Juan Manuel Navarro Garzón

Expediente 653/2020 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 8 actuaciones registradas, la última del 13 de septiembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
653/2020
Año
2020
Actuaciones
8
Última actuación
13/09/2021

Partes del expediente

  • Juan Manuel Navarro Garzón

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    Ciudad de México, a trece de septiembre de dos mil veintiuno. Visto el oficio signado por la Secretaria del Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, por medio del cual solicita se le informe el estado procesal de autos y se le remita copia certificada de diversas constancias; con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguense a los autos el escrito de cuenta para que obre como corresponda e infórmese al Juzgado aludido que el dos de julio de dos mil veintiuno, se dictó sentencia, en la que se sobreseyó en el juicio, la cual causó ejecutoria y se ordenó su archivo el veintiocho del mismo mes y año; asimismo, de conformidad con el Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, reformado en relación con el periodo de su vigencia por el similar 1/2021, en el cual se privilegia el trabajo a distancia haciendo uso de las herramientas tecnológicas en aras de preservar la salud e integridad del personal evitando el contacto físico entre los servidores públicos, infórmese al juzgado oficiante que el presente asunto fue habilitado para su consulta electrónica, a efecto de que sea relacionado en el juicio de amparo de su índice y pueda visualizar la totalidad de las constancias de manera electrónica. Notifíquese. Así lo proveyó y firma, el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por el Secretario Francisco De Paz Becerril, quien autoriza. Doy fe.

  2. Principal

    Ciudad de México, a veintiocho de julio de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, así como la certificación que antecede y tomando en consideración que la parte quejosa, que es a quien pudiera causarle perjuicio la sentencia dictada el dos de julio de dos mil veintiuno, en la que se determinó sobreseer en el presente juicio de garantías, no la recurrió dentro del plazo que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo; con fundamento en la fracción II, del artículo 356 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que la citada sentencia HA CAUSADO EJECUTORIA, por lo que, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. Ahora bien, toda vez que en el expediente en que se actúa no existe nada más que cumplimentar, archívese como asunto total y definitivamente concluido. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, y el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por El Consejo de la Judicatura Federal; se determina que este expediente es susceptible de destrucción, en virtud de que se ubica en la hipótesis contenida en el artículo 21, inciso a), del Acuerdo en cita, en relación con el numeral 8.1.2 ordinal 1, del Manual referido, pues se trata de un asunto sobreseído y además no se considera relevancia documental, toda vez que no se encuentra dentro de los supuestos que establece el artículo 15 del Acuerdo aludido así como el numeral 5.1 del referido Manual, esto es: 1) No es promovido por delitos contra la seguridad de la Nación, derecho internacional, humanidad, administración de justicia, ambiente y gestión ambiental; 2) No se trata de resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; 3) No es un asunto relativo a un conflicto laboral colectivo trascendente, ni versa sobre temas relativos al patrimonio histórico, arqueológico, artístico, y no es un asunto en materia agraria; 4) No es un asunto generado por los Plenos de Circuito y; 5) No se integró jurisprudencia o tesis aislada derivada del presente asunto, por parte de los Tribunales de Circuito. Por lo tanto, una vez que haya transcurrido el término de tres años a que se refiere el párrafo primero del artículo 21, del multicitado Acuerdo, contados a partir del presente archivo, dentro de los treinta días siguientes procédase a su destrucción. Notifíquese

  3. Principal

    En Ciudad de México, a las NUEVE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DOS DE JULIO DE DOS MIL VEINTIUNO, día y hora señalados para la celebración de la audiencia constitucional en el juicio de amparo número 653/2020-IV, en audiencia pública el Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, FRANCISCO JAVIER REBOLLEDO PEÑA, asistido por el Secretario Francisco De Paz Becerril, que autoriza y da fe, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, la declara abierta sin la asistencia de las partes ni representante de ellas. Acto seguido, el Secretario hace relación de las constancias que obran en autos, dando lectura de ellas, entre las que se encuentra la demanda de garantías, que dio origen al presente asunto, promovida por Juan Manuel Navarro Garzón, por propio derecho, proveído de siete de agosto de dos mil veinte, en el que se admitió a trámite la demanda, informe justificado rendido por la autoridad responsable y las pruebas, constancias de notificación a las partes, y proveídos que acordaron lo conducente. Además, certifica: que venció el plazo de quince días, concedido en auto de siete de abril de dos mil veintiuno, para que manifestara si deseaba ampliar la demanda y señalar como autoridad responsable a la Dirección General de la Policía Bancaria e Industrial y como acto reclamado la omisión de pagarle los salarios y prestaciones que dejó de percibir durante el tiempo que duró la suspensión temporal de carácter preventivo; lo anterior, en tanto que de dicho acuerdo se le notificó electrónicamente, se tuvo por hecha el trece de abril siguiente; y, en términos del artículo 31, fracción III, dicha notificación surtió efectos ese mismo día; por lo que el plazo aludido transcurrió del catorce de abril al cuatro de mayo de dos mil veintiuno, sin contar los días diecisiete, dieciocho, veinticuatro y veinticinco de abril, así como el uno y dos de mayo, por haber sido sábados y domingo inhábiles. El Juez acuerda: Con fundamento en los artículos 117 y 124 de la Ley de Amparo, téngase por hecha la relación de constancias de autos y por rendidos los informes justificados de las autoridades responsables. Por otra parte, atento a lo certificado por el Secretario, se hace efectivo el apercibimiento decretado en auto de cuatro de abril de dos mil veintiuno, y se tiene únicamente como autoridades responsables y actos reclamados los señalados en los capítulos respectivos de su demanda. En período probatorio: El Secretario da cuenta con las documentales, instrumental de actuaciones y presuncional en su doble aspecto legal y humano, ofrecidas por las partes. El Juez acuerda: Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se admiten y desahogan por su propia y especial naturaleza las pruebas ofrecidas por las partes. No existiendo pruebas pendientes que desahogar se cierra el periodo probatorio. Periodo de alegatos, abierto éste, el Secretario hace constar que las partes no hicieron uso del derecho que les confiere el artículo 124 de la Ley de Amparo, así como tampoco el Fiscal Ejecutivo Titular adscrito presentó el pedimento que a su representación social compete. El Juez acuerda: Se declara desierto este periodo. Sin existir pruebas, diligencias o pedimento alguno, pendientes por desahogar, se tienen por celebradas las presentes etapas de la audiencia constitucional en términos de esta acta y se procede a dictar la sentencia que en derecho corresponda. VISTOS; para resolver los autos del juicio de amparo indirecto número 653/2020-IV, promovido por Juan Manuel Navarro Garzón, por su propio derecho, contra actos de los Integrantes de la Comisión de Honor y Justicia de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México; y, RESULTANDO. PRIMERO. Mediante escrito presentado en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, el tres de agosto de dos mil veinte, recibido en este juzgado el cinco siguiente, Juan Manuel Navarro Garzón, por su propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra de las autoridades y por el acto que a continuación se indican: AUTORIDAD RESPONSABLE Integrantes de la Comisión de Honor y Justicia de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. ACTO RECLAMADO La omisión de dar debido y cabal cumplimento a la resolución del recurso de revisión número RR/001/2020, de fecha 12 (doce) de marzo de 2020 (dos mil veinte), emitida por la Directora General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. SEGUNDO. En auto de siete de agosto de dos mil veinte, se admitió la demanda, la cual quedó registrada con el número 653/2020-IV; se requirió a la autoridad responsable su informe justificado; se ordenó dar la intervención que en derecho corresponde al Fiscal Ejecutivo Titular adscrito; y, se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, previos diferimientos inició en términos del acta que antecede y concluye con el dictado de la presente sentencia; y, CONSIDERANDO. PRIMERO. Este Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, es legalmente competente para conocer de este juicio de amparo, con apoyo en lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, 107, fracción VII, de la Constitución Federal; 35, 37, 107, fracción II, de la Ley de Amparo; y 52, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en los que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, dado que se reclama un acto omisivo a una autoridad administrativa que reside en la jurisdicción que corresponde a este órgano jurisdiccional. SEGUNDO. Para efectos de determinar la certeza de los actos reclamados, con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se toma en consideración que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 40/2000, aplicada por analogía, estableció la obligación de que el juez de amparo analice la demanda de garantías en su integridad a efecto de determinar con exactitud la intención del promovente y precisar los actos materia de la litis constitucional. La jurisprudencia citada es de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD."(No. Registro: 900,169, Novena Época Instancia: Pleno, Fuente: Apéndice 2000, Tomo I, Página: 207) Dicha jurisprudencia establece que la demanda de garantías es un todo y debe interpretarse en su integridad y si el quejoso designa de manera imprecisa o errónea el acto que combate, pero del análisis integral del escrito correspondiente, se advierte el error en que incurrió, lo correcto es que el Juez de Distrito lo corrija, a fin de que el gobernado no vea obstaculizado su acceso a la justicia. En esa tesitura, de la lectura integral de la demanda y de sus anexos, se colige que el acto reclamado se hace consistir en: - La omisión de dar cumplimento a la resolución del recurso de revisión número RR/001/2020, de doce de marzo de dos mil veinte, emitida por la Directora General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. TERCERO. Los integrantes de la Comisión de Honor y Justicia de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, al rendir su informe justificado negaron la existencia del acto reclamado; sin embargo, realizaron manifestaciones de las que se desprende que es cierta la omisión que se les atribuye; además, de las constancias de autos se pueda apreciar que hasta antes de la presentación de la demanda motivo del presente juicio, no habían dado cumplimiento al punto resolutivo segundo de la resolución dictada en el recurso de revisión RR/001/2020, el diez de marzo de dos mil veinte, en la que se le vinculó a modificar el punto noveno de la resolución recurrida y ordenar reintegrar los salarios y prestaciones que dejó de percibir el aquí quejoso, Juan Manuel Navarro Garzón, únicamente durante el tiempo que duró la suspensión declarada insubsistente. CUARTO. Previamente al estudio del fondo de la cuestión planteada, se deben analizar las causas de improcedencia que hagan valer las partes o aquéllas que se adviertan de oficio, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente en el juicio de garantías tal como lo establece el artículo 62 de la Ley de Amparo, que dice: "ARTÍCULO 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo." Sirve de apoyo la tesis de rubro: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. LAS CAUSALES QUE LA PREVÉN DEBEN INTERPRETARSE DE MANERA ESTRICTA, A FIN DE EVITAR OBSTACULIZAR INJUSTIFICADAMENTE EL ACCESO DE LOS INDIVIDUOS A DICHO MEDIO DE DEFENSA. (Época: Novena Época, Registro: 165538, Instancia: Segunda Sala, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, Enero de 2010, Materia(s): Común, Tesis: 2a. CLVII/2009, Página: 324). Ante tal imperativo, se estima que en el presente asunto se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo, pues han cesado los efectos del acto reclamado, consistente en la omisión de cumplir la resolución de doce de marzo de dos mil veinte, emitida por la Directora General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, que vinculó a la responsable a modificar el punto noveno de la resolución recurrida y ordenar reintegrar los salarios y prestaciones que dejó de percibir el aquí quejoso, Juan Manuel Navarro Garzón, únicamente durante el tiempo que duró la suspensión declarada insubsistente. El artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, dice: ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; Para que dicha causa de improcedencia se actualice, es necesario que todos los efectos del acto o actos reclamados, se hayan destruido en forma total o incondicional, por parte de las autoridades que participaron en su creación. Así lo ha determinado la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia que en seguida se reproduce y es aplicable al caso por analogía: CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. (Registro: 193,758; Novena Época, Instancia: Segunda Sala, Jurisprudencia; Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; Tomo IX, Junio de 1999; Tesis: 2a./J. 59/99; Página: 38) En principio, conviene destacar que en el presente juicio el quejoso acude a demandar el amparo y protección de la Justicia Federal respecto del acto consistente en la omisión de cumplir la resolución de doce de marzo de dos mil veinte, emitida por la Directora General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, que vinculó a la responsable a modificar el punto noveno de la resolución recurrida y ordenar reintegrar los salarios y prestaciones que dejó de percibir el aquí quejoso, Juan Manuel Navarro Garzón, únicamente durante el tiempo que duró la suspensión declarada insubsistente. Sin embargo, de las constancias que obran en autos, a las que se otorga pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su ordinal 2°, se advierte que la apoderada general para la defensa jurídica de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, exhibió copias certificadas de la resolución de treinta de octubre de dos mil veinte, en la que los integrantes de la Comisión de Honor y Justicia de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, acordaron lo siguiente: Documental que sirve para demostrar que los efectos de la omisión de cumplir la resolución del recurso de revisión RR/001/2020, han cesado, pues la responsable acreditó que el treinta de octubre de dos mil veinte, modificó el punto noveno de la resolución de veintiuno de agosto de dos mil diecinueve, ordenando al Director General de la Policía Bancaria e Industrial de la Ciudad de México, reintegrar al aquí quejoso los salarios y prestaciones que dejó de percibir durante el tiempo que duró la suspensión temporal de carácter preventivo. Asimismo, cabe significar que en acuerdo de siete de abril de dos mil veintiuno, se previno al quejoso para que manifestara su deseo de ampliar la demanda y señalar como autoridad responsable a la Dirección General de la Policía Bancaria e Industrial de la Ciudad de México y como acto reclamado la omisión de pagarle los salarios y prestaciones que dejó de percibir durante el tiempo que duró la suspensión temporal de carácter preventivo; acuerdo del que se le notificó electrónicamente el trece de ese mes y año, sin que realizara manifestación al respecto. Los anteriores hechos demuestran que han cesado los efectos del acto reclamado, puesto que el treinta de octubre de dos mil veinte, la responsable emitió resolución en la que modificó el punto noveno de la resolución de veintiuno de agosto de dos mil diecinueve, ordenando al Director General de la Policía Bancaria e Industrial de la Ciudad de México, reintegrar al aquí quejoso los salarios y prestaciones que dejó de percibir durante el tiempo que duró la suspensión temporal de carácter preventivo; lo anterior, en cumplimiento a la resolución de doce de marzo de dos mil veinte, dictada en el recurso de revisión RR/001/2020; por lo tanto, es evidente que el acto de autoridad reclamado ha quedado destruido como si nunca hubiese existido, restituyéndose al agraviado en el derecho fundamental que le era transgredido con la omisión de la responsable, como lo dispone el artículo 77 de la Ley de Amparo. Lo anterior es así, tomando en consideración que de conformidad con el artículo 77 de la Ley de Amparo, para el caso de que al quejoso se le concediera la protección constitucional solicitada, sus efectos serían los de obligar a la autoridad responsable a cumplir la resolución aludida; de tal manera que, si en el presente caso ya se emitió resolución en la que se modificó el punto noveno de la resolución de veintiuno de agosto de dos mil diecinueve, ordenando al Director General de la Policía Bancaria e Industrial de la Ciudad de México, reintegrar al aquí quejoso los salarios y prestaciones que dejó de percibir durante el tiempo que duró la suspensión temporal de carácter preventivo, es inconcuso que el acto de autoridad reclamado ya no le agravia, pues la violación que en determinado momento pudo cometerse en contra de sus derechos fundamentales, ya fue reparada, como si se le hubiere concedido el amparo y protección de la Justicia Federal. Sustenta lo anterior, por analogía, la jurisprudencia 2ª./J.9/98, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como la tesis emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de la Nación, que establecen: SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo. (Novena Época; Registro: 196820; Instancia: Segunda Sala; Jurisprudencia; Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; VII, febrero de 1998; Materia(s): Común; Tesis: 2a./J. 9/1998; Página: 210) ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. El artículo 74 de la Ley de Amparo, establece para las autoridades responsables, la obligación de informar al Juez del amparo, cuándo han cesado los efectos del acto reclamado, o cuándo han ocurrido causas notorias de sobreseimiento, sancionando el incumplimiento de esta obligación con multa, y es indudable que con el simple informe podrá decretarse el sobreseimiento. (Quinta Época; Registro: 308023; Instancia: Primera Sala; Jurisprudencia; Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; LXXIV; Página: 1513) Atento a lo anterior, procede sobreseer en el presente juicio respecto de la omisión de cumplir la resolución de doce de marzo de dos mil veinte, emitida por la Directora General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, en el recurso de revisión RR/001/2020, con fundamento en el artículo 63, fracción V, en relación con el diverso 61, fracción XXI, ambos de la Ley de Amparo. Por lo expuesto y con fundamento, en los artículos 73 a 76 de la Ley de Amparo, se RESUELVE: ÚNICO. Se sobresee en el juicio Notifíquese. Así lo proveyó y firma, el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por el Secretario Francisco De Paz Becerril, con quien actúa y da fe. Doy fe.

  4. Principal

    Ciudad de México, a diecinueve de febrero de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal del presente asunto, se impone destacar que en términos del artículo 88, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, es un hecho notorio que, del cinco de diciembre de dos mil veinte al quince de febrero de dos mil veintiuno, a través de las Circulares números SECNO/29/2020, SECNO/1/2021, SECNO/4/2021, SECNO/6/2021 y SECNO/9/2021, emitidas por la Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, se ordenó la suspensión de los plazos y términos procesales en todos los asuntos judiciales y como forma de trabajo el esquema de contingencia previsto por el "Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus Covid-19", como medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales con sede en la Ciudad de México derivado del virus COVID-19. Ahora bien, de conformidad con la Circular SECNO/10/2021, emitida por la Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, con motivo de la prolongación del periodo de contingencia sanitaria, el dieciséis y diecisiete de los presentes, se continúa con el esquema de contingencia previsto en las Circulares anteriores, y a partir del dieciocho de febrero de dos mil veintiuno, se reactiva en su totalidad el funcionamiento de los órganos jurisdiccionales conforme a los lineamientos contenidos en el "Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID19"; en consecuencia, se reanudan los plazos y términos procesales en el presente juicio. Cabe destacar que el presente asunto no se ubica en ninguno de los supuestos a que se refirió el citado Acuerdo General 13/2020, para que previamente se reanudara su trámite, por lo que hasta la fecha en que se actúa, se procede acordar lo conducente. En tales circunstancias, atendiendo a que no fue posible que tuviera verificativo la mencionada audiencia por las razones expuestas y derivado de las cargas de trabajo, con fundamento en el artículo 124, de la Ley de Amparo, se fijan las NUEVE HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL SIETE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIUNO, para la celebración de la audiencia constitucional. Asimismo, con fundamento en las fracciones I y II del artículo 2 del mencionado acuerdo 21/2020, se hace del conocimiento de las partes que los plazos, términos y vistas, ordenados en los acuerdos y requerimientos dictados en este juicio, se reanudarán a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído; por lo que deberán estarse a lo ahí´ determinado y a los apercibimientos respectivos. Por otra parte, se tiene por recibido el oficio signado por la apoderada General para la defensa jurídica de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, por medio de cual, en atención al requerimiento de veintiséis de noviembre de dos mil veinte, informa que el catorce de octubre de dos mil veinte, se emitió el acuerdo CHJ/30-E/10-20/1, en el que se reanudan términos y plazos en los procedimientos administrativos seguidos ante la Comisión de Honor y Justicia de la citada Secretaría; además, que en la décima sesión ordinaria celebrada el treinta de octubre de dos mil veinte, de manera virtual, se sometió a aprobación del pleno del órgano colegiado el acuerdo de cumplimiento al recurso de revisión RR/001/2020, en el que se ordenó girar oficio a la Dirección General de la Policía Bancaria e Industrial, para que el quejoso sea reinstalado en el empleo, cargo o comisión que venía desarrollando en dicha Secretaria, siempre y cuando no haya imposibilidad para ello y reintegrarle los salarios y prestaciones que dejó de percibir durante el tiempo que duró la suspensión temporal de carácter preventivo, para lo cual remite copia certificada. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese y téngase por desahogado el requerimiento de veintiséis de noviembre de dos mil veinte. Con fundamento en el artículo 66, segundo párrafo, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se da vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés y derecho convenga respecto de las constancias que se agregan, sin perjuicio de hacer nueva relación de éstas en la audiencia constitucional, haciendo de su conocimiento que las mismas se encuentran a su disposición en el local de este juzgado para su consulta en días y horas hábiles. Sirve de apoyo, por analogía, la tesis: I.5o.C.2 K, del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, de rubro: PRUEBAS EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LAS CONSTANCIAS ACOMPAÑADAS AL INFORME JUSTIFICADO, Y LAS REQUERIDAS OFICIOSAMENTE POR EL JUEZ DE DISTRITO, DEBEN SER DEL CONOCIMIENTO DE LAS PARTES. (No. Registro: 204616, Novena Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, II, Agosto de 1995, Página: 594.) Finalmente, se ordena practicar las notificaciones del presente asunto, de manera escalonada y en el turno que le corresponda, de conformidad con los lineamientos del citado Acuerdo 21/2020. Notifíquese electrónicamente al quejoso Juan Manuel Navarro Garzón y por oficio a las responsables. Así lo proveyó y firma, el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por el Secretario Francisco De Paz Becerril, quien autoriza. Doy fe.

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