Juan Manuel Ramirez Ortiz
Expediente 2096/2016 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula. 44 actuaciones registradas, la última del 14 de junio de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 2096/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 44
- Última actuación
- 14/06/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula · Chiapas
Partes del expediente
- Juan Manuel Ramirez Ortiz
Actuaciones
Las 4 más recientes de 44.
- Principal
Visto el estado procesal de los autos y la certificación secretarial que antecede, se advierte que transcurrió el plazo de quince días, que el artículo 202 de la Ley de Amparo, concede para interponer recurso de inconformidad, contra el auto de veintisiete de febrero del año en curso, mediante el cual, se tuvo por cumplida la sentencia amparadora, sin que la parte interesada lo hubiese hecho valer; en consecuencia, se tiene por consentida dicha determinación. En razón a que el presente asunto se encuentra concluido, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, aplicado a contrario sensu, se ordena su archivo; agréguese a sus autos únicamente el original del incidente de suspensión respectivo.
- Principal
Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos la comunicación signada por el secretario del Juzgado Séptimo de Distrito en La Laguna, residente en Torreón, Coahuila, mediante la cual devuelve diligenciado el exhorto 64/2019, orden 105/2019, del índice de este órgano jurisdiccional, que se envió para notificar a Juan Manuel Ramírez Ortiz, el proveído de veintisiete de febrero del año en curso (fojas 344 a 348). Hágase las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. Acúsese recibo.
- Principal
Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos la comunicación signada por el Juez Tercero de Distrito en La Laguna, con residencia en Torreón, Coahuila, mediante la cual devuelve diligenciado el exhorto 39/2019, del índice de este órgano jurisdiccional, que se envió para notificar al quejoso Juan Manuel Ramírez Ortiz, el proveído de uno de febrero del año en curso y se le diera vista con el contenido del oficio signado por el Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social dependiente de la Comisión Nacional de Seguridad de la Secretaría de Gobernación, con sede en la ciudad de México, con el que dio cumplimiento al fallo protector (foja 290). Hágase las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y dése de baja en el libro correspondiente. Acúsese recibo. Por otra parte y en razón a que ya obra la notificación al quejoso señalada con antelación, se procede a analizar si se ha dado cumplimiento a la ejecutoria pronunciada en este asunto. El artículo 77 de la Ley de Amparo dispone: "Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán: I. Cuando el acto reclamado sea de carácter positivo se restituirá al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; II. Cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija." En el último considerando de la sentencia que conceda el amparo, el juzgador deberá determinar con precisión los efectos del mismo, especificando las medidas que las autoridades o particulares deban adoptar para asegurar su estricto cumplimiento y la restitución del quejoso en el goce del derecho. En asuntos del orden penal en que se reclame una orden de aprehensión o auto de vinculación a proceso en delitos que la ley no considere como graves, la sentencia que conceda el amparo surtirá efectos inmediatos, sin perjuicio de que pueda ser revocada mediante el recurso de revisión; salvo que se reclame el auto de vinculación a proceso y el amparo se conceda por vicios formales. En caso de que el efecto de la sentencia sea la libertad del quejoso, ésta se decretará bajo las medidas de aseguramiento que el órgano jurisdiccional estime necesarias, a fin de que el quejoso no evada la acción de la justicia. En todo caso, la sentencia surtirá sus efectos, cuando se declare ejecutoriada o cause estado por ministerio de ley." De acuerdo con el artículo 77 de la Ley Reglamentaria de los numerales 103 y 107 de la Constitución General de la República, la sentencia que conceda el amparo y protección de la Justicia Federal tendrá por objeto restituir a la parte quejosa en el pleno goce de los derechos fundamentales violados, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el efecto del amparo será obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la misma garantía exige. En ese contexto, en sentencia con engrose de treinta y uno de marzo de dos mil diecisiete (fojas 89 a 97), en la que se concedió el amparo y protección de la justicia federal al quejoso Juan Manuel Ramírez Ortiz. Inconforme con dicha determinación, la autoridad responsable Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social dependiente de la Comisión Nacional de Seguridad de la Secretaría de Gobernación, con sede en la ciudad de México, a través de la Subdirección de Área de la Dirección de Amparo y Derechos Humanos, interpuso recurso de revisión en contra de la referida sentencia definitiva (fojas 104-120), del cual correspondió conocer al Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del Vigésimo Circuito, con residencia en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, quedando registrado en el libro de gobierno de dicho Tribunal bajo el número amparo en revisión 370/2017 (foja 207). En proveído de nueve de enero de dos mil dieciocho (foja 270), se tuvo por recibido el testimonio de ejecutoria emitido por el Tribunal Colegiado en mención, dictado en sesión de catorce de diciembre de dos mil diecisiete (fojas 211 a 269), en el que la Superioridad en comento, resolvió: "PRIMERO. Se confirma la sentencia recurrida SEGUNDO. Para los efectos precisados por el Juez de Distrito en la sentencia recurrida, la Justicia de la Union ampara y protege a JUAN MANUEL RAMÍREZ ORTIZ, contra el acto y autoridades señalados en el resultando primero de este fallo." Siendo los efectos de la concesión, para que el comisionado responsable realizara lo siguiente: "Deje insubsistente la orden contenida en el oficio SEGOB/CNS/OADPRS/33636/2015, de ocho de octubre de dos mil quince, únicamente por lo que se refiere al impetrante citado, y lo restituya en el goce y disfrute de sus derechos fundamentales violados. Sin embargo, dado que en el Centro Federal de Readaptación Social Número 10 "Nor- Noreste", con sede en Monclova, Coahuila de Zaragoza, se están realizando obras de infraestructura, pues así se advierte del contenido de la aludida orden de traslado, por tal motivo, no es factible reingresar al quejoso a dicho centro penitenciario; por lo tanto, la autoridad responsable deberá trasladar al quejoso al centro de readaptación social federal más cercano al lugar en el que se encontraba recluido, a fin de salvaguardar sus derechos humanos. En la inteligencia que la protección constitucional concedida no impide que la autoridad administrativa responsable pueda, eventualmente, trasladar al aquí quejoso a algún otro centro carcelario, distinto de aquel en donde se encuentre; siempre y cuando se cumplan con los requisitos legales precisados en esta sentencia; es decir, que dicho mandamiento sea emitido por la autoridad judicial competente.." Por lo tanto, en el mencionado proveído se requirió cumplimiento a la autoridad responsable en términos del artículo 192 de la Ley de Amparo. En auto de treinta de julio de dos mil dieciocho, nuevamente se requirió el cumplimiento de la sentencia a las autoridades responsables (foja 270). En proveído de tres de diciembre de dos mil dieciocho, de nueva cuenta se requirió a las autoridades el cumplimiento al fallo protector (foja 278). En auto de veintiuno de enero de dos mil diecinueve, se otorgó prorroga de diez días al Comisionado responsable para que diera cumplimiento a la ejecutoria dictada en este asunto (foja 282). En acuerdo de uno de febrero del año que transcurre (fojas 290), se tuvo por recibido el oficio con folio 1303 (foja 284), signado por el Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social dependiente de la Comisión Nacional de Seguridad de la Secretaría de Gobernación, con sede en la ciudad de México, con el que informó sobre el cumplimiento de la sentencia ejecutoria pronunciada en este juicio y remitió los oficios SEGOB/CNS/OADPRS/05273/2018 y SEGOB/CNS/OADPRS/05274/2018 (fojas 285 y 286), dándose vista a la parte quejosa por el plazo de tres días, para que manifestara lo que a su interés legal conviniera. En consecuencia, procede que el suscrito juzgador federal realice el pronunciamiento relativo, a fin de determinar si se encuentra cumplido o no el fallo protector. Ahora bien, del análisis de las constancias remitidas por la autoridad responsable las cuales están provistas de valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los dispositivos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo por disposición expresa en su ordinal 2, se obtiene que el fallo amparatorio se encuentra debidamente cumplido. Lo anterior es así, toda vez que de esas documentales, se advierte que en veintiocho de febrero de dos mil dieciocho, el Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social dependiente de la Comisión Nacional de Seguridad de la Secretaría de Gobernación, con sede en la ciudad de México, emitió el oficio SEGOB/CNS/OADPRS/05274/2018 (fojas 286), en el que la citada autoridad, autorizó el traslado del quejoso al Centro Federal de Readaptación Social número 14 "Cps-Durango", posteriormente, en fecha dieciséis de marzo de dos mil dieciocho, se levantó acta administrativa de ingreso número 019/2018, en la cual se hace constar que el quejoso fue ingresado en el Centro Federal de Readaptación Social número 14 "Cps-Durango" (fojas 287 y 288). Por lo tanto, es evidente que se ha cumplido con el fallo protector; en consecuencia, se declara cumplida la sentencia pronunciada en el juicio constitucional en que se actúa, conforme a los artículos 77 y 196 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a foja 414, tomo IV, octubre 1997, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El artículo 105 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, esencialmente, impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento, cuando no fuere obedecida dicha ejecutoria a pesar de los requerimientos formulados al efecto. Del párrafo tercero de este precepto legal, se deduce también la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el referido cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el Juez de Distrito la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo así en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificar el cumplimiento con expresiones tales como "debido", "exacto", "cabal", u otras semejantes ya que tal calificativa implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente, si no se conformara con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial en tal sentido y calificación oficiosa y, además, llevaría al propio juzgador a la posibilidad de emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución." En atención a que el aquí quejoso se encuentra recluido en el Centro Federal de Readaptación Social Número Catorce "CPS-DURANGO", con sede en Gómez Palacio, Durango, con apoyo en el artículo 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2º, gírese atento exhorto vía Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes al Juez de Distrito en la Laguna, con sede en Torreón, Coahuila, en turno, para que en auxilio de la justicia federal, comisione a quien corresponda, se constituya en las instalaciones que ocupa el Centro Federal de Readaptación Social Número Catorce "CPS-DURANGO", con sede en Gómez Palacio, Durango, y notifique personalmente al impetrante del amparo Juan Manuel Ramírez Ortiz, el presente proveído. Sin que sea necesario acusar recibo de estilo en virtud de que dicho sistema lo genera automáticamente. Hágase lo anterior del conocimiento de la autoridades responsable, para los efectos legales procedentes y las anotaciones en el libro que corresponda.
- Principal
Tapachula de Córdova y Ordoñez, Chiapas; veinticinco de febrero de dos mil diecinueve. Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos la comunicación signada por el Juez Tercero de Distrito en La Laguna, con residencia en Torreón, Coahuila, mediante la cual devuelve diligenciado el exhorto 35/2019, del índice de este órgano jurisdiccional, que se envió para notificar a ********************, el proveído de uno de febrero del año en curso (foja 290). Hágase las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. Acúsese recibo.
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