Juan Manuel Ontiveros Irive

Expediente 388/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula. 28 actuaciones registradas, la última del 18 de octubre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
388/2018
Año
2018
Actuaciones
28
Última actuación
18/10/2019

Partes del expediente

  • Director General del Centro de Reinsercion Social de Sentenciados Numero Catorce, Cintalapa, Chiapas
  • Juan Manuel Ontiveros Irive

Actuaciones

Las 4 más recientes de 28.

  1. Principal

    Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, a dieciocho de octubre de dos mil diecinueve. Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se obtiene que se ha glosado a este sumario de amparo, el comunicado signado por la autoridad responsable, por el cual informó lo relativo al cumplimiento a la ejecutoria concesoria de amparo dictada en este asunto, y se dio vista a las partes con dicho informe para que en el término de tres días, manifestaran lo que a su interés legal conviniera en relación a dicho cumplimiento, con el apercibimiento que de no hacerlo, este órgano jurisdiccional, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la sentencia, con base en los elementos que obraran en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable. Tal acuerdo se tuvo por notificado a las partes, sin que ninguna de ellas hiciere uso de esa prerrogativa; sin embargo, este juzgado procede a resolver si, de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Para ello, primeramente es menester dejar sentado que el amparo y protección de la Justicia Federal se concedió para el efecto de que el Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, dependiente de la Comisión Nacional de Seguridad de la Secretaría de Gobernación, con sede en Ciudad de México, realizara lo siguiente: Único.- Debía dejar insubsistente la orden de traslado del quejoso del Centro Estatal para la Reinserción Social de Sentenciados Número Catorce El Amate, en Cintalapa de Figueroa, Chiapas, al diverso Centro Federal de Readaptación Social Número Quince "CPS-CHIAPAS", en Villa Comaltitlán, Chiapas, contenida en el oficio SEGOB/CNS/OADPRS/29711/2015, de siete de septiembre de dos quince, únicamente por lo que se refiere al aquí impetrante, y se le restituya en el goce y disfrute de sus derechos fundamentales violados, como lo ordena el numeral 77, fracción I, de la Ley de amparo, devolviéndolo al centro de reclusión en el que se encontraba antes de su emisión. Concesión de amparo que se hizo extensiva al acto de ejecución que se reclamó a las demás autoridades, puesto que el cumplimiento de actos inconstitucionales también importa violación de derechos humanos en perjuicio del impetrante del amparo. Sentencia concesoria del amparo que al haber sido recurrida en revisión, fue confirmada en sus términos por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del Vigésimo Circuito, en Tuxtla Gutiérrez y en consecuencia, se requirió a las responsables su acatamiento. Ahora bien, del informe y anexo rendidos por las autoridades responsables, los cuales están provistos de valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los dispositivos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo por disposición expresa en su ordinal 2, se obtiene que la autoridad ordenadora del conocimiento: - Mediante oficio SSPC/PRS/O2C.0/22628/2019, de veinte de septiembre de este año, el Comisionado responsable por conducto del funcionario que lo suplió en su ausencia, comunicó que dejó insubsistente las órdenes de traslado reclamadas y en su lugar, ordenó el traslado del quejoso al centro de reinserción en que se encontraba antes de la emisión del acto. Por lo anterior, se estima que la responsable dio cumplimiento al fallo protector, y se destaca que no se advierte exceso o defecto, ya que como se indicó, se cumplió con el núcleo principal de la ejecutoria en sus términos. En ese contexto, con fundamento en el artículo 196, párrafo segundo de la Ley de Amparo, se declara cumplida la sentencia que concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa. Atento a lo anterior, háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno correspondiente y, notificado que sea este acuerdo; archívese este expediente como asunto totalmente concluido, conforme a lo establecido en el numeral 196, cuarto párrafo, de la ley de la materia, una vez que transcurra el plazo a que se refiere el numeral 202 de la invocada legislación. Ahora bien, en cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación que el presente asunto es susceptible de depuración, toda vez que encuadra en la hipótesis de la fracción IV del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo concedido, en el que en el que no existen documentos originales exhibidos por la parte quejosa y carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del citado punto; por lo cual, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberá transferirse al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. Toda vez que la parte quejosa nada manifestó con relación a lo previsto por el artículo 8º de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental abrogada; aplicable en materia de datos personales, según el segundo párrafo del artículo segundo transitorio del Decreto por el que se expide la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el nueve de mayo de dos mil dieciséis, en el Diario Oficial de la Federación; al hacerse pública la sentencia, deberán suprimirse su nombre y datos personales; en la inteligencia de que será facultad de la unidad administrativa correspondiente determinar lo conducente cuando se presente una solicitud de acceso de información de las constancias que obren en este asunto. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma el licenciado Iván Millán Escalera, Juez Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, asistido del licenciado José Alfonso García López, Secretario del Juzgado con quien actúa y da fe. Doy Fe.

  2. Principal

    Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, a primero de octubre de dos mil diecinueve. Con fundamento en el artículo 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa en su numeral 2, agréguese a los autos el oficio signado por el Director de Área, en ausencia del Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, con sede en la Ciudad de México, con el que manifiesta el cumplimiento a la ejecutoria de amparo emitida en el presente expediente. En consecuencia, con apoyo en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes, por el plazo de tres días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, para que manifiesten lo que a su derecho e interés legal convenga, y para tal efecto, córraseles traslado con copia simple de la comunicación indicada; con la cual la autoridad responsable manifiesta haber dado cumplimiento a la sentencia de amparo. Con el apercibimiento que en caso de ser omisas, este órgano jurisdiccional resolverá lo conducente con las constancias que obran agregadas en el presente juicio. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia 2ª./J.26/2000, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página doscientos cuarenta y tres, Tomo XI, Marzo de 2000, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)." Por lo tanto, y toda vez que el quejoso ya fue trasladado al Centro de Reinserción Social Número Catorce "El Amate", con sede en Cintalapa, Chiapas, y por cuanto, no señaló domicilio en esta ciudad, para oír y recibir notificaciones, con apoyo en el artículo 27 de la Ley de Amparo, se ordena notificarle, esta y las subsecuentes resoluciones así como las de carácter personal, por medio de lista que se fija diariamente en este Juzgado. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma el licenciado Iván Millán Escalera, Juez Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, asistido del licenciado José Alfonso García López, Secretario del Juzgado con quien actúa y da fe. Doy Fe.hrlb

  3. Principal

    Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, a veintisiete de agosto de dos mil diecinueve. Visto el estado que guardan los presentes autos y toda vez que la autoridad responsable ordenadora Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención Readaptación Social Perteneciente a la Comisión Nacional de Seguridad de la Secretaría de Gobernación, en Ciudad de México, no ha dado cumplimiento a la ejecutoria de amparo, esto es, retornar al quejoso Juan Manuel Ontiveros Irive, al Centro Estatal para la Reinserción Social de Sentenciados Número 14 El Amate, en Cintalapa de Figueroa, Chiapas. En consecuencia, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, que establece que las ejecutorias de amparo deben ser puntualmente cumplidas, requiérase por última ocasión al comisionado responsable, para que dentro del término de tres días, se sirva a acatar en sus términos la sentencia de amparo dictada en este juicio, debiendo informar a este Juzgado Federal la forma en que haya dado cumplimiento, anexando copia certificada de las constancias en donde lo acredite; apercibido que de no hacerlo dentro del término que se señala, con apoyo en el artículo 258 de la ley de la materia, se les impondrá multa equivalente a cien unidades de medidas y actualización, en vinculación con el artículo segundo transitorio del decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo publicado el veintisiete de enero de dos mil dieciséis en el Diario Oficial de la Federación. Asimismo, en caso de incumplimiento, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente, para los efectos a que alude el referido numeral 192 de la Ley de Amparo, esto es, para el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación a la autoridad competente y demás medidas coercitivas a las que pudiera hacerse acreedor, inclusive por el delito de desacato a una sentencia de amparo. Cobra aplicación al caso, la jurisprudencia 29/2019, de la Primera Sala del Alto Tribunal, Décima Época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 65, Abril de 2019, Tomo I, Página: 556, que dice: DELITO DE DESACATO A UNA SENTENCIA DE AMPARO. EL ARTÍCULO 267, FRACCIÓN I, EN RELACIÓN CON EL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL MISMO NUMERAL, DE LA LEY DE AMPARO, NO TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD EN SU VERTIENTE DE TAXATIVIDAD. Del citado precepto se advierte que el tipo penal se integra por los siguientes elementos: a) que el sujeto activo tenga la calidad de autoridad, b) con esa calidad incumpla una sentencia de amparo o no la haga cumplir y c) que la acción u omisión sea en forma dolosa, lo que revela que se está en presencia de un tipo penal mixto alternativo, pues basta que se realice cualquiera de las conductas, ya sea incumplir una sentencia de amparo o no hacerla cumplir, para que se consume el ilícito. Ahora bien, por incumplir debe entenderse no llevar a efecto, dejar de cumplir, esto es, el tipo penal requiere que se deje de cumplir una sentencia de amparo, también el término "no la haga cumplir", redunda en el incumplimiento del fallo, lo que revela que en ambos supuestos se pretende sancionar la conducta que implica una resistencia de cualquier modo a dar cumplimiento a los mandatos u órdenes dictadas en una sentencia protectora, ya sea a la responsable obligada al cumplimiento o a su superior jerárquico. Aunado a lo anterior, el legislador expresamente señaló en el referido artículo 267, último párrafo, de la Ley de Amparo que las mismas penas que se impongan por incumplir una sentencia de amparo o no hacerla cumplir, serán impuestas al superior de la autoridad responsable. Asimismo, estableció el rango de punibilidad para ambas conductas, a saber, pena de cinco a diez años de prisión, entre otras sanciones, ya que conforme al precepto 194 de la ley citada, en caso de que no se logre el cumplimiento de la sentencia, el superior jerárquico incurre en responsabilidad en los términos que las autoridades contra cuyos actos se hubiere concedido el amparo. Por tanto, la porción normativa impugnada señala las diversas conductas que están plenamente descritas en el artículo 267, fracción I, de la Ley de Amparo, lo que hace posible a la autoridad responsable directamente vinculada con el cumplimiento y a su superior jerárquico, anticipar cuál es la conducta penalmente relevante, el parámetro de punibilidad y, en consecuencia, la pena que les sería aplicable en caso de incumplir o no hacer cumplir dolosamente una sentencia de amparo, pues el juzgador cuenta con un rango mínimo y máximo de cinco a diez años de prisión, el que también es aplicable a la autoridad directamente vinculada con el cumplimiento y su superior jerárquico, por lo que el precepto mencionado cumple con el grado de determinación necesario de la conducta que es objeto de prohibición y contempla una penalidad clara, de forma tal, que dota de certeza jurídica a su destinatario y, por ende, no es contrario al principio de legalidad en su vertiente de taxatividad, contenido en el artículo 14, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el licenciado Iván Millán Escalera, Juez Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, asistido del licenciado José Alfonso García López, Secretario del Juzgado con quien actúa y da fe. Doy Fe.

  4. Principal

    Tapachula de Córdova y Ordoñez, Chiapas, a veintitrés de julio de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos para que obre como constancia, el oficio firmado por el Secretario del Juzgado Décimo de Distrito de Amparo en Materia Penal, en la Ciudad de México, encargado del despacho, y anexo que acompaña, por el que devuelve debidamente diligenciado el exhorto número 164/2019, orden número 381/2019 del índice de este juzgado. Acúsese recibo. Tómese nota de lo anterior, y dese de baja el referido exhorto, para todos los efectos legales y administrativos a que haya lugar. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el licenciado Iván Millán Escalera, Juez Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, con sede en Tapachula, asistido del licenciado José Alfonso García López, Secretario del Juzgado con quien actúa y da fe. Doy Fe.

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