Juan Manuel Mendoza Moreno
Expediente 722/2021 tramitado ante el Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Tamaulipas. 12 actuaciones registradas, la última del 1 de febrero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 722/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 12
- Última actuación
- 01/02/2022
Partes del expediente
- Juan Manuel Mendoza Moreno
- Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado. Matamoros, Tamaulipas.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 12.
- Principal
Heroica Matamoros, Tamaulipas, uno de febrero de dos mil veintidós. Vista la certificación con que se da cuenta, se desprende que la parte agraviada no se inconformó contra el auto de treinta y uno de diciembre de dos mil veintiuno (fojas 46 a 49), en el que se tuvo por cumplida la sentencia emitida dentro del juicio de amparo en que se actúa; en consecuencia, conforme a lo establecido en los artículos 196, 201 y 202 de la Ley de Amparo, se tiene por consentido dicho fallo. En virtud de lo anterior, toda vez que no existen cuestiones pendientes por resolver, ni mandatos por cumplimentar, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 214 de la Ley de Amparo, es de sostenerse que el presente asunto se encuentra concluido, ya que, como se vio, la resolución protectora ha sido cumplida; por tanto, se ordena su archivo. En otro orden, de conformidad con el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo del mismo año, y que no existen documentos originales agregados a este asunto, el presente cuaderno es susceptible de depuración, ya que se concedió la protección constitucional solicitada; además, a juicio de este tribunal no tiene relevancia documental para su conservación. En la inteligencia de que una vez transcurrido el término de tres años, este Juzgado de Distrito deberá iniciar el procedimiento de depuración, de conformidad con lo establecido en el artículo 18, párrafo tercero, del citado Acuerdo General, por lo que, en su momento únicamente se dejarán para su conservación las actuaciones relativas a la demanda, las resoluciones recurridas, la sentencia que puso fin al asunto, y, la determinación que otorga autoridad de cosa juzgada, y se destruirán el resto de las actuaciones por considerarse que no tienen relevancia documental. Notifíquese. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Josué Juárez Hernández, secretario que actúa y da fe.
- Principal
Heroica Matamoros, Tamaulipas, treinta y uno de diciembre de dos mil veintiuno. Visto el estado actual que guardan los autos del juicio de amparo en que se actúa, se desprende que mediante resolución emitida el ocho de septiembre de dos mil veintiuno (fojas 8 a 16), se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal al quejoso Juan Manuel Mendoza Moreno, respecto de los actos que reclamó a la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje en el estado de Tamaulipas, residente en esta ciudad y de otra autoridad; fallo que causó ejecutoria el once de octubre siguiente, sin que se estimara necesario requerir su cumplimiento en virtud de que la mencionada autoridad responsable remitió diversas constancias relacionadas a ello, lo cual se puso a la vista de las partes por el término de tres días (fojas 25 y 26). En la inteligencia de que, ante la omisión de las autoridades responsables en rendir sus informes justificados, en la sentencia de trato se tuvieron como presuntivamente ciertos los actos que se les reprocharon. Ahora bien, a través del oficio 1716/2021, la presidenta de la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje en el estado de Tamaulipas por ministerio de ley, con asentamiento en esta ciudad, comunicó que dentro del expediente administrativo laboral 00697/E06/2020, promovido por el actor aquí quejoso Juan Manuel Mendoza Moreno, se ordenó que fuera emplazada la parte demandada Tridonex, Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable; ello en virtud de que el siete de septiembre de dos mil veintiuno, se regularizó el procedimiento del asunto antes aludido de conformidad con el artículo 686 de la Ley Federal del Trabajo, pues ya había sido resuelta la excusa para conocer del mencionado juicio laboral; por lo que, se fijaron las once horas con treinta minutos del día cinco de octubre siguiente, para que tuviera verificativo la audiencia de mérito, anexando las constancias con las que apoyo su dicho (fojas 19 a 22). Empero, por medio del diverso 2837/2021, la presidenta de la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje en el estado de Tamaulipas por ministerio de ley, establecida en esta ciudad, informó que dentro del cuaderno de origen, el veintiséis de noviembre del año en curso, no se pudo llevar a cabo la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas fijada para esa data, ya que por error se señaló fecha y hora para la celebración de la misma, la que se tuvo que suspender, ya que existe una excusa presentada por diversos funcionarios de esa dependencia, misma que fue enviada a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, con asentamiento en Ciudad Victoria, Tamaulipas, para su calificación, y que hasta en tanto se resuelva ésta, se encuentra impedida para continuar con el procedimiento del juicio de origen, remitiendo las constancias respectivas (fojas 39 a 41). La documental citada en el párrafo que antecede, fue puesta a la vista del quejoso a través del auto de uno de diciembre del año actual; empero, no hizo manifestación alguna, tal como se advierte de la certificación de cuenta; por tanto, este Tribunal Federal procede a analizar de oficio si se cumplió con el fallo protector, o en su caso, se está en la imposibilidad de acatarlo en sus términos. Lo anterior con apoyo en la jurisprudencia 2a./J. 26/2000, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 243 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XI, Marzo de 2000, Materia Común, Novena Época, con el siguiente rubro y texto: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." Así las cosas, la protección constitucional en el juicio de amparo en que se actúa, fue concedida para los siguientes efectos: ".a) Dentro del expediente administrativo laboral 697/E06/2020, fije hora y fecha para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, en el entendido de que deberá ajustarse al plazo a que se refiere el artículo 873 de la Ley Federal del Trabajo; y, b) Ordene al actuario de su adscripción realice el emplazamiento de la parte demandada Tridonex, Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable..." Ahora bien, como se vio, mediante el oficio 2837/2021, la presidenta de la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje en el estado de Tamaulipas por ministerio de ley, establecida en esta ciudad, informó que dentro del cuaderno de origen, el veintiséis de noviembre del año en curso, no se pudo llevar a cabo la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas fijada para esa data, ya que por error se señaló fecha y hora para la celebración de la misma, la que se tuvo que suspender, ya que existe una excusa presentada por diversos funcionarios de esa dependencia, misma que fue enviada a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, con asentamiento en Ciudad Victoria, Tamaulipas, para su calificación, y que hasta en tanto se resuelva ésta, se encuentra impedida para continuar con el procedimiento del juicio de origen, remitiendo las constancias respectivas (fojas 39 a 41). Luego, es evidente que al haberse suspendido el procedimiento dentro del expediente laboral en comento, la autoridad vinculada como responsable en el presente asunto, ya no podrá restituir al aquí quejoso en el goce sus derechos humanos. Ante lo cual, conforme a la ejecutoria de mérito y acorde a los numerales 192 y 196 de la Ley de Amparo en vigor, se declara la imposibilidad jurídica y material para dar cumplimiento al fallo protector emitido en el presente juicio; por tanto, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. Lo anterior encuentra sustento en la jurisprudencia 90/2007, aprobada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 140, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXV, Materia Común, junio de 2007, Novena Época, que a la letra dice: "SENTENCIAS DE AMPARO. CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO O AL TRIBUNAL DE CIRCUITO QUE HAYA CONOCIDO DEL JUICIO DE GARANTÍAS HACER EL PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA IMPOSIBILIDAD REAL Y JURÍDICA DE SU CUMPLIMIENTO. De la interpretación de lo dispuesto en los párrafos quinto y sexto del artículo 105 de la Ley de Amparo, se desprende que corresponde al Juez de Distrito o al Tribunal de Circuito que haya conocido del juicio de garantías pronunciarse, en un incidente innominado, sobre el planteamiento de la autoridad responsable, en el sentido de que existe imposibilidad material o jurídica para cumplir con la ejecutoria respectiva, exponiendo las razones y los fundamentos por los cuales arriba a esa consideración. Ello es así porque conforme a la Ley de la materia, la autoridad que haya conocido del amparo está obligada de manera ineludible a hacer cumplir las sentencias, cuando ello esté dentro de sus posibilidades, por medio de sus secretarios o actuarios, auxiliados con el uso de la fuerza pública de ser necesario, porque de no aceptar que son ellas quienes en principio están obligadas a resolver en relación con ese aspecto jurídico, se les privaría a las partes de la posibilidad de ofrecer pruebas, así como de alegar lo que a su derecho conviniera y el quejoso perdería la oportunidad de inconformarse en caso de que se declare sin materia el cumplimiento de una sentencia, por imposibilidad legal para ejecutarla." Igualmente, sirve de apoyo por las consideraciones que en ella se contienen, la tesis CCII/89, de la Tercera Sala del alto Tribunal, consultable en la Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, Tomo IV, Primera Parte, julio a diciembre de 1989, página 237, que dice: "INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. SIN MATERIA SI EN AUTOS CONSTA QUE LA PROPIA DEL ACTO RECLAMADO POR EL QUE SE CONCEDIÓ EL AMPARO DEJÓ DE EXISTIR.-Si el amparo se le concedió a la parte quejosa para el efecto de que las autoridades responsable (sic) resuelvan en breve término su petición en relación con un derecho que tiene y durante la tramitación del incidente de inejecución de sentencia se acredita que se le privó de ese derecho por una autoridad distinta, resulta obvio que las autoridades responsables ya no pueden cumplir con la sentencia desde el momento en que dejó de existir la materia del acto reclamado y, por ende, queda sin materia el incidente de inejecución." En resumen, para efectos estadísticos, se precisa: 1. La sentencia protectora se dictó el ocho de septiembre de dos mil veintiuno. 2. Dicho fallo causó ejecutoria el once de octubre del año en curso. 3. La fecha en que la autoridad responsable informó la imposibilidad de dar cumplimiento, lo fue el treinta de noviembre de esta anualidad. 4. El oficio relativo al acatamiento solicitado se recibió en este tribunal el uno de diciembre del año que transcurre. 5. La data de la última notificación relativa a la vista de la citada comunicación es el ocho de los actuales; y, 6. En esta propia fecha, que lo es treinta y uno de diciembre del presente año, se declaró la imposibilidad para cumplir la resolución de mérito. Finalmente, hágase saber a las partes que cuentan con el término de quince días para interponer recurso de inconformidad en contra del presente pronunciamiento, de conformidad con los artículos 201 y 202 de la Ley de Amparo. Notifíquese personalmente. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Gilberto Anaya Camargo, secretario que actúa y da fe.
- Principal
VI...De conformidad con el artículo 27, fracción I, inciso b) de la Ley de Amparo, notifico a la parte quejosa, el auto de treinta y uno de diciembre de dos mil veintiuno, por medio de lista, al no haber acudido a este juzgado a recibir la notificación de referencia de manera personal.
- Principal
Heroica Matamoros, Tamaulipas, veintinueve de diciembre de dos mil veintiuno. Visto el estado actual que guardan los autos del juicio de amparo en que se actúa, se desprende que mediante resolución emitida el ocho de septiembre de dos mil veintiuno (fojas 8 a 16), se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal al quejoso Juan Manuel Mendoza Moreno, respecto de los actos que reclamó a la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje en el estado de Tamaulipas, residente en esta ciudad y de otra autoridad; fallo que causó ejecutoria el once de octubre siguiente, sin que se estimara necesario requerir su cumplimiento en virtud de que la mencionada autoridad responsable remitió diversas constancias relacionadas a ello, lo cual se puso a la vista de las partes por el término de tres días (fojas 25 y 26). Ahora bien, a través del informe justificado rendido por la presidente de la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje en el estado de Tamaulipas por ministerio de ley, establecida en esta ciudad, se observa que la misma asevero que los actos reclamados eran ciertos, los cual consistían en la omisión de señalar fecha y hora para la celebración de la audiencia de conciliación demanda y excepciones dentro del expediente administrativo laboral 00697/E06/2020, promovido por el actor aquí quejoso Juan Manuel Mendoza Moreno; de igual manera, que había ordenado que fuera emplazada la parte demandada Tridonex, Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable; ello, en virtud de que el siete de septiembre de dos mil veintiuno, se regularizó el procedimiento del asunto antes aludido de conformidad con el artículo 686 de la Ley Federal del Trabajo; lo anterior, toda vez que ya había sido resuelta la excusa para conocer del mencionado juicio laboral; por lo que, se habían fijado las once horas con treinta minutos del día cinco de octubre siguiente, para que tuviera verificativo la audiencia de trato, anexando las constancias con las que apoyo su dicho (fojas 19 a 22). Empero, por medio del oficio 2837/2021, la presidente de la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje en el estado de Tamaulipas por ministerio de ley, establecida en esta ciudad, informó que dentro del expediente administrativo laboral 00697/6/2020, el día veintiséis de noviembre del año en curso, no pudo llevar a cabo la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas fijada para esa data; ello, toda vez que por un error involuntario, se señaló fecha y hora para la celebración de la misma diligencia, la cual tuvo que suspender, ya que existe una excusa presentada por diversos funcionarios de esa dependencia, misma que fue enviada a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, con asentamiento en Ciudad Victoria, Tamaulipas, para su calificación, y que hasta en tanto no se resuelva la antes aludida, se encuentra impedida para continuar con el procedimiento del juicio de origen, remitiendo las constancias respectivas (fojas 39 a 41). Por su parte, el impetrante amparo no hizo manifestación alguna en cuanto a la vista que se le dio en proveído de uno de diciembre de dos mil veintiuno (foja 42), tal como se advierte de la certificación de cuenta; por tanto, este Tribunal Federal, procede a analizar de oficio si se cumplió con el fallo protector o, en su caso, se está en la imposibilidad de acatarlo en sus términos. Lo anterior con apoyo en la jurisprudencia 2a./J. 26/2000, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 243 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XI, Marzo de 2000, Materia Común, Novena Época, con el siguiente rubro y texto: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." Así las cosas, la protección constitucional en el juicio de amparo en que se actúa, fue concedida para los siguientes efectos: a) Dentro del expediente administrativo laboral 697/E06/2020, fije hora y fecha para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, en el entendido de que deberá ajustarse al plazo a que se refiere el artículo 873 de la Ley Federal del Trabajo; y, b) Ordene al actuario de su adscripción realice el emplazamiento de la parte demandada Tridonex, Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable. Ahora bien, se advierte que mediante el oficio 2837/2021, recibido en este tribunal el treinta de noviembre del año en curso, la autoridad responsable citada con anterioridad, informó que dentro del expediente administrativo laboral 00697/6/2020, el día veintiséis de noviembre del año en curso, no pudo llevar a cabo la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas fijada para esa data dentro del mencionado asunto; ello toda vez que por un error involuntario, señaló fecha y hora para la celebración de la misma, la cual tuvo que suspender, ya que existe una excusa presentada por diversos funcionarios de esa dependencia, misma que fue enviada a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, con asentamiento en Ciudad Victoria, Tamaulipas, para su calificación, y que hasta en tanto no se resuelva la misma, se encuentra impedida para continuar con el procedimiento del juicio de origen, remitiendo las constancias respectivas (fojas 39 a 41). Luego, es evidente que al haberse suspendido el procedimiento dentro del expediente laboral en comento, la autoridad vinculada como responsable en el presente asunto, ya no podrá restituir al aquí quejoso en el goce sus derechos humanos. Ante lo cual, conforme a la ejecutoria de mérito y acorde a los numerales 192 y 196 de la Ley de Amparo en vigor, se declara la imposibilidad jurídica y material para dar cumplimiento al fallo protector emitido en el presente juicio; por tanto, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. Lo anterior encuentra sustento en la jurisprudencia 90/2007, aprobada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 140, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXV, Materia Común, junio de 2007, Novena Época, que a la letra dice: "SENTENCIAS DE AMPARO. CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO O AL TRIBUNAL DE CIRCUITO QUE HAYA CONOCIDO DEL JUICIO DE GARANTÍAS HACER EL PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA IMPOSIBILIDAD REAL Y JURÍDICA DE SU CUMPLIMIENTO. De la interpretación de lo dispuesto en los párrafos quinto y sexto del artículo 105 de la Ley de Amparo, se desprende que corresponde al Juez de Distrito o al Tribunal de Circuito que haya conocido del juicio de garantías pronunciarse, en un incidente innominado, sobre el planteamiento de la autoridad responsable, en el sentido de que existe imposibilidad material o jurídica para cumplir con la ejecutoria respectiva, exponiendo las razones y los fundamentos por los cuales arriba a esa consideración. Ello es así porque conforme a la Ley de la materia, la autoridad que haya conocido del amparo está obligada de manera ineludible a hacer cumplir las sentencias, cuando ello esté dentro de sus posibilidades, por medio de sus secretarios o actuarios, auxiliados con el uso de la fuerza pública de ser necesario, porque de no aceptar que son ellas quienes en principio están obligadas a resolver en relación con ese aspecto jurídico, se les privaría a las partes de la posibilidad de ofrecer pruebas, así como de alegar lo que a su derecho conviniera y el quejoso perdería la oportunidad de inconformarse en caso de que se declare sin materia el cumplimiento de una sentencia, por imposibilidad legal para ejecutarla." Igualmente, sirve de apoyo por las consideraciones que en ella se contienen, la tesis CCII/89, de la Tercera Sala del alto Tribunal, consultable en la Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, Tomo IV, Primera Parte, julio a diciembre de 1989, página 237, que dice: "INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. SIN MATERIA SI EN AUTOS CONSTA QUE LA PROPIA DEL ACTO RECLAMADO POR EL QUE SE CONCEDIÓ EL AMPARO DEJÓ DE EXISTIR.-Si el amparo se le concedió a la parte quejosa para el efecto de que las autoridades responsable (sic) resuelvan en breve término su petición en relación con un derecho que tiene y durante la tramitación del incidente de inejecución de sentencia se acredita que se le privó de ese derecho por una autoridad distinta, resulta obvio que las autoridades responsables ya no pueden cumplir con la sentencia desde el momento en que dejó de existir la materia del acto reclamado y, por ende, queda sin materia el incidente de inejecución." Por otra parte, dada la imposibilidad de dar cumplimiento al fallo protector emitido dentro del presente asunto, conforme a la parte final del dispositivo 196 de la Ley de Amparo, se ordena remitir el expediente al Tribunal Colegiado del Decimonoveno Circuito, con sede en Reynosa, Tamaulipas, en turno, para los efectos legales a que haya lugar. En el entendido de que este órgano de control constitucional considera innecesaria la apertura de un incidente innominado, pues, como se vio con antelación, la imposibilidad para el cumplimiento a la sentencia quedó debidamente acreditada, sin que además la parte agraviada hiciera manifestación alguna al respecto, tal como se advierte de la certificación con que se da cuenta. Finalmente, con motivo de lo que anterior, fórmese cuaderno de antecedentes, al que deberá anexarse copia certificada de las constancias necesarias. Notifíquese personalmente a la parte agraviada. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Gilberto Anaya Camargo, secretario que actúa y da fe.
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