulta aplicable la jurisprudencia 2a./J. 181/2006, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que lleva por rubro: "ACTO RECLAMADO QUE FORMALMENTE SUBSISTE PERO CUYO OBJETO O MATERIA DEJÓ DE EXISTIR. LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA ESTABLECIDA EN LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO SE ACTUALIZA CUANDO LOS EFECTOS DE AQUÉL NO HAN AFECTADO LA ESFERA JURÍDICA DEL QUEJOSO Y SE MODIFICA EL ENTORNO EN EL CUAL FUE EMITIDO, DE MODO QUE LA PROTECCIÓN QUE EN SU CASO SE CONCEDIERA CARECERÍA DE EFECTOS". Como se dijo anteriormente, el quejoso reclama el oficio SSC/SDI/DGCP/02928/2020, de doce de agosto de dos mil veinte, a través del cual, la Directora General de Carrera Policial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México le informó que no cumplía con los requisitos establecidos en la convocatoria "Baja voluntaria del servicio 2020" del Servicio de la Policía Preventiva de la Ciudad de México, para el ejercicio fiscal dos mil veinte. Sin embargo, de las constancias que remitieron las autoridades responsables como anexo a sus informes justificados, se advierte el aviso de baja de diecisiete de junio de dos mil veinte, con efectos al quince del mismo mes y año, con motivo de su jubilación del servicio activo, "en atención al oficio SSC/OM/DGAP/DPPL/1583/2020, por el que solicitó el trámite de licencia por jubilación en consideración a la solicitud del interesado", que demuestra que el aquí quejoso ya no forma parte del servicio activo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, sino que ahora es un policía en retiro y por ende su régimen mutó; lo que incluso sucedió con anterioridad a la promoción del juicio de amparo (treinta y uno de agosto de dos mil veinte). En consecuencia, se actualiza la causa de improcedencia invocada, porque si bien subsiste el oficio SSC/SDI/DGCP/02928/2020, de doce de agosto de dos mil veinte, a través del cual la autoridad informó al quejoso que no cumplía con los requisitos para participar en el programa de "Baja voluntaria del servicio 2020" del Servicio de la Policía Preventiva de la Ciudad de México, ya no puede surtir efectos legales, en la medida en que dejó de existir su objeto al concluirse el procedimiento de retiro, tal como se advierte del aviso de baja de diecisiete de junio de dos mil veinte, mismo que fue notificado al aquí quejoso el veinte de agosto siguiente, lo cual se hizo del conocimiento de este órgano jurisdiccional a través del informe rendido por las autoridades responsables, recibido en acuerdo de veintiuno de septiembre de dos mil veintiuno. De tal suerte que, sería jurídicamente imposible restituir al quejoso en el goce del derecho que estima violado, toda vez que ya surtió efectos su baja del servicio activo; y por ende, su estado actual es de policía en retiro. Lo anterior no se contrapone a las consideraciones plasmadas en la ejecutoria de once de marzo de dos mil veintiuno, dictada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, toda vez que este órgano jurisdiccional advirtió la actualización de una diversa causa de improcedencia que la que es planteó en el desechamiento inicial, derivado del análisis de diversas constancias remitidas por la autoridad responsable al rendir informe justificado. Por otro lado, este órgano jurisdiccional no puede analizar la regularidad constitucional de la convocatoria "Baja voluntaria del servicio 2020" del Servicio de la Policía Preventiva de la Ciudad de México; pues debe destacarse que se impugna en su modalidad de heteroaplicativa, pues no causó perjuicio al quejoso desde el momento de su entrada en vigor, sino para que se configurara éste se requirió de la actualización de un acto que condicionara su aplicación, esto es, el oficio SSC/SDI/DGCP/02928/2020, de doce de agosto de dos mil veinte. Entonces, atento a la técnica de estudio en el amparo contra normas generales, al decretarse el sobreseimiento del juicio de amparo respecto del primer acto de aplicación de la convocatoria "Baja voluntaria del servicio 2020" del Servicio de la Policía Preventiva de la Ciudad de México", es decir, respecto del oficio SSC/SDI/DGCP/02928/2020, de doce de agosto de dos mil veinte, por ser la disposición que sirvió de fundamento para la negativa de inclusión en la referida convocatoria; procede hacer extensivo dicho sobreseimiento a la norma general combatida. Ello, pues no puede desvincularse el estudio de la norma general del que concierne a su aplicación, pues éste es precisamente el que causa perjuicio al particular y no el ordenamiento por sí solo, considerado en abstracto. Apoya lo anterior, la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "LEYES, AMPARO CONTRA. SOBRESEIMIENTO EN CUANTO AL ACTO DE APLICACIÓN. DETERMINA EL SOBRESEIMIENTO EN CUANTO AL PRECEPTO LEGAL IMPUGNADO." En las relatadas circunstancias, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo; por tanto, procede decretar el sobreseimiento del juicio con fundamento en el artículo 63, fracción V, del citado ordenamiento. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa, por oficio a las autoridades responsables y por lista al Fiscal ejecutivo titular adscrito, en términos del artículo 26, fracciones I, inciso e), II inciso a) y III, de la Ley de Amparo. Lo resolvió y firma, Ulises Oswaldo Rivera González, Juez Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, quien actúa asistido de Eder Michele Alberto Willie Arruti, secretario de juzgado que autoriza y da fe, hasta el día de hoy veintidós de noviembre de dos mil veintiuno, en que lo permitieron las labores del Juzgado
- Principal
Oficio de Cuenta Agréguese a los autos el oficio signado por la Apoderado para la Defensa Jurídica de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, quien actúa en representación del Secretario, Director General de Carrera Policial y del Oficial Mayor, todos de la citada Secretaría, a través del cual rinden sus informes justificados. Determinación. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tienen por rendidos los informes de mérito, y con éstos, dese vista a las partes a fin de que manifiesten lo que a su interés y derecho convenga. En términos de lo dispuesto en el artículo 9° de la Ley de la Materia, se tienen como delegados a las personas que mencionan; y, de conformidad con el artículo 28, fracción I, de la citada ley, como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indican. Pruebas. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecidas y admitidas como pruebas de las autoridades responsables, las documentales que anexan a su escrito de cuenta, la instrumental de actuaciones y la presuncional en su doble aspecto legal y humana, las que se desahogan por su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de hacer relación de ellas en la audiencia constitucional. Consulta de expediente electrónico Como lo solicitan las autoridades responsables, se autoriza la consulta del expediente electrónico a través del usuario "Oscarlc". Notifíquese.
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Vista la certificación hecha por la secretaria adscrita a éste Juzgado de Distrito, de la cual se advierte que no obran las constancias de notificación de los oficios 7225/2021 y 7227/2021 dirigidos a la autoridad responsable Director General de Carrera Policial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad De México y al Agente del Misterio Público, en las que conste que hayan tenido conocimiento del proveído de seis de abril de dos mil veintiuno, a fin de que rindan su informe justificado o se impongan en autos. Por tanto, a fin de no dejar en estado de indefensión a la autoridad responsable, se difiere la celebración de la audiencia constitucional señalada para esta fecha y, en su lugar, se señalan las doce horas con cuarenta y cinco minutos del nueve de noviembre de dos mil veintiuno, para su verificativo. Cabe aclarar que la fecha de audiencia constitucional en este juicio de amparo se fija en razón a la carga de trabajo de este órgano jurisdiccional, por lo que no es posible programar su celebración con fecha anterior a la señalada. Apoya lo anterior la jurisprudencia 92, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 60, del Tomo VI, del apéndice de mil novecientos noventa y cinco, de la Quinta Época, Materia Común, con número de registro 394048, del contenido siguiente: "AUDIENCIA EN EL AMPARO. QUEJA INFUNDADA CONTRA EL SEÑALAMIENTO DE ELLA FUERA DEL TÉRMINO LEGAL. No obstante la terminante disposición del párrafo primero del artículo 147 de la Ley de Amparo, que manda fijar la audiencia, a más tardar, dentro del término de treinta días, contados a partir del en que se dicta el auto en que se admite la demanda, debe declararse infundada la queja que se haga valer contra la resolución por la cual el juez de Distrito señala como fecha para la celebración de la audiencia, una posterior a la prescrita por la Ley, si consta que el juzgado se encuentra materialmente imposibilitado para acatar el citado artículo 147, en virtud del gran número de asuntos de que debe conocer, que ocupan todos los días anteriores al señalado para la audiencia del quejoso." Se hace del conocimiento de las partes que, en su caso, se estima innecesario emitir oficios a la autoridad responsable para notificarle el señalamiento de una nueva fecha y hora para el desahogo de la referida audiencia, toda vez que tal determinación no tiene la trascendencia de una notificación personal, la cual es equiparable a una comunicación por oficio. Por consiguiente, en caso que se llegue a diferir la celebración de la audiencia constitucional, la fecha y hora acordadas nuevamente para ese efecto, las podrán consultar en la página de internet http:www.dgepj.cjf.gob.mx/internet/acuerdo/acuerd_ini.asp con el objeto de facilitar su conocimiento y la integración de este expediente dentro de los parámetros de constitucionalidad y convencionalidad vigentes, siendo aplicable la jurisprudencia 2ª./J.176/2012 (10ª) de la Segunda Sala del Alto Tribunal, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XVI, enero 2013, Tomo 2, página 1253, Materia Común, de rubro "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS.". Notifíquese.
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