Juan Manuel Montero Santos

Expediente 4/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 17 de enero de 2019.

Datos del expediente

Expediente
4/2019
Año
2019
Actuaciones
2
Última actuación
17/01/2019

Partes del expediente

  • Juan Manuel Montero Santos

Actuaciones

  1. Principal

    Toluca, México; a diecisiete de enero de dos mil diecinueve. Vista la certificación secretarial de cuenta, así como el estado procesal de autos, se advierte que transcurrieron los cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de queja contra el proveído de cuatro de enero del año en curso (fojas 5 a 8), a través del cual se desechó la demanda de amparo, sin que la parte quejosa lo haya hecho valer; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 97 fracción I, inciso a), de la Ley de la materia, en relación con el diverso precepto legal 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado, para todos los efectos legales conducentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y archívese el presente asunto como concluido. Además, con fundamento en lo establecido en el artículo 21, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que establece los lineamientos para la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, consultable en el Diario Oficial de la Federación número veinte, del veintiséis de octubre de dos mil nueve, se precisa que el presente expediente por tratarse de un asunto en el cual se desechó la demanda de amparo, es susceptible, en su oportunidad de ser destruido. Finalmente, se comunica a las partes que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 11, 20 y 21 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, Archivos, y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo se procederá a su destrucción, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Notifíquese. Así lo proveyó y firma, Nataly Andrea Nava Ramírez, Secretaria Encargada del Despacho del Juzgado Tercero de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, por vacaciones del titular, en términos de lo establecido en el artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y de conformidad con lo acordado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, según oficio CCJ/ST/6827/2018 de once de diciembre de dos mil dieciocho, suscrito por el Secretario Técnico de dicha Comisión, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado, Sara Mercedes Neira González, que autoriza y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    Por recibida la demanda de amparo promovida por ********************, por propio derecho, mediante la cual solicita el Amparo y Protección de la Justicia de la Unión, contra actos del Director de Formación Académica del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica y otra autoridad; fórmese el expediente respectivo y regístrese en el libro de gobierno como juicio de amparo 4/2019. Al respecto, previo a la admisión o desechamiento de la demanda de amparo, es necesario establecer que en términos de lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe analizar si existe o no un motivo manifiesto e indudable de improcedencia y en tal supuesto, debe desecharse de plano la demanda. En efecto, el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece lo siguiente: "Artículo 113.- El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Al respecto, se considera necesario precisar que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda; a su vez, lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultaría factible formarse convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Ahora bien, del contenido de la demanda de amparo y de su anexo, se advierte que el acto reclamado consiste, esencialmente, en el oficio de trece de diciembre de dos mil dieciocho, signado por la Coordinadora de Evaluación Académica del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica, mediante el cual citó al quejoso al desahogo de su garantía de audiencia para el diecisiete de diciembre de ese año, con motivo de diversas irregularidades de desempeño y comportamiento del servicio que le fue encomendado. Precisado lo anterior, respecto del acto reclamado que se cita, el suscrito estima que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso artículo 107, fracción V, de la invocada ley, este último aplicado a contrario sensu, dado que el citado acto reclamado, no tiene una ejecución de imposible reparación. Al respecto, se considera necesario citar el contenido de los referidos artículos, los cuales establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: - - - XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. . Artículo 107. El amparo indirecto procede:- - - V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." De acuerdo con el precepto legal transcrito, el amparo contra actos dentro de un juicio, únicamente procede cuando esos actos son de imposible reparación, y en el caso, el oficio signado por la Coordinadora de Evaluación Académica del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica, mediante el cual citó al quejoso al desahogo de su garantía de audiencia con motivo de diversas irregularidades de desempeño y comportamiento del servicio que le fue encomendado; no se trata de un acto que afecte materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, sino que se trata de una actuacion que afecta derechos procesales de las partes que intervienen en el procedimiento de origen, esto es, el acto reclamado es una violación de carácter formal (procesal) que no afecta de forma material algún derecho sustantivo, pues solo trasciende en el interior o trámite del procedimiento natural; de ahí que contra tal violación resulta improcedente el juicio de amparo indirecto. En el caso se considera que dicho acto reclamado, no afecta materialmente derechos sustantivos de la parte quejosa, pues sólo surte efectos procesales y puede extinguirse en la realidad sin dejar huella en la esfera jurídica de la parte quejosa, si la resolución que ponga fin al procedimiento de origen resulta favorable a sus intereses. Ciertamente, la materia del acto reclamado se traduce en una violación procesal reclamable en amparo indirecto, en el supuesto que la parte quejosa no obtenga un fallo acorde a sus pretensiones en la resolución que ponga fin al procedimiento de remoción de origen, toda vez que la materia de los actos reclamados consiste en esencia en el oficio signado por la Coordinadora de Evaluación Académica del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica, mediante el cual citó al quejoso al desahogo de su garantía de audiencia con motivo de diversas irregularidades de desempeño y comportamiento del servicio que le fue encomendado. Lo anterior es así, pues por un acto de ejecución de imposible reparación, debe entenderse aquel que afecta materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte material, como la vida, la integridad personal, la libertad, y la propiedad, por citar algunos. En cambio, los actos de ejecución reparable no tocan por sí tales valores, sino que producen la posibilidad de que ello pueda ocurrir al resolverse la controversia, en la medida en que influyan para que el fallo sea adverso a los intereses de los agraviados, y estos actos se actualizan respecto de los llamados derechos adjetivos o procesales. De acuerdo a los anteriores criterios jurisprudenciales, se concluye que el amparo contra actos dictados dentro de un procedimiento seguido en forma de juicio, únicamente procede cuando esos actos afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; por tanto, se concluye que los actos reclamados no reúnen esa calidad, pues no se trata de actos que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte, pues se insiste, se trata esencialmente del oficio signado por la Coordinadora de Evaluación Académica del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica, mediante el cual citó al quejoso al desahogo de su garantía de audiencia con motivo de diversas irregularidades de desempeño y comportamiento del servicio que le fue encomendado; y como consecuencia de ello, una posible violación a las leyes del procedimiento, la cual puede reclamarse como ya se dijo, en amparo indirecto (previo el agotamiento de los recursos ordinarios), en el supuesto que la ahora parte quejosa no obtenga un fallo acorde a sus pretensiones en la resolución que ponga fin al procedimiento de remoción de origen. En este orden de ideas, se concluye que en el caso se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo, en relación con lo dispuesto en el diverso precepto legal 107, fracción V, de la invocada ley, esté último aplicado a contrario sensu, en el cual se establece que el amparo se pedirá ante el Juez de Distrito, contra actos en el juicio que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. En abundamiento, se insiste en que el acto reclamado sólo implica una violación procesal cometida en el procedimiento natural, con lo cual no se deja en estado de indefensión a la parte quejosa, pues de lo narrado en la demanda de amparo bajo protesta de decir verdad, así como del anexo que adjuntó a dicho ocurso, no se advierte que en el procedimiento de origen se haya dictado una resolución al peticionario de amparo. En consecuencia, procede desechar de plano la demanda de amparo que nos ocupa promovida ********************, por propio derecho, contra actos del Director de Formación Académica del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica y otra autoridad, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso precepto legal 107, fracción V, aplicado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo. De conformidad con lo previsto en el artículo 27, fracción III; de la Ley de la materia, téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones la lista que se publica en este Juzgado de Distrito. Luego, de acuerdo con lo señalado en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de la materia, en uso de las facultades conferidas a los tribunales federales para dictar las medidas que se estimen pertinentes a fin de lograr las notificaciones personales que puedan ordenarse en el presente juicio, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles. Con fundamento en los artículos 3º, 68 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, y conforme a la circular número CTAIPPDT1/2011 emitida por el Presidente de la Comisión para Transparencia, Acceso a la Información Pública Gubernamental y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, relativa a lo acordado por dicha comisión en sesión celebrada el once de abril de dos mil once, se ordena suprimir en la versión pública, los datos personales de las partes en el presente juicio, así como la información reservada. Finalmente, no obstante que el presente auto debe notificarse de manera personal a la parte quejosa, como lo dispone el artículo 26, fracción I, inciso j), de la Ley de la materia, lo cierto es que en esta fecha se tuvo como domicilio para oír y recibir notificaciones de su parte la lista que se fija en este Juzgado de Distrito; por tanto, realícese la notificación de este auto por medio de lista.

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