Juan Manuel Rodríguez Garza
Expediente 384/2018 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 34 actuaciones registradas, la última del 28 de enero de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 384/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 34
- Última actuación
- 28/01/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- Juan Manuel Rodríguez Garza
Actuaciones
Las 4 más recientes de 34.
- Principal
SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA DETERMINACIÓN DE ESTA FECHA QUE DICE: "San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintiocho de enero de dos mil diecinueve. Visto el estado de autos y la certificación de cuenta, se acuerda: Teniendo en consideración que, conforme a las constancias de notificación del proveído de veinticuatro de diciembre del dos mil dieciocho, por el que se declaró sin materia la ejecución de sentencia del juicio de amparo en que se actúa, transcurrió el plazo a que se refiere el artículo 202 de la Ley de Amparo, para la interposición del recurso de inconformidad; y que en el libro de recibo de correspondencia oficial que se lleva en este juzgado, no obra registrada promoción mediante la cual se interponga dicho recurso; en consecuencia, se declara consentido el acuerdo de referencia. Por otro lado, toda vez que no hay promociones pendientes por acordar, ni actuaciones que practicar en el expediente en que se actúa, archívese el presente como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente. Ahora bien, acorde a lo establecido en el punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los Expedientes generados en los Juzgados de Distrito, debido a que el uno de junio de dos mil dieciocho, se dictó sentencia en la que se concedió el amparo y la protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, determinación que causó ejecutoria el dieciséis de julio del año próximo pasado, este expediente es susceptible de depuración, una vez que transcurran más de cinco años conforme a lo previsto en el citado punto. Toda vez que la parte quejosa, exhibió en el presente asunto, documentos que por sus características deben ser devueltos, por tanto, con fundamento en el último párrafo, del punto décimo primero, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los Expedientes generados en los Juzgados de Distrito, requiérasele para que dentro del término de noventa días contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación de este acuerdo, comparezca ante este Juzgado a recoger tales documentos, previa razón de recibo que se deje en autos, y hecho lo anterior, sin ulterior acuerdo, devuélvanse los autos al archivo; en la inteligencia que de no hacerlo, dichas documentales podrán ser destruidas al depurarse el expediente. Finalmente, atendiendo a las particularidades del presente asunto, se considera que no es de relevancia documental, lo que deberá hacerse constar en la carátula del expediente, de conformidad con el Punto Décimo Primero del mencionado Acuerdo General número 1/2009. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa".
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintiocho de enero de dos mil diecinueve. Visto el estado de autos y la certificación de cuenta, se acuerda: Teniendo en consideración que, conforme a las constancias de notificación del proveído de veinticuatro de diciembre del dos mil dieciocho, por el que se declaró sin materia la ejecución de sentencia del juicio de amparo en que se actúa, transcurrió el plazo a que se refiere el artículo 202 de la Ley de Amparo, para la interposición del recurso de inconformidad; y que en el libro de recibo de correspondencia oficial que se lleva en este juzgado, no obra registrada promoción mediante la cual se interponga dicho recurso; en consecuencia, se declara consentido el acuerdo de referencia. Por otro lado, toda vez que no hay promociones pendientes por acordar, ni actuaciones que practicar en el expediente en que se actúa, archívese el presente como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente. Ahora bien, acorde a lo establecido en el punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los Expedientes generados en los Juzgados de Distrito, debido a que el uno de junio de dos mil dieciocho, se dictó sentencia en la que se concedió el amparo y la protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, determinación que causó ejecutoria el dieciséis de julio del año próximo pasado, este expediente es susceptible de depuración, una vez que transcurran más de cinco años conforme a lo previsto en el citado punto. Toda vez que la parte quejosa, exhibió en el presente asunto, documentos que por sus características deben ser devueltos, por tanto, con fundamento en el último párrafo, del punto décimo primero, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los Expedientes generados en los Juzgados de Distrito, requiérasele para que dentro del término de noventa días contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación de este acuerdo, comparezca ante este Juzgado a recoger tales documentos, previa razón de recibo que se deje en autos, y hecho lo anterior, sin ulterior acuerdo, devuélvanse los autos al archivo; en la inteligencia que de no hacerlo, dichas documentales podrán ser destruidas al depurarse el expediente. Finalmente, atendiendo a las particularidades del presente asunto, se considera que no es de relevancia documental, lo que deberá hacerse constar en la carátula del expediente, de conformidad con el Punto Décimo Primero del mencionado Acuerdo General número 1/2009. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, veinticuatro de diciembre de dos mil dieciocho. Vista el acta de comparecencia levantada el veintiuno de diciembre de dos mil dieciocho, de la que se advierte que el quejoso Juan Manuel Rodríguez Garza, atendiendo al auto de diecisiete de diciembre de dos mil dieciocho, manifestó ante la presencia judicial que es su intención desistirse de la ejecución de la sentencia dictada en este juicio de amparo. Al respecto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el incidente de inejecución de sentencia 1537/2013, precisó que la lógica que ha sostenido ese Alto Tribunal, consistente en que al reconocer el desistimiento de la acción constitucional, entonces con mayor razón, y aunque no esté expresamente previsto en la ley, también debe reconocerse el desistimiento del recurso de revisión, al tratarse de medios de impugnación accesorios a la pretensión principal, lo cual permite concluir que es posible aceptar la institución del desistimiento en el procedimiento de ejecución del cumplimiento del fallo constitucional, por así convenir a los intereses de la parte quejosa, y quien es precisamente la parte agraviada. Además, porque ese procedimiento también puede ser catalogado como de características accesorias a la pretensión principal -juicio de amparo-, pues se genera y subsiste sólo a partir de la protección de la Justicia Federal con que se haya beneficiado a la parte quejosa. Sobre tal línea de pensamiento estableció que en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo, vigente hasta el dos de abril de dos mil trece (el cual es idéntico con el 214 de la ley de la materia vigente), no es posible archivar ningún juicio de amparo sin que quede enteramente cumplida la sentencia en que se haya concedido al agraviado la protección constitucional, en razón de que existe un interés social en que cualquier acto juzgado y probado como injusto por parte de la autoridad, deba ser resarcido por aquélla, pues representa el apego al orden y respeto de los derechos de todos los gobernados dentro del sistema jurídico que enmarca el Estado de Derecho. Concluyendo que el principio de prosecución de las partes que está íntimamente ligado al de instancia de parte agraviada. Enseguida explicó que el principio de instancia de parte consiste en que el juicio de amparo sólo puede iniciar a través del ejercicio de la acción, es decir, incluye además, dentro del orden civil y administrativo la carga de impulsar el procedimiento, ya que no basta con la petición inicial de amparo plasmada en la demanda, sino que es necesario que lo impulse, lo cual ha sido reconocido como un principio de prosecución judicial. Por lo que el interés de las partes por dar vida y continuar con el juicio, así como con los procedimientos emanados dentro y con motivo de éste, representa un aspecto imperioso dentro del trámite del amparo hasta su resolución final; caso contrario, no habría razón de emitir una sentencia o agotar las instancias procedimentales, de no existir interés de la quejosa por ello. De ahí que, si bien el orden público requiere el cumplimiento de las sentencias como una respuesta que constituye el reflejo de la eficacia en la investigación, sanción y reparación de cualquier derecho humano trasgredido a los gobernados que integran el Estado, lo cierto es que su interés no puede generar per se la apertura del juicio o su agotamiento hasta el cumplimiento de un fallo que se dirige directamente al resarcimiento de un derecho violado a uno de aquéllos, en tanto que éste ya no tenga interés en continuar con ese procedimiento. En mérito de ello, concluyó que de la ponderación entre el principio de interés social que reviste al cumplimiento de las sentencias de amparo y el de prosecución judicial, no encuentra conflicto en la especie, pues en ningún momento colisionan sus pretensiones y efectos con la renuncia de la parte quejosa, pues ya que no subsiste el interés por la ejecución del fallo constitucional, en razón de que si el afectado, ha manifestado que por así convenir a sus intereses, renuncia a continuar con la ejecución de la sentencia de amparo, entonces no existe una afectación que impacte dentro de la sociedad o el sistema jurídico, ya que el propio afectado es quien ha decidido no continuar con el procedimiento a través del cual logra la eficacia de la sentencia, más aun atendiendo a la naturaleza del acto, como es en la especie, en que se trata de intereses patrimoniales, respecto de los cuales el quejoso ha manifestado que no desea continuar con la ejecución y cumplimiento de la sentencia; de tal suerte que al ser cantidades que dejarían de ingresar a su patrimonio, ésta puede renunciar a ellas, por lo que se le debe tener por desistido y, por ende, procede declarar sin materia la ejecución de sentencia. Las anteriores consideraciones dieron origen a la tesis 2a. LI/2014 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 7, Junio de 2014, Tomo I, página 820, de rubro y texto siguiente: "INCIDENTE DE INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. PROCEDE DECLARARLO SIN MATERIA ANTE EL DESISTIMIENTO DE LA PARTE QUEJOSA AL CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA DE AMPARO QUE TRATE DE INTERESES PATRIMONIALES PREVIA RATIFICACIÓN (LEGISLACIÓN VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013). Según el principio de prosecución judicial, el interés de los quejosos por dar vida y continuar con el juicio, así como con los procedimientos emanados dentro de éste, representa un aspecto necesario dentro del trámite del juicio de amparo hasta su resolución final, pues de lo contrario, no habría razón para emitir una sentencia o agotar las instancias procesales respectivas. De ahí que, si bien el orden público requiere del cumplimiento de las sentencias como respuesta a la eficacia de reparación de cualquier derecho humano violado, lo cierto es que cuando la concesión del amparo tenga por efecto que las autoridades responsables devuelvan las cantidades monetarias a que fueron condenadas por la autoridad jurisdiccional a través del juicio constitucional es procedente, previa ratificación de su voluntad ante el órgano jurisdiccional en el cual se encuentra radicado el incidente de inejecución de sentencia, que los beneficiados con la concesión del amparo desistan de su cumplimiento, pues ante tal manifestación y tratándose del pago de pesos, el perjuicio patrimonial sólo corresponde a ellos; de suerte que ya no subsiste la materia del incidente de inejecución y, por tanto, debe declararse sin materia, sin que esto implique que la autoridad haya cumplido, sino que se actualiza un presupuesto procesal que impide la continuación del procedimiento de ejecución, sin que pueda aplicárseles, en su caso, la norma declarada inconstitucional". Ahora bien, en el presente caso mediante sentencia de uno de junio de dos mil dieciocho, se concedió el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa, para el efecto de que el Delegado de San Luis Potosí y Director General de Registro y Control Documental en la Ciudad de México, ambos del Registro Agrario Nacional, dentro del plazo de veinte días hábiles, realizaran las gestiones que a cada una competa para concluir la calificación de las solicitudes a que se refiere en el escrito presentado el diecinueve de septiembre de dos mil dieciséis, le den respuesta y lo hagan del conocimiento al aquí quejoso. Ahora, en su escrito presentado el diecinueve de septiembre de dos mil dieciséis, el aquí quejoso se desistió de las solicitudes 24160000268 y 24160000279, relativas a las parcelas 896 Z3 P1/21 y 895 Z-3 P1/21, y solicitó que las solicitudes que no fueron afectadas por el Decreto Presidencial de veinte de diciembre de dos mil trece, fueran calificadas en sentido positivo y se le autorizara la liberación de claves (foja 15). De lo expuesto resulta inconcuso que la materia de la sentencia de amparo versa sobre derechos patrimoniales del aquí quejoso, pues lo que pretende a través de la respuesta que se le otorgue a la misiva referida es que se expidan los certificados respectivos de dichas parcelas, aconteciendo la hipótesis prevista en la jurisprudencia anteriormente invocada, por lo que ante el desistimiento de la ejecución de la sentencia de amparo del aquí quejoso, el cual ratificó ante la presencia judicial, lo procedente es declarar sin materia la ejecución de sentencia del juicio de amparo en que se actúa. Comuníquese lo anterior a las autoridades responsables, para los efectos legales conducentes.
- Principal
SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA DETERMINACIÓN DE ESTA FECHA QUE DICE: Vista el acta de comparecencia levantada el veintiuno de diciembre de dos mil dieciocho, de la que se advierte que el quejoso Juan Manuel Rodríguez Garza, atendiendo al auto de diecisiete de diciembre de dos mil dieciocho, manifestó ante la presencia judicial que es su intención desistirse de la ejecución de la sentencia dictada en este juicio de amparo. Al respecto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el incidente de inejecución de sentencia 1537/2013, precisó que la lógica que ha sostenido ese Alto Tribunal, consistente en que al reconocer el desistimiento de la acción constitucional, entonces con mayor razón, y aunque no esté expresamente previsto en la ley, también debe reconocerse el desistimiento del recurso de revisión, al tratarse de medios de impugnación accesorios a la pretensión principal, lo cual permite concluir que es posible aceptar la institución del desistimiento en el procedimiento de ejecución del cumplimiento del fallo constitucional, por así convenir a los intereses de la parte quejosa, y quien es precisamente la parte agraviada. Además, porque ese procedimiento también puede ser catalogado como de características accesorias a la pretensión principal -juicio de amparo-, pues se genera y subsiste sólo a partir de la protección de la Justicia Federal con que se haya beneficiado a la parte quejosa. Sobre tal línea de pensamiento estableció que en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo, vigente hasta el dos de abril de dos mil trece (el cual es idéntico con el 214 de la ley de la materia vigente), no es posible archivar ningún juicio de amparo sin que quede enteramente cumplida la sentencia en que se haya concedido al agraviado la protección constitucional, en razón de que existe un interés social en que cualquier acto juzgado y probado como injusto por parte de la autoridad, deba ser resarcido por aquélla, pues representa el apego al orden y respeto de los derechos de todos los gobernados dentro del sistema jurídico que enmarca el Estado de Derecho. Concluyendo que el principio de prosecución de las partes que está íntimamente ligado al de instancia de parte agraviada. Enseguida explicó que el principio de instancia de parte consiste en que el juicio de amparo sólo puede iniciar a través del ejercicio de la acción, es decir, incluye además, dentro del orden civil y administrativo la carga de impulsar el procedimiento, ya que no basta con la petición inicial de amparo plasmada en la demanda, sino que es necesario que lo impulse, lo cual ha sido reconocido como un principio de prosecución judicial. Por lo que el interés de las partes por dar vida y continuar con el juicio, así como con los procedimientos emanados dentro y con motivo de éste, representa un aspecto imperioso dentro del trámite del amparo hasta su resolución final; caso contrario, no habría razón de emitir una sentencia o agotar las instancias procedimentales, de no existir interés de la quejosa por ello. De ahí que, si bien el orden público requiere el cumplimiento de las sentencias como una respuesta que constituye el reflejo de la eficacia en la investigación, sanción y reparación de cualquier derecho humano trasgredido a los gobernados que integran el Estado, lo cierto es que su interés no puede generar per se la apertura del juicio o su agotamiento hasta el cumplimiento de un fallo que se dirige directamente al resarcimiento de un derecho violado a uno de aquéllos, en tanto que éste ya no tenga interés en continuar con ese procedimiento. En mérito de ello, concluyó que de la ponderación entre el principio de interés social que reviste al cumplimiento de las sentencias de amparo y el de prosecución judicial, no encuentra conflicto en la especie, pues en ningún momento colisionan sus pretensiones y efectos con la renuncia de la parte quejosa, pues ya que no subsiste el interés por la ejecución del fallo constitucional, en razón de que si el afectado, ha manifestado que por así convenir a sus intereses, renuncia a continuar con la ejecución de la sentencia de amparo, entonces no existe una afectación que impacte dentro de la sociedad o el sistema jurídico, ya que el propio afectado es quien ha decidido no continuar con el procedimiento a través del cual logra la eficacia de la sentencia, más aun atendiendo a la naturaleza del acto, como es en la especie, en que se trata de intereses patrimoniales, respecto de los cuales el quejoso ha manifestado que no desea continuar con la ejecución y cumplimiento de la sentencia; de tal suerte que al ser cantidades que dejarían de ingresar a su patrimonio, ésta puede renunciar a ellas, por lo que se le debe tener por desistido y, por ende, procede declarar sin materia la ejecución de sentencia. Las anteriores consideraciones dieron origen a la tesis 2a. LI/2014 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 7, Junio de 2014, Tomo I, página 820, de rubro y texto siguiente: "INCIDENTE DE INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. PROCEDE DECLARARLO SIN MATERIA ANTE EL DESISTIMIENTO DE LA PARTE QUEJOSA AL CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA DE AMPARO QUE TRATE DE INTERESES PATRIMONIALES PREVIA RATIFICACIÓN (LEGISLACIÓN VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013). Según el principio de prosecución judicial, el interés de los quejosos por dar vida y continuar con el juicio, así como con los procedimientos emanados dentro de éste, representa un aspecto necesario dentro del trámite del juicio de amparo hasta su resolución final, pues de lo contrario, no habría razón para emitir una sentencia o agotar las instancias procesales respectivas. De ahí que, si bien el orden público requiere del cumplimiento de las sentencias como respuesta a la eficacia de reparación de cualquier derecho humano violado, lo cierto es que cuando la concesión del amparo tenga por efecto que las autoridades responsables devuelvan las cantidades monetarias a que fueron condenadas por la autoridad jurisdiccional a través del juicio constitucional es procedente, previa ratificación de su voluntad ante el órgano jurisdiccional en el cual se encuentra radicado el incidente de inejecución de sentencia, que los beneficiados con la concesión del amparo desistan de su cumplimiento, pues ante tal manifestación y tratándose del pago de pesos, el perjuicio patrimonial sólo corresponde a ellos; de suerte que ya no subsiste la materia del incidente de inejecución y, por tanto, debe declararse sin materia, sin que esto implique que la autoridad haya cumplido, sino que se actualiza un presupuesto procesal que impide la continuación del procedimiento de ejecución, sin que pueda aplicárseles, en su caso, la norma declarada inconstitucional". Ahora bien, en el presente caso mediante sentencia de uno de junio de dos mil dieciocho, se concedió el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa, para el efecto de que el Delegado de San Luis Potosí y Director General de Registro y Control Documental en la Ciudad de México, ambos del Registro Agrario Nacional, dentro del plazo de veinte días hábiles, realizaran las gestiones que a cada una competa para concluir la calificación de las solicitudes a que se refiere en el escrito presentado el diecinueve de septiembre de dos mil dieciséis, le den respuesta y lo hagan del conocimiento al aquí quejoso. Ahora, en su escrito presentado el diecinueve de septiembre de dos mil dieciséis, el aquí quejoso se desistió de las solicitudes 24160000268 y 24160000279, relativas a las parcelas 896 Z3 P1/21 y 895 Z-3 P1/21, y solicitó que las solicitudes que no fueron afectadas por el Decreto Presidencial de veinte de diciembre de dos mil trece, fueran calificadas en sentido positivo y se le autorizara la liberación de claves (foja 15). De lo expuesto resulta inconcuso que la materia de la sentencia de amparo versa sobre derechos patrimoniales del aquí quejoso, pues lo que pretende a través de la respuesta que se le otorgue a la misiva referida es que se expidan los certificados respectivos de dichas parcelas, aconteciendo la hipótesis prevista en la jurisprudencia anteriormente invocada, por lo que ante el desistimiento de la ejecución de la sentencia de amparo del aquí quejoso, el cual ratificó ante la presencia judicial, lo procedente es declarar sin materia la ejecución de sentencia del juicio de amparo en que se actúa. Comuníquese lo anterior a las autoridades responsables, para los efectos legales conducentes
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