Juan Manuel López Mariscal
Expediente 82/2021 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Sonora. 18 actuaciones registradas, la última del 30 de noviembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 82/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 18
- Última actuación
- 30/11/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Sonora · Sonora
Partes del expediente
- Juan Manuel López Mariscal
- Licenciado Roberto Solís Sánchez, Agente del Ministerio Público, Titular de la Mesa IV, adscrito a la Fiscalía Anticorrupción del Estado, Hermosillo, Sonora
- Fiscal General de Justicia del Estado, Hermosillo, Sonora
Actuaciones
Las 4 más recientes de 18.
- Principal
se tiene a la actuaria adscrita al Tercer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito, con residencia en Hermosillo, Sonora, notificando que se admitió el recurso de revisión interpuesto por el quejoso ********, en contra de la sentencia de treinta y uno de agosto del año en curso; bajo el número 987/2021.
- Principal
VISTOS; para resolver, los autos del juicio de amparo 82/2021, del índice del Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Sonora, con residencia en esta ciudad, promovido por Hugo Rivera Duarte contra actos del Fiscal General de Justicia del Estado y otras autoridades; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Por escrito presentado el veintinueve de abril de dos mil veintiuno, en la Oficialía de Partes del Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Sonora, con residencia en esta ciudad, Hugo Rivera Duarte, demandó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra las autoridades y actos siguientes: "III.- AUTORIDAD RESPONSABLE: 1. C. FISCAL GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE SONORA, anteriormente PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE SONORA, con domicilio en Calle Rosales y Paseo del Canal. Col. Centro, C.P. 83000, Hermosillo, Sonora. 2. C. FISCAL ANTICORRUPCION DEL ESTADO DE SONORA anteriormente FISCAL ESPECIALIZADO PARA INVESTIGAR HECHOS DE CORRUPCI6N, con domicilio en Boulevard Luis Encinas número 577 esquina Adalberto Truqui, Colonia Pimentel, Hermosillo, Sonora. 3. C. LICENCIADO ZEFERINO ROSALES ORTEGA, AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO, TITULAR DE LA UNIDAD MESA I, ADSCRITO A LA FISCALlA ANTICORRUPCION DEL ESTADO DE SONORA, anteriormente C. AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO, TITULAR DE LA UNIDAD MESA I, ADSCRITO A LA FISCALlA ESPECIALIZADA PARA INVESTIGAR HECHOS DE CORRUPCIÓN, con domicilio en Boulevard Luis Encinas número 577 esquina Adalberto Truqui, Colonia Pimentel, Hermosillo, Sonora. 4. C. LIC. ROBERTO SOLlS SANCHEZ, AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO, TITULAR DE LA MESA IV, ADSCRITO A LA FISCALlA ANTICORRUPCION DEL ESTADO DE SONORA, anteriormente C. AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO, TITULAR DE LA UNIDAD MESA IV, ADSCRITO A LA FISCALlA ESPECIALIZADA PARA INVESTIGAR HECHOS DE CORRUPCIÓN, con domicilio en Boulevard Luis Encinas número 577 esquina Adalberto Truqui, Colonia Pimentel, Hermosillo, Sonora. 5. C. JUEZ ORAL DE LO PENAL DEL DISTRITO SIETE DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE SONORA con sede en Agua, Prieta Sonora. 6. GOBERNADORA CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE SONORA, con domicilio en Comonfort y Dr. Paliza S/N, Colonia Centenario, C.P. 83260, Hermosillo, Sonora. 7. SECRETARIO DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA, con domicilio en Palacio de Gobierno Comonfort y Dr. Paliza Col. Centenario, Hermosillo, Sonora, C.P. 83260. IV.- ACTOS RECLAMADOS: A) De las autoridades indicadas con los números 2 y 3 se reclama el auto de fecha siete de noviembre de dos mil dieciséis, mediante el cual se ordena dar inicio a la carpeta de investigación sin detenido en contra del suscrito, al que se le asigno numero único de caso SON/HER/FGE/2016/S03/00066, fundando su determinación en los articulas 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 95, 96,101,103 Y 143 de la Constitución Política del Estado libre y Soberano de Sonora; 1, 2, 4, 5, 6, fracciones 1, IV, 35, 36, 37 Y 38 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Sonora; 1, 2, fracción 1, 9 bis, 9 bis 3, fracciones 11 y IV del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Sonora. B) De las autoridades señaladas con los números 2, 3 Y 4 se reclama la ilegal e inconstitucional integración de la carpeta de investigación numero CI/HER/501/501/00037/11-2016, al que se le asignó el número de caso único SON/HER/FGE/2016/S03/00066, así como todas las diligencias pertinentes y útiles que se llevaron a cabo como consecuencia de lo que se ordenó en el citado auto de fecha veintiuno de septiembre del año dos mil dieciséis, en el que se ordenó dar inicio a la carpeta de investigación sin detenido con números de localización previamente señalados, en virtud que la integración de la carpeta de investigación en cita y las actuaciones realizadas por la entonces FISCALlA ESPECIALlZADA PARA INVESTIGAR HECHOS DE CORRUPCIÓN Y sus AGENTES DEL MINISTERIO PUBLICO, resultan ilegales e inconstitucionales, por haberse llevado a cabo en tiempo de veda legislativa y en clara contravención de los artículos transitorios Segundo, Quinto y Séptimo del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de combate a la corrupción, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de mayo del 2015, lo que trae aparejado que la creación e implementación del Sistema Local Anticorrupción antes de cumplirse con 105 transitorios del decreto citado con anterioridad, devenga en un acto ilegal e inconstitucional que trae emparejado la invalidación de todas sus actuaciones, ya que derivado del acto reclamado, las autoridades responsables efectuaron actos de investigación en contra del suscrito por hechos que la ley señala como delito en materia anticorrupción, actuaciones que se llevaron a cabo durante la inconstitucionalidad de la creación de la FISCALÍA ESPECIALIZADA PARA INVESTIGAR HECHOS DE CORRUPCIÓN, citando como hecho notorio para dar sustento a lo anterior, lo resuelto en el amparo indirecto 628/2016, por el Juez Segundo de Distrito en el Estado de Sonora que fue revocada y ampliada en sus términos jurídicos en el amparo en revisión Penal 194/2017, del índice del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito, en el cual, se estableció que las actuaciones realizadas por la entonces FISCALÍA ESPECIALIZADA PARA INVESTIGAR HECHOS DE CORRUPCIÓN, por conducto de los AGENTES DEL MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITOS A ELLA, resultaban inconstitucionales y no producían efecto jurídico alguno. C) De la autoridad marcada con el número 5, es decir el responsable JUEZ ORAL DE LO PENAL DEL DISTRITO SIETE DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE SONORA se reclama el ilegal e inconstitucional citatorio que me fue notificado el día veintiocho de abril de dos mil veintiuno, ya que este no se encuentra debidamente fundado y motivado, ya que incumplen los requisitos establecido en el artículo 91 del Código Nacional de Procedimientos Penales, como lo es haber señalado el carácter en el que se me cita y el procedimiento del que se deriva, ya que no se advierte del mismo cual es el hecho que la ley señala como delito por el que se me investiga, lo que me deja en completo estado de indefensión e imposibilitado para elaborar mi defensa y teoría del caso, razón por la cual de conformidad al artículo 88 del mismo ordenamiento legal la notificación de referencia deberá ser nula por no cumplir las formalidades previstas en el Código Nacional de Procedimientos Penales, lo que deja al imputado en estado de indefensión y se transgreden en su perjuicio la seguridad jurídica y debido proceso. D) De las autoridades señaladas en los puntos 6 y 7, reclamo la ilegal emisión, aprobación y publicación del decreto por el cual se reforman y adicionan diversas disposiciones del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Sonora para crear la Fiscalía Especializada para Investigar Hechos de Corrupción y se establecen sus atribuciones, publicado el 28 de septiembre de 2015, en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora. E) De las autoridades señaladas en los puntos 1, 2, 6 Y 7 reclamo la creación e implementación de la Fiscalía Especializada para investigar Hechos de Corrupción, sin cumplir con el proceso legislativo previsto en la sección IV del capítulo II del Título Cuarto de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora. F) De las autoridades marcadas con los números 1, 2, 3, 4 Y 6 reclamo la aplicación del inconstitucional decreto por el cual se reforman y adicionan diversas disposiciones del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Sonora para crear la Fiscalía Especializada para Investigar Hechos de Corrupción y se establecen sus atribuciones, publicado el 28 de septiembre de 2015, en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora. G) De la autoridad marcada con los números 2 y 3, reclamo el ejercicio indebido de funciones públicas previstas en la sección IV "MINISTERIO PÚBLICO", del capítulo III del Título Cuarto de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora." SEGUNDO. Por auto de treinta de abril de dos mil veintiuno, se ordenó registrar la demanda de amparo bajo el número 82/2021, se admitió a trámite; se dio la intervención correspondiente al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; se emplazó al tercero interesado Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de esta ciudad ; se tuvo al Agente del Ministerio Público Titular de la Agencia Segunda de la Fiscalía Anticorrupción del Estado de Sonora, como autoridad sustituta del Agente del Ministerio Público Titular de la Agencia I y del Agente del Ministerio Público Titular de la Mesa IV, ambos de dicha Fiscalía ; y se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, previos diferimientos se verificó a las nueve horas con veinte minutos de trece de julio del año en curso, conforme al acta que antecede; y, PRIMERO. Competencia. 1. Este Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Sonora, con residencia en Agua Prieta, es competente para resolver el presente juicio de amparo, en términos de los artículos 94, 103, fracción I, y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, 33 fracción IV, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo en vigor; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en concordancia con los Acuerdos Generales 3/2013 y 3/2021, relativos a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; ambos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Lo anterior, en virtud de que los actos tendrían ejecución dentro del ámbito de competencia donde ejerce jurisdicción este órgano de control constitucional. SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. 2. A efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario precisar el acto reclamado en esta instancia, debiendo para tales efectos analizar en su integridad la demanda de amparo, examinando no sólo el capítulo relativo de la demanda, sino además, lo expresado por la parte quejosa a manera de conceptos de violación; cumpliendo con ello lo establecido en la jurisprudencia P./J. 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD", así como la diversa tesis P.VI/2004 del propio órgano colegiado, cuyo título es: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." 3. En atención a lo anterior, para estar en aptitud de resolver la litis efectivamente planteada, se advierte que la quejosa acude a esta instancia constitucional a impugnar lo siguiente: AUTORIDAD RESPONSABLE ACTOS RECLAMADOS 1. FISCAL GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE SONORA i. Creación e implementación de la Fiscalía Especializada para Investigar Hechos de Corrupción. ii. Aplicación del decreto por el cual se reforman y adicionan diversas disposiciones del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Sonora para crear la Fiscalía Especializada para Investigar Hechos de Corrupción y se establecen sus atribuciones, publicado el veintiocho de septiembre de dos mil quince, en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora. 2. FISCAL ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE SONORA i. Auto de siete de noviembre de dos mil dieciséis, dictado en el número único de caso SON/HER/FGE/2016/S03/00066, a través del cual, se dio inicio a la carpeta de investigación en contra del quejoso. ii. Integración y todo lo actuado en la carpeta de investigación CI/HER/501/501/00037/11-2016 número único de caso SON/HER/FGE/2016/S03/00066. iii. Creación e implementación de la Fiscalía Especializada para Investigar Hechos de Corrupción. iv. Aplicación del decreto por el cual se reforman y adicionan diversas disposiciones del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Sonora para crear la Fiscalía Especializada para Investigar Hechos de Corrupción y se establecen sus atribuciones, publicado el veintiocho de septiembre de dos mil quince, en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora. v. Ejercicio indebido de funciones públicas previstas en la sección IV "MINISTERIO PÚBLICO", del capítulo II del Título Cuarto de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano del Estado de Sonora. 3. LICENCIADO ZEFERINO ROSALES ORTEGA, AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO, TITULAR DE LA UNIDAD MESA I, ADSCRITO A LA FISCALÍA ANTICORRUPCION DEL ESTADO DE SONORA (AUTORIDAD SUSTITUTA AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO TITULAR DE LA AGENCIA SEGUNDA DE LA FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE SONORA) i. Auto de siete de noviembre de dos mil dieciséis, dictado en el número único de caso SON/HER/FGE/2016/S03/00066, a través del cual, se dio inicio a la carpeta de investigación en contra del quejoso. ii. Integración y todo lo actuado en la carpeta de investigación CI/HER/501/501/00037/11-2016 número único de caso SON/HER/FGE/2016/S03/00066. iii. Aplicación del decreto por el cual se reforman y adicionan diversas disposiciones del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Sonora para crear la Fiscalía Especializada para Investigar Hechos de Corrupción y se establecen sus atribuciones, publicado el veintiocho de septiembre de dos mil quince, en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora. iv. Ejercicio indebido de funciones públicas previstas en la sección IV "MINISTERIO PÚBLICO", del capítulo II del Título Cuarto de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano del Estado de Sonora. 4. ROBERTO SOLÍS SANCHEZ, AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO, TITULAR DE LA MESA IV, ADSCRITO A LA FISCALÍA ANTICORRUPCION DEL ESTADO DE SONORA (AUTORIDAD SUSTITUTA AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO TITULAR DE LA AGENCIA SEGUNDA DE LA FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE SONORA) i. Integración y todo lo actuado en la carpeta de investigación CI/HER/501/501/00037/11-2016 número único de caso SON/HER/FGE/2016/S03/00066. ii. Aplicación del decreto por el cual se reforman y adicionan diversas disposiciones del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Sonora para crear la Fiscalía Especializada para Investigar Hechos de Corrupción y se establecen sus atribuciones, publicado el veintiocho de septiembre de dos mil quince, en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora. 5. JUEZ ORAL DE LO PENAL DEL DISTRITO SIETE DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE SONORA i. Citatorio de veintisiete de abril de dos mil veintiuno, notificado en esa data, dictado en la causa penal 100/2021. 6. GOBERNADORA CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE SONORA i. En el ámbito de sus competencias, la emisión, aprobación y publicación del decreto por el cual se reforman y adicionan diversas disposiciones del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Sonora para crear la Fiscalía Especializada para Investigar Hechos de Corrupción y se establecen sus atribuciones, publicado el veintiocho de septiembre de dos mil quince, en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora. ii. Creación e implementación de la Fiscalía Especializada para Investigar Hechos de Corrupción. iii. Aplicación del decreto por el cual se reforman y adicionan diversas disposiciones del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Sonora para crear la Fiscalía Especializada para Investigar Hechos de Corrupción y se establecen sus atribuciones, publicado el veintiocho de septiembre de dos mil quince, en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora. 7. SECRETARIO DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA i. En el ámbito de sus competencias, la emisión, aprobación y publicación del decreto por el cual se reforman y adicionan diversas disposiciones del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Sonora para crear la Fiscalía Especializada para Investigar Hechos de Corrupción y se establecen sus atribuciones, publicado el veintiocho de septiembre de dos mil quince, en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora. ii. Creación e implementación de la Fiscalía Especializada para Investigar Hechos de Corrupción. 6. Actos respecto de los cuales, la parte quejosa considera que se vulnera en su perjuicio los artículos 1°, 8°, 14, 16, 17, 21, 73, fracción XXIV, 113 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Inexistencia de actos. 7. Ante todo conviene establecer que, por razón de método, en principio debe analizarse si los actos reclamados en verdad existen, habida cuenta que de no resultar ciertos, devendría innecesario proseguir con el estudio tanto de la procedencia del amparo, como del fondo del asunto, puesto que no existía materia para efectuarlo . 8. Al rendir su informe justificado, las siguientes autoridades negaron los actos reclamados que se señalan: AUTORIDAD RESPONSABLE ACTOS RECLAMADOS FISCAL ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE SONORA iii. Auto de siete de noviembre de dos mil dieciséis, dictado en el número único de caso SON/HER/FGE/2016/S03/00066, a través del cual, se dio inicio a la carpeta de investigación en contra del quejoso. iv. Integración y todo lo actuado en la carpeta de investigación CI/HER/501/501/00037/11-2016 número único de caso SON/HER/FGE/2016/S03/00066. v. Ejercicio indebido de funciones públicas previstas en la sección IV "MINISTERIO PÚBLICO", del capítulo II del Título Cuarto de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano del Estado de Sonora. vi. Creación e implementación de la Fiscalía Especializada para Investigar Hechos de Corrupción. 8. LICENCIADO ZEFERINO ROSALES ORTEGA, AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO, TITULAR DE LA UNIDAD MESA I, ADSCRITO A LA FISCALÍA ANTICORRUPCION DEL ESTADO DE SONORA (AUTORIDAD SUSTITUTA AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO TITULAR DE LA AGENCIA SEGUNDA DE LA FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE SONORA) i. Ejercicio indebido de funciones públicas previstas en la sección IV "MINISTERIO PÚBLICO", del capítulo II del Título Cuarto de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano del Estado de Sonora. 9. SECRETARIO DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA iii. Creación e implementación de la Fiscalía Especializada para Investigar Hechos de Corrupción. 9. De suerte que no es a ellas a quien corresponde expresar razonamiento alguno que justifique esa manifestación , ni prueba que demuestre que los actos reclamados son inexistentes; por el contrario, recae sobre la parte quejosa la carga de acreditar que es verídico lo reclamado. 10. Porque sucede que el acto reprochado implican un actuar positivo, ya que se traduce en un hacer y, por tanto, ante la negativa de las autoridades responsables, la parte solicitante de la tutela federal debe desvirtuarla, como es dable colegir del enlace de los 63, fracción IV, 117 y 124 de la Ley de Amparo; el primero, al prever como motivo de sobreseimiento la inexistencia del acto reclamado, derivado del hecho de que en la audiencia constitucional no se pruebe su existencia; el segundo, considerándose sus párrafos tercero y quinto al aludir tanto a la obligación del quejoso de justificar la inconstitucionalidad del acto reclamado, como a la posibilidad que éste tiene de desvirtuar el contenido informe justificado y el último precepto, precisamente al prever la mencionada audiencia . 11. Pues bien, del análisis del presente sumario no se advierte que la parte quejosa hubiese allegado prueba alguna tendente a desvirtuar la comentada negativa y, en consecuencia, encaminada a probar la existencia de lo controvertido, no obstante que, según se vio, a ella corresponde acreditar tal cuestión. 12. Consecuentemente, como no se justificó la existencia del actuar reprochado a las responsables precitadas, procede sobreseer en el presente proceso de amparo, con apoyo en el ya mencionado arábigo 63, fracción IV, de la ley de la materia. 13. Acerca de lo expresado cobra exacta aplicación la jurisprudencia 284 del tomo II, volumen 1, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-Septiembre 2011, que dispone: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo". 14. En consecuencia, de conformidad con la fracción IV, del artículo 63, de la Ley de Amparo, se determina sobreseer en el presente juicio, por lo que respecta a esos actos reclamados. CUARTO. Certeza de los actos reclamados. 15. Es cierto el acto reclamado consistente en la emisión, aprobación y publicación del Decreto por el cual se Reforman y Adicionan diversas disposiciones del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Sonora, para crear la Fiscalía Especializada para investigar hechos de corrupción y se establecen sus atribuciones, publicado el veintiocho de septiembre de dos mil quince; imputado a las autoridades responsables Gobernadora Constitucional y Secretario de Gobierno, ambos del Estado de Sonora, pues así lo manifestó la última de las nombradas y la primera fue omisa en rendir el informe solicitado, lo que da lugar a presumir su certeza, ello, en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo. 16. Lo anterior, sobre todo, atendiendo al principio general de derecho que establece que las leyes no son objeto de prueba, reconocido en los artículos 86 y 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, por imperativo expreso del ordinal 2 de la Ley de Amparo vigente, y en la tesis sostenida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "LEYES. NO SON OBJETO DE PRUEBA. El juzgador de amparo, sin necesidad de que se le ofrezca como prueba la publicación oficial de la ley que contiene las disposiciones legales reclamadas, debe tomarla en consideración, aplicando el principio jurídico relativo a que el derecho no es objeto de prueba." 17. De igual forma, es cierto el acto reclamado consistente en la aplicación del Decreto por el cual se Reforman y Adicionan diversas disposiciones del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Sonora para crear la Fiscalía Especializada para investigar hechos de corrupción y se establecen sus atribuciones, publicado el veintiocho de septiembre de dos mil quince; el cual se imputa al Fiscal General de Justicia del Estado de Sonora, Fiscal Especializado en Materia Anticorrupción del Estado de Sonora, Agente del Ministerio Público Titular de la Agencia Segunda de la Fiscalía Anticorrupción del Estado de Sonora (como autoridad sustituta del Agente del Ministerio Público Titular de la Mesa IV), y Gobernadora Constitucional del Estado de Sonora, esta última al haber sido omisa en rendir su informe, de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo. 18. No obstante que el Fiscal General de Justicia del Estado de Sonora, el Fiscal Especializado en Materia Anticorrupción del Estado de Sonora y el Agente del Ministerio Público Titular de la Agencia Segunda de la Fiscalía Anticorrupción del Estado de Sonora (como autoridad sustituta del Agente del Ministerio Público Titular de la Mesa IV), hubiesen negado dichos actos, pues los dos primeros en su informe justificado realizan manifestaciones que evidencian su certeza y del último se corrobora con las documentales que anexó a su informe de ley. 19. Constancias que tienen valor probatorio pleno conforme a los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. 20. Resulta aplicable la tesis del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, localizable en la página 391, tomo XIV, julio de 1994, octava época, del Semanario Judicial de la Federación, de texto y rubro siguientes: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACIÓN HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA.- En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe". 21. De igual forma, resulta cierto el acto reclamado al Fiscal General de Justicia del Estado de Sonora, consistente en la creación e implementación de la Fiscalía Especializada para Investigar Hechos de Corrupción, por así haberlo manifestado expresamente al rendir su informe justificado. 22. Resulta aplicable a lo expuesto, la jurisprudencia 278 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Apéndice 2000 del Semanario Judicial de la Federación de la Quinta Época, con registro 917812, de rubro: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO.". 23. También es cierto el acto reclamado al Agente del Ministerio Público Titular de la Agencia Segunda de la Fiscalía Anticorrupción del Estado de Sonora, como autoridad sustituta del Agente del Ministerio Público Titular de la Agencia I y del Agente del Ministerio Público Titular de la Mesa IV, ambos de dicha Fiscalía, consistente en el auto de siete de noviembre de dos mil dieciséis, dictado en el número único de caso SON/HER/FGE/2016/S03/00066, a través del cual, se dio inicio a la carpeta de investigación en contra del quejoso, la integración y todo lo actuado en la carpeta de investigación CI/HER/501/501/00037/11-2016 número único de caso SON/HER/FGE/2016/S03/00066, por así haberlo manifestado al rendir su informe justificado. 24. Circunstancia que se corrobora con las copias certificadas remitidas por la autoridad responsable ordenadora, relativas la carpeta de investigación CI/HER/501/501/00037/11-2016, a las cuales se les concede pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto en los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles. 25. Finalmente, es cierto el acto reclamado al Juez Oral de lo Penal del Distrito Judicial Siete del Poder Judicial del Estado de Sonora, consistente en el citatorio de veintisiete de abril de dos mil veintiuno, notificado en esa data, dictado en la causa penal 100/2021; por así haberlo manifestado la responsable al rendir su informe justificado. 26. Lo que se corrobora con las copias certificadas remitidas por la autoridad responsable, relativas a la causa penal 100/2021, a las cuales se les concede pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto en los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles. CUARTO. Análisis de procedencia. 27. Previo al estudio del fondo del asunto, deben examinarse las causales de improcedencia del juicio, sea que las invoquen las partes o se adviertan de oficio, por ser una cuestión de orden público y estudio preferente, en atención a lo establecido en el artículo 62 de la Ley de Amparo. Primera causal. 28. En el caso, este juzgador advierte que, con relación al acto reclamado a la Gobernadora y Secretario de Gobernación, ambos del Estado de Sonora, consistente la publicación del Decreto tildado de inconstitucional, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 108, fracciones III, de la Ley de Amparo, que dicen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: (.) III. La autoridad o autoridades responsables. En caso de que se impugnen normas generales, el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación. En el caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, el quejoso deberá señalarlas con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios; (.)" 29. De ese último dispositivo, se advierte que en el caso de que se impugnen normas generales, la parte quejosa deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación y de igual forma, que las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, se deberán señalar con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios. 30. Luego, del escrito de demanda de amparo se advierte que la parte quejosa señala como acto reclamado la publicación del Decreto tildado de inconstitucional, el cual atribuye a la Gobernadora y al Secretario General de Gobierno, ambos del Estado de Sonora; sin embargo, no les atribuye vicios propios, sino que su inconstitucionalidad se reclama en vía de consecuencia por su participación en el proceso del que surgió el decreto reclamado. 31. Tiene aplicación a lo anterior, la jurisprudencia número PC.I.A. J/50 A (10a.), del Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 23, Octubre de 2015, página 2249 cuyo rubro y texto establecen lo siguiente: "AMPARO CONTRA NORMAS GENERALES. LA IMPROCEDENCIA DEL JUICIO POR NO HABERSE IMPUGNADO POR VICIOS PROPIOS EL REFRENDO Y LA PUBLICACIÓN DE AQUÉLLAS ES NOTORIA Y MANIFIESTA, LO QUE PROVOCA EL DESECHAMIENTO DE PLANO DE LA DEMANDA. La causa de improcedencia del juicio de amparo prevista en el artículo 61, fracción XXIII, relacionado con el 108, fracciones III y VIII, ambos de la Ley de Amparo, tocante a los actos consistentes en el refrendo y la publicación de una norma general que no hayan sido combatidos por vicios propios, y respecto de los cuales no exista causa de pedir ni proceda la suplencia de la queja deficiente, es notoria y manifiesta y, por ende, provoca el desechamiento de la demanda de amparo. Lo anterior, porque es una cuestión que debe resolverse a partir del estudio integral de la demanda, en términos del artículo 112 de la Ley de Amparo, al tratarse de una mera constatación de existencia de un requisito que debe cumplir el escrito inicial, es decir, de alegaciones que controviertan la presunción de la constitucionalidad de aquellos actos, lo cual no podrá cambiar con la tramitación del procedimiento federal, porque al ser normas generales, su conocimiento se advierte desde su publicación en el Periódico Oficial respectivo y no con la rendición del informe con justificación". 32. Lo anterior permite concluir que en el caso a estudio se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 108, fracción III, de la Ley de Amparo. Segunda causal. 33. Por otra parte, con relación al acto reclamado al Juez Oral de lo Penal del Distrito Judicial Siete del Poder Judicial del Estado de Sonora, consistente en el citatorio de veintisiete de abril de dos mil veintiuno, notificado en esa data, dictado en la causa penal 100/2021. Este órgano de control constitucional de oficio advierte que se actualiza la hipótesis establecida en la fracción XII del artículo 61 del cuerpo normativo citado, toda vez que el acto reclamado no genera perjuicio al quejoso, por lo que no tiene el interés jurídico necesario para promover el juicio de amparo. 34. En primer término, conviene precisar que de la fracción I del artículo 107 de la Constitución Federal, como del numeral 5° de la Ley de Amparo, se desprenden dos de los principios rectores del juicio de amparo, consistentes en la existencia del agravio personal y directo, así como la instancia de parte agraviada. Los que denotan que el procedimiento constitucional nunca iniciará de manera oficiosa, pues es indispensable el ejercicio de la acción por parte del gobernado debido al ataque del acto de autoridad que lesione sus derechos. 35. En otras palabras, el juicio de amparo requiere, como requisito de procedencia, la existencia de un menoscabo o vulneración que se concreta en una persona física o moral determinada y, que sin ser necesariamente patrimonial, sea apreciable objetivamente, es decir, se requiere que la afectación sea real y no subjetiva; que su realización sea pasada, presente o inminente, no simplemente eventual, aleatoria, posible o hipotética y que esa persona sea quien ejerza la acción constitucional -lo que se obtiene, además de la legislación, de lo sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación-. 36. Consultable en el tomo setenta y seis, Primera Parte, página cuarenta y cinco, del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, que a continuación se transcribe: "LEGITIMACIÓN PROCESAL PARA OCURRIR AL AMPARO. La fracción I del artículo 107 constitucional establece como principio esencial del juicio de garantías, el que éste se siga siempre a instancia de parte agraviada, y, a su vez, el artículo 4º. de la Ley de Amparo dispone que el juicio de garantías puede promoverse únicamente por la parte a quien perjudique el acto o la ley que se reclama. Ahora bien, de la correcta interpretación de los mencionados preceptos, se llega a la conclusión de que la legitimación procesal para ocurrir al amparo sólo la tiene la persona o personas, físicas o morales, directamente agraviadas por la ley o acto que se estime violatorio de garantías, mas no así quien, por ello, indirectamente pudiera resentir algún perjuicio, porque el derecho de promover ese juicio es personalísimo." 37. De modo que el ejercicio de la acción de amparo está reservado únicamente a quien resiente un perjuicio con motivo de un acto de autoridad o por una ley, tratado internacional o reglamento. 38. Luego, la noción de perjuicio para que proceda el amparo, presupone la existencia de un derecho legítimamente tutelado, que cuando es afectado por la autoridad, faculte a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional demandando el cese de esa violación de derechos en su perjuicio. 39. Ese derecho protegido por el ordenamiento legal objetivo, es lo que constituye el interés jurídico y que la Ley de Amparo considera un requisito sine qua non para la procedencia del juicio de amparo. 40. Sirve de apoyo, la jurisprudencia sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro 2012364, publicada en la página 690 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 33, Agosto de 2016, Tomo II, correspondiente a la Décima Época, que dice: "INTERÉS LEGÍTIMO EN EL AMPARO. SU DIFERENCIA CON EL INTERÉS SIMPLE. La reforma al artículo 107 constitucional, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de junio de 2011, además de que sustituyó el concepto de interés jurídico por el de interés legítimo, abrió las posibilidades para acudir al juicio de amparo. No obstante lo anterior, dicha reforma no puede traducirse en una apertura absoluta para que por cualquier motivo se acuda al juicio de amparo, ya que el Constituyente Permanente introdujo un concepto jurídico mediante el cual se exige al quejoso que demuestre algo más que un interés simple o jurídicamente irrelevante, entendido éste como el que puede tener cualquier persona por alguna acción u omisión del Estado pero que, en caso de satisfacerse, no se traducirá en un beneficio personal para el interesado, pues no supone afectación a su esfera jurídica en algún sentido. En cambio, el interés legítimo se define como aquel interés personal, individual o colectivo, cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, que puede traducirse, en caso de concederse el amparo, en un beneficio jurídico en favor del quejoso derivado de una afectación a su esfera jurídica en sentido amplio, que puede ser de índole económica, profesional, de salud pública, o de cualquier otra. Consecuentemente, cuando el quejoso acredita únicamente el interés simple, mas no el legítimo, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos". 41. No se pierde de vista que la legislación precisada también prevé la procedencia del amparo por una afectación al interés legítimo, que supone la existencia cualificada para combatir determinados actos que proviene de la afectación a la esfera de derechos del individuo, ya sea directa o derivada de su situación particular respecto del orden jurídico, resultando intrascendente que sea o no titular del respectivo derecho subjetivo, pues el interés que debe justificar no es el relativo a acreditar su pretensión, sino el que le asiste para iniciar la acción. 42. Sin embargo, en el caso a estudio, dado que se reclama un acto derivado de una causa penal, esto es, dentro de un procedimiento, se está en el caso de justificar el interés jurídico como uno de los presupuestos para promover el juicio de amparo, en razón de que, como se ha dicho, el juicio de amparo tiene como finalidad proteger al individuo de algún perjuicio que pueda resentir en su persona, patrimonio o derechos como consecuencia de la ejecución de los actos que estima inconstitucionales. 43. Continuando, el interés jurídico necesario para la procedencia del juicio de amparo existe cuando una norma jurídica específica (constitucional, legal o contractual), confiere un derecho determinado a un individuo, quien además, por esa misma norma tiene la protección, frente a cualquier persona o autoridad, del derecho conferido, lo que implica la existencia de dos presupuestos, a saber: a) La titularidad de un derecho subjetivo; y, b) Que ese derecho subjetivo sea desconocido o conculcado por un acto de autoridad. 44. Así, el interés jurídico consiste en la titularidad del derecho que se estima vulnerado por el acto de autoridad. 45. Sirve de sustento la jurisprudencia del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, tomo 60, Diciembre de 1992, de la Octava Época, con el número de tesis I. 1º. A. J/17, vista en la página 35, cuyo tenor literal es el siguiente: "INTERÉS JURÍDICO, NOCIÓN DE. PARA LA PROCEDENCIA DEL AMPARO. El interés jurídico necesario para poder acudir al juicio de amparo ha sido abundantemente definido por los tribunales federales especialmente por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Al respecto, se ha sostenido que el interés jurídico puede identificarse con lo que se conoce como derecho subjetivo, es decir, aquel derecho que, derivado de la norma objetiva, se concreta en forma individual en algún objeto determinado otorgándole una facultad o potestad de exigencia oponible a la autoridad. Así tenemos que el acto de autoridad que se reclame tendrá que incidir o relacionarse con la esfera jurídica de algún individuo en lo particular. De esta manera no es suficiente, para acreditar el interés jurídico en el amparo, la existencia de una situación abstracta en beneficio de la colectividad que no otorgue a un particular determinado la facultad de exigir que esa situación abstracta se cumpla. Por ello, tiene interés jurídico sólo aquel a quien la norma jurídica le otorga la facultad de exigencia referida y, por tanto, carece de ese interés cualquier miembro de la sociedad, por el solo hecho de serlo, que pretenda que las leyes se cumplan. Estas características del interés jurídico en el juicio de amparo son conformes con la naturaleza y finalidades de nuestro juicio constitucional. En efecto, conforme dispone el artículo 107, fracciones I y II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el juicio de amparo deberá ser promovido sólo por la parte que resienta el agravio causado por el acto reclamado, para que la sentencia que se dicte sólo la proteja a ella, en cumplimiento del principio conocido como de relatividad o particularidad de la sentencia." 46. Por ende, resulta indiscutible que la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, que en lo conducente dispone que el juicio de amparo es improcedente contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5 del mismo ordenamiento legal; debe entenderse en el sentido que antes de proceder al estudio de la constitucionalidad del acto, es menester examinar si en el caso concreto el quejoso tiene interés jurídico, dado que ello es presupuesto indispensable para el examen de la acción constitucional, es decir, debe existir un derecho subjetivo tutelado que, al ser transgredido por la actuación de una autoridad, faculte a su titular para acudir al órgano jurisdiccional correspondiente, demandando el cese de dicha trasgresión. 47. En el caso en concreto, en el presente juicio la parte quejosa reclama el citatorio de veintisiete de abril de dos mil veintiuno, emitido en su contra para que comparezca ante el Juez Oral de lo Penal del Distrito Siete del Poder Judicial de Sonora, a las doce horas del treinta de abril de dos mil veintiuno -fecha que ya acaeció- en las instalaciones que ocupa esa autoridad para la celebración de la audiencia inicial de formulación de imputación dentro de la causa penal 100/2021, situación que no le irroga ningún perjuicio, puesto que lo ordenado en el mismo no conlleva a una sanción para el quejoso que pudiera impactar en su esfera de derechos (libertad ambulatoria o económicos), es decir, el acto de autoridad carece de coercitividad. 48. Se afirma lo anterior, pues basta con imponerse del citatorio para advertir que la autoridad responsable no apercibió con alguna medida de apremio especifica al quejoso, en caso de incumplimiento. 49. De ahí que, de forma patente y absolutamente clara se advierte que el citatorio no le causa agravio al quejoso, pues como ya se mencionó, del referido citatorio se desprende que únicamente se le señaló que de no comparecer sin causa justificada, se le podría, imponer un medio de apremio. Lo que sin duda, no causa afectación alguna al promovente. 50. Por tanto, la medida no fue sino únicamente un acto que en uso de las facultades, pero que de manera alguna generó una afectación al quejoso. 51. Siendo que lo que sí produciría una afectación -lo que para el juicio de amparo se conoce como agravio personal y directo- sería que en caso que el aquí quejoso no cumpliera con lo ordenado en el citatorio se le impusiera alguna sanción, como por ejemplo, una multa, arresto o uso de la fuerza para lograr su comparecencia, entre otras. 52. Además, cabe hacer mención que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al emitir la jurisprudencia 1ª./J. 78/2018 (10ª.) estableció que el juicio de amparo promovido contra la orden de citación a la audiencia inicial es improcedente ya que no afecta la esfera jurídica del justiciable , audiencia en la cual, entre otras cosas, se formula la imputación, se recibe la declaración del imputado, se resuelve su situación jurídica, incluso se le puede sujetar a una medida cautelar. 53. Es aplicable la tesis jurisprudencial 1ª./J. 78/2018 (10ª.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro 2018828, visible en la Décima Época, Libro 61, Diciembre de 2018, Tomo I, pagina 239, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, cuyo texto y rubro son del tenor siguiente: "SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO ORAL. CONTRA EL AUTO QUE ORDENA LA CITACIÓN DEL INVESTIGADO A LA AUDIENCIA INICIAL, ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO [INTERRUPCIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 1ª./J. 93/2013 (10ª.)]. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 97/2013, de la cual derivó la jurisprudencia 1ª./J. 93/2013 (10ª.), interpretó las legislaciones adjetivas penales de los Estados de Chihuahua y Durango, y sustentó que la orden de citación al investigado a la audiencia de formulación de imputación, con apercibimiento de aprehensión en caso de no comparecer, transgrede el derecho a la libertad deambulatoria, pues coloca al individuo en una situación ineludible de obediencia ante un mandato judicial, lo que se traduce en un acto de imposible reparación susceptible de ser impugnado a través del juicio de amparo indirecto. Ahora bien, de una nueva reflexión, esta Primera Sala estima necesario interrumpir ese criterio jurisprudencial, porque la regulación de la citación a esa audiencia en las legislaciones locales mencionadas, es semejante a la prevista en el artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales para la citación a la audiencia inicial, y de la lectura sistemática de las fracciones I y II del artículo mencionado, se advierte que la citación de la persona investigada a la audiencia inicial en la que habrá de formularse imputación en su contra, por sí sola, no es un acto que afecte su libertad personal, al tratarse de una simple comunicación del Juez, a petición del Ministerio Público, en el sentido de que se requiere su presencia para el desarrollo de una audiencia en la que se formalizará la investigación que se sigue en su contra y se formulará la imputación respectiva; audiencia en la que podrá o no ser vinculado a proceso y, en su caso, sometido a una medida cautelar. No obsta a lo anterior el hecho de que conforme a la fracción II del precepto citado, en caso de no comparecer injustificadamente, pueda ordenarse su comparecencia forzosa, pues ello es un acto futuro de realización incierta, al estar condicionado a que el citado no asista, sin justificación, y el representante social solicite que se ordene su comparecencia mediante la fuerza pública, por lo que ese acto de comunicación, como tal, no incide en la libertad personal del citado. De ahí que contra el auto que ordena la citación del investigado a la audiencia inicial es improcedente el juicio de amparo indirecto, pues se trata de un acto judicial fuera de juicio que no afecta la libertad personal del quejoso, conforme al artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo. 54. Por tanto, de modo que al no existir una afectación -agravio personal y directo- y, por ende, no colmarse el interés jurídico para instar el juicio constitucional tratándose de un citatorio carente de coercitividad, con fundamento en los artículos 61, fracción XII y 63, fracción V de la Ley de Amparo, se decreta el sobreseimiento en el presente juicio de amparo respecto al acto reclamado en mención. Tercera causal. 55. Ahora bien, por lo que ve al acto reclamado consistente en la emisión y aprobación del Decreto por el cual se reforman y adicionan diversas disposiciones del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Sonora para crear la Fiscalía Especializada para Investigar Hechos de Corrupción y se establecen sus atribuciones, publicado el veintiocho de septiembre de dos mil quince, en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora. 56. A consideración del suscrito juzgador, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, este último interpretado a contrario sensu, ya el quejoso basa su reclamo derivado del acto de aplicación consistente en el auto de siete de noviembre de dos mil dieciséis, dictado en el número único de caso SON/HER/FGE/2016/S03/00066, a través del cual, se dio inicio a la carpeta de investigación en su contra así como la integración y todo lo actuado en la carpeta de investigación CI/HER/501/501/00037/11-2016 número único de caso SON/HER/FGE/2016/S03/00066, los cuales, no constituyen el primer acto de aplicación del decreto tildado de inconstitucional. 57. En efecto, el amparo contra leyes -en tratándose de su ejercicio con motivo de actos de aplicación de éstas- sólo procede contra su primer acto de aplicación y no contra actos posteriores a aquél; lo anterior es así, pues el juicio de amparo contra leyes tramitado en la vía indirecta, encuentra sustento en el artículo 107, fracción I, de la Ley de Amparo, que es del texto siguiente: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: I. Contra normas generales que por su sola entrada en vigor o con motivo del primer acto de su aplicación causen perjuicio al quejoso. Para los efectos de esta Ley, se entiende por normas generales, entre otras, las siguientes: (.)." 58. De la disposición antes transcrita se desprende que el juicio de amparo indirecto contra leyes, puede promoverse cuando se reclamen leyes autoaplicativas o heteroaplicativas, ya que la ley no establece distinción en cuanto a la naturaleza de la disposición general reclamada, máxime que en la citada fracción I, del artículo 107, se alude específicamente a que la ley puede reclamarse por su sola entrada en vigor o con motivo del primer acto de aplicación que cause perjuicio al quejoso. 59. De lo anterior se obtiene que en caso de que se reclame una norma, autoaplicativa o heteroaplicativa, con motivo de un acto de aplicación, éste debe ser el primero que ocasione perjuicio, no uno ulterior; pues es ese primer acto de individualización de la norma que impacta de forma desfavorable al gobernado lo que da acción a éste para promover el juicio de amparo contra la ley y el proceso que la creo; por lo que si se promueve la instancia constitucional contra un acto ulterior el juicio de amparo resultará improcedente. 60. Ahora, respecto de las normas que se reclaman con motivo de su aplicación, debe señalarse que el acto de aplicación de una ley o de los dispositivos que la integran, cuya constitucionalidad pretende controvertirse a través del juicio de garantías, puede consistir en un acto dirigido en forma concreta y específica hacia el quejoso, o bien, en una diversa disposición de observancia general, tal como se advierte de la tesis XIV/89, emitida por la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 343, del Volumen III, Primera Parte, Enero a Junio de 1989, del Semanario Judicial de la Federación, correspondiente a la Octava Época, que dice: "LEYES, AMPARO CONTRA. ACTO DE APLICACIÓN. PUEDE CONSISTIR EN UN ORDENAMIENTO GENERAL. El acto de aplicación de una ley con motivo del cual puede promoverse en su contra el juicio de amparo reclamándola como heteroaplicativa no tiene que consistir necesariamente en un acto dirigido en forma concreta y específica al peticionario de garantías, sino que también puede serlo un acto normativo general dirigido a todos aquellos que se coloquen en la hipótesis legal, pero en virtud del cual surjan o se actualicen situaciones que al vincular al particular al cumplimiento de la ley impugnada pueden dar lugar a que se considere por el quejoso que lo afectan en su interés jurídico, causándole perjuicios. En efecto, puede suceder que un acuerdo que establezca reglas de aplicación de un decreto constituya un acto de aplicación del mismo para efectos del juicio de amparo si en virtud de su expedición y vigencia surge la situación apuntada." 61. En esos términos, cuando se reclama el acto concreto de aplicación de una ley, reglamento o decreto, reclamando también la inconstitucionalidad de éste, como en el caso, el juzgador de amparo no debe desvincular el estudio de la ley controvertido del que concierne a su acto de aplicación. 62. De ahí que, tratándose de juicios de amparo en que se reclame la inconstitucionalidad de una ley con motivo de un acto de aplicación, el juzgador de garantías debe analizar, en principio, si el juicio de amparo resulta procedente en cuanto al acto de aplicación impugnado, es decir, si dicho acto constituye el primero que concrete en perjuicio del peticionario de garantías la hipótesis jurídica controvertida; de no acontecer así, se impondrá sobreseer en el juicio respecto del acto de aplicación y la norma impugnada. 63. Las anteriores conclusiones se contienen en la jurisprudencia emitida por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación publicada en la página 400, del Tomo I, Materia Constitucional, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, del tenor literal siguiente: "LEYES O REGLAMENTOS, AMPARO CONTRA, PROMOVIDO CON MOTIVO DE SU APLICACIÓN. Cuando se promueve un juicio de amparo en contra de una ley o reglamento con motivo de su aplicación concreta en perjuicio del quejoso, el juez no puede desvincular el estudio de la ley o reglamento del que concierne a su aplicación, acto éste que es precisamente el que causa perjuicio al promovente del juicio, y no por sí solos, considerados en abstracto, la ley o el reglamento. La estrecha vinculación entre el ordenamiento general y el acto concreto de su aplicación, que impide examinar al uno prescindiendo del otro, se hace manifiesta si se considera: a) que la improcedencia del juicio en cuanto al acto de aplicación necesariamente comprende a la ley o reglamento; b) que la negativa del amparo contra estos últimos, por estimarse que no adolecen de inconstitucionalidad, debe abarcar el acto de aplicación, si el mismo no se combate por vicios propios; y c) que la concesión del amparo contra la ley o el reglamento, por considerarlos inconstitucionales, en todo caso debe comprender también el acto de su aplicación." 64. Igualmente, se cita la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación publicada en la página 235, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XII, Agosto de 2000, que dispone: "LEYES, AMPARO CONTRA. REGLAS PARA SU ESTUDIO CUANDO SE PROMUEVE CON MOTIVO DE UN ACTO DE APLICACIÓN. Conforme a lo dispuesto en la jurisprudencia número 221, visible en las páginas 210 y 211 del Tomo I del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-1995, de rubro: "LEYES O REGLAMENTOS, AMPARO CONTRA, PROMOVIDO CON MOTIVO DE SU APLICACIÓN.", cuando se promueve un juicio de amparo en contra de una ley o reglamento con motivo de su aplicación concreta en perjuicio del quejoso, el Juez de Distrito no debe desvincular el estudio de la disposición impugnada del que concierne a su acto de aplicación. De ahí que el juzgador de garantías debe analizar, en principio, si el juicio de amparo resulta procedente en cuanto al acto de aplicación impugnado, es decir, si constituye el primero que concrete en perjuicio del peticionario de garantías la hipótesis jurídica controvertida y si en relación con él no se actualiza una diversa causa de improcedencia; de no acontecer así, se impondrá sobreseer en el juicio respecto del acto de aplicación y la norma impugnada. Por otra parte, de resultar procedente el juicio en cuanto al acto de aplicación, debe analizarse la constitucionalidad de la disposición impugnada determinando lo conducente y, únicamente en el caso de que se determine negar el amparo por lo que corresponde a ésta, será factible abordar el estudio de los conceptos de violación enderezados por vicios propios, en su caso, en contra del acto de aplicación; siendo incorrecto, por ello, el estudio de estas últimas cuestiones antes de concluir sobre la constitucionalidad de la norma reclamada." 65. Ahora bien, en el caso en estudio, la parte quejosa reclama la emisión y aprobación del Decreto por el cual se reforman y adicionan diversas disposiciones del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Sonora para crear la Fiscalía Especializada para Investigar Hechos de Corrupción y se establecen sus atribuciones, publicado el veintiocho de septiembre de dos mil quince, en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora. 66. Sin embargo, como se anticipó, este juzgador considera que el reclamo del citado decreto motivado en el acto de aplicación, resulta improcedente en términos del artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción I, interpretado a contrario sensu, de la Ley de Amparo, toda vez que no constituye el primer acto de aplicación. 67. Lo anterior, pues el doce de marzo de dos mil veinte, se recibió en este juzgado federal, la demanda promovida por Aldo René Saracco Morales, quien se ostentó defensor particular del directo quejoso Hugo Rivera Duarte -quien es el promovente del presente juicio de amparo-, la cual se radicó bajo el consecutivo 53/2020 en el que reclamó, entre otras cosas: "A) De las autoridades indicadas con los números 2 y 3 se reclama el auto de fecha veintidós de septiembre del año dos mil dieciséis, mediante el cual se ordena dar inicio a la carpeta de investigación sin detenido en contra del quejoso, al que se le asigno numero único de caso, SON/HER/FGE/2016/00022/00044, fundando su determinación en los artículos 21, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 95, 96, 101, 103 Y 143 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; 1, 2, 4, 5, 6, fracciones I, IV, 35, 36, 37 y 38 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Sonora; 1, 2, fracción I, 9 bis, 9 bis 3, fracciones II y IV del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Sonora. B) De las autoridades señaladas con los números 2, 3 y 4 se reclama la ilegal e inconstitucional integración de la carpeta de investigación numero CI/HER/501/501/00022/10-2016, al que se le asignó el número de caso único SON/HER/FGE/2016/00022/00044, así como todas las diligencias pertinentes y útiles que se llevaron a cabo como consecuencia de lo que se ordenó en el citado auto de fecha veintidós de septiembre del año dos mil dieciséis, en el que se ordenó dar inicio a la carpeta de investigación sin detenido con números de localización previamente señalados, en virtud que la integración de la carpeta de investigación en cita y las actuaciones realizadas por la entonces FISCALIA ESPECIALIZADA PARA INVESTIGAR HECHOS DE CORRUPCIÓN Y sus AGENTES DEL MINISTERIO PUBLICO, resultan ilegales e inconstitucionales, por haberse llevado a cabo en tiempo de veda legislativa y en clara contravención de los articulas transitorios Segundo, Quinto y Séptimo del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de combate a la corrupción, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de mayo del 2015, lo que trae aparejado que la creación e implementación del Sistema Local Anticorrupción antes de cumplirse con los transitorios del decreto citado con anterioridad, devenga en un acto ilegal e inconstitucional que trae emparejado la invalidación de todas sus actuaciones, ya que derivado del acto reclamado, las autoridades responsables efectuaron actos de investigación en contra del quejoso por hechos que la ley señala como delito en materia anticorrupción, actuaciones que se llevaron a cabo durante la inconstitucionalidad de la creación de la FISCALlA ESPECIALIZADA PARA INVESTIGAR HECHOS DE CORRUPCIÓN, citando como hecho notorio para dar sustento a lo anterior lo resuelto en el amparo indirecto 628/2016, por el Juez Segundo de Distrito en el Estado de Sonora que fue revocada y ampliada en sus efectos jurídicos en el amparo en revisión Penal 194/2017, del índice del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito, en el cual, se estableció que las actuaciones realizadas por la entonces FISCALlA ESPECIALIZADA PARA INVESTIGAR HECHOS DE CORRUPCIÓN, por conducto de los AGENTES DEL MINISTERIO PUBLICO ADSCRITOS A ELLA, resultaban inconstitucionales y no producían efecto jurídico alguno. (..) D) De las autoridades señaladas en los puntos 6 y 7, reclamo la ilegal emisión, aprobación y publicación del decreto por el cual se reforman y adicionan diversas disposiciones del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Sonora para crear la Fiscalía Especializada para Investigar Hechos de Corrupción y se establecen sus atribuciones, publicado el 28 de septiembre de 2015, en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora. E) De las autoridades señaladas en los puntos 1, 2, 6 y 7 reclamo la creación e implementación de la Fiscalía Especializada para investigar Hechos de Corrupción, sin cumplir con el proceso legislativo previsto en la sección IV del capítulo 11 del Título Cuarto de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora. F) De las autoridades marcadas con los números 1, 2, 3, 4 y 6 reclamo la aplicación del inconstitucional decreto por el cual se reforman y adicionan diversas disposiciones del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Sonora para crear la Fiscalía Especializada para Investigar Hechos de Corrupción y se establecen sus atribuciones, publicado el 28 de septiembre de 2015, en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora." 68. De lo anterior, se colige que, previo a la presentación del juicio de amparo en que se actúa, el quejoso, por conducto de quien se ostentó su defensor particular, promovió juicio de amparo, en el que reclamó el decreto tildado de inconstitucional y el cual fue radicado bajo el número consecutivo 53/2020. 69. Aunado a ello, del capítulo relativo a los actos reclamados en aquel sumario, se aprecia que, el veintidós de septiembre de dos mil dieciséis, se ordenó dar inicio a la carpeta de investigación sin detenido en contra del quejoso, al que se le asignó número único de caso, SON/HER/FGE/2016/00022/00044, siendo éste el primer acto de aplicación del decreto reclamado en sede constitucional. 70. Lo que constituye para el suscrito un hecho notorio en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. 71. Al respecto, resulta aplicable la jurisprudencia 2a./J. 103/2007, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro 172215, en la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXV, Junio de 2007, página 285, cuyo texto y rubro son del tenor siguiente: "HECHO NOTORIO. PARA QUE SE INVOQUE COMO TAL LA EJECUTORIA DICTADA CON ANTERIORIDAD POR EL PROPIO ÓRGANO JURISDICCIONAL, NO ES NECESARIO QUE LAS CONSTANCIAS RELATIVAS DEBAN CERTIFICARSE. Conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, los órganos jurisdiccionales pueden invocar hechos notorios aun cuando no hayan sido alegados ni demostrados por las partes. Así, los titulares de los órganos jurisdiccionales pueden válidamente invocar como hechos notorios las resoluciones que hayan emitido, sin que resulte necesaria la certificación de las mismas, pues basta con que al momento de dictar la determinación correspondiente la tengan a la vista." 72. Ahora bien, de los antecedentes del acto reclamado en el presente juicio de amparo, se aprecia que el siete de noviembre de dos mil dieciséis, se dio inicio a la carpeta de investigación con número único de caso SON/HER/FGE/2016/S03/00066, en contra del quejoso. 73. Por lo tanto, el auto de siete de noviembre de dos mil dieciséis, dictado en el número único de caso SON/HER/FGE/2016/S03/00066, a través del cual, se dio inicio a la carpeta de investigación en su contra, así como la integración y todo lo actuado en la carpeta de investigación CI/HER/501/501/00037/11-2016 número único de caso SON/HER/FGE/2016/S03/00066, como se evidencia, no constituyen el primer acto concreto de aplicación del Decreto por el cual se reforman y adicionan diversas disposiciones del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Sonora para crear la Fiscalía Especializada para Investigar Hechos de Corrupción y se establecen sus atribuciones, publicado el veintiocho de septiembre de dos mil quince, en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora, lo anterior, puesto que éste ya había sido aplicado en una carpeta de investigación diversa seguida en contra del citado quejoso -y que es materia de análisis constitucional en un otro juicio de amparo en este juzgado federal-. 74. En consecuencia, como se dijo, en el artículo 107, fracción I, de la Ley de Amparo, el legislador consignó con nitidez y de modo explícito, que para combatir en amparo indirecto leyes federales o locales con motivo de un acto concreto de individualización de las hipótesis normativa que agravie al gobernado, debe ser el primero; por lo que si la parte quejosa accionó la presente instancia constitucional con motivo de un acto ulterior; éste no da acción legal al gobernado para controvertir la norma que reclama. 75. Entonces, es evidente que los actos en los que se individualizó la norma no tienen el carácter de ser el primer acto de aplicación al existir uno anterior, que es el realizado el veintidós de septiembre de dos mil dieciséis, se ordenó dar inicio a la carpeta de investigación sin detenido en contra del quejoso, al que se le asignó número único de caso, SON/HER/FGE/2016/00022/00044, y el cual, como se precisó en líneas que anteceden, es analizado en el diverso juicio de amparo 53/2020. 76. En las relatadas condiciones, al haber quedado acreditado que el quejoso promovió diverso juicio de amparo en contra del primer acto de aplicación de la ley reclamada en este juicio constitucional, se actualiza la causal de improcedencia prevista por la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el numeral 107, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, éste último interpretado a contrario sensu, lo que origina, consecuentemente, el sobreseimiento en el juicio de conformidad con la fracción V del artículo 63 de la propia Ley Reglamentaria. Cuarta causal. 77. Por otra parte, las autoridades responsables Fiscal General de Justicia, Fiscal Anticorrupción, Agente del Ministerio Público Titular de la Agencia Segunda de la Fiscalía Anticorrupción del Estado de Sonora, como autoridad sustituta del Agente del Ministerio Público Titular de la Agencia I y del Agente del Ministerio Público Titular de la Mesa IV, ambos de dicha Fiscalía, hicieron valer la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XII, en relación con el diverso 5° de la Ley de Amparo, de los actos reclamados consistentes en el auto de siete de noviembre de dos mil dieciséis, dictado en el número único de caso SON/HER/FGE/2016/S03/00066, a través del cual, se dio inicio a la carpeta de investigación en contra del quejoso, así como la integración y todo lo actuado en la carpeta de investigación CI/HER/501/501/00037/11-2016 número único de caso SON/HER/FGE/2016/S03/00066. 78. Dicha causa de improcedencia resulta fundada por las consideraciones que a continuación se señalan: 79. Los artículos 61, fracción XII y 5º, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 61. El amparo es improcedente: [.] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia. [.] Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley. [.]" 80. Los artículos transcritos, contemplan el principio general de procedencia del juicio de amparo, consistente en que sólo puede promoverse si existe una afectación al interés jurídico o legítimo del quejoso. 81. Ahora, si bien es cierto que el Ministerio Público, al integrar una carpeta de investigación actúa como autoridad, en atención a que el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone que está facultado para llevar a cabo aquellas diligencias necesarias para esclarecer posibles hechos delictuosos, también lo es que el inicio de ésta y el desahogo de diligencias para tal fin, per se, no causan un daño o perjuicio al gobernado, a menos que se emitiera una determinación por la autoridad ministerial que ordenara se le privara ilegalmente de la libertad, de sus posesiones o derechos, lo que en la especie no acontece. 82. Apoya lo anterior la tesis aislada II.2o.P.51 P (10a.), consultable en la página 2601, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, en materias Común y Penal, libro 47, octubre de 2017, tomo IV, Décima Época, Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, visible a página 2601, con número registro 2015368, de rubro: "SISTEMA PENAL ACUSATORIO. LOS ACTOS DEL MINISTERIO PÚBLICO TENDENTES Y PROCESALMENTE INDISPENSABLES EN LA SECUENCIA DE LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, YA SEA INFORMAL O JUDICIALIZADA, AL SER DE ORDEN PÚBLICO E INTERÉS SOCIAL, NO PUEDEN CONSIDERARSE COMO GENERADORES DE AFECCIÓN AL INTERÉS JURÍDICO DEL QUEJOSO, POR LO QUE EN SU CONTRA ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO." 83. Lo anterior patentiza que los actos reclamados consistentes en el auto de siete de noviembre de dos mil dieciséis, dictado en el número único de caso SON/HER/FGE/2016/S03/00066, a través del cual, se dio inicio a la carpeta de investigación en contra del quejoso, así como la integración y todo lo actuado en la carpeta de investigación CI/HER/501/501/00037/11-2016 número único de caso SON/HER/FGE/2016/S03/00066, no afecta los derechos humanos del quejoso, ya que el inicio de una carpeta de investigación con motivo de una denuncia, así como los actos de investigación, en sí mismos, no constituyen acciones que invadan o vulneren su esfera jurídica, ya que encuentran su justificación, en el artículo 21 Constitucional, además de que sus consecuencias quedarán supeditadas a la decisión del Juzgador que llegue a conocer de la carpeta de investigación; de manera que, como se ha establecido, tales actos no les causa un daño o perjuicio, al ser el inicio de una carpeta de investigación, así como propiamente los actos tendentes a la averiguación de los hechos que la ley señala como delitos, entre otras, cuestiones de orden público, que en su caso, quedan sometidas a la calificación de procedencia del Juez de Control. 84. En ese orden, es indudable que los actos relativos al trámite de la investigación inicial y, aun a la resolución sobre judicialización o ejercicio de la acción penal a cargo del representante social, por regla general, están exentos de cualquier acción tendente a su suspensión o paralización, incluso del control constitucional mediante la promoción del juicio de amparo indirecto, porque no irrogan perjuicio al gobernado pues no trascienden irreparablemente en su esfera jurídica, debido a que son susceptibles de anularse o contrarrestarse ante el Juez de Control. 85. Al respecto, en lo conducente y por las razones que la conforman, resulta aplicable la tesis 1a. CXXXV/2004, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 351, Tomo XX, Diciembre de 2004, en Materia Penal, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 180028, que a la letra dice: "ACCIÓN PENAL. LA INTEGRACIÓN DE LA AVERIGUACIÓN PREVIA Y LA RESOLUCIÓN SOBRE EL EJERCICIO DE AQUÉLLA, NO LE IRROGAN PERJUICIO ALGUNO AL QUEJOSO, POR LO QUE NO PROCEDE EN SU CONTRA EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. El artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos impone al Ministerio Público la facultad y obligación de investigar y perseguir los delitos, lo cual se da a través de las etapas de averiguación previa y de ejercicio de la acción penal. En este sentido, es indudable que no procede el juicio de amparo indirecto promovido contra la integración de la averiguación previa y el ejercicio de la acción penal, ya que en dicha fase procedimental no le irrogan al quejoso perjuicio alguno pues éste se materializaría hasta que la autoridad judicial que conozca de la causa penal determine si resulta procedente o no librar la correspondiente orden de aprehensión; estimar lo contrario, sería tanto como entorpecer dichas facultades y obligaciones conferidas al Ministerio Público, anteponiendo el interés particular al de la sociedad." 86. Igualmente, resulta aplicable la tesis XXVII.3o.48 P (10a.), consultable en la página 1947, Tercer Tribunal Colegiado del Vigesimoséptimo Circuito, Libro 48, Noviembre de 2017, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, con número de registro electrónico 2015500, de rubro y texto siguientes: "CARPETA DE INVESTIGACIÓN. POR REGLA GENERAL, SU INTEGRACIÓN NO CAUSA UNA AFECTACIÓN REAL Y ACTUAL EN LA ESFERA JURÍDICA DEL INDICIADO, POR LO QUE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN SU CONTRA ES IMPROCEDENTE, HECHA EXCEPCIÓN CUANDO SE VEA COMPROMETIDO ALGÚN DERECHO HUMANO DEL QUEJOSO. De conformidad con los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 61, fracción XXIII, en relación con el 5o., fracción I, ambos de la Ley de Amparo, el juicio de amparo indirecto procede contra actos que causen una afectación real y actual en la esfera jurídica del quejoso. Por otra parte, el artículo 211 del Código Nacional de Procedimientos Penales define a la investigación como una de las etapas del procedimiento penal acusatorio, que a su vez comprende dos fases, la inicial y la complementaria. En éstas, el Ministerio Público se erige como parte y, entre sus obligaciones, está la de recibir las querellas y/o denuncias sobre hechos que puedan constituir un delito y dirigir la investigación, sin que pueda suspender, interrumpir o hacer cesar su curso, salvo en los casos autorizados en ella. De esta manera, si la integración de la carpeta de investigación es consecuencia directa de la noticia criminal cuyo objeto es que el Ministerio Público reúna indicios para el esclarecimiento de los hechos y, en su caso, los datos de prueba para sustentar el ejercicio de la acción penal, la acusación contra el imputado y la reparación del daño, entonces, por regla general, su integración no causa una afectación real y actual en la esfera jurídica del indiciado, circunstancia que torna improcedente el juicio de amparo indirecto promovido en su contra, con excepción de los casos en los que se vea comprometido algún derecho humano del quejoso, como podría ser, tratándose de órdenes de cateo, intervención de comunicaciones privadas, toma de muestras de fluido corporal, vello o cabello, extracciones de sangre u otros análogos, lo que deberá analizarse en el caso específico. Estimar lo contrario, entorpecería la facultad del Ministerio Público de recabar los datos de prueba para establecer que se ha cometido un hecho señalado en la ley como delito y existe la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión." 87. Finalmente, resulta aplicable a lo antes precisado, la diversa tesis XXVII.3o.47 P (10a.), que aparece publicada en la página 1959, en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 48. Noviembre de 2017, Tomo III, Materia Común y Penal, Décima Época, con número de registro 2015501, que dice: "CARPETA DE INVESTIGACIÓN. SU INICIO NO PRODUCE UNA AFECTACIÓN REAL Y ACTUAL EN LA ESFERA JURÍDICA DEL IMPUTADO, POR LO QUE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN SU CONTRA E IMPROCEDENTE. De conformidad con los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 61, fracción XXIII, en relación con el 5o., fracción I, ambos de la Ley de Amparo, el juicio de amparo indirecto procede contra actos que causen una afectación real y actual en la esfera jurídica del quejoso. Por otra parte, el artículo 211 del Código Nacional de Procedimientos Penales define a la investigación como una de las etapas del procedimiento penal, que a su vez comprende dos fases, la inicial y la complementaria. En éstas, el Ministerio Público se erige como parte y, entre sus obligaciones, está la de recibir as querellas y/o denuncias sobre hechos que puedan constituir un delito y dirigir la investigación, sin que pueda suspender, interrumpir o hacer cesar su curso, salvo en los casos autorizados en ella. De esta manera, el inicio de la carpeta de investigación no produce una afectación real y actual en la esfera jurídica del imputado, porque el hecho de que la víctima, ofendido o cualquier persona a quien le conste que se ha cometido un hecho probablemente constitutivo de un delito, denuncie o formule querella contra determinado individuo y, como consecuencia de ello, el Ministerio Público, dentro de sus facultades, tenga que iniciar una carpeta de investigación, no constituye un acto de molestia o privativo contra quien se imputó algún hecho, por lo que el juicio de amparo indirecto promovido en su contra es improcedente." 88. En tales condiciones, los actos reclamados revisten el carácter de acto de autoridad pero de interés público, como parte de la función indagatoria y de persecución de los delitos que es obligación del representante social y, por lo mismo, no pueden considerarse como generadores de afección al interés jurídico del quejoso, pues no existe ningún derecho particular oponible al interés general, relativo a la investigación de los delitos en un Estado de Derecho; de lo contrario, sería tanto como entorpecer las facultades y obligaciones conferidas al Ministerio Público en el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, anteponiendo el interés particular al de la sociedad. 89. Por tanto, con fundamento en los artículos 61, fracción XII y 63, fracción V de la Ley de Amparo, se decreta el sobreseimiento en el presente juicio de amparo respecto a los actos reclamados en mención. Quinta causal. 90. Finalmente, con relación al acto reclamado consistente en la creación e implementación de la Fiscalía Especializada para Investigar Hechos de Corrupción en el Estado de Sonora, a criterio del suscrito juzgador, considera que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XII, del artículo 61, en relación a los dispositivos 5°, fracción I y 6°, todos de la Ley de Amparo, que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia;". "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley. Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita." 91. De los citados artículos, se obtiene que el juicio de amparo podrá promoverse por la parte que resienta el agravio causado por el acto reclamado (interés jurídico) o, en su caso, por aquella que tenga un interés cualificado respecto de la constitucionalidad de los actos reclamados (interés legítimo). 92. En ese sentido, el interés jurídico será aquél que, en términos del propio ordenamiento legal que rija la relación jurídica entre el promovente y la autoridad a quien se le atribuye el carácter de responsable, requiera la demostración del derecho subjetivo que se busca defender, pues precisamente su afectación es la que se busca restablecer a través de la acción constitucional. 93. El interés jurídico se afecta cuando las leyes o actos reclamados lesionan la esfera jurídica del particular y le causan un daño, perjuicio o menoscabo en sus derechos, esto es, en los casos en que las leyes o actos vulneran en perjuicio del particular un derecho subjetivo. 94. La improcedencia del juicio de amparo atiende a que el acto reclamado no cause afectación en el interés jurídico o legítimo del gobernado, es decir, sobre un derecho subjetivo protegido por alguna norma legal que se ve afectado por el acto de autoridad ocasionando un perjuicio a su titular, ya sea una ofensa, daño o perjuicio en los derechos o intereses del gobernado. 95. Sobre el particular, se cita la Jurisprudencia 854, visible en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, tomo VI, página 582 que a la letra dice: "INTERÉS JURÍDICO. EN QUE CONSISTE. El interés jurídico a que alude el artículo 73, fracción V de la Ley de Amparo, consiste en el derecho que le asiste a un particular para reclamar, en la vía de amparo, algún acto violatorio de garantías individuales en su perjuicio, es decir, se refiere a un derecho subjetivo protegido por alguna norma legal que se ve afectado por el acto de autoridad ocasionando un perjuicio a su titular, esto es, una ofensa, daño o perjuicio en los derechos o intereses del particular. El juicio de amparo se ha instituido con el fin de asegurar el goce de las garantías individuales establecidas en la Constitución General de la República, cuando la violación atribuida a la autoridad responsable tenga efectos materiales que se traducen en un perjuicio real al solicitante del amparo. En conclusión, el interés jurídico se refiere a la titularidad de los derechos afectados con el acto reclamado de manera que el sujeto de tales derechos pueda ocurrir al juicio de garantías y no otra persona.". 96. En efecto, puede comparecer al juicio de amparo en calidad de quejoso quien aduzca ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamada viola derechos humanos y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico; de tal manera que si estas circunstancias no se encuentran plenamente acreditadas, la instancia constitucional resulta improcedente. 97. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J 51/2019, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación, Libro 64, Marzo de 2019, Tomo II, Página: 1598, Registro: 2019456, de rubro y texto siguiente: "INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS COMO REQUISITOS PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. El citado precepto establece que el juicio de amparo indirecto se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, "teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo", con lo que atribuye consecuencias de derecho, desde el punto de vista de la legitimación del promovente, tanto al interés jurídico en sentido estricto, como al legítimo, pues en ambos supuestos a la persona que se ubique dentro de ellos se le otorga legitimación para instar la acción de amparo. En tal virtud, atento a la naturaleza del acto reclamado y a la de la autoridad que lo emite, el quejoso en el juicio de amparo debe acreditar fehacientemente el interés, jurídico o legítimo, que le asiste para ello y no inferirse con base en presunciones. Así, los elementos constitutivos del interés jurídico consisten en demostrar: a) la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, b) que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. Por su parte, para probar el interés legítimo, deberá acreditarse que: a) exista una norma constitucional en la que se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada; b) el acto reclamado transgreda ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva; y, c) el promovente pertenezca a esa colectividad. Lo anterior, porque si el interés legítimo supone una afectación jurídica al quejoso, éste debe demostrar su pertenencia al grupo que en específico sufrió o sufre el agravio que se aduce en la demanda de amparo. Sobre el particular es dable indicar que los elementos constitutivos destacados son concurrentes, por tanto, basta la ausencia de alguno de ellos para que el medio de defensa intentado sea improcedente." 98. En el mismo orden de ideas, se debe destacar que un requisito indispensable para acreditar la titularidad del interés legítimo es la existencia de una afectación indirecta en la esfera jurídica del individuo, empleándose la frase "especial situación frente al orden jurídico" con un sentido de racionalidad, esto es, refiriéndose a situaciones concretas o excepcionales que guarden características diferentes a las generales en que pueden encontrarse los gobernados frente al orden jurídico, circunstancia que debe apreciarse en cada caso concreto para determinar si existe o no un interés legítimo cuya materialización exige que el particular resienta un perjuicio real y actual en sus derechos, aun cuando la norma no le reconozca un derecho subjetivo o la potestad para reclamarlo directamente. 99. Ahora bien, en el presente, el quejoso reclama de las autoridades responsables la creación e implementación de la Fiscalía Especializada para Investigar Hechos de Corrupción en el Estado de Sonora, lo que no le irroga perjuicio alguno, puesto que su sola creación y la implementación, no causa agravio que sea reparable a través del juicio de amparo. 100. Lo anterior es así, porque de las constancias que obran en el presente sumario, no se advierte que por la sola creación de la Fiscalía Especializada para Investigar Hechos de Corrupción en el Estado de Sonora, el quejoso resintiera una afectación directa a su esfera jurídica. 101. En tales condiciones, el promovente no evidencia ni señala en forma alguna cómo lo combatido le irroga un perjuicio directo o indirecto en su esfera jurídica individual o en relación con su especial situación frente al orden jurídico, sino que se limita a basar su pretensión en un interés simple derivado de su condición de "ciudadano". 102. De ahí que, se reitera que la parte quejosa no llega a configurar el interés jurídico, es decir en un efecto positivo en su esfera de derechos, cierto y determinado, ni legítimo necesario para acudir al juicio de amparo, ya que éste se basa primordialmente en la existencia de un interés cualificado, actual y real, que se traduce en que el acto reclamado afecte la esfera jurídica concreta del gobernado por virtud de la especial situación que éste guarde en relación con el orden jurídico, de modo que la promoción y resolución favorable del juicio de amparo le reporte un beneficio concreto y real, pues esa es precisamente la finalidad de dicho medio extraordinario de defensa que, conforme al artículo 77 de la Ley de Amparo, tiene por efecto restituir al agraviado en el goce del derecho fundamental violado, reestableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto sea positivo; y cuando sea negativo, su efecto será obligar a la autoridad a que actúe en el sentido de respetar los derechos de que se trate. 103. En conclusión, el derecho en el que se sustenta la demanda de amparo que aquí se analiza, se traduce en un interés simple, como el que puede tener cualquier persona por alguna acción del estado, pero que, en caso de satisfacerse, no se traducirá en un beneficio personal para la interesada, pues no supone la afectación a su esfera jurídica, de ahí que, su interés no constituye ni puede asimilarse al interés legítimo, que se establece como requisito de procedencia del juicio de amparo. 104. Es aplicable al caso la jurisprudencia 1a./J. 38/2016 (10ª), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación, Libro 33, Agosto de 2016, Tomo II, Página 690, Registro: 2012364, de rubro y texto siguiente: "INTERÉS LEGÍTIMO EN EL AMPARO. SU DIFERENCIA CON EL INTERÉS SIMPLE. La reforma al artículo 107 constitucional, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de junio de 2011, además de que sustituyó el concepto de interés jurídico por el de interés legítimo, abrió las posibilidades para acudir al juicio de amparo. No obstante lo anterior, dicha reforma no puede traducirse en una apertura absoluta para que por cualquier motivo se acuda al juicio de amparo, ya que el Constituyente Permanente introdujo un concepto jurídico mediante el cual se exige al quejoso que demuestre algo más que un interés simple o jurídicamente irrelevante, entendido éste como el que puede tener cualquier persona por alguna acción u omisión del Estado pero que, en caso de satisfacerse, no se traducirá en un beneficio personal para el interesado, pues no supone afectación a su esfera jurídica en algún sentido. En cambio, el interés legítimo se define como aquel interés personal, individual o colectivo, cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, que puede traducirse, en caso de concederse el amparo, en un beneficio jurídico en favor del quejoso derivado de una afectación a su esfera jurídica en sentido amplio, que puede ser de índole económica, profesional, de salud pública, o de cualquier otra. Consecuentemente, cuando el quejoso acredita únicamente el interés simple, mas no el legítimo, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos". 105. Por consiguiente, se materializan todos los supuestos que conforman la hipótesis de improcedencia prevista en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en relación los numerales 5, fracción I, y 61, fracción XII, de la Ley de Amparo; por tanto, se sobresee en el presente juicio con relación al acto reclamado analizado en este apartado. 106. En atención al sentido del presente fallo, se omite el estudio del fondo de los conceptos de violación, en virtud de la actualización de la causal de improcedencia estudiada. 107. Respalda el criterio anterior la jurisprudencia 509 de la entonces Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." 108. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en lo dispuesto por los artículos 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 73, 74 y 75 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo, promovido por ***********, contra los actos y las autoridades precisadas en los considerandos tercero y quinto de esta resolución.
- Principal
agréguese a los autos el oficio de cuenta, a través del cual el Director General de Asuntos Jurídicos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora, en nombre y representación de la Fiscal General de Justicia del Estado de Sonora, con sede en Hermosillo, rinde el informe justificado, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 117 de la ley citada, téngasele manifestando que son ciertos los actos reclamados que se le atribuyen. Con lo anterior, dese vista a las partes por el plazo de ocho días, sin perjuicio de hacer relación de tal informe en el momento de la audiencia constitucional. Por otra parte, con fundamento en el artículo 9 de la Ley de Amparo, téngase a la autoridad oficiante designando como sus delegados a las personas que menciona en el oficio que se atiende, y, por señalado el domicilio para oír y recibir notificaciones que refiere. Además, se tiene el correo electrónico dgaj@fiscalia.sonora.gob.mx y los números telefónicos 662 217 4958 y 662 217 4627, como medios de contacto para comunicaciones no procesales, en términos del artículo 5 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo. Ahora, por lo que ve a la manifestación que realiza en torno al incidente de suspensión que deriva del sumario en que se actúa, dígasele que deberá promover en aquel cuaderno, a fin de que se acuerde lo que en derecho corresponde, ya que de acuerdo a la técnica del juicio de amparo, el incidente de suspensión se tramita por cuerda separada, de conformidad en lo que establece el artículo 128 de la Ley de la materia.
- Principal
Vista la certificación de cuenta y el estado de los autos, se advierte que por auto de catorce del mes y año en curso, se tuvieron por recibidas las constancias relativas a la carpeta de investigación *********, con número único de caso *********, que la autoridad responsable Agente del Ministerio Público Titular de la Agencia Segunda de la Fiscalía Anticorrupción el Estado de Sonora, con sede en Hermosillo, remitió a este juzgado como complemento a su informe justificado, constancias con las cuales se ordenó dar vista a las partes; por ende, aun no transcurre el plazo de ocho días a que se refiere el artículo 117, párrafo segundo, de la Ley de Amparo. En consecuencia, con la finalidad de que las partes estén en aptitud de preparar, ofrecer y desahogar las pruebas, que en su caso, estimen convenientes; con fundamento en citado precepto legal, se difiere la audiencia constitucional señalada para esta fecha y, en su lugar se fijan las nueve horas con veinte minutos del trece de julio de dos mil veintiuno, para su verificativo.
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