Juan Manuel Muñoz Díaz
Expediente 24/2019 tramitado ante el Juzgado Decimosexto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 5 actuaciones registradas, la última del 18 de febrero de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 24/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 18/02/2019
Partes del expediente
- Juan Manuel Muñoz Díaz
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Visto el estado procesal de los autos y atendiendo a la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el término que señala el artículo 86, párrafo primero, de la Ley de Amparo, sin que se hubiese interpuesto recurso de revisión contra el proveído dictado en autos, en el cual se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente en términos del artículo 2° de la ley de la materia, se declara que el mismo ha causado estado para todos los efectos de ley. Orden de archivo. Orden de destrucción.
- Principal
Agréguese sin mayor acuerdo en lo sustancial, los alegatos ministeriales. No ha lugar a expedirle copias de la sentencia a que se refiere.
- Principal
Notifíquese personalmente.
- Principal
CITATORIO. POR MEDIO DE LISTA, NOTIFICO A LA PARTE QUEJOSA EL CONTENIDO DE LA RESOLUCIÓN DE VEINTITRÉS DE ENERO DE DOS MIL DIECINUEVE, QUE DICE: Visto el oficio y anexo de cuenta, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, téngase al Presidente de la Junta Especial número Dieciocho de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Jalisco, rindiendo su informe justificado y enviando las constancias relativas al acto reclamado. Estado procesal. Ahora, visto el estado procesal de autos, se advierte que en este juicio de amparo se actualiza una causal de improcedencia, como se verá a continuación. El precepto 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, dispone lo siguiente: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.)." Del dispositivo legal transcrito se aprecia, que el juicio de protección de derechos fundamentales es improcedente, cuando los efectos del acto reclamado son destruidos en forma total, de tal modo que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la omisión reclamada. Lo anterior encuentra sustento en la tesis jurisprudencial 2a./J. 59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo IX, junio de 1999, página 38, cuyo epígrafe y sinopsis son los siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En el caso, mediante escrito presentado el siete de enero de dos mil diecinueve, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, Juan Manuel Muñoz Díaz, por propio derecho, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra la omisión de resolver sobre la admisión de las pruebas ofrecidas en la audiencia de diez de agosto de dos mil dieciocho, así como de señalar fecha para el desahogo de las mismas, dentro del juicio 1/2017, del índice de la Junta Especial número Dieciocho de la Federal de Conciliación y Arbitraje. Ahora, de la constancia certificada que la autoridad responsable exhibió al oficio de cuenta, a la cual se le concede valor probatorio pleno, conforme a lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su precepto 2°, se advierte, en lo que interesa, que el dieciocho de enero del presente año, se proveyó sobre la admisión de las pruebas ofertadas por las partes en el mencionado juicio y se señalaron fechas para el desahogo de las pruebas que por su naturaleza lo ameritaran. De lo reseñado se advierte que desapareció la omisión solicitada y, por tanto, cesaron los efectos del acto reclamado, pues estando en trámite el presente juicio de amparo, la Junta responsable dictó acuerdo en el que proveyó sobre la admisión de las pruebas ofrecidas y señaló fechas para el desahogo de las que lo ameritaran, cuya omisión reclamó el quejoso, entonces, es claro que, en la especie, cesaron los efectos de la omisión reclamada. Bajo ese contexto, es evidente que en el caso se actualiza la hipótesis prevista por el artículo 61, fracción XXI, de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales. Sobresee fuera de audiencia. En tales condiciones, es innecesario esperar a la celebración de la audiencia constitucional, por lo que se sobresee fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, en virtud de haber sobrevenido la causal de improcedencia precisada. Máxime que la hipótesis de improcedencia que se advierte, es notoria, manifiesta e indudable, y con ninguna prueba puede desvirtuarse. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XVII, marzo de 2003, página 386, cuyo rubro y texto se citan a continuación: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Sin efectos audiencia constitucional. En esa tesitura, se deja sin efectos la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional, esto es, las ONCE HORAS CON SIETE MINUTOS DEL OCHO DE FEBRERO DE DOS MIL DIECINUEVE. Anotaciones. Por último, se ordena hacer las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno.
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