Juan Manuel Ramírez Sánchez y Otros.
Expediente 1402/2015 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz. 8 actuaciones registradas, la última del 9 de noviembre de 2015.
Datos del expediente
- Expediente
- 1402/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 09/11/2015
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Juan Manuel Ramírez Sánchez y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
De la certificación secretarial que antecede, se advierte que las partes no interpusieron recurso de revisión contra del proveído en que se sobreseyó fuera de audiencia en el juicio, en el término legalmente establecido; en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicha resolución HA CAUSADO ESTADO. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno; con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, archívese el presente asunto como concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación que el presente asunto es susceptible de DEPURACIÓN. Ello es así, pues si bien encuadra en la hipótesis de la fracción II del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General, al ser un juicio de amparo sobreseído, lo cierto es que se concedió la suspensión de plano, por lo cual debe conservarse, pues dicha medida cautelar tiene efectos definitivos y perdura hasta la terminación del juicio, de conformidad con el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de diciembre de 2012; además, no existen documentos originales exhibidos por las partes y el expediente carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del punto vigésimo primero referido. Por lo tanto, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberá transferirse al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo.
- Principal
Del estado procesal que guardan estos autos se advierte que el catorce de septiembre de dos mil quince, se tuvieron por recibidas diversas constancias remitidas por el Encargado del Despacho de la Dirección General del Centro Federal de Readaptación Social Número Cinco "Oriente", con sede en Villa Aldama, Veracruz, en atención al contenido de las mismas se realiza el siguiente pronunciamiento: PROPUESTA DEMOSTRATIVA En el caso, se considera que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo en vigor, como se explica a continuación: HIPÓTESIS NORMATIVAS El artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo en vigor, prevé: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI.- Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado (.)." De la interpretación del artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo en vigor, se concluye que la causa de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de efectos del acto reclamado, se actualiza cuando ante la insubsistencia del mismo, todos sus efectos desaparecen o se destruyen de forma inmediata, total e incondicionalmente, de manera que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional o convencional, como si se hubiese concedido el amparo, o bien, se dejó de afectar la esfera jurídica del gobernado. HECHOS En el caso, cabe destacar que los actos reclamados los hizo consistir en: La negativa u omisión de brindar atención médica al quejoso. En congruencia con lo anterior, del estado procesal que guardan estos autos, se advierte que el quejoso Juan Manuel Ramírez Sánchez, ha recibido atención médica y medicamentos, para acreditar tal situación la autoridad responsable remitió diversas constancias, mediante las cuales se demuestra que el quejoso ha recibido atención médica especializada y medicamentos a efecto de preservar su salud respecto de los padecimientos que tiene, entre los que se encuentran el informe de estado de salud que se lleva en aquel lugar, consultas otorgadas y medicamentos recetados al quejoso (fojas 22 a 44 y 50 a 52). Asimismo, se destaca que la autoridad responsable perteneciente al Centro Federal de Readaptación Social Número Cinco "Oriente", con sede en Villa Aldama, Veracruz, otorgó al quejoso diversas consultas médicas en las que se le ha valorado por los médicos de guardia adscritos a dicho centro penitenciario, de cuyas evaluaciones y recetas médicas se desprende que al quejoso se le ha atendido respecto de sus padecimientos que presenta en la piel. De las documentales descritas en los párrafos que anteceden las cuales gozan de pleno valor probatorio, de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se advierte que se ha brindado al quejoso atención médica especializada respecto de sus padecimientos. CONCLUSIÓN Por lo tanto, considerando que se ha brindado la atención médica que necesita el quejoso, se concluye respetuosamente que han cesado los efectos de los actos reclamados que imputa a la autoridad señalada como responsable y, por ende, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo en vigor. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis siguiente: "No. Registro: 917,637 Jurisprudencia Materia(s): Común Novena Época Instancia: Segunda Sala Fuente: Apéndice 2000 Tomo VI, Común, Jurisprudencia SCJN Tesis: 103 Página: 81 CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL.- De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". En consecuencia, en términos de lo dispuesto en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, procede sobreseer en este juicio de amparo fuera de audiencia constitucional, por lo que se deja sin efectos la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional. No obstante lo anterior, comuníquese a la autoridad responsable que queda bajo su más estricta responsabilidad continuar con el suministro de medicamentos y atención médica al quejoso, por tratarse de un derecho humano.
- Principal
Agréguese a los autos para los efectos legales procedentes, el oficio signado por la autoridad responsable adscrita al Centro Federal de Readaptación Social número Cinco "Oriente" en Cerro de León, municipio de Villa Aldama, Veracruz, mediante el cual remite copia certificada de diversas constancias requeridas en autos; las cuales serán tomadas en consideración en el momento procesal oportuno.
- Principal
De las constancias del expediente en que se actúa se advierte que el quejoso Juan Manuel Ramírez Sánchez, señaló como acto reclamado la negativa u omisión de brindarle atención médica, en el lugar de su reclusión. Por otra parte, de las constancias que enviaron las autoridades responsables adscritas al Centro Federal de Readaptación Social Número Cinco "Oriente", con residencia en Villa Aldama, Veracruz, se advierte que remitieron las relativas al estado de salud del citado quejoso, de fechas veintisiete de agosto y ocho de septiembre de dos mil quince, en los que le fue diagnosticado vitíligo y se le indicó el tratamiento correspondiente; sin embargo, no fueron enviadas las constancias que acrediten que le son proporcionados los medicamentos prescritos; por tanto, requiérase al Director General del Centro Federal en cita, para que en el término de tres días, de conformidad con el artículo 297, fracción II, de la Ley de Amparo, envíe copia certificada de las constancias de referencia; con el apercibimiento que de no dar cumplimiento a lo antes indicado, se le impondrá una multa consistente en cincuenta días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, de conformidad con lo previsto en los artículos 237, fracción I, en relación con el 259, ambos de la Ley de Amparo. Tiene aplicación la tesis siguiente: Novena Época Registro: 199454 Instancia: Pleno Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta V, Febrero de 1997 Materia(s): Común Tesis: P./J. 17/97 Página: 108 "PRUEBAS Y ACTUACIONES PROCESALES. EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE ALLEGÁRSELAS CUANDO LAS ESTIME NECESARIAS PARA RESOLVER EL ASUNTO. De conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 78 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito deberá recabar oficiosamente pruebas que, habiendo sido rendidas ante la responsable, no obren en autos y estime necesarias para la resolución del asunto. De acuerdo con esta regla y atendiendo a la necesidad de encontrar la verdad material sobre la formal que tuvo en cuenta el legislador, debe estimarse que la reforma que sustituyó la palabra "podrá" por "deberá", se encaminó a atenuar el principio general contenido en el tercer párrafo del artículo 149 del citado ordenamiento, pues por virtud de la misma ya no corresponde exclusivamente a las partes aportar las pruebas tendientes a justificar las pretensiones deducidas en los juicios de garantías, sino también al Juez de Distrito para allegar de oficio todos los elementos de convicción que habiendo estado a disposición de la responsable, estime necesarios para la resolución del amparo, circunstancia de necesidad que no debe quedar al libre arbitrio del Juez, sino que debe calificarse tomando en cuenta la estrecha vinculación que la prueba o la actuación procesal tienen con el acto reclamado, de tal modo que de no tenerse a la vista aquéllas sería imposible resolver conforme a derecho sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto. Asimismo, no puede estimarse que la obligación a que se refiere el artículo 78 de la Ley de Amparo, pugne con lo dispuesto por el numeral 149, pues la aplicación de aquel precepto se actualiza cuando la autoridad reconoce en su informe la existencia del acto sosteniendo únicamente su legalidad, que es una situación diversa a la presunción de certeza que opera por la falta de informe, en cuyo caso corresponde al quejoso la carga de la prueba cuando el acto reclamado no sea violatorio de garantías en sí mismo, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad dependa de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado el propio acto." En mérito de lo anterior, no ha lugar a celebrar la audiencia constitucional señalada para hoy, y se fijan las CATORCE HORAS CON DIEZ MINUTOS DELTREINTA DE OCTUBRE DE DOS MIL QUINCE, para que tenga verificativo, lo cual se hace de manera objetiva, atendiendo a la disponibilidad de fechas que presenta la agenda.
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