Juan Manuel Max Malpica

Expediente 199/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Veracruz. 5 actuaciones registradas, la última del 17 de mayo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
199/2023
Año
2023
Actuaciones
5
Última actuación
17/05/2023

Partes del expediente

  • Juan Manuel Max Malpica

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Boca del Río, Veracruz, diecisiete de mayo de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación que antecede, de los que se advierte que transcurrió el plazo establecido en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido el auto de veinte de abril de dos mil veintitrés, a través del cual se sobreseyó en el juicio fuera de audiencia; por tanto, con fundamento en el artículo 2° de la invocada ley, en relación con los numerales 355 y 356 fracción I, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que ha causado estado para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y en su oportunidad, archívese el presente juicio como asunto total y definitivamente concluido, previa anotación que se haga en el libro respectivo. Bajo ese orden, se estima que el presente expediente carece de valor jurídico, histórico, documental o de relevancia alguna; por tanto, en cumplimiento a lo establecido en el Capítulo 8, relativo al 8.1.2, punto 1., Expedientes que deben destruirse una vez que cuenten con tres años de haberse acordado su archivo como asuntos concluidos del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, aprobado el veintiséis de agosto de dos mil veinte, en relación con el ACUERDO General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, este expediente debe considerarse DESTRUIBLE, en razón de que se ubica en la hipótesis establecida en el artículo 21, inciso a) del citado acuerdo, al tratarse de un asunto sobreseído fuera de audiencia. En tal virtud, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente; y, una vez transcurrido el plazo de conservación de TRES AÑOS a que se refiere el primer párrafo del artículo 21 antes invocado, dentro de los treinta días siguientes, deberá destruirse este expediente y remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Notifíquese por oficio a las autoridades responsables y por lista a las restantes partes.

  2. Principal

    Notifíquese personalmente a la parte quejosa...

  3. Principal

    SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA A LA QUE SE LE DEJO AVISO, LA RESOLUCION QUE DICE: Agréguese a los autos el oficio STPSP/JE8/416/2023 y anexo, signado por la Presidenta de la Junta Especial Número Ocho de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Veracruz, con sede en Boca del Río; mediante el cual, en cumplimiento a lo ordenado en proveído de trece de abril de dos mil veintitrés, remite las constancias solicitadas, consistentes en copia certificada de la notificación del laudo de veintiuno de marzo de dos mil veintitrés, en el expediente laboral 906/VIII/2021; en ese tenor, ténganse como pruebas de su parte. Ahora bien, el suscrito advierte que con la constancia de cuenta, y con la diversa recibida el trece de abril del año en curso, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia consistente en cesación de los efectos del acto reclamado, prevista en el artículo 61, fracción XXI, en relación con el diverso numeral 63, fracción V, ambos de la Ley de Amparo El análisis gramatical de tal disposición permite precisar que el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, señala que el verbo "cesar" significa dejar de hacer lo que se está haciendo, y el "efecto", es lo que sigue en virtud de una cosa, el fin para el que se hace una cosa. De las precisiones realizadas, se arriba a la convicción de que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo y esto da lugar a una situación idéntica a aquélla que existía antes del nacimiento del acto que se ataca o también, cuando la autoridad, sin revocar o dejar insubsistente el acto, se pronuncia respecto al que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce del derecho fundamental trasgredido. Bajo esa óptica, cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, lo que implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de sus efectos, ya que es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En el caso concreto, del escrito de demanda se advierte que los actos reclamados en el presente juicio de amparo, son los siguientes... Constancias a las cuales se les confiere pleno valor probatorio en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su numeral 2o, por estar certificadas por servidor público en ejercicio de sus funciones. En ese tenor, este órgano jurisdiccional estima que se actualiza de manera manifiesta e indudable, la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, al haber cesado los efectos de los actos reclamados; habida cuenta que la autoridad señalada como responsable, el veintiuno de marzo de dos mil veintitrés emitió el laudo en el juicio laboral 906/VIII/2021; asimismo, lo notificó a la parte actora y demanda. Por tanto, con dichas actuaciones han cesado los efectos de los actos reclamados y, por ende, debe decretarse el sobreseimiento en este juicio fuera de audiencia, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 61, fracción XXI, en relación con el diverso 63, fracción V, ambos de la Ley de Amparo. Sin que al efecto se considere necesario la celebración de la audiencia constitucional; dado que, la causa de improcedencia invocada es notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún medio de prueba puede desvirtuarse, de ahí que sea procedente sobreseer el presente juicio, pues de estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario a lo establecido por el artículo 17 constitucional. En mérito de lo anterior, se deja sin efectos la fecha y hora señaladas para la celebración de la audiencia constitucional en el presente juicio, por los motivos señalados en líneas precedentes. Háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno respectivo, y comuníquese lo anterior a las partes para los efectos legales a que haya lugar.

  4. Principal

    Boca del Río, Veracruz, trece de abril de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio signado por la Presidenta de la Junta Especial Número Ocho de la Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Boca del Río, Veracruz; y en términos de lo dispuesto por el artículo 117 de la Ley de Amparo, téngase por rendido su correspondiente informe justificado por sí y en representación de dicha Junta; y con el mismo dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés legal convenga. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene como prueba de la referida autoridad, la copia certificada consistente en el laudo emitido el veintiuno de marzo de dos mil veintitrés, en el expediente 906/VIII/2021, sin perjuicio de su relación al momento de celebrarse la audiencia constitucional en este asunto. Ahora, toda vez que de la constancia que remite en copia certificada, no se advierte que haya anexado la constancia de notificación efectuada a las partes, relativa al dictado del laudo correspondiente. En esas condiciones, con fundamento en el artículo 75 de la Ley de Amparo, requiérase a la Junta responsable para que en el término de tres días contado a partir de que quede legalmente notificada del presente proveído, remita en copia certificada las constancias a que se hizo alusión en líneas precedentes. Se apercibe a la responsable que de no hacerlo así, dentro del plazo que para ello se le concede, se le impondrá multa equivalente a cincuenta unidades de medida, de conformidad con lo establecido en el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo, en razón de que su omisión de cumplir con lo pedido, hace nugatoria la pronta y expedita administración de Justicia, tutelada por el artículo 17 de nuestra Carta Magna. Notifíquese por oficio a la autoridad precisada en el presente proveído y por lista a las restantes partes.

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