Juan Manuel Reyes Méndez

Expediente 574/2016 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 27 actuaciones registradas, la última del 24 de noviembre de 2016.

Datos del expediente

Expediente
574/2016
Año
2016
Actuaciones
27
Última actuación
24/11/2016

Partes del expediente

  • Juan Manuel Reyes Méndez
  • Agente del Ministerio Público adscrito al Cento de Justicia para las Mujeres en Toluca

Actuaciones

Las 4 más recientes de 27.

  1. Principal

    Toluca, Estado de México, veinticuatro de noviembre de dos mil dieciséis. Agréguense a los autos las razones suscritas por la Actuaria Judicial adscrita, mediante las cuales hace constar la imposibilidad que tuvo para hacer la entrega de los oficios 24744/2016 y 24748/2016, dirigidos a la autoridad que el quejoso denominó como Jefe de Grupo adscrito a la Agencia del Ministerio Público del Centro de Justicia para Mujeres del Estado de México, por los motivos que ahí expone. En obvio de mayores dilaciones procesales, reenvíese los oficios en cita, por medio del superior jerárquico de la autoridad mencionada, es decir, a través del Procurador General de Justicia del Estado de México, para que esté en aptitud legal de imponerse de su contenido. Bajo apercibimiento que de ser omiso a lo anterior, se le impondrá una multa de cien Unidades de Medida y Actualización, de conformidad con lo previsto en los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo. Para ello, a través del correo electrónico Institucional tramite1@correo.cjf.gob.mx; podrá remitir lo que se le exige (confirmando al número telefónico 01.722.236.05. 00, extensión 3257). Notifíquese. Así lo proveyó Alberto Roldán Olvera, Juez Quinto de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, asistido del secretario Erik Roberto Frías Guerrero, que da fe.

  2. Principal

    Toluca, Estado de México; veintiséis de agosto de dos mil dieciséis. Vista la certificación que antecede, se advierte que el proveído de tres de agosto de dos mil dieciséis, se notificó el diez siguiente, al quejoso Juan Manuel Reyes Méndez; por tanto, el plazo de diez días otorgado en esa actuación, a fin de que acudiera a este órgano de control constitucional a recibir los edictos para emplazar a la tercera interesada, transcurrió del doce al veinticinco del mes y año en curso; a lo que se provee: En primer lugar, los numerales 26, fracción I, inciso b, 27 fracción III inciso b y 5, fracción III, inciso b, todos de la Ley de Amparo, en lo que interesa disponen: ARTÍCULO 26.- Las notificaciones en los juicios de amparo se harán: I. En forma personal: (.) b) La primera notificación al tercero interesado y al particular señalado como autoridad responsable. "ARTICULO 27.- (.) III. Cuando no conste en autos domicilio para oír notificaciones, o el señalado resulte inexacto: b) Tratándose de la primera notificación al tercero interesado y al particular señalado como autoridad responsable, el órgano jurisdiccional dictará las medidas que estime pertinentes con el propósito de que se investigue su domicilio y podrá requerir a la autoridad responsable para que proporcione el que ante ella se hubiera señalado. Siempre que el acto reclamado emane de un procedimiento judicial la notificación se hará en el último domicilio señalado para oír notificaciones en el juicio de origen. Si a pesar de lo anterior no pudiere efectuarse la notificación, se hará por edictos a costa del quejoso en términos del Código Federal de Procedimientos Civiles. En caso de que el quejoso no acredite haber entregado para su publicación los edictos dentro del plazo de veinte días siguientes al en que se pongan a su disposición, se sobreseerá el amparo." De los preceptos transcritos queda patente que: a) En primera instancia el emplazamiento a juicio de los terceros interesados se hará mediante notificación personal. b) Cuando no conste en autos el domicilio de los terceros interesados, el órgano jurisdiccional dictará las medidas pertinentes para la investigación del domicilio del tercero interesado y podrá requerir a la responsable para que proporcione el último domicilio que obre en el juicio natural. c) Si a pesar de la investigación se desconoce el domicilio, la primera notificación se hará por edictos a costa del quejoso. De lo transcrito y señalado, se advierte que la Ley de Amparo establece concretamente la forma en que debe ser emplazado a juicio el o los terceros interesados, lo cual debe hacerse mediante notificación personal, siempre que se conozca o logre investigar su domicilio o por medio de edictos a costa del quejoso, si se ignora aquél. En ese tópico, este Juzgador advierte oficiosamente, que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso dispositivo 5, fracción III, inciso b, del propio ordenamiento que a la letra dicen: "ARTÍCULO 61.- El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de esta Ley." "ARTICULO 5o. (.) III. El tercero interesado, pudiendo tener tal carácter: (.) b) La contraparte del quejoso cuando el acto reclamado emane de un juicio o controversia del orden judicial, administrativo, agrario o del trabajo; o tratándose de persona extraña al procedimiento, la que tenga interés contrario" De dichos preceptos legales se advierte claramente que, por cuanto hace al ordinal 61, en sus primeras fracciones no se prevé como causa de improcedencia del juicio de amparo el hecho de que la quejosa, una vez requerida para tal efecto, no haya acreditado haber realizado las gestiones necesarias para la publicación de los edictos que le fueron puestos a su disposición para emplazar a juicio a la tercera interesada; sin embargo, de la interpretación sistemática de lo dispuesto en el citado artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con lo previsto en los diversos numerales 27, fracción III, inciso b y 5°, fracción III, inciso b, del mismo ordenamiento, así como en el precepto 14, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se llega al convencimiento de que la contumacia en que incurre la quejosa al no acreditar las gestiones necesarias para la publicación de los edictos ordenados para emplazar a juicio a dicha tercera interesada, impide cumplir con un presupuesto procesal que se erige con formalidad esencial del procedimiento, que hace que el juzgador de amparo no pueda pronunciarse sobre el fondo de lo planteado en el juicio constitucional, con lo que se actualiza una causa de improcedencia. En efecto, la fracción III, inciso b, del artículo 27, de la multicitada Ley de Amparo dispone que, si se desconoce el domicilio de la tercera interesada, el juzgador federal debe dictar las medidas que estime pertinentes con el propósito de que se investigue aquél y si a pesar de la investigación se desconoce el domicilio, impone a la parte quejosa la obligación de solventar los gastos necesarios para realizar el emplazamiento por edictos de la tercera interesada; en esta hipótesis, y una vez que ha sido admitida la demanda de amparo se advierte que no se conoce el domicilio de la tercera interesada, ya sea porque la quejosa lo ignora, o bien, porque no corresponde al que señaló en su demanda, en términos de lo previsto en el artículo 108, fracción II, de la ley de la materia, el juzgador de amparo, dictará las medidas pertinentes para investigarlo, y cuando estime que éstas resultaron infructuosas ordenará que el emplazamiento respectivo se realice por edictos, los que serán a costa del quejoso. Es decir, el emplazamiento del tercero interesado que permita tener por válidamente constituida la relación jurídica procesal, está condicionado a que el quejoso realice el pago de los edictos respectivos, siendo que el incumplimiento de tal obligación provoca que no pueda tenerse por llamado al juicio de amparo a un gobernado, que con motivo de la emisión del acto reclamado recibió algún beneficio en su esfera jurídica, ni mucho menos que pueda ser resuelto el juicio constitucional. Por ello, en atención a la posición jurídica que guarda el al tercero interesado menor de edad, de identidad reservada D.S.V.V., representado por su madre María Valeria Velarde Vargas, en relación con el acto reclamado, debe estimarse que su emplazamiento al juicio constituye un auténtico presupuesto procesal del procedimiento. En esas condiciones, tomando en cuenta la naturaleza del juicio de amparo, así como las formalidades esenciales que constitucionalmente rigen a todo juicio, en virtud de que las determinaciones que se adopten en éste pueden llegar a afectar la esfera jurídica de la tercera interesada, debe estimarse que su emplazamiento al juicio de amparo constituye un presupuesto procesal cuyo incumplimiento, es atribuible a la quejosa por la falta de acreditación de las gestiones necesarias para el pago y publicación de los edictos o su imposibilidad para ello, impide al juzgador pronunciarse sobre la constitucionalidad del acto reclamado y, por ende, torna improcedente el respectivo sumario, pues constitucionalmente no es válido que un tribunal resuelva el fondo de lo planteado sin llamar a juicio a los gobernados cuya esfera jurídica se puede ver afectada con su resolución. Es claro que al quedar paralizado el juicio constitucional por la no publicación de los edictos, a costa de la quejosa, para lograr el emplazamiento de la tercera interesada, se contraviene lo dispuesto en el artículo 17 de la Carta Magna, ya que se entorpece la administración de la justicia por retardarse la solución del conflicto, sin que esto sea atribuible al órgano jurisdiccional sino a la propia quejosa, cuyo interés particular no puede estar por encima del interés público que tutela dicho precepto constitucional citado, pues la sociedad está interesada en que los juicios se resuelvan dentro de los términos que al respecto señale la ley y que no quede su resolución al arbitrio de una de las partes, en este caso del quejoso, pues con su omisión impide que se constituya válidamente la relación jurídica procesal, contraviniéndose con ello el interés común de la sociedad, razones estas que llevan a determinar el sobreseimiento en el juicio constitucional. Conforme a lo anterior, se estima que al respecto queda garantizada la impartición de justicia de manera pronta y expedita como lo ordena el artículo 17 constitucional evitándose, además, que la falta de trámite y resolución del juicio de amparo quede al arbitrio del quejoso. Aunado a lo anterior, ya que este órgano jurisdiccional agotó todos los medios a su alcance para lograr el emplazamiento del al tercero interesado menor de edad, de identidad reservada D.S.V.V., representado por su madre María Valeria Velarde Vargas, en conformidad con lo establecido en el artículo 17 de la Constitución General de la República, existe obligación de velar por la pronta y expedita administración de justicia; por tanto, se hace efectivo el apercibimiento decretado el tres de agosto de dos mil dieciséis y se SOBRESEE FUERA DE AUDIENCIA el presente juicio de amparo, ello de conformidad con el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos dispositivos 26, fracción I, inciso b, 27 fracción III inciso b y 5, fracción III, inciso b, todos de la ley de la materia. Sirve de apoyo, por analogía la Jurisprudencia 64/2002, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión privada de catorce de junio de dos mil dos, que resolvió la contradicción de tesis 16/200O-PL, el veinticuatro de mayo del año que cursa, cuyo rubro y contenido señalan: "EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO PERJUDICADO. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS, PAGAR SU PUBLICACIÓN Y EXHIBIRLA, DA LUGAR AL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 30, fracción II de la Ley de Amparo, el emplazamiento a juicio del tercero perjudicado se hará mediante notificación personal, siempre que se conozca o se logre investigar su domicilio, o por medio de edictos o costa del quejoso, si a pesar de la investigación se ignora aquél. Ahora bien, del análisis sistemático de lo previsto en el artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos dispositivos 30, fracción II y 5º, fracción III, del propio ordenamiento, así como en el numeral 14, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se concluye que si una vez agotada la investigación a que alude el referido artículo 30, fracción II, y ordenado el emplazamiento a juicio del tercero perjudicado por medio de edictos a costa del quejoso, éste no los recoge, paga su publicación y exhibe ésta, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, toda vez que incumple con un presupuesto procesal, que se erige en formalidad esencial del procedimiento y hace que el juzgador de amparo no pueda pronunciarse sobre el fondo de lo planteado en el juicio constitucional; por ende, se actualiza una causa de improcedencia, pues con la no publicación de los edictos ordenados queda paralizado el juicio de garantías al arbitrio del quejoso, con lo que se contraviene lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Federal, puesto que se entorpece la administración de justicia, por retardarse la solución del conflicto, ya que ello no es atribuible al órgano jurisdiccional, sino al propio quejoso, cuyo interés particular no puede estar por encima del interés público, tutelado por dicho precepto constitucional, en razón de que la sociedad está interesada en que los juicios se resuelvan dentro de los términos que al respecto señale la ley y no quede su resolución al árbitro de una de las partes, en este caso del quejoso.". Sin que lo establecido en la presente determinación contravenga lo establecido en la jurisprudencia 2a./J. 108/2010, aportada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 416 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXII, Agosto de 2010, del rubro: "EMPLAZAMIENTO AL TERCERO PERJUDICADO POR EDICTOS. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS Y PAGAR SU PUBLICACIÓN NO CONDUCE NECESARIAMENTE AL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO."; dado que pese haber tenido la oportunidad debida, no acreditó que su imposibilidad para exhibir los edictos en cuestión atendiera a la falta de capacidad económica; sino que solamente demuestra la conducta contumaz desplegada en relación al requerimiento planteado; lo que, como ya se dijo, indefectiblemente conlleva a la actualización de la causa de improcedencia en que se basó la presente resolución. Se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las once horas con treinta minutos del veintinueve de agosto de dos mil dieciséis. Las anotaciones correspondientes háganse en el libro de gobierno. Notifíquese y personalmente al quejoso, así como al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito. Así lo proveyó y firma el licenciado José Jiménez Sarmiento, Secretario del Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, encargado del despacho en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de conformidad con el oficio CCJ/ST/2900/2016, de veintiocho de junio de dos mil dieciséis, suscrito por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal; quien actúa asistido ante el licenciado Erik Roberto Frías Guerrero, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    Toluca, Estado de México; veintidós de agosto de dos mil dieciséis. Visto el estado procesal de los autos, se advierte que el proveído de tres de agosto de dos mil dieciséis, se notificó el diez siguiente, al quejoso ********************; por tanto, el plazo de diez días otorgado en esa actuación, a fin de que acuda a este órgano de control constitucional a recibir los edictos para emplazar al tercero interesado ********************, transcurre del doce al veinticinco del mes y año en curso. Para permitir lo anterior y no violar las reglas procedimentales del juicio de amparo, procede diferir la audiencia constitucional señalada para esta fecha y, se fijan las once horas con treinta minutos del veintinueve de agosto de dos mil dieciséis, para su verificativo. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el licenciado José Jiménez Sarmiento, Secretario del Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, encargado del despacho en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de conformidad con el oficio CCJ/ST/2900/2016, de veintiocho de junio de dos mil dieciséis, suscrito por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal; quien actúa asistido ante el licenciado Erik Roberto Frías Guerrero, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  4. Principal

    Toluca, Estado de México; dieciséis de agosto de dos mil dieciséis. Vista la certificación de cuenta, así como el estado procesal de los autos, se advierte que en el presente juicio de amparo, a esta fecha, no se cuenta con la ratificación del escrito de desistimiento expresado por el quejoso (folio 106); obligación procesal que le fue notificada el doce del mes y año en curso; por tanto, aún transcurre el plazo decretado el nueve de agosto último; para permitir lo anterior y no violar las reglas procedimentales del juicio de amparo, procede diferir la audiencia constitucional señalada para esta fecha y se fijan las diez horas con cincuenta y cinco minutos del veintidós de agosto de dos mil dieciséis, para su verificativo. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el licenciado José Jiménez Sarmiento, Secretario del Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, encargado del despacho en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de conformidad con el oficio CCJ/ST/2900/2016, de veintiocho de junio de dos mil dieciséis, suscrito por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal; quien actúa asistido ante el licenciado Erik Roberto Frías Guerrero, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

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