Juan Manuel Nava
Expediente 371/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero. 35 actuaciones registradas, la última del 12 de junio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 371/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 35
- Última actuación
- 12/06/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Juan Manuel Nava y Otros.
- Juan Manuel Nava
- Juan Manuel Nava Nava
Actuaciones
Las 4 más recientes de 35.
- Principal
Chilpancingo de Los Bravo, Guerrero, doce de junio de dos mil veintitrés. Visto el estado de los autos, así como la certificación de cuenta, se aprecia que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiese recurrido el auto de veintitrés de marzo de dos mil veintitrés; por tanto, con fundamento en los preceptos 355, 356, fracción II y 357, primer párrafo, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente, en términos del artículo 2° de la Ley de Amparo, se declara que dicho auto que se SOBRESEYÓ FUERA DE AUDIENCIA EN EL JUICIO, HA CAUSADO EJECUTORIA. Hágase la anotación respectiva en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En consecuencia, como no quedan cuestiones pendientes de resolver, ni trámite que continuar, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de amparo, archívese el mismo. En ese orden de ideas, háganse las anotaciones en el libro de gobierno que para tal fin se lleva, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "S.I.S.E.". Por otra parte, se declara que este asunto es DESTRUIBLE después de concluido el plazo de tres años contados a partir de la legal notificación del presente acuerdo, en términos de lo que prevé el artículo 20, fracción II, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las Disposiciones en Materia de Valoración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Destino Final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veintiséis de mayo de dos mil veintitrés, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el siete de junio de dos mil veintitrés, según su artículo primero transitorio, el presente asunto; en razón de que el presente asunto carece de relevancia documental de acuerdo a lo que señala el normativo 15 de dicho Acuerdo General. Aunado a lo anterior, con fundamento en el artículo 34 del multimencionado Acuerdo General, háganse las correspondientes indicaciones en la carátula de este expediente. Por otra parte, en cuanto a la valoración de los cuadernos incidentales, efecto de dar cumplimiento a lo establecido en el Acuerdo General antes citado, acuérdese en ellos lo conducente en relación a su archivo. En otro orden, hágase la devolución de los autos originales toca civil 092/2022 y del expediente 64/2018-I, a la Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad, solicitándole el acuse de recibo correspondiente. De igual manera, hágase la devolución de las constancias del testimonio del expediente 64/2018-I, que remitió el Juez Quinto de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Tabares, con residencia en Acapulco, Guerrero, sin que haya lugar a requerir el acuse de recibo correspondiente, en virtud de que se trata de copias certificadas. Finalmente, visto el escrito de cuenta, presentado por el quejoso Juan Manuel Nava Nava, atento a su contenido, con fundamento en el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, como lo solicita, hágase la devolución de los documentos que refiere en su escrito que se provee, los que exhibió con su ocurso de diecisiete de octubre de dos mil veintidós y que obran a fojas trescientos once y trescientos doce del presente asunto, dejando en su lugar copia certificada de los mismos, y previa razón por su recibo que se deje en autos. Por tanto, en términos del artículo 20, segundo párrafo del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Establece las Disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales Generados por los Órganos Jurisdiccionales antes citado, se dejan a disposición de la parte quejosa por el plazo de noventa días hábiles, a efecto de que acuda a este órgano jurisdiccional a recoger los documentos originales que exhibió con su escrito de diecisiete de octubre de dos mil veintidós; apercibiéndole que en caso de no hacerlo, dichos documentos serán destruidos, junto con el expediente en que se actúa.
- Incidental
Chilpancingo de Los Bravo, Guerrero, doce de junio de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los autos del juicio principal del que deriva el cuaderno incidental en que se actúa, en específico el proveído de esta fecha en el que se ordenó el archivo del mismo como asunto definitivamente concluido y se ordena realizar la valoración correspondiente en el incidente en que se actúa; por tanto, a efecto de observar lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veintiséis de mayo de dos mil veintitrés, publicado en el Diario oficial de la Federación, el siete de junio de dos mil veintitrés, con vigencia a partir del día siguiente de su publicación, según su artículo primero transitorio, se procede a realizar dicha valoración de los presentes cuadernos. Por cuanto hace al original del incidente de suspensión y dado que en auto de veinte de abril de dos mil veintidós, se negó la suspensión provisional solicitada y en treinta y uno de mayo de dos mil veintidós, se negó la suspensión definitiva, se concluye que dicho cuaderno susceptible de ser DESTRUIDO, una vez transcurridos tres años a partir de la presente fecha, acorde en lo dispuesto en el artículo 20, fracción III; y respecto al duplicado del citado incidente, éste deberá de ser destruido una vez transcurridos seis meses a partir de esta data, de conformidad con lo establecido en el artículo 19, fracción II, inciso a), del multicitado Acuerdo General; en consecuencia, remítanse al archivo hasta en tanto transcurran los plazos antes señalados. Aunado a lo anterior, con fundamento en el artículo 34 del multimencionado Acuerdo General, háganse las correspondientes indicaciones en la carátula de este expediente.
- Principal
Chilpancingo de Los Bravo, Guerrero, veintitrés de marzo de dos mil veintitrés. Vista la certificación secretarial que antecede y el estado procesal de los autos del juicio de amparo en que se actúa de los que se advierte que el quejoso Juan Manuel Nava o Juan Manuel Nava Nava, no dio cumplimiento al requerimiento que se le formuló en auto de once de octubre de dos mil veintidós, reiterado en sentencia interlocutoria de diecinueve de enero de dos mil veintitrés; es decir, no se presentó a recoger los edictos dentro del término de veinte días ante este órgano, a efecto de llevarse a cabo el emplazamiento del tercero interesado Hosvel Antonio Jiménez Luna. Ahora bien, cabe resaltar que en el presente juicio de amparo, se llevaron a cabo las medidas de investigación correspondientes con la finalidad de conocer el domicilio cierto del tercero interesado referido en el párrafo que antecede, a efecto de emplazarlo legalmente a juicio, tal y como se acordó en proveído de cuatro de agosto de dos mil veintidós, sin que con dichas medidas de investigación haya sido posible conocer el domicilio cierto del citado sujeto procesal. Ante ello, en auto de once de octubre de dos mil veintidós, se ordenó el emplazamiento de mérito por medio de edictos a costa de la parte quejosa, haciéndole del conocimiento que, en caso de no comparecer a recoger los mismos dentro del término concedido para ello, se decretaría el sobreseimiento del presente asunto por falta de interés jurídico. Y dado que la parte quejosa promovió incidente de insolvencia económica, en resolución interlocutoria de diecinueve de enero de dos mil veintitrés, al declararse infundado el mismo, se le hizo saber a dicho impetrante del amparo, que debía comparecer a recoger dichos edictos dentro del pazo de veinte días; así como, acreditar haberlos entregado para su publicación dentro del mismo plazo, apercibido que en caso de no hacerlo, se decretaría el sobreseimiento del juicio de amparo en que se actúa por falta de interés jurídico. Ahora bien, de la certificación de cuenta se observa que a la fecha del dictado del presente auto, ha transcurrido en exceso el término concedido para cumplir con dicha carga procesal; sin que el peticionario de amparo haya dado cumplimiento a lo requerido. Estos aspectos, hacen patente que el quejoso Juan Manuel Nava o Juan Manuel Nava Nava, por propio derecho, dada la postura que ha tomado en el presente juicio constitucional en que se actúa, carece de interés para que se siga con el trámite del mismo, situación que actualiza la causa de improcedencia del juicio de amparo prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con los normativos 27, fracción III, inciso b), y 5o. fracción III, todos de la Ley Reglamentaria de los Preceptos 103 y 107 Constitucionales, así como lo estatuido en el segundo párrafo, del precepto 14 de la Constitución General de la República, que en su orden disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 27. Las notificaciones personales se harán de acuerdo con las siguientes reglas: III. Cuando no conste en autos domicilio para oír notificaciones, o el señalado resulte inexacto: b) Tratándose de la primera notificación al tercero interesado y al particular señalado como autoridad responsable, el órgano jurisdiccional dictará las medidas que estime pertinentes con el propósito de que se investigue su domicilio y podrá requerir a la autoridad responsable para que proporcione el que ante ella se hubiera señalado. Siempre que el acto reclamado emane de un procedimiento judicial la notificación en el juicio de origen." "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: III. El tercero interesado, pudiendo tener tal carácter. " Y, el precepto 14 Constitucional expresa en su segundo párrafo: "Nadie podrá ser privado de la vida, de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante un juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho." De la transcripción de los numerales antes referidos, se obtiene que después de haberse agotado la investigación que alude el numeral 27 fracción III, de la Ley de Amparo, y ordenado el emplazamiento del tercero interesado Hosvel Antonio Jiménez Luna, por medio de edictos a costa de la parte quejosa, y al no haberse presentado ante este Juzgado Federal a recoger aquellos a fin de que fueran publicados en el Diario Oficial de la Federación y en un periódico de mayor circulación nacional, hace procedente decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, en virtud de haberse incumplido con un presupuesto procesal, que se erige en formalidad esencial del procedimiento y hace que este Juzgado de amparo no pueda pronunciarse sobre el fondo de la cuestión planteada en el juicio; pues la no publicación de los edictos ordenados, paraliza el juicio de amparo al arbitrio del inconforme, con lo que se contraviene lo plasmado en el precepto 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo anterior no obstante que se haya emplazado al resto de los terceros interesados, ya que no podría analizarse el acto reclamado de manera parcial pues iría en contra del principio de indivisibilidad que rige en las resoluciones en materia laboral. Es aplicable al caso, la tesis de Jurisprudencia número 2ª./J 64/2002, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto es de la siguiente literalidad: "EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO PERJUDICADO. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS, PAGAR SU PUBLICACIÓN Y EXHIBIRLA, DA LUGAR AL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo, el emplazamiento a juicio del tercero perjudicado se hará mediante notificación personal, siempre que se conozca o se logre investigar su domicilio, o por medio de edictos a costa del quejoso, si a pesar de la investigación se ignora aquél. Ahora bien, del análisis sistemático de lo previsto en el artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos dispositivos 30, fracción II y 5o., fracción III, del propio ordenamiento, así como en el numeral 14, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se concluye que si una vez agotada la investigación a que alude el referido artículo 30, fracción II, y ordenado el emplazamiento a juicio del tercero perjudicado por medio de edictos a costa del quejoso, éste no los recoge, paga su publicación y exhibe ésta, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, toda vez que incumple con un presupuesto procesal, que se erige en formalidad esencial del procedimiento y hace que el juzgador de amparo no pueda pronunciarse sobre el fondo de lo planteado en el juicio constitucional; por ende, se actualiza una causa de improcedencia, pues con la no publicación de los edictos ordenados queda paralizado el juicio de garantías al arbitrio del quejoso, con lo que se contraviene lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Federal, puesto que se entorpece la administración de justicia, por retardarse la solución del conflicto, ya que ello no es atribuible al órgano jurisdiccional, sino al propio quejoso, cuyo interés particular no puede estar por encima del interés público, tutelado por dicho precepto constitucional, en razón de que la sociedad está interesada en que los juicios se resuelvan dentro de los términos que al respecto señale la ley y no quede su resolución al arbitrio de una de las partes, en este caso del quejoso." Así también, tiene aplicación al caso concreto, la Tesis: XXVII.3o.34 L (10a.), de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 43, Junio de 2017, Tomo IV, Décima Época, Páginas 2910, Registro 2014671, cuyo texto dice: "EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS A UNO DE LOS TERCEROS INTERESADOS EN UN JUICIO DE AMPARO EN MATERIA LABORAL. LA OMISIÓN DEL QUEJOSO DE ACREDITAR HABERLOS ENTREGADO PARA SU PUBLICACIÓN CONDUCE AL SOBRESEIMIENTO AUNQUE SE HAYA PODIDO EMPLAZAR A LOS RESTANTES. Conforme al artículo 27, fracción III, inciso b), segundo párrafo, de la Ley de Amparo, cuando tenga que emplazarse al tercero interesado por edictos, el quejoso debe recogerlos, entregarlos para su publicación y acreditar ante el órgano jurisdiccional su entrega, dentro del plazo de 20 días siguientes al en que surta efectos la notificación del acuerdo que los puso a su disposición, de no cumplir con lo anterior, se sobreseerá en el juicio, dado que los terceros interesados como "parte" deben ser emplazados como presupuesto procesal para dictar una sentencia válida que pueda perjudicarles. Por otra parte, de los artículos 870 a 891 de la Ley Federal del Trabajo se advierte que el proceso laboral se rige por los principios de unidad e indivisibilidad, ya que deben resolverse en un solo laudo todos los puntos que integran la litis, sin que sea dable admitir la coexistencia de dos resoluciones de esa índole que diluciden parcialmente la controversia. Por lo anterior, cuando en un juicio laboral exista pluralidad de actores o demandados, si les resulta a una de esas partes el carácter de terceros interesados en los juicios de amparo que promueva su contraparte, todos deben ser emplazados, de tal suerte que si el quejoso no acreditó haber entregado para su publicación los edictos de uno de ellos, debe sobreseerse en el juicio aunque se haya emplazado a otros, ya que no podría analizarse el acto reclamado de manera parcial por lo que hace al quejoso y los terceros que sí fueron llamados, pues ello generaría que se infringieran los principios de unidad e indivisibilidad que rigen las resoluciones en materia laboral." Sin que pase desapercibido que el criterio contenido en dicha jurisprudencia fue modificado a través de la jurisprudencia 108/2010, derivado de la solicitud de modificación de la jurisprudencia 16/2010, resuelta en sesión de siete de julio de dos mil diez, por la propia Segunda Sala del Alto Tribunal, del rubro y texto siguientes: "EMPLAZAMIENTO AL TERCERO PERJUDICADO POR EDICTOS. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS Y PAGAR SU PUBLICACIÓN NO CONDUCE NECESARIAMENTE AL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. Una nueva reflexión lleva a la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a modificar el criterio contenido en su jurisprudencia 2a./J. 64/2002, de rubro: "EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO PERJUDICADO. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS, PAGAR SU PUBLICACIÓN Y EXHIBIRLA, DA LUGAR AL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO.", pues si bien es cierto que conforme al artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo, agotado el procedimiento de investigación para conocer el domicilio del tercero perjudicado sin resultado alguno, debe ordenarse su emplazamiento por edictos a costa del quejoso, requiriéndolo para que los recoja en el local del órgano jurisdiccional con el apercibimiento de aplicarle las medidas de apremio pertinentes en caso de no acatar tal decisión, también lo es que ese incumplimiento no conduce necesariamente al sobreseimiento en el juicio de garantías, pues en términos del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es preciso respetar el derecho de toda persona a que se le administre justicia gratuita, pronta, completa e imparcial; por consiguiente, el juzgador debe ponderar las particularidades del caso, de manera que si el quejoso comparece a manifestar su imposibilidad para cubrir un gasto de esa naturaleza, y tanto de su afirmación como de los elementos que consten en autos existen indicios suficientes que demuestren que no tiene la capacidad económica para sufragar un pago semejante, sólo entonces el juzgador podrá determinar que el Consejo de la Judicatura Federal, a su costa, publique los edictos para emplazar al tercero perjudicado, pues de lo contrario se dejaría en estado de indefensión al promovente del juicio de amparo". (No. Registro: 164,074. Novena Época. Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo: XXXII, Agosto de 2010. Tesis: 2a./J. 108/2010. Página: 416.) Por ende, al actualizarse la hipótesis prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación directa con los numerales 27, fracción III, inciso b), 5o. fracción III, todos de la Ley Reglamentaria de los Preceptos 103 y 107 Constitucionales, lo que procede es SOBRESEER FUERA DE AUDIENCIA el presente asunto, en términos de lo establecido en la fracción V, del diverso numeral 63, de la Ley en aplicación. Es aplicable a lo vertido en párrafo que antecede, la tesis de jurisprudencia número 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión de catorce de febrero de dos mil tres, al resolver la contradicción de tesis 26/2002-PL, que establece: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el Legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la Ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos del sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". Comuníquese lo anterior a las autoridades responsables, para los efectos legales conducentes y háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. En virtud de lo anterior, SE DEJA SIN EFECTO LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL QUE TENDRÍA VERIFICATIVO A LAS NUEVE HORAS CON TREINTA Y DOS MINUTOS DEL DÍA DE LA FECHA.
- Principal
Chilpancingo de Los Bravo, Guerrero, trece de febrero de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal de los autos del juicio de amparo en que se actúa, de los que se aprecia que para el día de hoy, se encuentra programada la celebración de la audiencia constitucional, sin que sea posible llevarla a cabo, toda vez que en la resolución interlocutoria relativa al incidente innominado de insolvencia económica derivada del presente juicio de amparo, se le requirió para que dentro del plazo de veinte días siguientes al en que le surta efectos su notificación se presentara a recoger los edictos ordenados en auto de once de octubre de dos mil veintidós, sin que se haya ordenado que la notificación aludida se realizara en forma personal. En consecuencia, a efecto de otorgar certeza jurídica al impetrante de amparo respecto de la existencia de la sentencia interlocutoria en comento y para que esté en condiciones de cumplir con el requerimiento ahí inserto, se ordena al actuario judicial adscrito a este órgano jurisdiccional, que en términos del artículo 26, fracción I, de la Ley de Amparo, notifique de manera personal al quejoso Juan Manuel Nava o Juan Manuel Nava Nava, en el domicilio señalado en autos. Para dar margen a que se cumpla con lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para este día, y en su lugar se fijan las NUEVE HORAS CON TREINTA Y DOS MINUTOS DEL VEINTITRÉS DE MARZO DE DOS MIL VEINTITRÉS, para que tenga verificativo. Finalmente, se ordena la notificación del presente proveído a las autoridades responsables por medio de lista que se fije en los estrados de éste órgano jurisdiccional, toda vez que el presente acuerdo constituye un acuerdo de trámite de menor trascendencia.
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