Juan Manuel Macias Rodríguez

Expediente 2086/2019 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 11 actuaciones registradas, la última del 9 de agosto de 2021.

Datos del expediente

Expediente
2086/2019
Año
2019
Actuaciones
11
Última actuación
09/08/2021

Partes del expediente

  • Juan Manuel Macias Rodríguez
  • Juez Tercero de lo Civil del Primer Partido Judicial con residencia en el Estado de Jalisco

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    Zapopan, Jalisco, nueve de agosto de dos mil veintiuno. Visto lo de cuenta, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por remisión expresa del artículo 2 de este último ordenamiento, se acuerda: Del estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que el veintitrés de noviembre de dos mil veinte, se ordenó el archivo del juicio de amparo en que se actúa, sin que se proveyera respecto a la devolución de los tomos de pruebas formado con las constancias recibidas el veintitrés y veintinueve de octubre de dos mil diecinueve; por tanto, toda vez que se considera innecesaria la retención de las mismas, se ordena devolverlas a las autoridades que las exhibieron, a efecto de que sean quienes acuerden lo que en derecho corresponda en relación con su destino. Notifíquese

  2. Principal

    Zapopan, Jalisco, veintitrés de noviembre de dos mil veinte. Visto lo de cuenta, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por remisión expresa del artículo 2° de ésta, se acuerda: Causa estado acuerdo. De la certificación secretarial que antecede, así como del estado de autos, se advierte que ha transcurrido el término señalado en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa, en dicho plazo, haya recurrido el acuerdo dictado el quince de octubre de dos mil veinte, mediante el cual se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio, por tanto, por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, se declara que el proveído de mérito HA CAUSADO ESTADO para todos los efectos legales correspondientes. Archivo. En atención a lo anterior, háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno correspondiente y archívese como asunto concluido, de conformidad con el artículo 214 de la Ley de Amparo, aplicado por analogía. Destino del cuaderno principal. Asimismo, como no existen constancias pendientes de agregarse al presente expediente, con fundamento en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se declara que este asunto carece de relevancia documental, dado que no se ubica en alguno de los supuestos que prevé el artículo 15 del citado acuerdo general. De igual forma, se destaca que en el presente asunto se sobreseyó fuera de audiencia en el juicio y no existen documentos originales, por lo que es susceptible de destrucción una vez transcurridos tres años, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, debiéndose hacer las anotaciones en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo, esto con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso b), del aludido acuerdo general conjunto. Destino de los cuadernos incidentales. Por otra parte, por lo que respecta al cuaderno original del incidente de suspensión, se considera que, conforme al artículo 18, fracción I, inciso a), del aludido acuerdo general, es susceptible de destrucción una vez transcurridos tres años, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, en virtud de que, en parte, se negó la medida cautelar. En tanto que, el duplicado es susceptible de destrucción, en términos del inciso a), fracción II, del artículo 20, del citado acuerdo general, lo que podrá hacerse una vez transcurridos seis meses, como lo indica el referido punto. Notifíquese

  3. Principal

    Zapopan, Jalisco, quince de octubre de dos mil veinte. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2, se acuerda: Vista la certificación de cuenta, se aprecia que en proveído de veintiséis de agosto de dos mil veinte se requirió a la parte quejosa para que, dentro del término de veinte días previsto en el artículo 27, fracción III, inciso b), segundo párrafo, en relación con el diverso 22, ambos de la Ley de Amparo, compareciera ante este tribunal a efecto de recibir los edictos para emplazar al tercero interesado Gunter ***, así como acreditar el pago de su publicación y exhibir los comprobantes correspondientes, sin que hubiere acreditado que gestionó su divulgación, ni mucho menos manifestó el impedimento legal o material que tuviera para ello, no obstante haber sido notificado oportunamente para tal efecto, según se aprecia de la constancia correspondiente, realizada el treinta y uno de agosto de dos mil veinte. En consecuencia, al no haber acreditado la parte quejosa que realizó la publicación de los mencionados edictos, ni manifestado el impedimento legal o material que tuviera para ello, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el proveído citado y, con fundamento en la fracción II del artículo 63, en relación con los artículos 27, fracción III, inciso b), segundo párrafo, y 5, fracción III, todos de la Ley de Amparo, se decreta el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, atento a los siguientes razonamientos: En la especie, se concluye que en el presente asunto ha ocurrido una causa manifiesta, notoria e indudable que impone necesariamente sobreseer en el presente juicio fuera de audiencia; ello, en virtud de que, como se evidencia, se actualiza en el caso la causal de improcedencia prevista por el artículo 63, fracción II1 , en relación con los artículos 27, fracción III, inciso b)2 , de la Ley de Amparo, por tanto, no existe razón para que se continúe con el trámite del juicio. El artículo 27, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, disciplina los supuestos en que debe ordenarse la notificación personal, entre otros, el del tercero interesado; empero, cuando no conste en autos el domicilio del tercero interesado, ni designación de casa o despacho para oír notificaciones, previa razón en autos del diligenciante, se dará cuenta al Juez a fin de que se dicten las medidas necesarias con el propósito de investigar el citado domicilio; si a pesar de esa investigación no se llega a conocer su paradero, la primera notificación se hará por edictos a costa del quejoso. De lo que se sigue que si, una vez agotada la investigación de mérito y ordenado el emplazamiento a juicio del tercero interesado, por medio de edictos a costa del quejoso, y éste no acude a recibirlos, ni paga su publicación, ni exhibe ésta, ello implica que la litis constitucional no llega a integrarse, ante la renuencia del accionante constitucional. Así es, el emplazamiento del tercero interesado permite tener por válidamente constituida la relación jurídica procesal, y así, éste se condiciona a que el quejoso realice el pago de los edictos respectivos, o bien, manifieste la imposibilidad que tiene para ello, por lo que el incumplimiento de tal obligación provoca que no pueda tenerse por llamado al juicio constitucional a un gobernado, que con motivo de la emisión del acto reclamado recibió algún beneficio en su esfera jurídica, ni mucho menos que pueda ser resuelto el juicio de amparo, por falta de integración. En ese tenor, tomando en cuenta las formalidades esenciales que constitucionalmente rigen a todo juicio, debe estimarse que el emplazamiento al juicio constitucional de una de las partes contendientes constituye un presupuesto procesal cuyo 1 Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (.) II. El quejoso no acredite sin causa razonable a juicio del órgano jurisdiccional de amparo haber entregado los edictos para su publicación en términos del artículo 27 de esta Ley una vez que se compruebe que se hizo el requerimiento al órgano que los decretó (...). 2 Artículo 27. Las notificaciones personales se harán de acuerdo con las siguientes reglas: (.) III. Cuando no conste en autos domicilio para oír notificaciones, o el señalado resulte inexacto: (.) b) Tratándose de la primera notificación al tercero interesado y al particular señalado como autoridad responsable, el órgano jurisdiccional dictará las medidas que estime pertinentes con el propósito de que se investigue su domicilio y podrá requerir a la autoridad responsable para que proporcione el que ante ella se hubiera señalado. Siempre que el acto reclamado emane de un procedimiento judicial la notificación se hará en el último domicilio señalado para oír notificaciones en el juicio de origen. Si a pesar de lo anterior no pudiere efectuarse la notificación, se hará por edictos a costa del quejoso en términos del Código Federal de Procedimientos Civiles. En caso de que el quejoso no acredite haber entregado para su publicación los edictos dentro del plazo de veinte días siguientes al en que se pongan a su disposición, se sobreseerá el amparo. (.).??????????????? incumplimiento, atribuible al quejoso por la falta de pago de los edictos, impide al juzgador pronunciarse sobre la constitucionalidad del acto reclamado y, por ende, torna improcedente el respectivo juicio de amparo, pues constitucionalmente no es válido que un tribunal resuelva el fondo de lo planteado sin llamar a juicio a los gobernados cuya esfera jurídica se puede ver afectada con su resolución. De ahí que, si como en el caso sucede, la parte quejosa fue omisa en cumplir con el requerimiento que se le hizo para gestionar la publicación de los edictos ordenados en autos (veintiséis de agosto de dos mil veinte), a fin de lograr el emplazamiento al tercero interesado ****, o bien, expresar los motivos que la imposibilitaran para tal efecto, no obstante que el citado auto le fue notificado el treinta y uno de agosto de dos mil veinte, denotando un desinterés en la prosecución de presente juicio de garantías, que conlleva la paralización del procedimiento, el cual es de orden público, motivo suficiente para que se actualice la causa de sobreseimiento invocada, por lo que, con los fundamentos antes citados, en relación con lo dispuesto en la fracción II del artículo 63 de la Ley de Amparo, lo que procede es sobreseer fuera de audiencia en el juicio constitucional en que se actúa. Tiene aplicación al caso, la jurisprudencia 64/2002, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son del siguiente tenor3 : "EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO PERJUDICADO. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS, PAGAR SU PUBLICACIÓN Y EXHIBIRLA, DA LUGAR AL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo, el emplazamiento a juicio del tercero perjudicado se hará mediante notificación personal, siempre que se conozca o se logre investigar su domicilio, o por medio de edictos a costa del quejoso, si a pesar de la investigación se ignora aquél. Ahora bien, del análisis sistemático de lo previsto en el artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos dispositivos 30, fracción II y 5o., fracción III, del propio ordenamiento, así como en el numeral 14, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se concluye que si una vez agotada la investigación a que alude el referido artículo 30, fracción II, y ordenado el emplazamiento a juicio del tercero perjudicado por medio de edictos a costa del quejoso, éste no los recoge, paga su publicación y exhibe ésta, procede decretar 3 Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, página 211, julio de 2002, Tomo XVI, Materia Común, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época. el sobreseimiento en el juicio de garantías, toda vez que incumple con un presupuesto procesal, que se erige en formalidad esencial del procedimiento y hace que el juzgador de amparo no pueda pronunciarse sobre el fondo de lo planteado en el juicio constitucional; por ende, se actualiza una causa de improcedencia, pues con la no publicación de los edictos ordenados queda paralizado el juicio de garantías al arbitrio del quejoso, con lo que se contraviene lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Federal, puesto que se entorpece la administración de justicia, por retardarse la solución del conflicto, ya que ello no es atribuible al órgano jurisdiccional, sino al propio quejoso, cuyo interés particular no puede estar por encima del interés público, tutelado por dicho precepto constitucional, en razón de que la sociedad está interesada en que los juicios se resuelvan dentro de los términos que al respecto señale la ley y no quede su resolución al arbitrio de una de las partes, en este caso del quejoso." De igual manera tiene aplicación la Tesis P./J. 23/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de texto y rubro siguiente: "EMPLAZAMIENTO AL TERCERO PERJUDICADO. EL JUZGADOR NO ESTÁ OBLIGADO A IMPONER MEDIDAS DE APREMIO AL QUEJOSO POR INCUMPLIR LA CARGA PROCESAL DE REALIZAR LAS GESTIONES NECESARIAS PARA LA PUBLICACIÓN DE LOS EDICTOS QUE PREVÉ EL ARTÍCULO 30, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013. Si se parte de que las cargas procesales son de naturaleza distinta a los deberes procesales, debe admitirse que los efectos de la insatisfacción de las primeras produce una consecuencia desfavorable que perjudica el interés del propio quejoso, sin que pueda obligársele a cumplir la carga procesal; entre tanto, ante el incumplimiento de un deber procesal, el juzgador puede hacer cumplir su determinación mediante coacción, o sea, imponiendo medidas de apremio. En esa tesitura, la determinación relativa a que el quejoso realice las gestiones necesarias para el emplazamiento por edictos al tercero perjudicado constituye una carga procesal, en el entendido de que, en caso de darle satisfacción, provocaría una situación jurídica favorable para su interés dentro del proceso constitucional, pues impulsará la continuación del juicio de amparo; mientras que la omisión de cumplir esa carga, únicamente lo colocaría en una situación de desventaja por la posibilidad de que, eventualmente, se sobresea en el juicio de amparo por actualizarse una causa de improcedencia. Por tanto, sin menoscabo de reconocer que, en relación con la carga procesal contenida en el precepto citado, el juzgador de amparo debe ponderar las particularidades del caso para que, si el quejoso comparece a manifestar su imposibilidad para cubrir el costo de los edictos, y tanto de su afirmación como de los elementos que consten en autos existen indicios suficientes para demostrar que no tiene la capacidad económica para sufragarlos, entonces pueda determinarse que el Consejo de la ??????????????? Judicatura Federal, a su costa, los publique para emplazar al tercero perjudicado, lo cierto es que, de subsistir la indicada carga procesal y frente al incumplimiento de la determinación ordenada en autos relativa a que el propio quejoso realice las gestiones necesarias para emplazar al tercero perjudicado a través de los edictos, aquél no está en posibilidad y, por mayoría de razón, no está obligado a imponer al quejoso medida de apremio alguna; por lo que en tal escenario, sólo cabe que dicho juzgador lo aperciba para que, en caso de no cumplir sin causa justificada la indicada carga procesal, se sobresea en el juicio respectivo, con fundamento en el artículo 73, fracción XVIII, en relación con los diversos 5o., fracción III y 30, fracción II, todos de la Ley de Amparo abrogada, así como 14, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." Déjese sin efectos la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional, esto es, las once horas con diez minutos del dieciséis de octubre de dos mil veinte. Notifíquese y, personalmente a la parte quejosa.

  4. Principal

    Zapopan, Jalisco, dos de octubre de dos mil veinte. Visto lo de cuenta, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por remisión expresa del artículo 2 de este último ordenamiento, se acuerda: Se tiene por recibido el escrito de cuenta, suscrito por la parte quejosa, mediante el cual solicita copias de diversas actuaciones del presente asunto; por tanto, dígase que deberá estarse a lo ordenado en proveído de veinticuatro de septiembre de dos mil diecinueve, en el cual se proveyó respecto a la expedición de copias que solicita, autorizando para recibirlas a la persona que señala; en el entendido de que, para ello, deberá agendar cita para obtener previamente el código QR correspondiente, conforme el Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de este último, específicamente lo instruido en sus artículos 3 y 4. Notifíquese.

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