Juan Manuel Mejía Romero
Expediente 639/2019 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 17 actuaciones registradas, la última del 24 de septiembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 639/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 17
- Última actuación
- 24/09/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Juan Manuel Mejía Romero
Actuaciones
Las 4 más recientes de 17.
- Principal
Visto el estado que guardan los autos, así como la certificación que antecede, se advierte que el proveído que decretó el sobreseimiento fuera de audiencia del presente juicio de amparo promovido por Juan Manuel Mejía Romero, no fue recurrido dentro del término legal; por tanto, con fundamento en los artículos 355 y 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que ese proveído ha quedado firme para todos los efectos legales. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como totalmente concluido, el cual no es de relevancia documental, dado que no satisface las condiciones del último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Supremo Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Por otra parte, en cumplimiento al punto vigésimo primero, fracciones II y III, del citado acuerdo, el presente expediente es destruible y el cuaderno original del incidente de suspensión es susceptible de depuración, una vez que trascurran cinco años, contados a partir de que se ordene su archivo, puesto que se sobreseyó en el juicio fuera de audiencia -en el expediente principal-; y se concedieron las medidas provisional y definitiva, debiéndose conservar la determinación relativa a su otorgamiento, y en su caso de su violación. Glósese el original del cuaderno incidental y, según lo dispone el punto vigésimo, fracción III, del acuerdo en cita, el duplicado del incidente de suspensión deberá ser destruido, en el plazo de seis meses a que alude el propio acuerdo; consérvese por separado el duplicado.
- Principal
Agréguese para que surta los efectos legales a que haya lugar el oficio que signa la magistrada propietaria que integra la Octava Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, mediante el cual acusa recibo del comunicado 13725/2018, por el que se le notificó la determinación de treinta de agosto del año en curso, en la que se sobreseyó fuera de audiencia el presente asunto.
- Principal
Visto el estado de los autos se advierte que el quejoso reclama la resolución emitida el veintisiete de junio de dos mil diecinueve, por el magistrado de la Octava Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato, dentro del toca de apelación***, que confirmó la determinación del juez de Oralidad Penal de la Tercera Región, con sede en Celaya, Guanajuato, en el incidente planteado por la fiscalía, en la que autorizó la incorporación por lectura de un testigo de cargo, dentro de la causa penal ***, para llevarla al juicio oral. Ahora bien, de la demanda de amparo y de las constancias remitidas por el magistrado de la Octava Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato, así como el juez de Oralidad Penal de la Tercera Región, con sede en Celaya, consistentes en tres discos versátiles digitales (DVD), a las que se le concede valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por tratarse de documentos expedidos por un servidor público en ejercicio de sus funciones, y con apoyo en la jurisprudencia 1a./J. 43/2013 10a. de rubro: VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL, se desprenden los siguientes antecedentes del acto reclamado: 1. En la causa penal ***del índice del Juzgado de Oralidad Penal de esta ciudad, tuvo verificativo la audiencia de formulación de imputación, en la que se dictó auto de vinculación a proceso en contra del quejoso por el hecho que la ley considera como delito de homicidio calificado cometido en agravio de ****************. 2. En veintinueve de abril de dos mil diecinueve, dio inicio la audiencia intermedia -preparación a juicio oral- que abarcó los días veintinueve de abril, dos, seis y ocho de mayo de dos mil diecinueve. 3. Dentro de la mencionada audiencia intermedia, la fiscalía planteó incidente para que se incorporara por lectura la testimonial de **********tanto una declaración en la averiguación previa rendida ante el Ministerio Público **********, como una entrevista rendida ante el agente de Investigación Criminal ************; incidencia a la que se le dio trámite y en la cual se admitieron y desahogaron pruebas relacionadas con el incidente planteado, la cual se resolvió en audiencia de ocho de mayo de la citada anualidad en el sentido de admitir la incorporación por lectura de la entrevista del citado testigo, así como su declaración para la audiencia de juicio oral. 4. Enseguida, en la misma audiencia, el agente del Ministerio Público formuló acusación en contra del quejoso ***********, y el juez de control dictó auto de apertura del juicio oral. 5. En contra de la determinación emitida por el juez de control en la audiencia iniciada el veintinueve de abril y concluida el ocho de mayo de dos mil diecinueve, relativa a la incorporación por lectura de la entrevista y declaración de un testigo, el defensor particular del aquí quejoso *********** interpuso recurso de apelación, del que conoció la Octava Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del estado de Guanajuato, registrado con el número de toca *** 6. El veintisiete de junio de dos mil diecinueve, la citada sala penal resolvió el medio de defensa de que se trata, y confirmó la determinación dictada por el juez de Control de Oralidad en la causa penal **** relativa a la incorporación por lectura de la entrevista y declaración del testigo *********** acto reclamado De lo anterior se advierte que el aquí quejoso es parte dentro de dicho procedimiento penal, el cual se encuentra en la etapa de juicio oral. Luego, se destaca que la parte quejosa acude a la instancia constitucional para reclamar la resolución de segunda instancia que confirmó la determinación de incorporar al juicio oral por lectura la entrevista y declaración del testigo *********** dictada por el juez de control del Juzgado de Oralidad en la causa penal *** En esa tesitura, el presente juicio de amparo resulta improcedente, de conformidad con el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, aplicado a contrario sensu, que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;" De la disposición normativa transcrita emerge que el juicio de amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, es decir, que de no revestir dicha característica, el juicio de derechos fundamentales será improcedente. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación fijó criterio por el cual determinó que para ser calificados como irreparables -los actos reclamados-, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegara a trascender al resultado del fallo; además que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos, cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce acotó el Pleno de la Corte de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos 'que afecten materialmente derechos', lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos 'derechos' afectados materialmente revistan la categoría de derechos sustantivos expresión antagónica a los de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. El citado criterio se encuentra en la jurisprudencia P./J. 37/2014 10a, con registro 2006589, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 7, junio de 2014, tomo I, página 39, materia común, Décima Época, de rubro y texto: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013).- Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios." Al tenor de ese marco normativo, deviene la improcedencia del presente juicio de derechos fundamentales, pues la determinación emitida por la Octava Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del estado de Guanajuato, que confirmó la decisión asumida por el juez de control al resolver el incidente planteado por la fiscalía en la audiencia intermedia o de preparación a juicio iniciada el veintinueve de abril y concluida el ocho de mayo, ambas fechas de la presente anualidad, a través de la cual admitió que la entrevista y declaración del testigo ************ fueran incorporadas por lectura en audiencia de debate, por incapacidad del testigo para declarar en la citada audiencia, dentro de la causa penal *** del Juzgado de Oralidad Penal de la Tercera Región, con sede y base en Celaya, Guanajuato; incide en una cuestión meramente formal, es decir, constituye una cuestión procesal que no genera afectación a derechos sustantivos del aquí promovente. Ello es así porque dicha determinación no implica en ningún momento decidir cuestión alguna de fondo, lo que hace patente que tal situación no redunda en menoscabo de derecho sustantivo del quejoso, pues, se reitera, la Octava Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del estado de Guanajuato, solo confirmó la resolución de primera instancia en la que se admitió unas pruebas para que se incorporen a la etapa de juicio, por lo que esa afectación no es actual, sino que depende de que trascienda o no al desenlace del juicio, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva, pues aunque, lleguen a desahogarse en la etapa del juicio oral, es hasta el dictado de la sentencia donde el juez la analizará y, en su caso, podrá o no otorgarles valor probatorio; asimismo, ante la posibilidad de un fallo condenatorio, entonces el examen puede combatirse en la vía de amparo directo, cuestionando el valor de las pruebas, con la finalidad de desvirtuar la hipótesis de la acusación. Lo anterior permite reiterar que no se está en presencia de un acto de imposible reparación que traiga aparejada una ejecución que lesione materialmente derechos sustantivos del aquí quejoso. Es de invocarse en apoyo de lo que antecede, la tesis I.8º. C. 22C (10ª.), con registro 2008458, legible en la página 2674, Libro 15, febrero de 2015, tomo III, en materia civil de la Décima Época, de rubro y texto: "DERECHOS SUSTANTIVOS. SU DIFERENCIA CON LOS DERECHOS ADJETIVOS. De acuerdo con la doctrina, son derechos sustantivos los que se identifican con los bienes de la vida. En ese sentido, pueden considerarse sustantivos, sin pretender asignarles un orden, entre otros, los derechos patrimoniales, los que surgen de las relaciones de familia y del estado civil de las personas, la vida misma, la libertad personal, la de conciencia, la de expresión, el derecho al honor, a la intimidad, etc. En cambio, los derechos procesales o instrumentales, también llamados adjetivos, son únicamente el medio para hacer observar o proteger el derecho sustantivo. Tales derechos procesales no tienen por objeto su propio ejercicio, ni constituyen un fin en sí mismos, sino que se trata sólo de las reglas para obtener del Estado la garantía del goce de los bienes de la vida." Así, no pueden ser considerados como actos de imposible reparación aquellos que tengan como consecuencia una afectación a derechos de naturaleza adjetiva o procesal, pues los efectos de ese tipo de violaciones son meramente formales y son reparables si el afectado obtiene una sentencia favorable. En esta condición, los actos reclamados descritos con anterioridad, no pueden estimarse como de imposible reparación, puesto que no implican afectación a derechos sustantivos y se traducen únicamente en cuestiones procedimentales. Máxime que no se está en alguno de los supuestos de ejecución irreparable a que ha hecho referencia la Suprema Corte de Justicia de la Nación como excepción a la regla general de procedencia del juicio de amparo, concretamente a la admisión, desahogo o desechamiento de pruebas. Lo anterior encuentra fundamento en la tesis II.3o.P.27 P (10a.), número de registro 2019536, legible en la página 2662, libro 64, marzo de dos mil diecinueve, tomo III, Gaceta del Semanario Judicial de La Federación, Décima Época, de rubro y texto: "DESECHAMIENTO DE PRUEBAS EN LA ETAPA DE JUICIO ORAL DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO. AL SER UN ACTO INTRAPROCESAL QUE NO TIENE UNA EJECUCIÓN DE IMPOSIBLE REPARACIÓN, EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN SU CONTRA ES IMPROCEDENTE. En el artículo 113 de la Ley de Amparo se faculta al juzgador para desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, y -de acuerdo con el criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación- por "manifiesto" se entiende lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. Aunado a ello, debe tenerse la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate sea operante en cada caso concreto, de modo que, aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes. Asimismo, en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con la diversa fracción V -en sentido contrario- del artículo 107, ambos de la ley de la materia, se establece que los actos emitidos durante el juicio sólo pueden impugnarse en amparo indirecto, cuando afectan de manera directa e inmediata derechos sustantivos previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como la vida, la integridad personal, la libertad, etcétera, cuya afectación no puede ser reparada aun obteniendo sentencia favorable; lo que excluye la procedencia del amparo indirecto cuando sólo se afecten derechos adjetivos, aun cuando dicha afectación pudiera considerarse en grado predominante o superior. En estas circunstancias, cuando se reclame una determinación emitida en la etapa de juicio oral mediante la cual se inadmita una prueba ofertada por la defensa, el amparo indirecto es improcedente, en virtud de que se trata de un acto intraprocesal que no tiene ejecución de imposible reparación, pues no impide el ejercicio actual y real de un derecho sustantivo, al contrario, ese acto constituye una violación a las leyes del procedimiento, en términos del artículo 173, apartado B, fracción X, de la Ley de Amparo, que establece, por un lado, que las violaciones procesales (como es el acto reclamado) deben ser impugnadas en el juicio de amparo directo que se promueva contra la sentencia definitiva, de ser ésta desfavorable a los intereses del quejoso y, por otro, dispuso que en los juicios del orden penal, se considerarán violadas las leyes del procedimiento, entre otras, cuando no se reciban al imputado las pruebas pertinentes que ofrezca o no se reciban con arreglo a derecho, como lo reclamado en el caso." Así como el criterio sostenido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 1a./J. 74/2018 (10a), número de registro 2018868, visible en la página 175, libro 61, diciembre de dos mil dieciocho, tomo I, del Semanario Judicial de La Federación y su Gaceta, que establece: VIOLACIONES A DERECHOS FUNDAMENTALES COMETIDAS EN UN PROCEDIMIENTO PENAL ACUSATORIO. NO SON SUSCEPTIBLES DE ANALIZARSE EN AMPARO DIRECTO CUANDO OCURREN EN ETAPAS PREVIAS AL JUICIO ORAL. De acuerdo con el inciso a) de la fracción III del artículo 107 de la Constitución y la fracción I del artículo 170 la Ley de Amparo, el juicio de amparo directo procede en contra de sentencias definitivas dictadas por autoridades judiciales en dos supuestos: (i) cuando la violación se cometa en sentencia definitiva; y (ii) cuando la violación se cometa durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso y trascienda al resultado del fallo. Con todo, esta Primera Sala estima que tratándose de una sentencia definitiva derivada de un proceso penal acusatorio, en el juicio de amparo directo no es posible analizar violaciones a derechos fundamentales cometidas en etapas previas al inicio del juicio oral que tengan como consecuencia la eventual exclusión de determinado material probatorio. Si bien es cierto que de una interpretación literal y aislada del apartado B del artículo 173 de la Ley de Amparo pudiera desprenderse que sí es posible analizar en el juicio de amparo directo las violaciones a las leyes del procedimiento que hayan trascendido a las defensas del quejoso cometidas durante cualquiera de las etapas del procedimiento penal acusatorio, toda vez que la Ley de Amparo en ningún momento limita el examen de dichas violaciones a las que hayan ocurrido en una etapa determinada, esta Primera Sala estima que una interpretación conforme con la Constitución de la citada disposición permite concluir que el análisis de las violaciones procesales en el juicio de amparo directo debe limitarse exclusivamente a aquellas cometidas durante la audiencia de juicio oral. En primer lugar, porque sólo con dicha interpretación adquiere plena operatividad el principio de continuidad previsto en el artículo 20 constitucional, que disciplina el proceso penal acusatorio en una lógica de cierre de etapas y oportunidad de alegar. Este principio constitucional ordena que el procedimiento se desarrolle de manera continua, de tal forma que cada una de las etapas en las que se divide -investigación, intermedia y juicio- cumpla su función a cabalidad y, una vez que se hayan agotado, se avance a la siguiente sin que sea posible regresar a la anterior. Por esta razón, se considera que las partes en el procedimiento se encuentran obligadas a hacer valer sus planteamientos en el momento o etapa correspondiente, pues de lo contrario se entiende por regla general que se ha agotado su derecho a inconformarse. En segundo lugar, porque dicha interpretación también es consistente con la fracción IV del apartado A del artículo 20 constitucional. De acuerdo con dicha porción normativa, el juez o tribunal de enjuiciamiento no debe conocer de lo sucedido en etapas previas a juicio a fin de garantizar la objetividad e imparcialidad de sus decisiones. En consecuencia, si el acto reclamado en el amparo directo es la sentencia definitiva que se ocupó exclusivamente de lo ocurrido en la etapa de juicio oral, el tribunal de amparo debe circunscribirse a analizar la constitucionalidad de dicho acto sin ocuparse de violaciones ocurridas en etapas previas. Esta interpretación además es consistente con el artículo 75 de la Ley de Amparo, que dispone que en las sentencias que se dicten en los juicios de amparo el acto reclamado se apreciará tal y como aparezca probado ante la autoridad responsable." De ahí que en el particular, al reclamarse actos dictados dentro de un procedimiento que no son de imposible reparación, se actualiza en forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia que deviene de relacionar el artículo 107, fracción III, inciso b), constitucional, y 107, fracción V, de la Ley de Amparo y conforme lo dispuesto en el ordinal 113 de la Ley de la materia, se desecha de plano la demanda. Por ende, se concluye que el juicio deviene improcedente en términos del artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo; y, conforme a lo dispuesto por la fracción V, del numeral 63 de la propia Ley, se decreta el sobreseimiento fuera de audiencia. En mérito de lo anterior, resulta innecesario llevar a cabo la audiencia constitucional señalada para las nueve horas con veinte minutos del diecisiete de septiembre del año en curso. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Expedientes. Por último, resulta innecesario ordenar el emplazamiento de la tercera interesada *********** -reservado en proveído de veintidós de agosto actual-, dado el sentido de la presente determinación, la cual ningún perjuicio le origina
- Principal
Visto lo de cuenta; del estado de autos se desprende que mediante proveído de veintidós de agosto del año actual, se requirió a la parte quejosa para que en el plazo de tres días, contado a partir de la notificación de ese proveído, proporcionara el domicilio de la tercera interesada**********, a efecto de realizar su llamamiento a juicio, el cual se encuentra transcurriendo. Por tanto, para dar margen a la debida integración del expediente, la audiencia constitucional señalada para el día de hoy se difiere, y en su lugar se fijan las nueve horas con veinte minutos del día diecisiete de septiembre de dos mil diecinueve.
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