Juan Manuel Rocha Borja
Expediente 715/2020 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de México. 19 actuaciones registradas, la última del 24 de mayo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 715/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 19
- Última actuación
- 24/05/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Juan Manuel Rocha Borja
- Juan Manuel Rocha Borja y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 19.
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, veinticuatro de mayo de dos mil veintiuno VISTO el escrito de cuenta, por el cual --------, quejoso en el presente juicio de amparo, solicita la devolución de los documentos que exhibió al escrito de demanda. En atención a su contenido, dígase al quejoso que mediante proveído de ocho de abril de dos mil veintiuno, se dejaron a su disposición los documentos que exhibió en su demanda de amparo, por lo que deberá estarse a lo acordado en dicho auto. Notifíquese por lista a las partes, en los términos que al efecto establece el artículo 21, del Acuerdo General 21 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.
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Naucalpan de Juárez, Estado de México, a ocho de abril de dos mil veintiuno. Vista la certificación secretarial que antecede, se advierte que las partes no interpusieron recurso de revisión en el término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que la sentencia de dieciséis de marzo de dos mil veintiuno, dictada por este órgano jurisdiccional, en la que se SOBRESEYÓ el presente juicio de amparo, promovido por --------- y ---------, HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales correspondientes. Por tanto, háganse las anotaciones de rigor en el Libro de Gobierno de este Juzgado y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, glósese el cuaderno original del incidente de suspensión correspondiente y notificado este acuerdo, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese como asunto concluido. En cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones, en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transparencia, y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en su capítulo segundo, artículo 6, fracción II, y capitulo octavo, numerales 20 y 21, inciso a) que dice: "CAPÍTULO SEGUNDO FUNCIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ARCHIVO Y DOCUMENTACIÓN, ÓRGANOS JURISDICCIONALES Y VISITADURÍA JUDICIAL. Artículo 6. Funciones de los órganos jurisdiccionales. Corresponde a los titulares de los órganos jurisdiccionales: II. Emitir el acuerdo de desincorporación de los expedientes judiciales motivo de destrucción, en términos de lo dispuesto en los artículos 20 y 21 del presente Acuerdo; ." CAPÍTULO OCTAVO EXPEDIENTES DEPURABLES Artículo 18. Expedientes depurables. Son susceptibles de depuración los expedientes siguientes: En los Juzgados de Distrito: a) Los incidentes de suspensión en los que se haya concedido la medida cautelar, ya sea la provisional, definitiva o ambas; EXPEDIENTES DESTRUIBLES Artículo 20. Expedientes destruibles en un plazo de seis meses. Los expedientes auxiliares y judiciales de las siguientes series documentales deberán ser destruidos, una vez que cumplan seis meses de archivo como asuntos concluidos: II. Expedientes judiciales: Duplicados, siempre que se cuente con el original; y. Artículo 21. Expedientes destruibles en un plazo de tres años. Cumplido el plazo de conservación, las siguientes series documentales deberán ser destruidas, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, por los órganos jurisdiccionales: a) Expedientes de juicios de amparo, en los que se haya sobreseído respecto de todos los actos reclamados;. .;" En este sentido, SE ESTIMA QUE EL EXPEDIENTE PRINCIPAL, ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, de conformidad en lo previsto en los párrafos que anteceden; por ende, debe realizarse el procedimiento de la desincorporación y desintegración material total de este asunto, pues se trata de un expediente en el cual este órgano jurisdiccional sobreseyó en el juicio de amparo. Asimismo, al haberse concedido la suspensión provisional y negado la definitiva, el duplicado del incidente de suspensión es susceptible de destrucción y el original de depuración, debiéndose dejar únicamente en el original, la copia de la demanda y la determinación en la que se concedió la suspensión y en su oportunidad remítanse al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para su guarda y custodia. Sin que se ordene glosar el duplicado del cuaderno incidental, pues en cumplimiento al artículo 20 fracción II, inciso a), del Acuerdo General antes transcrito, dicho cuaderno deberá ser desincorporado de este expediente, para proceder a su posterior destrucción una vez que transcurra el término de seis meses referido en el citado acuerdo. No se omite precisar que el presente asunto, en términos del artículo 15 del citado acuerdo, no es considerado asunto de relevancia documental, ni tiene valor jurídico e histórico para su conservación. En diverso aspecto, se advierte que la parte quejosa exhibió diversos documentos a su escrito inicial de demanda, por tanto, se le da vista para que dentro del plazo de noventa días computados legalmente, comparezca debidamente identificada al local de este juzgado a recibir dichos documentos, los cuales en caso de ser omisa, serán destruidos junto con el expediente; lo anterior de conformidad con lo establecido en el considerando décimo primer del Acuerdo General mencionado con antelación. Asimismo, se precisa que para poder acudir a recoger las documentales exhibidas, conforme a los artículos 3 y 4 del indicado Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, deberá generar una cita en el Portal de Servicios en Línea, micrositio "Servicios jurisdiccionales", en el que encontrará el sistema "Agenda OJ", a fin de que este Juzgado esté en posibilidad de darle acceso al mismo, para lo cual deberá cumplir además con las medidas que establece el capítulo II del Acuerdo General en consulta, y los controles sanitarios que al efecto se establezcan. Finalmente, se hace del conocimiento al actuario judicial, que para llevar a cabo las notificaciones que deriven del presente juicio, deberá´ dar cumplimiento a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal, para resguardar la salud de quien realice la notificación y de las personas justiciables. Notifíquese personalmente a la parte quejosa, y a las demás partes por lista en los términos que al efecto establece el artículo 21, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.
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V I S T O S, para resolver los autos del juicio de amparo indirecto 715/2020-IV, promovido por --------------- y ---------------, por propio derecho, contra actos del Presidencia Municipal Constitucional de Tultitlán, Estado de México y otra autoridad; y R E S U L T A N D O: PRIMERO. Mediante escrito recibido el nueve de octubre de dos mil veinte, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de México con residencia en Naucalpan de Juárez, turnado a este Juzgado Federal el día hábil siguiente a este juzgado de Distrito, --------------- y ---------------, por propio derecho, demandaron la protección constitucional contra las autoridades y actos que se indican: III. AUTORIDAD RESPONSABLES. Autoridad Ordenadora: lo es la Presidencia Municipal Constitucional de Tultitlán, Estado de México. Autoridad Ejecutoria: Lo son la Dirección de Desarrollo Urbano y la Dirección de Obras Públicas, ambas del Ayuntamiento de Tultitlán, México. ACTO U OMISIÓN QUE SE RECLAMA.-. la disposición municipal de hacer alineamientos para establecer avenidas sobre lo que son terrenos en que se encuentran establecidos nuestros centros de trabajo, agregando que de negarnos a aceptarla procederían a utilizar maquinaria pesada para derribar nuestro centro de trabajo y que todo el costo sería a cargo de nosotros. SEGUNDO. La quejosa consideró que el acto reclamado es violatorio de los artículos 1, 14 y 16, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. En auto de quince de octubre de dos mil veinte, se admitió a trámite la demanda, se registró en el libro de gobierno bajo el juicio de amparo indirecto 715/2020-IV; se dio la intervención que compete a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; se requirió a las responsables su informe justificado; asimismo, se fijó día y hora en que tendría lugar la celebración de audiencia constitucional, la cual previos diferimientos, inició al tenor del acta que antecede y concluye con el dictado de la presente resolución. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de México con sede en Naucalpan de Juárez, es legalmente competente para conocer el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción I y VII, de la Constitución General de la República; 33 fracción IV, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 48 en relación con el 54 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y el apartado cuarto fracción II del Acuerdo General 3/2013, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de veintitrés de enero de dos mil trece, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el quince de febrero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana, Acuerdo General 03/2013, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en relación al Acuerdo General 53/2018 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal publicado el quince de enero de dos mil diecinueve en el Diario Oficial de la Federación, que reforma el numeral segundo, fracción II número tres del citado Acuerdo General 3/2013; pues se reclama un acto de autoridad jurisdiccional de índole administrativa, y tiene ejecución dentro de la circunscripción territorial en la que este juzgado ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Por cuestión de método, se procede a precisar los actos reclamados, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, con la finalidad de lograr congruencia entre lo pedido y lo resuelto; por lo que, de acuerdo al contenido íntegro de la demanda de amparo y el informe justificado rendido por las responsables, los actos reclamados se hacen consistir en: La orden municipal de hacer trabajos de alineación para establecer avenidas sobre los terrenos en los que refieren, se encuentra su centro trabajo, ubicados en calle Azucena, esquina Andrés Carrera, sin número oficial y calle Orquídeas, sin número oficial, ambos del llamado Polígono de Cartagena, del Ejido de Tultitlán, Municipio de Tultitlán, Estado de México; así como la ejecución de dicha orden. TERCERO. Las autoridades responsables Presidenta Municipal; Director de Obras Pública; y, Director de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, todos del Ayuntamiento de Tultitlán, Estado de México, al momento de rendir su informe justificado negaron la existencia de los actos reclamados; sin embargo, del contenido del informe justificado, así como de las constancias que agregaron, se desprende la existencia de un "Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios y Tiempo Determinado", celebrado el veintinueve de junio de dos mil veinte, entre el Municipio de Tultitlán, Estado de México y la empresa Urbanizaciones y Desarrollos Urdes, Sociedad Anónima de Capital Variable, en el que, el objeto del contrato fue la pavimentación con concreto hidráulico de la calle Orquídeas, tramo de avenida Estado de México a avenida Las Torres; así como la construcción de guarniciones y banquetas de la avenida Estado de México, tramo de calle Atlauta y/o Girasoles a calle Bugambilias, en Tultitlán, Estado de México. En términos de lo señalado, se advierte que las autoridades responsables realizaron actos relativos a pavimentación y construcción de banquetas y guarniciones; de ahí que contrario a lo expuesto en su informe justificado, resulta procedente tener por cierto el acto que de ellas reclama la parte quejosa. Es aplicable a lo anterior, la tesis sustentada por Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación, tomo XIV, julio de 1994, página 391, cuyo rubro: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACIÓN HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA." Circunstancias que se corroboran con las constancias que la responsable remitió, consistentes en copia certificada del "Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios y Tiempo Determinado"; documental que adquiere pleno valor probatorio, en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria. CUARTO. Así, al analizar las constancias de autos, de manera oficiosa este juzgador federal advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, debido a que el promovente carece de interés jurídico para instar acción constitucional. "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5° de la presente ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; ." Del precepto legal transcrito se colige que el juicio de amparo es un medio de control de la constitucionalidad de los actos de autoridad (actos o resoluciones en estricto sentido y normas generales), que se sigue siempre a instancia de parte agraviada; es decir, el juicio constitucional únicamente puede promoverlo la parte a quien afecte el acto o la norma general reclamados. LUIS DANIEL HERNANDEZ ORTIZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.05.25 12/08/21 21:25:39 5 ??????????????? Por su parte, el artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa." La interpretación del precepto constitucional invocado permite establecer que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, así como que tiene tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo; por tanto, el requisito de procedencia del amparo para combatir como en la especie actos de autoridad judicial, consiste en que la parte quejosa tenga interés jurídico y que ese interés se vea agraviado. La Segunda Sala del Máximo Tribunal del País, ha establecido que los elementos constitutivos del interés jurídico consisten en demostrar: a) La existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, b) Que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. De esta manera, quien someta a escrutinio un acto debe acreditar de manera fehaciente que se surten los elementos integradores de ese interés jurídico que le asiste para combatir el acto de dónde deriva el agravio que hace valer en instancia de control de constitucionalidad. En ese sentido, por interés jurídico debe entenderse la existencia de un derecho legítimamente tutelado, que cuando se trasgrede por la actuación de una autoridad, faculta a su titular para acudir ante el órgano de control constitucional demandando el cese de esa violación, siendo, por tanto, ese derecho protegido por el ordenamiento legal sustantivo, lo que constituye el interés jurídico que la Ley de Amparo toma en cuenta para la procedencia del juicio constitucional. En consecuencia, para acreditar el interés jurídico es necesario que el quejoso demuestre que es titular de un derecho subjetivo legítimamente tutelado y que el acto de autoridad afecta ese derecho. Ahora bien, la posesión susceptible de ser respetada mediante el juicio de amparo, por dar el interés jurídico capaz de ser afectado por un acto de autoridad, no es otra que la originaria, que se tiene en concepto de dueño o la de carácter derivado, que se alcanza por virtud de un acto jurídico, es decir, se debe acreditar el derecho a poseer con título sustentado en alguna figura jurídica o precepto contenido en las legislaciones secundarias relativas a ello, sin que por tanto, baste la mera tenencia de la cosa, sin causa o título jurídico alguno, para determinar que el detentador tenga un interés protegible para los efectos del amparo. Lo anterior es así, pues de otra manera se correría el peligro de volver inefectivas las sentencias dictadas en juicios contradictorios acerca de la propiedad o posesión, ya que no faltaría cualquier persona, que acudiera al amparo en calidad de tercero extraño ostentándose poseedor, para exigir que se siguiera juicio o procedimiento previo en su contra, y aún en este evento podría surgir un tercero que posteriormente hiciera igual reclamación, y señalara que no había tenido conocimiento del segundo procedimiento y así indefinidamente, lo cual volvería interminable los litigios. Así, para que el quejoso acredite su interés jurídico, debe probar que tiene la titularidad de los derechos que alude sobre el bien en cuestión. Tiene aplicación al caso, en lo conducente, la jurisprudencia 1/20021 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "POSESIÓN. PARA QUE SEA OBJETO DE PROTECCIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CUANDO EL QUEJOSO SE OSTENTA COMO PERSONA EXTRAÑA AL JUICIO DEL ORDEN CIVIL, DEBE ACREDITAR SU DERECHO A POSEER CON UN TÍTULO SUSTENTADO EN ALGUNA FIGURA JURÍDICA O PRECEPTO DE LAS LEGISLACIONES SECUNDARIAS RELATIVAS. En el presente asunto, la parte quejosa señala que se constituyó personal del ayuntamiento en su domicilio ubicado en calle Azucena, esquina Andrés Carrera, sin número oficial y calle Orquídeas, sin número oficial, ambos del llamado Polígono de Cartagena, del Ejido de Tultitlán, Municipio de Tultitlán, a efecto de informarles sobre la orden municipal de hacer alineamientos para establecer avenidas, y para el caso de negarse a aceptar ese acto, procederían a utilizar maquinaria pesada para derribar 1 Publicada en la página 5, Tomo XV, Febrero de 2002, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época. LUIS DANIEL HERNANDEZ ORTIZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.05.25 12/08/21 21:25:39 7 ??????????????? su centro de trabajo y que todo el costo sería a cargo de los quejosos. Al respecto, refirieron contar con la posesión de los inmuebles que ocupan como su centro laboral, a efectos de acreditar su manifestación, anexaron a su escrito inicial de demanda: 1. Copia certificada de la constancia de posesión a favor de ---------------, respecto de la fracción de terreno de 946.66 m2 (novecientos cuarenta y seis punto sesenta y seis metros cuadrados) del régimen ejidal ubicada en el polígono Cartagena, jurisdicción del municipio de Tultitlán, Estado de México, de veintisiete de julio de dos mil seis, expedida por el Comisariado Ejidal y Consejo de Vigilancia del Ejido denominado Tultitlán y sus Barrios; 2. Copia certificada de la constancia de posesión a favor de ---------------, respecto de la fracción de terreno de 758.08 m2 (setecientos cincuenta y ocho punto cero ocho metros cuadrados) del régimen ejidal ubicada en el polígono Cartagena, jurisdicción del municipio de Tultitlán, Estado de México, de treinta de noviembre de dos mil once, expedida por el Comisariado Ejidal y Consejo de Vigilancia del Ejido denominado Tultitlán y sus Barrios; 3. Copia certificada de la constancia de posesión a favor de ---------------, respecto de la fracción de terreno de 491.68 m2 (cuatrocientos noventa y uno punto sesenta y ocho metros cuadrados) del régimen ejidal ubicada en el polígono Cartagena, jurisdicción del municipio de Tultitlán, Estado de México, de dieciséis de enero de dos mil trece, expedida por el Comisariado Ejidal y Consejo de Vigilancia del Ejido denominado Tultitlán y sus Barrios; y, 4. Tres placas fotográficas, que contiene seis imágenes. Valoradas en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 2022, del Código Federal de Procedimientos Civiles de 2 Artículo 129.- Son documentos públicos aquellos cuya formación está encomendada por la ley, dentro de los límites de su competencia, a un funcionario público revestido de la fe pública, y los expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones. Artículo 197.- El tribunal goza de la más amplia libertad para hacer el análisis de las pruebas rendidas; para determinar el valor de las mismas, unas enfrente de las otras, y para fijar el resultado final de dicha valuación contradictoria; a no ser que la ley fije las reglas para hacer esta valuación, observando, sin embargo, respecto de cada especie de prueba, lo dispuesto en este capítulo. aplicación supletoria a la ley de Amparo, resultan insuficientes para acreditar la posesión susceptible de ser respetada en el presente juicio de amparo, ello, sustentado en algún acto jurídico, ya sea con título respaldado en alguna figura jurídica o precepto contenido en las legislaciones secundarias, a efecto de reconocerles el carácter de poseedores respecto de los inmuebles ubicados en calle Azucena, esquina Andrés Carrera, sin número oficial y calle Orquídeas, sin número oficial, ambos del llamado Polígono de Cartagena, del Ejido de Tultitlán, Municipio de Tultitlán. En efecto, las copias certificadas de las constancias de posesión expedidas a favor de los quejosos, por el Comisariado Ejidal de Tultitlán y sus Barrios, Estado de México, resultan insuficiente pues no constituyen un justo título, que pueda servir como base objetiva en la que se sustente el derecho que dicen los quejosos les fue vulnerado, debido a que no fue emitida por el órgano competente para la regulación de tenencia de los posesionarios. Para evidenciar lo anterior, se debe tener en cuenta el contenido de los artículos 21, 22, 23, fracción VIII, 33 y 56 de la Ley Agraria, disponen: "Artículo 21.- Son órganos de los ejidos: I. La asamblea; II. El comisariado ejidal; y III. El consejo de vigilancia." "Artículo 22.- El órgano supremo del ejido es la asamblea, en la que participan todos los ejidatarios. El comisariado ejidal llevará un libro de registro en el que asentará los nombres y datos básicos de identificación de los ejidatarios que integran el núcleo de población ejidal correspondiente. La asamblea revisará los asientos que el comisariado realice conforme a lo que dispone este párrafo." "Artículo 23.- La asamblea se reunirá por lo menos una vez cada seis meses o con mayor frecuencia cuando así lo determine su reglamento o su costumbre. Serán de la competencia exclusiva de la asamblea los siguientes asuntos: [.] VIII. Reconocimiento del parcelamiento económico o de hecho y regularización de tenencia de posesionarios; [.]." Artículo 202.- Los documentos públicos hacen prueba plena de los hechos legalmente afirmados por la autoridad de que aquéllos procedan; pero, si en ellos se contienen declaraciones de verdad o manifestaciones de hechos de particulares, los documentos sólo prueban plenamente que, ante la autoridad que los expidió, se hicieron tales declaraciones o manifestaciones; pero no prueban la verdad de lo declarado o manifestado. "Artículo 33.- Son facultades y obligaciones del comisariado: I. Representar al núcleo de población ejidal y administrar los bienes comunes del ejido, en los términos que fije la asamblea, con las facultades de un apoderado general para actos de administración y pleitos y cobranzas; II. Procurar que se respeten estrictamente los derechos de los ejidatarios; III. Convocar a la asamblea en los términos de la ley, así como cumplir los acuerdos que dicten las mismas; IV. Dar cuenta a la asamblea de las labores efectuadas y del movimiento de fondos, así como informar a ésta sobre los trabajos de aprovechamiento de las tierras de uso común y el estado en que éstas se encuentren; V. Las demás que señalen la ley y el reglamento interno del ejido." "Artículo 56.- La asamblea de cada ejido, con las formalidades previstas a tal efecto en los artículos 24 a 28 y 31 de esta ley, podrá determinar el destino de las tierras que no estén formalmente parceladas, efectuar el parcelamiento de éstas, reconocer el parcelamiento económico o de hecho o regularizar la tenencia de los posesionarios o de quienes carezcan de los certificados correspondientes. Consecuentemente, la asamblea podrá destinarlas al asentamiento humano, al uso común o parcelarlas en favor de los ejidatarios. [.]." De lo anterior, se obtiene que la asamblea de ejidatarios tiene, entre otras, como de su competencia exclusiva la regulación de la tenencia de los posesionarios de las tierras pertenecientes al núcleo ejidal, por lo que será a través del reconocimiento efectuado por la asamblea de ejidatarios que se acredite un derecho sobre tierras ejidales. Por tanto, en el caso, las documentales en copia certificada que exhibieron los quejosos, por sí mismas, resultan insuficientes para estimar que se han generado consecuencias jurídicas a su favor suficientes para acreditar la existencia del derecho de posesión que dice fue afectado, ya que de la lectura del documento que se analiza, se obtiene que fue expedido por el Comisariado Ejidal, quien, en principio, carece de facultades para expedir documentos relacionados con la regulación de tenencia de los posesionarios, ya que el órgano ejidal competente para ello, es la asamblea de ejidatarios; aunado a que no fue ratificado por dicha asamblea. Tiene aplicación la jurisprudencia PC.XIII. J/1 (10a.), emitida por el Pleno del Decimotercer Circuito, consultable en la página ochocientos treinta y uno, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro uno, diciembre de dos mil trece, tomo II, del rubro y texto siguientes: "CONSTANCIAS DE POSESIÓN EXPEDIDAS POR EL COMISARIADO DE BIENES COMUNALES, MOTU PROPRIO, TIENEN VALIDEZ Y EFICACIA PROBATORIA, UNA VEZ QUE LA ASAMBLEA LAS RATIFICA. En términos de los artículos 23, fracción VIII, y 107, de la Ley Agraria, la Asamblea, es el órgano supremo de la Comunidad y, tiene como de su competencia exclusiva, entre otras cuestiones, la regularización de tenencia de posesionarios. Por su parte el precepto 33, fracción I, de dicho Ordenamiento, dispone que el Comisariado, es el órgano encargado de la representación del núcleo de población, con las facultades de un apoderado general para actos de administración y pleitos y cobranzas. Ahora bien, tratándose de la expedición de constancias de posesión, que implica la regularización de tenencia de posesionarios, al ser de competencia exclusiva de la Asamblea, para que el representante de la comunidad pueda válidamente realizar tales actos, es necesario, en principio, que cuente con la autorización de la Asamblea; sin embargo, no existe razón legal para determinar la ineficacia jurídica de una constancia de posesión, expedida por el Comisariado, sin previa autorización del órgano supremo del núcleo agrario respectivo, cuando la Asamblea la ratifica; porque si bien en tal supuesto el Comisariado actúa extralimitándose en las facultades que tiene conferidas, esa constancia sólo está viciada de nulidad relativa, por lo que puede ser objeto de convalidación o ratificación por la Asamblea; y de ahí que una vez verificada dicha ratificación, la constancia respectiva adquiera validez y eficacia probatoria, porque así lo establece expresamente el artículo 2583, del Código Civil Federal, de aplicación supletoria a la ley Agraria, al señalar que los actos que el mandatario, practique a nombre del mandante, pero traspasando los límites expresos del mandato, serán nulos en relación con el mandante, si no lo ratifica tácita o expresamente; con la salvedad de que esos efectos son retroactivos desde que se emite el documento suscrito por el Comisariado de Bienes Comunales, en los términos del artículo 2235 del Código Civil Federal, que establece que la confirmación se retrotrae al día en que se verificó el acto nulo; pero ese efecto retroactivo no perjudicará a los derechos de tercero." Por otra parte, con relación a la prueba consistente en seis fotografías que exhibieron los quejosos, se desprende que en dos de ellas aparece un una construcción con una altura de aproximadamente dos niveles, color verde con negro, probablemente destinada al uso de bodega; en el siguiente par de imágenes, se advierte una construcción de fachada blanca, con un portón de herrera azul, y un conjunto de llantas apiladas; por último, de diverso conjunto de fotografías, se ve una construcción de fachada blanca, con diversas columnas de concreto, LUIS DANIEL HERNANDEZ ORTIZ pudiéndose advertir una leyenda en la entrada que dice "Gran Faraón". En atención a lo anterior, valoradas las pruebas en términos de lo que señala el artículo 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, resultan ineficaces para acreditar el interés jurídico de la parte quejosa en el presente asunto, pues de las impresiones no se desprende algún dato objetivo que permita establecer la ubicación de los inmuebles, la fecha en que fueron capturadas, mucho menos a quien pertenecen esas construcciones, razón por la que este órgano jurisdiccional no puede conceder el valor probatorio que pretende la parte quejosa. Resulta aplicable la tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital 266749, visible en el Semanario Judicial de la Federación, volumen LXII, Tercera Parte, página veintidós, del contenido siguiente: FOTOGRAFIAS OFRECIDAS COMO PRUEBAS. Para que las fotografías ofrecidas como prueba sean apreciadas correctamente debe tomarse en cuenta el texto del artículo 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles. El mismo expresa: "El valor de las pruebas fotográficas, taquigráficas y de otras cualquiera aportadas por los descubrimientos de la ciencia, quedará al prudente arbitrio judicial. Las fotografías de personas, lugares, edificios, construcciones, papeles, documentos y objetos de cualquiera especie, deberán contener la certificación correspondiente que acredite el lugar, tiempo y circunstancias en que fueron tomadas, así como que corresponden a lo presentado en ellas, para que constituyan prueba plena. En cualquier otro caso, su valor probatorio queda al prudente arbitrio judicial". Esto quiere decir que las fotografías presentadas en un incidente de suspensión, al no estar certificadas, no hacen prueba plena. En tales circunstancias, la parte quejosa no acreditó a través de un documento idóneo, la causa legitimadora con la que, de acuerdo a las disposiciones aplicables, pueda estimarse que se han generado consecuencias jurídicas a su favor suficientes para acreditar la existencia del derecho de posesión con el que se ostentó. Entonces, a efecto de que pueda ser respetado el derecho que defiende la parte quejosa, debe quedar plenamente acreditado el interés jurídico, pues es requisito que éste sea demostrado completamente y no solo por presunciones o inferencias. Cobra aplicación la jurisprudencia 2a./J. 16/94, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación número 82, octubre de 1994, página 17, cuyo contenido es: INTERES JURIDICO, AFECTACION DEL. DEBE PROBARSE FEHACIENTEMENTE. En el juicio de amparo, la afectación del interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones". Por consiguiente, al no estar acreditado con alguna prueba fehaciente la afectación respecto del bien inmueble que por esta vía se pretende defender, debe estimarse que en el caso no se acreditó que el acto reclamado afecte un interés jurídico legalmente tutelado en su beneficio y, por ende, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo; en consecuencia, procede sobreseer en el presente juicio de amparo con fundamento en el diverso artículo 63, fracción V, del ordenamiento legal citado. Por lo antes expuesto y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 76 y 217 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: ÚNICO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo, promovido por --------------- y ------------, por los actos reclamados precisados en el segundo considerando, por los motivos expuestos en el diverso último de esta sentencia. Notifíquese por lista a las partes, en términos de lo que establece el artículo 21 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, a tres de marzo de dos mil veintiuno.Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos el escrito signado por los quejosos ------- y ------, mediante el cual, exhiben diversas documentales y formulan alegatos. En mérito de lo anterior, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, ténganse por ofrecidas, admitidas y desahogadas, dada su propia y especial naturaleza las documentales que exhiben y de conformidad con el numeral 124 de la Ley de Amparo, se tienen como alegatos las manifestaciones que realizan, sin perjuicio de hacer nueva relación en la celebración de la audiencia constitucional. Notifíquese a las partes por lista, en los términos que al efecto establece el artículo 21 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.
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