Juan Manuel Rivera González
Expediente 537/2019 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz. 3 actuaciones registradas, la última del 10 de julio de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 537/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 10/07/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Juan Manuel Rivera González
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación secretarial de cuenta, de la que se advierte que el auto de veinticinco de junio de dos mil diecinueve, por el que se desechó la demanda que dio origen a los presentes autos, no fue recurrido por la parte promovente, y que ya ha transcurrido el término que la ley le concede para hacerlo; por consiguiente, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente, conforme al artículo 2° de la Ley de Amparo, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO. En consecuencia, háganse las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno respectivo y archívense las actuaciones como asunto concluido. Por otra parte, en cumplimiento al Capítulo Quinto, punto vigésimo primero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto número 01/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, resulta procedente decretar que el presente expediente ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN al haberse desechado la demanda origen de los presentes autos, por lo que una vez transcurridos más de cinco años se procederá a la destrucción del mismo, lo cual se llevará a cabo con posterioridad al DIEZ DE JULIO DE DOS MIL VEINTICUATRO. De conformidad con lo establecido en el Capítulo Tercero, punto décimo, fracción I, del acuerdo 01/2009 en cita, una vez cumplido tres años de haberse ordenado el archivo del presente asunto, deberá transferirse al Centro de Documentación y Análisis; en el entendido de que se trasferirá con posterioridad al DIEZ DE JULIO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Por otro lado, el presente asunto no se considera de relevancia documental por no encuadrar en algún supuesto de los establecidos en el Capítulo Quinto, punto vigésimo primero, último párrafo del Acuerdo General Conjunto precitado.
- Principal
Con fundamento en el artículo 27, fracción I, inciso b), de la Ley de Amparo, notifico por lista de acuerdos a la parte quejosa, la determinación que dice: Téngase por recibido el escrito de cuenta, signado por el promovente Juan Manuel Rivera González, mediante el cual da cumplimiento a la prevención que se le practicara por acuerdo de trece de junio del año en curso; al respecto, se le tiene por desahogado el requerimiento dictado en el juicio de amparo en que se actúa, contra actos reclamados a la Sala Superior del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa del Estado de Veracruz, con residencia en esta ciudad y otra autoridad. Al respecto, se acuerda: DETERMINACIÓN SOBRE LA DEMANDA DE AMPARO. En principio conviene destacar que los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, establecen que dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite, para ello deberá examinar el escrito de demanda con la finalidad de advertir si existe una causa manifiesta e indudable de improcedencia, de ser el caso, se desechará de plano la demanda de amparo, sin suspender el acto reclamado, por lo que, en acatamiento a dicho precepto se procede a analizar el escrito que dio origen al presente juicio de amparo. Sobre el tema, cabe precisar que de acuerdo con el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, Editorial Espasa, Vigésima Primera Edición, Tomo II, página 1309, por manifiesto debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por indudable, que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es, es decir, que aun y cuando se admitiera la demanda fuera posible desvirtuar con probanzas la causal de improcedencia advertida desde el auto de desechamiento. ANÁLISIS INTEGRAL DE LA DEMANDA. Al analizar íntegramente la demanda que nos ocupa, de conformidad con lo dispuesto por la fracción I del numeral 74 de la Ley de Amparo, tal como lo establece la jurisprudencia número P./J. 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al rubro : "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD"; y la tesis al rubro: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO"; que si bien se refieren a la fijación clara y precisa del acto reclamado en la sentencia, también resultan aplicables al pronunciarse sobre la demanda de amparo. PRECISIÓN Y NATURALEZA DEL ACTO RECLAMADO. Analizada íntegramente la demanda de amparo el suscrito advierte que los actos reclamados en el presente asunto por el promovente son los siguientes: 1. El acuerdo de veintinueve de abril de dos mil diecinueve, emitido por la Sala Superior del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa del Estado de Veracruz, dentro del cuaderno de ejecución de sentencia número 13/2015, formado con motivo del juicio contencioso administrativo 127/2012/II, en el cual se ordenó hacer efectivo el apercibimiento decretado en el acuerdo de seis de junio de dos mil dieciocho, consistente en una multa por la cantidad de cincuenta unidades de medida y actualización, que asciende a la cantidad de $4,224.50 (cuatro mil doscientos veinticuatro pesos 50/100 M.N.). 2. Oficio 1223 de veintinueve de abril del año en curso, girado al Jefe de la Oficina de Hacienda del Estado, a fin de que proceda hacer efectiva la multa que le fuera impuesta por la Sala Superior del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa del Estado de Veracruz, consistente en cincuenta unidades de medida y actualización, que asciende a la cantidad de $4,224.50 (cuatro mil doscientos veinticuatro pesos 50/100 M.N.). 3. El requerimiento de multa con folio RM/046/2019, de diecisiete de mayo de dos mil diecinueve, emitido por el Jefe de la Oficina de Hacienda del Estado, por el cual se requirió al aquí quejoso el pago por la cantidad equivalente a cincuenta unidades de medida y actualización, por concepto de multa por incumplimiento a un mandato judicial, impuesta por la Sala Superior del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa del Estado de Veracruz, más $15.00 (quince pesos 00/100 M.N.), por concepto de honorarios, haciendo un total de $4,239.50 (cuatro mil doscientos treinta y nueve pesos 50/100 M.N.). 4. La falta de notificación del oficio 8284 emitido por la sala responsable, a través del cual se le hacen diversos requerimientos, mediante proveído de seis de junio de dos mil dieciocho, con el apercibimiento que de no hacerlo se le aplicaría una multa consistente en cincuenta unidades de medida y actualizaciones, del cual tuvo conocimiento el quince de mayo de dos mil diecinueve. FACULTAD DE DESECHAR LA DEMANDA ANTE UNA CAUSA MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. En el caso, el suscrito estima que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, en su fracción XIV de la Ley de Amparo, relacionada con los diversos 17 y 18 del propio ordenamiento, que a la letra establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos." "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo. Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." (Lo subrayado es propio). De lo anterior se desprende que es improcedente el juicio de amparo cuando la demanda no se promueve dentro del término de quince días, contados éstos, a partir del día siguiente a aquél en que surta sus efectos la notificación a la parte quejosa del acto que reclame o tenga conocimiento del acto reclamado o de su ejecución, por lo que el cómputo de dicho término depende básicamente, de la forma en que el quejoso se haya impuesto del acto reclamado y de su naturaleza; lo cual puede verificarse de tres maneras distintas: a) Desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso; o bien, b) Desde el día siguiente al en que haya tenido el quejoso conocimiento del acto reclamado o de su ejecución; o bien, c) Desde el día siguiente al en que se hubiese ostentado sabedor. Estas tres hipótesis a su vez, requieren para su actualización de determinados requisitos. Por cuanto hace a la primera de ellas, es necesario que esté acreditado fehacientemente, que la autoridad ante quien se instruye determinado procedimiento haya notificado al quejoso la resolución o acuerdo que reclama, y con base en la fecha en que se realice tal notificación y surta sus efectos, comenzará a contarse el término general de quince días. Tratándose de las otras dos hipótesis que se desprenden del artículo 18 de la Ley de Amparo, su actualización implica que la parte quejosa tenga conocimiento de manera fortuita de los actos reclamados, o bien, que al promover la demanda de amparo se ostente sabedor de ellos; y por ende, no requieren de manera indispensable un acto de notificación sino más bien una serie de datos que se obtengan ya sea del expediente o de la demanda de amparo. Además, es necesario precisar que la actualización de alguna de las tres hipótesis legales que se desprenden del referido artículo 18 de la Ley de Amparo, puede acontecer de manera indistinta, de tal modo que el orden dado por el legislador a dichas hipótesis, no implica que una deba estudiarse prioritariamente antes que las otras, sino más bien, el juzgador debe optar por la que en el caso se actualice y conlleve a una causa de improcedencia cuyo estudio es preferente y oficioso; máxime si se toma en consideración que entre cada una de las hipótesis normativas en comento, el legislador estableció la conjunción "o", que no indica otra cosa más que la alternancia entre las diferentes hipótesis enunciadas. Lo anterior se robustece con el criterio sustentado en la jurisprudencia P./J.115/2010, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. EL PLAZO PARA PROMOVERLA DEBE COMPUTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE EL QUEJOSO TUVO CONOCIMIENTO COMPLETO DEL ACTO RECLAMADO POR CUALQUIER MEDIO CON ANTERIORIDAD A LA FECHA EN LA QUE LA RESPONSABLE SE LO NOTIFICÓ. Conforme al artículo 21 de la Ley de Amparo, el plazo para promover la demanda de garantías será de 15 días y se contará desde el siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se haya ostentado sabedor de los referidos actos, bastando en este último caso que así lo exponga en la demanda para que, si no existe prueba en contrario, la fecha de su propio reconocimiento constituya el punto de partida para determinar la oportunidad de su escrito. Esto significa que el quejoso no tiene porqué esperar a que la autoridad responsable le notifique formalmente el acto reclamado para que pueda solicitar la protección de la Justicia Federal, pues si ya tuvo conocimiento por otros medios de su existencia, no debe limitársele el acceso a los tribunales cuando puede impugnarlo en la vía de amparo. Lo anterior se corrobora con el artículo 166, fracción V, del ordenamiento legal citado, el cual prevé que en la demanda de amparo directo debe señalarse la fecha en que se haya notificado la sentencia definitiva, laudo o resolución que hubiere puesto fin al juicio, o la fecha en que el quejoso haya tenido conocimiento de la resolución reclamada; enunciado este último que reitera el derecho del quejoso de promover el juicio de amparo antes de que la responsable le notifique formalmente el fallo decisivo, cuando lo conoce por alguna causa ajena a la diligencia judicial con que se le debió dar noticia oficial de su contenido. En congruencia con lo anterior, si existe en autos prueba fehaciente de que el quejoso tuvo acceso al contenido completo del acto reclamado con anterioridad a la fecha en la que la responsable se lo notificó, debe contabilizarse la oportunidad de la demanda a partir de la primera fecha, pues sería ilógico permitirle, por un lado, la promoción anticipada del juicio cuando afirme que tuvo conocimiento del acto reclamado previamente a su notificación, pero, por otro, soslayar el mismo hecho cuando el juzgador o las demás partes sean quienes adviertan que así aconteció y que tal conocimiento se pretende ocultar." (Lo subrayado es propio). De igual forma sirve de apoyo a lo anterior la tesis emitida por el Pleno de nuestro Máximo Tribunal de Amparo, que reza lo siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. TERMINO PARA PROMOVERLA CUANDO EXISTE MANIFESTACIÓN EXPRESA DE LA FECHA EN QUE SE TUVO CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 21 DE LA LEY DE AMPARO. El artículo 21 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales dispone que el término para la interposición de la demanda de garantías será de quince días que se computará desde el día siguiente al en que se haya notificado al quejoso la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución o al en que se hubiere ostentado sabedor de los mismos. Así pues, si los quejosos en la demanda de garantías expresamente manifiestan "que tuvieron conocimiento pleno del acto reclamado determinado día", como esa confesión hace prueba plena de conformidad con lo dispuesto por los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria; de ello se sigue que si el Juez de Distrito con base en dicha manifestación, realiza el cómputo del término de la presentación de la demanda y concluye que el amparo resulta improcedente, tal determinación es correcta, sin que sea necesario que exista constancia de la notificación personal del acto reclamado para efectuar el cómputo del término respectivo, debido precisamente a la citada confesión de la parte quejosa respecto a la fecha en que tuvo conocimiento del acto reclamado." (Lo subrayado es propio) En ese sentido, es necesario precisar que el quejoso Juan Manuel Rivera González, en su escrito aclaratorio manifestó bajo protesta de decir verdad, lo siguiente: "I. .que el acuerdo de 29 de abril de 2019, lo conocí a través del Oficio 2465 recibido el día 15 de mayo de 2019. II. .que en fecha 20 de mayo de 2019 se tuvo conocimiento del oficio 1223 (.) III. Me permito manifestar que conforme al oficio 8284, mediante el cual se notificaba el acuerdo del día 06 de junio de 2018, NO ME FUE NOTIFICADO. y tuve conocimiento del mismo el día 15 de mayo de 2019, cuando la autoridad responsable, notificó el Oficio 2465 donde se hizo de conocimiento el acuerdo de fecha 29 de abril de 2019." Lo que se corrobora con el oficio 2465 de trece de mayo de dos mil diecinueve, dirigido al Presidente del Órgano de Gobierno de la Comisión Municipal de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Banderilla, Veracruz, con fecha de recepción quince de mayo del año en curso, a través del cual se notifica el acuerdo de veintinueve de abril del año en curso, que obra agregado en autos a foja 44. En este orden de ideas, la exigencia de que exista prueba plena de que la parte quejosa haya tenido conocimiento de lo reclamado en la demanda, sí se satisface en el caso, toda vez que el quejoso manifestó bajo protesta de decir verdad, respecto al acto reclamado precisado con el número 1, que fue notificado del acuerdo de veintinueve de abril de dos mil diecinueve, el quince de mayo de dos mil diecinueve, mediante oficio 2465. Ahora, respecto al acto reclamado precisado con el número 4, consistente en la falta de notificación del oficio 8284 emitido por la sala responsable, a través del cual se le hacen diversos requerimientos, mediante proveído de seis de junio de dos mil dieciocho, manifestó en el escrito aclaratorio bajo protesta de decir verdad, que tuvo conocimiento del mismo el quince de mayo de dos mil diecinueve. De lo anterior, se colige que el promovente tiene conocimiento de los actos reclamados precisados con el punto 1 y 4, desde el quince de mayo de dos mil diecinueve, lo que pone de manifiesto que para éste no es novedoso los actos que impugna y que contó con la oportunidad de interponer la demanda de amparo dentro del plazo legalmente establecido, sin que lo hubiera hecho. Se afirma lo anterior, en virtud de que el término de quince días establecido en el artículo 17 de la ley de amparo, empezó a transcurrir el diecisiete de mayo de dos mil diecinueve y feneció el seis de junio del mismo año, y la demanda de amparo fue depositada en el buzón judicial hasta el once de junio del año en curso, según se advierte del sello de recibido, esto es, tres días después del término legal. Igual consideración debe tenerse respecto a los actos reclamados precisados con los números 2 y 3, consistentes en el oficio 1223 de veintinueve de abril del año en curso, girado al Jefe de la Oficina de Hacienda del Estado, a fin de que proceda hacer efectiva la multa que le fuera impuesta por la Sala Superior del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa del Estado de Veracruz, consistente en cincuenta unidades de medida y actualización, que asciende a la cantidad de $4,224.50 (cuatro mil doscientos veinticuatro pesos 50/100 M.N.), así como el requerimiento de multa con folio RM/046/2019, de diecisiete de mayo de dos mil diecinueve, emitido por el Jefe de la Oficina de Hacienda del Estado, por el cual se requirió al aquí quejoso el pago por la cantidad equivalente a cincuenta unidades de medida y actualización, por concepto de multa por incumplimiento a un mandato judicial, impuesta por la Sala Superior del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa del Estado de Veracruz, más $15.00 (quince pesos 00/100 M.N.), por concepto de honorarios, haciendo un total de $4,239.50 (cuatro mil doscientos treinta y nueve pesos 50/100 M.N.). Se afirma lo anterior, en virtud de que el oficio 1223 de veintinueve de abril del año en curso, girado al Jefe de la Oficina de Hacienda del Estado, y el requerimiento de multa con folio RM/046/2019, de diecisiete de mayo de dos mil diecinueve, emitido por el Jefe de la Oficina de Hacienda del Estado, derivan del acuerdo de veintinueve de abril del año en curso, por ser una consecuencia de lo ahí proveído, en el que se determinó lo siguiente: ".En consecuencia, con fundamento en los artículos 331 y 332 del Código de Procedimientos Administrativos para el Estado, se procede a ejecutar el apercibimiento decretado a la autoridad condenada PRESIDENTE DEL ÓRGANO DE GOBIERNO DE LA COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE BANDERILLA, VERACRUZ, en el referido proveído de seis de junio del año próximo pasado, consistente en una MULTA DE CINCUENTA UNIDADES DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN, que asciende a la cantidad de $4,224.50 (cuatro mil doscientos veinticuatro pesos 50/100M.N.), con base en el valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) para el año 2019, correspondiente a $84.49 (Ochenta y cuatro pesos 49/100 M.N.) establecido por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), publicado en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de dos mil diecinueve, vigente a partir del primero de febrero del presente año; misma que debe cobrarse al Ciudadano JUAN MANUEL RIVERA GONZÁLEZ, al encontrarse en funciones de dicho cargo al momento en que se realizó el referido apercibimiento, cuyo monto se deduce bajo el hecho de que existe un incumplimiento por parte de las responsables por más de cuatro años y cinco meses desde que la sentencia de mérito causó ejecutoria, y tomando en consideración que el máximo es de mil unidades de medida y actualización, tal y como lo establece el numeral 331 del Código de la materia, que dicta lo siguiente: (.) En consecuencia, gírese oficio al JEFE DE LA OFICINA DE HACIENDA DEL ESTADO XALAPA NORTE, para el cobro de la sanción impuesta a través del Procedimiento Administrativo de Ejecución, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 192, 193, 194 y 195 y demás relativos y aplicables del Código de Procedimientos Administrativos para el Estado, 20 fracción XXXIII del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado, así como con el Convenio de Coordinación y Colaboración en Materia de Cobro de Créditos Fiscales a través del Procedimiento Administrativo de Ejecución, número CONVENIOS/TEJAV/05/2018 de fecha veinte de agosto de dos mil dieciocho; y para que se encuentre en condiciones de cumplir con lo ordenado, remítasele copia debidamente certificada del proveído de seis de junio de dos mil dieciocho." De modo que, si tuvo conocimiento del acuerdo de veintinueve de abril del año en curso, el quince de mayo de dos mil diecinueve, es evidente que el quejoso contó con la oportunidad de interponer la demanda de amparo respecto de los actos reclamados precisados con los números 2 y 3, dentro del plazo legalmente establecido, pues al menos desde esa data se hizo sabedor de dichos actos, sin que lo hubiera hecho. En las relatadas condiciones, se colige que el promovente de la demanda tuvo la posibilidad legal de impugnar el acto que reclama dentro del plazo señalado en el artículo 17 de la Ley de Amparo, sin que sea óbice a lo anterior el hecho de que manifieste en su escrito aclaratorio que el oficio 8284, por el cual se le realizaron diversos requerimientos con fecha seis de junio de dos mil dieciocho, no le fuera notificado, en razón se hizo saber del mismo, al momento de la notificación del acuerdo de veintinueve de abril de dos mil diecinueve, esto es, el quince de mayo de dos mil diecinueve, y si no lo impugno en el término legal establecido, su conducta revela conformidad con dicho acto en su perjuicio, por lo que se concluye que existió consentimiento de su parte en lo que ve a los actos reclamados, al no ejercer en el momento oportuno la acción que intenta, esto es, dentro del término de quince días que dispone el aludido precepto. En tal razón, lo expuesto conlleva a establecer la imposibilidad de encausar su inconformidad en este medio, si previamente lo consintió tácitamente, y siendo ello así, se actualiza la hipótesis contenida en la fracción XIV, del precepto 61 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución General de la República. Apoya lo anterior, la jurisprudencia VI.2o. J/21, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, de texto. "ACTOS CONSENTIDOS TÁCITAMENTE. Se presumen así, para los efectos del amparo, los actos del orden civil y administrativo, que no hubieren sido reclamados en esa vía dentro de los plazos que la ley señala". Así como la tesis emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, que dice. "ACTOS CONSENTIDOS, AMPARO IMPROCEDENTE CONTRA LOS. Promovida la demanda de garantías fuera del término establecido en el artículo 21 de la Ley de Amparo, implica consentimiento del acto reclamado, por lo cual aquélla resulta improcedente, conforme a la fracción XII del artículo 73, en relación con el 145 de la ley en cita." Además, es menester precisar que al caso no es aplicable lo que dispone la fracción IV, del artículo 17 de la Ley de Amparo que a la letra dice: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: [.] IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." En virtud de que los efectos jurídicos del acto reclamado no transgreden la esfera jurídica del quejoso en los supuestos que describe el precepto antes transcrito. DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. En mérito de lo anterior, como se anticipó, se actualiza la diversa causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, relacionado con los diversos 17 y 18, todos de la Ley de Amparo; por tanto, con apoyo en el dispositivo 113 trascrito, se desecha la demanda en estudio.
- Principal
SE NOTIFICA POR LISTA LO SIGUIENTE: Xalapa-Enríquez, Veracruz, trece de junio de dos mil diecinueve. Vista la demanda de amparo promovida por Juan Manuel Rivera González, contra actos reclamados a la Sala Superior del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa del Estado de Veracruz, con residencia esta ciudad y otra autoridad. FÓRMESE JUICIO Y REGÍSTRESE en el Libro de Gobierno correspondiente bajo el número 537/2019-V-B. OBLIGACIÓN LEGAL DE PREVENIR AL QUEJOSO PARA QUE ACLARE LA DEMANDA Ahora bien, este Órgano Federal analizo la demanda a la luz de las disposiciones de la Ley de Amparo, y específicamente conforme a lo previsto por los artículos 112 y 114, fracción II y 108, fracción V, que en lo referente establecen: "Artículo 112. Dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite. Artículo 114.- El órgano jurisdiccional mandará requerir al promovente que aclare la demanda, señalando con precisión en el auto relativo las deficiencias, irregularidades u omisiones que deban corregirse, cuando: II. Se hubiere omitido alguno de los requisitos que establece el artículo 108 de esta Ley; (.) Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: (.) V. Bajo protesta de decir verdad, los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación;" Como se advierte de los dispositivos transcritos, es obligación del gobernado indicar bajo protesta de decir verdad los antecedentes que constituyen el acto reclamado; lo anterior, con la finalidad de reunir los requisitos que establece el artículo 108 de la Ley de la Materia, y cuando el juzgador advierta que los mismos resultan confusos o que faltan datos relevantes para proveer conforme a derecho la demanda intentada, deberá prevenir al quejoso para subsane dichas deficiencias. Ahora, de la lectura integral del escrito de demanda, el suscrito aprecia la ausencia de datos que resultan indispensables para proveer conforme a derecho la demanda intentada; lo anterior, en razón de que si bien el quejoso manifiesta que señala como actos reclamados el acuerdo de fecha veintinueve de abril de dos mil diecinueve, emitido por la Sala Superior del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa del Estado de Veracruz, dentro del cuaderno de ejecución de sentencia número 13/2015, formado con motivo del juicio contencioso administrativo 127/2012/II, en el cual se ordenó hacer efectivo el apercibimiento decretado en el acuerdo de seis de junio de dos mil dieciocho, consistente en una multa por la cantidad de cincuenta unidades de medida y actualización, que asciende a la cantidad de $4,224.50 (cuatro mil doscientos veinticuatro pesos 50/100 M.N.), por lo que se giró el oficio 1223 de veintinueve de abril del año en curso, al Jefe de la Oficina de Hacienda del Estado, a fin de que proceda hacer efectiva dicha multa, así como el oficio 8284 emitido por la sala responsable, a través del cual se le hacen diversos requerimientos, y como consecuencia de esto, el requerimiento de multa con folio RM/046/2019, de diecisiete de mayo de dos mil diecinueve, por parte de la Oficina de Hacienda, por el cual se le requirió pagar la cantidad equivalente a cincuenta unidades de medida y actualización, por concepto de multa por incumplimiento a un mandato judicial, impuesta por la Sala Superior del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa del Estado de Veracruz, más $15.00 (quince pesos 00/100 M.N.), por concepto de honorarios, haciendo un total de $4,239.50 (cuatro mil doscientos treinta y nueve pesos 50/100 M.N.), lo cierto es que únicamente señala que el requerimiento con folio RM/046/2019, le fue notificado el veinte de mayo de dos mil diecinueve; sin embargo, no señala cuándo le fue notificado el acuerdo de veintinueve de abril del año en curso, así como los oficios números 1223, que fuera emitido en cumplimiento al acuerdo que en esta vía se combate, así como el diverso oficio 8284 del cual expresa reclamar la falta de notificación del acuerdo de seis de junio de dos mil dieciocho, o en su caso cuándo tuvo conocimiento o se hizo sabedor de los mismos. En tales condiciones, a fin de tener datos complementarios suficientes para proveer sobre la demanda de amparo; con fundamento en lo dispuesto por los artículos 108, fracción V, 112 y 114, fracción II, todos de la Ley de Amparo, requiérase al promovente para que por escrito y con cuatro copias del mismo, para correr traslado a cada una de las partes, dentro del término de cinco días, contado a partir de que le sea notificado el presente proveído y bajo protesta de decir verdad, por tratarse de un requisito personalísimo, precise lo siguiente: ÚNICO. Deberá indicar cuándo se le notificó el acuerdo de veintinueve de abril del año en curso, así como los oficios número 1223 y 8284, los cuales derivan del acuerdo antes mencionado, o bien, cuándo tuvo conocimiento o se hizo sabedor de la existencia de los mismos. Tiene aplicación al caso en concreto la jurisprudencia número 2a./J. 161/2013, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis sustentadas por los Tribunales Colegiados Tercero en Materia Civil del Tercer Circuito, Segundo del Noveno Circuito y Cuarto del Centro Auxiliar de la Décima Región, con residencia en Saltillo, Coahuila, Décimo Época, que a la letra dice: "DEMANDA DE AMPARO. SI EL QUEJOSO OMITE SEÑALAR LA FECHA EN QUE TUVO CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO Y DICHO DATO NO DERIVA DE SUS ANEXOS, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE PREVENIRLO PARA QUE SUBSANE ESA DEFICIENCIA. De los artículos 116, 145 y 146 de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, deriva que la omisión de señalar en la demanda la fecha en que se tuvo conocimiento del acto reclamado, cuando ello no se desprenda de los anexos con que se acompañe, constituye una irregularidad de aquélla al tratarse de un dato indispensable para que el juzgador de amparo pueda verificar su presentación oportuna y, en este sentido, se comprende en la fracción IV del primer numeral citado, que no sólo se refiere a la narración de acontecimientos ocurridos con anterioridad al acto reclamado, sino también a los aspectos que influyan en la procedencia del juicio, por ser ésta una cuestión de orden público y estudio oficioso. Por tanto, el Juez de Distrito debe prevenir al quejoso para que subsane esa deficiencia, y de no hacerlo, incurrirá en violación a las disposiciones fundamentales que norman el procedimiento, que podrá dar lugar a ordenar su reposición en términos del numeral 91, fracción IV, del ordenamiento legal citado." Apercíbase al promovente que de no cumplir con lo requerido con anterioridad en el término concedido, se tendrá por no presentada la demanda que se provee, de conformidad con lo establecido en el artículo 114, párrafo segundo de la Ley de Amparo. Mientras tanto, guárdense en la secretaría de este juzgado, las siete copias de la demanda de mérito. COMO DOMICILIO DE LA PARTE QUEJOSA para oír y recibir todo tipo de notificaciones, se tiene el que señala en el escrito que se provee y por autorizada en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Grissel García Zarrabal, quien acorde a los lineamientos trazados por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se expide el similar que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo; y reforma y deroga diversas disposiciones de otros acuerdos generales, que establece el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, cuenta con el registro número 602, y por autorizados con la restricción que impone el citado precepto, a Lourdes Narahari Barrientos Pérez, Karla Denisse Rivas Morales, María del Sagrario Medina Zurutuza y Ana Gabriela Ávila Álvarez, por así haberlo solicitado el promovente, aunado a que dentro de la base de datos del referido sistema, no aparecen los registros correspondientes, y dicho quejoso no acreditó que éstos cuenten con documentos oficiales que los faculten para ejercer la licenciatura en derecho. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Toda vez que no existe impedimento legal para que la parte promovente, por si o por conducto de las personas que para tal fin autoriza, pueda hacer uso de scanner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro medio electrónico similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto por el suscrito juez federal, se autoriza su uso siempre que se deje constancia de su recepción en los autos por el Actuario del juzgado, así como la persona que recepcione la información debidamente identificada, para que se precise de que documento requiere obtenerse la reproducción, desde luego, sujeto a disponibilidad del expediente y que este en trámite en este juzgado; lo anterior, de conformidad con la circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve, suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. DIGITALIZACIÓN DE ACTUACIONES E INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO. Se comisiona al Secretario, así como a los Oficiales Administrativos correspondientes y demás encargados de la digitalización de constancias, y a los Actuarios Judiciales en lo conducente, a supervisar y/o realizar, la captura electrónica de los acuerdos emitidos en el presente asunto, así como la digitalización de las promociones, diligencias y documentos que obren en el mismo, de conformidad con lo previsto en el numeral 3 de la Ley de Amparo, así el Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal. DEPURACIÓN. En caso de que al concluirse este juicio existan documentos originales en términos del capítulo primero, punto segundo, fracción dieciocho del Acuerdo General Conjunto 1/2009, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se requiere a la parte oferente del mismo para que se presente a recogerlos dentro de los siguientes noventa días naturales a que cause estado la resolución que ponga fin el presente juicio. Con apercibimiento que de no hacerlo se destruirán en términos del Capítulo Quinto, último párrafo del punto Vigésimo del citado Acuerdo General. Para ello se instruye al Secretario del Juzgado para que certifique junto con la orden de archivo la existencia de tales documentos; sin que se consideren como documentos originales la carta poder manuscrita, por no ser insustituible por otro que hay sido ofrecido por las partes con excepción de la demanda; ni aquellos documentos de los que pueda obtenerse una copia certificada por alguna dependencia gubernamental, notaria o correduría públicas, sin que sea necesaria la autorización de las partes que hayan intervenido en el acto jurídico. TRANSPARENCIA. Suprímase en versión pública que se realice, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con fundamento en los artículos 1°, 3, 11, fracción VI, 16, 67, fracción II, inciso c) y 68, este último en relación con los diversos 110, 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese personalmente.Así lo proveyó y firma Samuel René Cruz Torres, Juez Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz, asistido de Luis Alberto Vázquez del Orbe, Secretario que autoriza y da fe.
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