Juan Manuel Pérez Monreal
Expediente 1107/2019 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 4 actuaciones registradas, la última del 30 de agosto de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1107/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 30/08/2019
Partes del expediente
- Juan Manuel Pérez Monreal
Actuaciones
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, treinta de agosto de dos mil diecinueve. Se recibe testimonio de resolución. Agréguese a los autos el oficio ***, signado por la Secretaria de Acuerdos adscrita al Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Sexto Circuito, mediante el cual remite testimonio de la resolución pronunciada en la queja *** de su índice, relativa al juicio de amparo indirecto *** así como un cuaderno de antecedentes del juicio en que se actúa. En consecuencia, agréguese a sus autos para los efectos legales correspondientes, acúsese recibo de estilo a la Superioridad y hágase saber a las partes que el Tribunal de referencia resolvió lo siguiente: "...se resuelve: ÚNICO. Es infundado el recurso de queja a que este expediente se refiere." En tal virtud, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) y archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Con fundamento en lo dispuesto por el Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes, se acuerda lo siguiente: Destrúyase el presente expediente, una vez transcurridos cinco años de su archivo, ya que el juicio concluyó con un auto que determinó desechar de plano la demanda de amparo; es decir, encuadra en la hipótesis prevista en el punto vigésimo primero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto de referencia, que establece: "VIGESIMO PRIMERO. De los expedientes provenientes de los Juzgados de Distrito son susceptibles de depuración o destrucción aquellos que aun teniendo documentos originales no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos Décimo Primero, párrafo último y Vigésimo Segundo de este Acuerdo General Conjunto, cuentan con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y se ubican en los siguientes supuestos: (.) De los expedientes anteriores, se conservarán en su integridad aquellos que el Juez de Distrito atendiendo a su prudente arbitrio considere de relevancia documental. Se considera que cumplen con este requisito, entre otros, los relativos a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental; aquellos que contengan resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes o todos los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica." Asimismo, a consideración de este juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto de referencia. Háganse las anotaciones respectivas en la carátula del expediente para una mejor identificación del mismo. Digitalización. Previo a su destrucción, en cumplimiento al punto décimo séptimo, del acuerdo invocado, se comisiona al Secretario para que verifique la digitalización de la demanda, el auto que determinó desecharla de plano, y de las actuaciones que ameriten ese tratamiento, a fin de conservar y difundir su contenido, así como la remisión física del expediente al archivo correspondiente. Devolución de documento original. Ahora, tomando en consideración que la parte quejosa adjuntó diverso documento original a su escrito de demanda de amparo, con fundamento en el segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009; se le requiere para que dentro del término de noventa días comparezca a recogerlo en las instalaciones de este juzgado federal, con el apercibimiento que de no hacerlo, dicho documento podrá ser destruido junto con el expediente. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Agréguese a los autos el oficio de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, mediante el cual informa que designó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que represente al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos en el presente juicio de amparo [en el cual se controvierte, entre otros actos, la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, reglamentaria de los artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos], en virtud de la competencia que le corresponde, establecida en los artículos 31 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y 72, fracción II Bis, del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Al respecto, con fundamento en los artículos 61, 62, 63 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional toma conocimiento que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, es quien ejerce la representación del Ejecutivo Federal en lo relativo al presente juicio de amparo; lo anterior para los efectos legales a que haya lugar.
- Principal
Cúmplase.
- Principal
Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se desprende que ha transcurrido el plazo de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo para la interposición del recurso de revisión en contra de la sentencia dictada en el presente juicio de amparo, en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal; por tanto, con apoyo en los artículos 355 y 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, en términos de su artículo 2°, se declara que la sentencia de mérito ha causado ejecutoria para todos los efectos legales procedentes. En consecuencia, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable Junta Especial Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Puebla, para que dentro del término de diez días, contado a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, de cumplimiento a la ejecutoria de amparo, en la cual se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, para los efectos siguientes: ".40. A fin de restituir a la parte quejosa en el pleno goce del derecho fundamental transgredido, con apoyo en el artículo 77 de la Ley de Amparo, se concede la protección constitucional solicitada para el efecto de que en estricto acatamiento al artículo 17 constitucional y 8.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos, la autoridad responsable tome las medidas necesarias en el juicio laboral *** para que en el plazo máximo de diez días hábiles, a partir de que sea requerida para que cumpla la presente sentencia concesoria, formule el proyecto de laudo." Apercibimiento. Se apercibe a la autoridad responsable que de no hacerlo así sin causa justificada, con fundamento el artículo 258 de la Ley de Amparo, se les impondrá una multa equivalente a cien a mil veces el valor diario de la unidad de medida y actualización , y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. En la inteligencia de que deberán remitir copia certificada de las constancias para acreditar dicho cumplimiento. No se requiere superior jerárquico. Sin que sea el caso ordenar notificar o requerir la figura del superior jerárquico de la junta federal responsable para que le ordene cumplir con el fallo protector, pues la autoridad de mérito es un órgano jurisdiccional y, por ende, no se encuentra sometido a la potestad de autoridad alguna, porque ningún ente jurídico del gobierno puede inferir en sus decisiones ni sugerirle cómo han de resolver ni cómo han de cumplir, por lo que, tal autoridad no tiene superior inmediato a quien requerirle que lo conmine a cumplir con una ejecutoria de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia: "JUNTAS Y TRIBUNALES LABORALES. NO TIENEN SUPERIOR JERÁRQUICO PARA EFECTOS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO." Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese.
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