Juan Manuel Medina Escobedo
Expediente 829/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 2 actuaciones registradas, la última del 15 de agosto de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 829/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 15/08/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Juan Manuel Medina Escobedo
Actuaciones
- Principal
... dicho auto causa estado. Anótese lo procedente en el Libro de Gobierno y archívese este asunto como totalmente concluido. DESTINO DE EXPEDIENTE Con fundamento en los artículos 6, fracción I, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, este órgano jurisdiccional califica que este asunto: Carece de relevancia documental al no encontrarse en alguno de los supuestos del artículo 15 del acuerdo general citado. ES DESTRUIBLE, de conformidad con el diverso 21, inciso d), del acuerdo general citado, porque se desechó la demanda de amparo, en la que no existen documentos originales exhibidos por las partes; por lo cual, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberá destruirse el juicio de amparo en que se actúa, y remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación, tal y como lo dispone el tercer párrafo del artículo 21 del acuerdo normativo. ANOTACIONES EN LAS CARÁTULAS Por otro lado, se ordena hacer la anotación correspondiente en la carátula del expediente, de conformidad con lo establecido en el artículo 35, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Por otra parte, se hace constar que las partes no ejercieron el derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales al momento de hacerse pública la sentencia dictada en el presente juicio de amparo, a pesar de habérseles hecho el señalamiento respectivo en el acuerdo correspondiente a las partes.
- Principal
... Vista la demanda de amparo promovida por JUAN MANUEL MEDINA ESCOBEDO, contra los actos del ANABEL MARTÍNEZ ROSAS, AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITA A LA FISCALÍA ESPECIALIZADA EN COMBATE A LA CORRUPCIÓN EN EL ESTADO DE PUEBLA. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno correspondiente bajo el número 829/2022. IMPROCEDENCIA DEL AMPARO Ahora bien, debe puntualizarse que el Juez de Distrito está constreñido al análisis de la demanda de garantías, tal como lo impone el artículo 113 de la Ley de Amparo: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." En efecto, en el apartado relativo el quejoso señaló: "ACTO RECLAMADO: El acuerdo de fecha 11 de julio de la presente anualidad ( 2022) , recaído dentro de la carpeta de investigación CDI:FGEP/ CDVFECC/ CORRUPCIÓN EST- I /000456/ 2022, emitido por la Lic. ANABEL MARTÍNEZ ROSAS, Agente del Ministerio Público adscrita a la FISCALÍA ESPECIALIZADA EN COMBATE A LA CORRUPCIÓN.. Con relación al cual, en el segundo antecedente relató: [.] SEGUNDO. - Derivado de lo anterior, el suscrito con fecha 28 de junio del presente año, presente ante la Fiscalía anticorrupción un escrito donde le solicite a la Agente del Ministerio Público copias cotejadas de todo lo actuado y se me diera acceso a la carpeta de investigación, así como se me tuviera por designado a mi abogado defensor, petición que me fue negada mediante el acuerdo que se recurre de fecha 11 de julio de la presente anualidad recaído dentro de la carpeta de investigación CDI:FGEP/ CDVFECC/ CORRUPCIÓN EST- I /000456/ 2022, emitido por la Lic. ANABEL MARTÍNEZ ROSAS, Agente del Ministerio Público adscrita a la FISCALÍA ESPECIALIZADA EN COMBATE A LA CORRUPCIÓN..." Mientras que en el único concepto de violación, sustancialmente indicó que en tal acuerdo la responsable le contestó que no tiene ninguna calidad dentro de la carpeta de investigación y "por lo que hasta el momento no se ha generado ningún acto de molestia que me de calidad de imputado o para que nombre defensa por lo que se me niega el acceso a la carpeta, argumentado a lo ya acordado que al suscrito hasta el momento no se me ha generado ningún acto de molestia que me de calidad de imputado o para que nombre defensa por lo que se me niega el acceso a la carpeta de investigación de acuerdo a lo establecido en el artículo 218 del mismo ordenamiento en su párrafo tercero". De acuerdo a lo anterior, es evidente que el acto reclamado en esta vía, derivado de tal respuesta, se traduce jurídicamente en la negativa a darle acceso a la carpeta de investigación indicada; acto respecto al cual se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII , en relación con el diverso 107, fracciones III, IV y V de la Ley de Amparo. En efecto, del análisis integral de dichos preceptos se advierte que tanto en los procedimientos seguidos en forma de juicio como en los actos realizados antes de juicio o después de concluido se limita la procedencia del juicio de amparo, pues para la ejercibilidad de la acción de amparo resulta una condición que sea de imposible reparación. Para atender si el acto reclamado es o no de imposible reparación, debe estarse a la definición que indica la fracción V, pues claramente establece que dicha figura se actualiza cuando los actos afectan materialmente derechos sustantivos tutelados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y Tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. De esta manera, es inconcuso que el acto reclamado no es de imposible reparación, ya que la negativa a dar acceso a la carpeta de investigación, la expedición de copias de lo actuado y la designación de abogado defensor, no trasciende directamente los derechos de la parte quejosa. En efecto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 149/2021 estableció que el Ministerio Público tiene la obligación de aportar los elementos demostrativos que acrediten la existencia de un delito, y en contraposición a ello, el inculpado goza del derecho de defensa que se le otorga para acreditar la inexistencia del ilícito o su no participación en el mismo. Así indicó, que los artículos 218 y 219 del Código Nacional de Procedimientos Penales establecen el momento procesal en el cual los registros ya no podrán mantenerse en reserva para el imputado, los cuales son: a) cuando se encuentre detenido; b) cuando sea citado para comparecer como imputado; o c) sea sujeto de un acto de molestia y se pretenda recibir su entrevista. Es decir, en cualquiera de los supuestos anteriores, el imputado y su defensor deben tener acceso a los datos de la investigación que obran en la carpeta de investigación. Finalmente, la citada Sala concluye que el Ministerio Público debe mantener, respecto del indiciado, en reserva los registros que obran en la carpeta de investigación, hasta en tanto no se de alguno de los supuestos de los cuales habla el párrafo tercero del artículo 218 del código adjetivo en mención. Sirve de apoyo de lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 72/2019 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro: DEFENSA ADECUADA EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN INICIAL DEL PROCEDIMIENTO PENAL ACUSATORIO. EL INDICIADO Y SU DEFENSOR TIENEN DERECHO A OBTENER COPIAS O REPRODUCCIONES FOTOGRÁFICAS DE LOS DATOS DE PRUEBA QUE OBRAN EN LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN, CUANDO EL IMPUTADO SE UBICA EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 218, PÁRRAFO TERCERO, DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. Ahora bien, si en el caso no se advierte que el quejoso haya sido detenido, ni que sea objeto de algún acto de molestia, es decir, el impetrante no se encuentra en alguno de los supuestos del artículo 218 citado; de ahí que evidentemente la negativa de responsable de darle al quejoso intervención en la carpeta de investigación, no afecta materialmente los derechos de defensa del quejoso, en tanto que únicamente estará en aptitud de ejercer el mismo hasta que se ubique en alguno de los supuestos del citado precepto legal, tal y como lo estableció la Primera Sala en el criterio invocado. Aunado a lo anterior, de acuerdo al comunicado 207/2022 de dos de junio de este año, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se conoce que la Primera Sala, al resolver la Contradicción de criterios 2/2022, cuya sentencia está pendiente de publicar, estableció que es improcedente la demanda de amparo promovida por quien sospecha ser investigado por un hecho considerado como delito y le niegan el acceso a una carpeta de investigación, pues solo tiene ese derecho hasta que sea privado de su libertad, citado a comparecer o afectado por otro acto de molestia realizado en su contra con el carácter de imputado. Esto, al considerar que, en la etapa de investigación en el proceso penal acusatorio, el derecho de acceder a los registros contenidos en la carpeta de investigación corresponde únicamente a las partes involucradas; de manera que, para que la persona interesada pueda reclamar mediante juicio de amparo la omisión o negativa del Ministerio Público para permitirle el acceso a ésta, es necesario que se encuentre detenida, sea citada para comparecer o sea sujeta de un acto de molestia como imputada dentro de la etapa de la investigación inicial. Y que la simple sospecha de ser investigado no deriva en ningún derecho subjetivo para acceder a la carpeta de investigación, de manera que es indispensable que la autoridad ministerial lleve a cabo alguna diligencia de investigación en perjuicio del investigado, como las referidas previamente, para que la persona pueda reclamar el acceso a los registros de la investigación. Por tanto, cuando una persona promueve una demanda de amparo indirecto contra la negativa u omisión del Ministerio Público de permitirle el acceso a la carpeta de investigación, pero del escrito de demanda y sus anexos solo se advierte la mención de tener una sospecha o temor de ser investigada y, además, no se observa la existencia de un acto de molestia concreto (detención u orden de comparecencia), será procedente desechar de plano la demanda de amparo. Y, finalmente, la Primera Sala destacó la importancia de que no se pierda el sigilo dentro de la investigación, por lo que la persona juzgadora de amparo debe tener el cuidado de revisar la demanda para advertir la existencia, o no, de un derecho subjetivo en favor de quien solicite la protección constitucional. Conforme a esto último, debe decirse que de lo relatado en la demanda de amparo no se advierte la existencia de un derecho subjetivo que amerite protección respecto al quejoso, esto es, que amerite admitir y resolver este asunto, pues es evidente que el quejoso está gozando de su libertad y no ha sido detenido a virtud de algún hecho señalado en l ley como delito y puesto a disposición de la autoridad ministerial que señala como responsable, ni se le ha citado a comparecer. Por el contrario, de lo que narra se advierte que en la respuesta que la responsable le dio le hizo saber que hasta el momento no se ha generado algún acto de molestia que le dé la calidad de imputado o para que nombre defensa. Y la diversa situación que relata en el sentido que la autoridad responsable solicitó copias de su expediente laboral a su superior, tampoco genera una afectación actual y directa en su perjuicio, en la medida en que esa circunstancia, de existir, se traduce en un acto de investigación de la autoridad que tiene a su cargo la facultad y obligación de investigar los hechos que pueden constituir delitos, en términos del artículo 21 constitucional; de manera que esa sola situación no lo faculta para instar este medio extraordinario de defensa en su contra, pues no goza de una prerrogativa constitucional que lo exima de que la autoridad ministerial lleve a cabo sus facultades de investigación. Ante ello, se actualiza la causa de improcedencia prevista en los artículos 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción IV y V, de la Ley de Amparo y, en consecuencia se desecha de plano la demanda. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones LOS ESTRADOS de este juzgado federal, y por autorizado al profesionista, que menciona en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo. EXHORTO A LA PARTE QUEJOSA En términos de los artículos 39 y 55 del Acuerdo General 12/2020 y 29 del acuerdo general 21/2020 dígasele a la parte quejosa que podrá solicitar que se le realicen las notificaciones electrónicas de las resoluciones judiciales, en términos de los artículos 26, fracción IV, y 30, fracción II, de la Ley de Amparo y, para ello, es indispensable que las partes manifiesten expresamente la solicitud para recibir notificaciones electrónicas; ello a través de una promoción impresa o electrónica dirigida a este órgano jurisdiccional, en la que señalen el "Nombre de Usuario" que crearon al registrarse en el Portal. COMUNICACIONES NO PROCESALES Respecto al señalamiento del correo electrónico, que proporciona en su escrito de demanda, en términos del artículo 5, fracción I del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se tiene únicamente señalado para realizar comunicaciones no procesales, no así para que se realicen las notificaciones derivadas de este juicio de amparo. FORMA DE NOTIFICACIÓN Así, en atención a que en términos del ACUERDO GENERAL 21/2020, DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, la nueva estrategia de inmediata digitalización de las constancias en los asuntos nuevos que se promuevan físicamente, la apertura total del juicio en línea a todas las materias e instancias en los asuntos competencia de los órganos a cargo del Consejo, y la necesidad de que la mayor parte del personal jurisdiccional continúe trabajando de manera remota, hacen necesaria y a la vez idónea la continuidad en la tramitación de expedientes por medios electrónicos como eje rector del quehacer jurisdiccional. Así también, se instruye al actuario encargado de practicar alguna notificación personal derivada del presente asunto para que la desahogue en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, ello con el fin de resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables. EXHORTO A LA PARTE QUEJOSA Por otra parte, toda vez que el CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, ha determinado la implementación de medidas para evitar la propagación del virus COVID-19, así como privilegiar el acceso a la justicia federal; conforme a lo dispuesto en el artículo 22 del ACUERDO GENERAL 21/2020, DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, RELATIVO A LA REANUDACIÓN DE PLAZOS Y AL REGRESO ESCALONADO EN LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES ANTE LA CONTINGENCIA POR EL VIRUS COVID-19, el cual faculta a los juzgadores, a exhortar a las partes para que de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea, asimismo propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. En tales condiciones, se exhorta al quejoso, para que de ser posible, realice los trámites correspondientes para obtener la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación. Así mismo, conforme al artículo 55 del ACUERDO GENERAL 12/2020, DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE REGULA LA INTEGRACIÓN Y TRÁMITE DE EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Y EL USO DE VIDEOCONFERENCIAS EN TODOS LOS ASUNTOS COMPETENCIA DE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES A CARGO DEL PROPIO CONSEJO, y 29 del ACUERDO GENERAL 21/2020 DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, RELATIVO A LA REANUDACIÓN DE PLAZOS Y AL REGRESO ESCALONADO EN LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES ANTE LA CONTINGENCIA POR EL VIRUS COVID-19, dígasele a la parte quejosa que podrá solicitar que se le realicen las notificaciones electrónicas de las resoluciones judiciales, en términos del artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo y, para ello, es indispensable que manifieste expresamente la solicitud para recibir notificaciones electrónicas a través de una promoción impresa, electrónica o, cuando la ley aplicable lo prevea, vía comparecencia, en el asunto de que se trate, dirigida al órgano jurisdiccional donde se tramita, en la que señalen el "Nombre de Usuario" que crearon al registrarse en el Portal. En caso que se solicite la autorización de notificación electrónica para personas diversas a la parte solicitante, también deberá señalar sus "Nombres de Usuario". Para mayor información pueden seguir los pasos que se informan en la liga siguiente: https://www.cjf.gob.mx/documentos/cartelFirel.pdf En tanto que la tramitación de la firma electrónica "Firel" la pueden hacer en el sitio: https://www.firel.pjf.gob.mx e incluso puede descargar la aplicación para hacer el trámite correspondiente en su teléfono móvil si éste opera con plataformas "Android" o "iOS". TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN Finalmente en conformidad con los preceptos 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 11, fracción VI, 16 y 68, éste último en relación con los diversos 110, 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace del conocimiento de las partes que este órgano al emitir la sentencia respectiva y con el objeto de respetar el derecho humano de acceso a la información elaborará la versión pública, protegiendo aquella considerada legalmente como confidencial o reservada.
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