Juan Manuel Montes Zárate
Expediente 842/2017 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero. 5 actuaciones registradas, la última del 21 de noviembre de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 842/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 21/11/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Juan Ramón Collado Mocelo
- Juan Manuel Montes Zárate
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Acapulco, Guerrero; veintiuno de noviembre de dos mil diecisiete. Visto el estado que guardan los autos, así como la certificación secretarial de cuenta, se aprecia que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86, en relación con el diverso numeral 81, fracción I, inciso d), ambos de la Ley de Amparo, y no se recurrió el acuerdo por el cual se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en este juicio; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357, párrafo primero, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, en términos del numeral 2º de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado. Con fundamento en el artículo 214 de la ley de la materia, aplicado en sentido contrario, archívese este asunto como totalmente concluido, previa las anotaciones que se hagan en el Libro de Registro correspondiente. Asimismo, es preciso mencionar que, conforme al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de octubre de dos mil nueve, específicamente en lo relativo al capítulo quinto de la depuración y destrucción de expedientes judiciales, artículo vigésimo primero, fracción lI, se hace la indicación de que este expediente es susceptible de destrucción, una vez transcurridos cinco años a partir del presente proveído, aunado a que no es considerado de relevancia documental conforme al último párrafo del punto Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto en cita; hágase constar lo anterior en su caratula. Notifíquese.
- Principal
AVISO.- SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO DE veintitrés de octubre de dos mil diecisiete, QUE DICE: "Visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte que mediante proveído de dieciséis de octubre actual, se tuvo a la Presidenta de la Primera Junta Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, por rindiendo su informe justificado, al que anexo copia certificada de la resolución de veintisiete de septiembre del presente año, dictada en el juicio laboral 380/2016, así como constancia de notificación respectiva, documentales a las que se les otorga valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por remisión expresa del numeral 2 de esta última legislación. En tales condiciones, con fundamento en el artículo 62 de la Ley de Amparo, de oficio se analizan las consecuencias jurídicas de la emisión de la citada determinación. El artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, a la letra dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." Conforme con el texto legal preinserto, el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado, lo que se actualiza cuando las cosas vuelven al estado que tenían antes de la violación constitucional aducida, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito consiste en la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento del amparo. Ahora bien, del escrito inicial de demanda se advierte que la parte quejosa reclama de la autoridad responsable la omisión de dictar laudo dentro del citado expediente 00380/2016, y el veintisiete de septiembre anterior, se emitió el mismo; por lo que, se estima que han cesado los efectos del acto reclamado, en virtud de que la parte quejosa quedó en una situación idéntica a la que habría existido, si la omisión no hubiera existido, lo que imposibilita su examen constitucional, precisamente porque en el supuesto de que se concediera el amparo su efecto sería vincular a que la responsable respetara el acceso a la jurisdicción, materializada en la emisión del acuerdo de mérito, lo que ya realizó espontáneamente. De ahí, que al sobrevenir una causa notoria, manifiesta e indudable de improcedencia, da lugar a decretar en este juicio el sobreseimiento fuera de audiencia, acorde con lo establecido en el numeral 63, fracción V, de la Ley de Amparo, sin necesidad de esperar a su celebración, habida cuenta que, en esas condiciones, ningún objeto tiene ya continuar con la tramitación del juicio de amparo y dar oportunidad a que se ofrezcan pruebas, si nada puede desvirtuar el resultado del fallo que será en el mismo sentido. En consecuencia, se deja sin efectos la hora y fecha fijadas para la celebración de la audiencia constitucional. Sin que pase inadvertido que aún no se ha notificado el inicio del presente juicio a la parte tercera interesada Juan Ramón Collado Mocelo y Elvag Central Impulsora, Sociedad Anónima de Capital Variable; sin embargo, dado el sentido de la presente resolución, y tomando en consideración que no se ve afectada su defensa, no es el caso insistir en dicho llamamiento. Notifíquese personalmente.
- Principal
Acapulco, Guerrero; dieciséis de octubre de dos mil diecisiete. Visto lo de cuenta, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, para conocimiento de las partes, se tiene por rendido el informe justificado de la autoridad responsable Presidenta la de Primera Junta Local de Conciliación y Arbitraje de esta ciudad, sin perjuicio de relacionarlo en la audiencia constitucional; ahora, respecto de las constancias remitidas como justificación al informe que se recibe de la citada autoridad oficiante, intégrense en su totalidad por encontrarse relacionadas directamente con la litis constitucional.
- Principal
Acapulco, Guerrero; veintinueve de septiembre de dos mil diecisiete. Agréguese a sus autos el escrito de cuenta signado por la parte quejosa, mediante el cual desahoga la prevención formulada el veintiuno del mes en curso. ADMISIÓN DE DEMANDA Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I, VII y XV de la Constitución Federal; 1º, 33, fracción IV, 107, 108, 112, 115, 116, 117 y demás relativos de la ley reglamentaria, se admite la demanda de amparo, promovida por JUAN MANUEL MONTES ZÁRATE, por su propio derecho, contra actos del PRESIDENTE DE LA PRIMERA JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DE ACAPULCO, GUERRERO. Sin tramitarse incidente de suspensión por no haberse solicitado. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Se fijan las ONCE HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL TREINTA Y UNO DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECISIETE, para que tenga verificativo la celebración de la audiencia constitucional, en términos del artículo 115 de la Ley de Amparo. INFORME JUSTIFICADO. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, pídase informe justificado a las autoridades responsables, quienes deberán rendirlo dentro del término de quince días siguientes al en que reciban el oficio de notificación, en el cual expondrán las razones y fundamentos que estimen pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado; según sea el caso, remitirán copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo y deberán informar sí con anterioridad la parte quejosa promovió algún juicio relacionado con los actos aquí reclamados, y en caso afirmativo remitirán las constancias que apoyen ese informe, salvo que se trate de un juicio radicado en este juzgado. Si no se rinde informe justificado se presumirá cierto el acto reclamado, salvo prueba en contrario. Asimismo, se informa a las autoridades responsables que las notificaciones se les practicaran por lista, salvo las que por su trascendencia se les deban notificar mediante oficio en términos del artículo 26, fracción II, inciso a), de la Ley de Amparo. APERCIBIMIENTOS. Igualmente, se les informa que el artículo 260, fracción II, de la ley de la materia, otorga la facultad para imponerles una multa que va de cien a mil unidades de medida y actualización vigente en el país, en caso de que no rindan su informe justificado, o lo hagan sin remitir copia certificada de las constancias necesarias para la solución del juicio constitucional. Por otra parte, se comunica a las partes que en términos del artículo 64, están obligadas a informar de inmediato a este juzgado federal cuando tengan conocimiento de alguna causa de sobreseimiento y, de ser posible acompañar las constancias que la acrediten; también deberán comunicar el fallecimiento de la parte quejosa, una vez que tengan conocimiento de ese hecho; apercibidas que en caso de incumplimiento se harán acreedoras a una multa, para el primer caso de treinta a trescientas unidades de medida y actualización vigente en el país, conforme lo establece el diverso numeral 251 y para el segundo de cincuenta a quinientas unidades, de conformidad con el arábigo 242, ambas disposiciones de la ley de la materia. NOTIFICACIÓN AL TERCERO INTERESADO. Se reserva proveer sobre la notificación de esta determinación al tercero interesado señalado en la demanda, hasta en tanto se cuente con el informe justificado de la autoridad responsable. TRANSPARENCIA. Finalmente, se hace del conocimiento de las partes, que el presente asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el nueve de mayo de dos mil dieciséis, en el entendido que, conforme sus artículos segundo y tercero transitorios, únicamente en cuanto hace a materia de datos personales y archivo, se actuará conforme a la normatividad hasta ahora existente, es decir, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como a lo establecido en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce; ello, hasta en tanto se emita o actualice la normatividad respectiva. Notifíquese.
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