Juan Manuel López Esparza
Expediente 435/2020 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materia Penal en el Estado de Nuevo León. 4 actuaciones registradas, la última del 19 de noviembre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 435/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 19/11/2020
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en Materia Penal en el Estado de Nuevo León · Nuevo León
Partes del expediente
- Juan Manuel López Esparza
Actuaciones
- Principal
Agréguese, el oficio remitido por el Secretario adscrito al Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa en el Estado de Nuevo León, a través del cual anexa la diversa determinación de quince de octubre pasado e informa que ese órgano jurisdiccional asumió el conocimiento del juicio de amparo del que deriva el presente asunto. Envíense vía oficio al referido órgano jurisdiccional los originales, dejando copia de ellos en autos para el efectos de que obren como corresponde. Se ordena el archivo del presente juicio como totalmente concluido, una vez analizado el sumario se concluye es susceptible de destrucción, una vez transcurridos más de cinco años después de haberse ordenado su archivo. Notifíquese.
- Principal
Se advierte que por auto de trece de octubre del año en curso, este Juzgado se declaró incompetente para conocer del presente asunto, remitiendo la demanda de garantías a la Oficialía de Partes Común de los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa del Cuarto Circuito a fin de que turnaran la misma al órgano jurisdiccional en dicha especialidad que correspondiera, sin tener conocimiento a la fecha de lo que se haya proveído entorno a la misma. La Oficialía de Partes Común de los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa del Cuarto Circuito; comunica que la demanda de amparo fue turnada al Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa en el Estado de Nuevo León, solicítesele al Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa en el Estado de Nuevo León, comunique la determinación que recayó dentro del juicio de amparo que se le haya asignado al expediente judicial. Notifíquese.
- Principal
Vista la demanda de garantías presentada por quejoso, contra actos de la Delegada del Instituto Mexicano del Seguro Social en Nuevo León y otras autoridades.De la lectura de la demanda de amparo, se desprende que el quejoso señala como autoridades responsables a las siguientes: 1.- DELEGADA DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL EN NUEVO LEÓN. 2.- DIRECTOR DE LA CLÍNICA 30 DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL EN NUEVO LEÓN. 3.- (trabajador de las autoridades arriba mencionadas). 4.- (trabajador de las autoridades arriba mencionadas). Y como actos reclamados los siguientes: "Las órdenes verbales y escritas de no darme atención medica derivada de un accidente de trabajo la cual pone en riesgo la vida del suscrito. Así como infringir tortura y tormento psicológico, y privación de la vida" El cumplimiento de dicha orden." Cabe significar lo siguiente: En principio, debe señalarse el criterio que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha definido respecto de las características de la autoridad para efectos del juicio de amparo, conforme a las siguientes tesis aisladas y de jurisprudencia aprobadas por el Tribunal Pleno y la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, respectivamente. Novena Época Instancia: Pleno Tesis aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo: V, febrero de 1997 Materia: común Tesis: P. XXVII/97 Página: 118 Novena Época Instancia: Segunda Sala Tesis aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo: IX, marzo de 1999 Materia: administrativa Tesis: 2a. XXXVI/99 Página 307 Novena Época Instancia: Segunda Sala JurisprudenciaFuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo: XXXIV, septiembre de 2011 Materia: común Tesis: 2a./J. 164/2011 Página: 1089 De los criterios citados, puede advertirse que el Alto Tribunal ha venido construyendo, con el paso del tiempo, un criterio que define las características de las autoridades para los efectos del juicio de amparo, que sea acorde con la realidad imperante en el ámbito de las atribuciones y facultades que desarrollan las entidades del Estado. Así, se dejó de lado el concepto de fuerza pública para distinguir a las autoridades, debido a que se reconoció que la evolución de la administración pública ha originado la creación de diversos y variados entes con atribuciones y actividades distintas; de manera que se fijó como criterio para distinguir a una autoridad para efectos del juicio de amparo, la posibilidad de que un organismo realice actos unilaterales con fundamento en una norma legal, mediante los cuales cree, modifique o extinga situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados, y sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. Cierto que ese criterio se fue diseñando durante la vigencia de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de mil novecientos treinta y seis, en vigor hasta el dos de abril de dos mil trece, en cuyo artículo 11 disponía: "Artículo 11. Es autoridad responsable la que dicta, promulga, publica, ordena, ejecuta o trata de ejecutar la ley o el acto reclamado." No obstante, en el Diario Oficial de la Federación del día dos de abril de dos mil trece se publicó la nueva Ley de Amparo que abrogó la anterior, y en la que se retomaron los anteriores criterios del citado Alto Tribunal para definir a las autoridades responsables. Así, el artículo 5o., fracción II, dispone: "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: "..."II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. "Para los efectos de esta ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general." De manera que a partir del tres de abril de dos mil trece, día en que entró en vigor la Ley de Amparo por disposición del artículo primero transitorio del decreto respectivo, debe tenerse en cuenta para definir cuándo se está en presencia de una autoridad para los efectos del juicio de amparo, la posibilidad de que un ente u organismo del Estado (autoridad con independencia de su naturaleza formal), dicte, ordene, ejecute o trate de ejecutar un acto, que cree, modifique o extinga una situación jurídica en forma unilateral, o en su caso que omita el acto respectivo. En ese orden de ideas, toda vez que el derecho a la salud consagrado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos impone deberes complejos a todos los poderes públicos dentro del Estado, desde el legislador y la administración, hospitales públicos y su personal médico, hasta los tribunales; pero también a los particulares, tales como los médicos, hospitales privados, empleadores etcétera, entonces, válidamente se puede concluir que la DELEGADA DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL EN NUEVO LEÓN y DIRECTOR DE LA CLÍNICA 30 DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL EN NUEVO LEÓN, así como sus empleadores, actúan como autoridades para efectos del presente juicio biinstancial, en virtud de la fuerza normativa de la Constitución, y no resulta compatible concebir que es regido únicamente bajo figuras de derecho privado. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis cuyos datos de identificación, rubro y texto, son los siguientes: Época: Décima Época Registro: 2002501 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 1 Materia(s): Constitucional Tesis: 1a. XXIII/2013 (10a.) Página: 626 Una vez precisado lo anterior, toda vez que el directo quejoso, aduce que sufrió un accidente de trabajo al estar laborando en la empresa "Química Goncal SA de CV" y al haber querido atenderse de las lesiones suscitadas, los particulares a quienes señala como autoridades ejecutoras, estando en la empresa y quienes se ostentaron como empleados de las responsables le manifestaron que por órdenes de las autoridades ordenadoras, no fuera a atenderse al IMSS, y que si lo hacía su vida corría peligro, y al encontrarse delicado de salud, por la falta de atención medica se agravó su estado de salud, al recibir tortura y tormento psicológico, poniendo en riesgo su vida. En ese contexto, con base en el artículo 126 de la Ley de Amparo, se concede al quejoso la suspensión de oficio y de plano, para el efecto de que las responsables cesen en su conducta omisiva y procedan a otorgarle de inmediato la atención médica que requiere el amparista, a fin de preservar su salud y por ende, su vida; del mismo modo que cesen la tortura y tormento psicológico de la que se duele el quejoso. Tiene aplicación al respecto, la tesis sustentada por el Décimo Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable en la Página 2160, Libro 68, Julio 2019, Tomo III, Materia Común, Décima Época Las responsables deberán informar en el término de veinticuatro horas, sobre el cumplimiento de este mandato judicial. El pronunciamiento anterior se realiza con base en el artículo 48 de la Ley de Amparo, ya que se estima que este Órgano Jurisdiccional carece de competencia legal para conocer del presente asunto. En efecto, se tiene que los artículos 51, fracción I, y 52, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, establecen: "Los jueces de distrito de amparo en materia penal conocerán: I. De los juicios de amparo que se promuevan contra resoluciones judiciales del orden penal; contra actos de cualquier autoridad que afecten la libertad personal, salvo que se trate de correcciones disciplinarias o de medios de apremio impuestos fuera de procedimiento penal, y contra los actos que importen peligro de privación de la vida, deportación, destierro o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos". "Los jueces de distrito en materia administrativa conocerán: IV. De los juicios de amparo que se promuevan contra actos de autoridad distinta de la judicial, salvo los casos a que se refieren las fracciones II del artículo 50 y III del artículo anterior en lo conducente; De la interpretación de las disposiciones transcritas, se aprecia como regla general, la competencia de los Jueces de Distrito en Materia Penal para conocer de los actos de autoridad que impliquen una afectación a la libertad personal del gobernado, excepción hecha de las correcciones disciplinarias o medios de apremio impuestos fuera de procedimiento penal. En el caso, de la demanda de tutela constitucional se advierte que los actos reclamados a las responsables no derivan de averiguación previa o carpeta de investigación, ni de proceso penal o carpeta judicial, pues como se anotó, éstos se hacen consistir en la falta de atención médica, con la consecuente puesta en peligro de la vida del quejoso al infringirle tortura y tormento psicológico, dando como resultado la privación de la vida, que son de naturaleza eminentemente administrativa. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ha establecido en favor de los particulares la garantía de acceso a la jurisdicción en su artículo 17 que en el párrafo segundo, textualmente, dispone: "... Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales. ..." Sin embargo, aun cuando todos los órganos dotados de jurisdicción están expeditos para administrar justicia, cada uno de ellos tiene atribuidas, de manera precisa, una serie de facultades que le permiten avocarse tan sólo a determinado tipo de negocios, circunstancia que procesalmente lo convierte en el órgano jurisdiccional competente en un caso concreto. De esta forma, surge la denominada competencia objetiva, entendida como el límite y medida de la jurisdicción. Cabe distinguir, desde luego, entre competencia constitucional y competencia jurisdiccional, respecto de la primera, se entiende la capacidad que, de acuerdo con su ley orgánica o constitutiva, corresponde a los órganos judiciales de un fuero específico para conocer y decidir, con exclusión de otros fueros judiciales sobre cuestiones litigiosas de determinada índole (común, federal, laboral, civil, militar, etcétera); en cambio, la segunda alude a la capacidad que un órgano jurisdiccional tiene para conocer y decidir, con exclusión de los demás órganos similares que con él integran un mismo fuero judicial (tribunales comunes, tribunales federales, etcétera) sobre un determinado asunto. Al respecto, es de invocarse la tesis sustentada por la Cuarta Sala de la anterior integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, Tomo XLIV, Página 300, Genealogía: Apéndice 1917-1985, Octava Parte, Común, tercera tesis relacionada con la jurisprudencia 90, página 141, que es del tenor siguiente: "COMPETENCIA CONSTITUCIONAL Y JURISDICCIONAL, NATURALEZA DE LAS. Por competencia constitucional debe entenderse la capacidad que de conformidad con lo dispuesto en los preceptos de la Carta Federal, corresponde a un tribunal de determinado fuero, para juzgar sobre determinadas materias, y por competencia jurisdiccional, la capacidad de un órgano parte integrante de un tribunal, para conocer, con exclusión de los demás órganos que dependen del mismo tribunal y de tribunales del mismo fuero, de un asunto determinado: esto es, en el primer caso, es capacidad exclusiva de los tribunales de un fuero, el conocimiento del asunto, mientras que en el segundo los diversos órganos que integran los tribunales de ese fuero, tienen capacidad para conocer del negocio y sólo por razones de técnica jurídica, se divide entre ellos la competencia; de tal manera, que la resolución por virtud de la cual un tribunal decide su incompetencia constitucional, implica que la cuestión que le fue sometida, por ningún órgano de su fuero puede ser resuelta, y que, en consecuencia, se trata de una materia que corresponde a tribunales diversos, en tanto que la resolución dictada por un tribunal, en los casos de competencia jurisdiccional, sólo produce el efecto de que el asunto se lleve al conocimiento de otro tribunal del mismo fuero." De ahí que, la competencia constitucional deriva o se genera automáticamente de las disposiciones legales orgánicas o constitutivas de los tribunales que componen los distintos fueros judiciales, y se surte de acuerdo con la naturaleza de las prestaciones exigidas y de los preceptos jurídicos fundatorios invocados por el titular de la acción correspondiente o con la condición jurídica de las partes en litigio. Por tanto, la competencia constitucional es originaria para los tribunales de los distintos fueros y sólo pueden suscitarse conflictos respecto de ella cuando el titular de una acción pretenda ejercitarla ante un tribunal de fuero distinto del que corresponda a la naturaleza de las prestaciones que reclama y de los preceptos legales que invoque como fundatorios de su demanda, o a la condición jurídica (federal o común) de las partes en litigio, es decir, la competencia por razón de fuero no puede ser pactada contractualmente. La competencia jurisdiccional, en cambio, nace o se genera de las disposiciones jurídicas orgánicas de los tribunales o de las reguladoras de los distintos procedimientos que han de sustanciarse ante éstos, y se surte de acuerdo con las circunstancias de materia, lugar, grado o cuantía que rodeen al litigio planteado. En relación a la competencia por razón de la materia, ésta se determina por la naturaleza de la pretensión procesal y por las disposiciones legales que la regulan, esto es, se toma en cuenta la naturaleza del derecho subjetivo hecho valer con la demanda y que constituyen la pretensión y norma aplicable al caso concreto, lo que permite determinar cuándo un litigio debe ser sometido a los tribunales, entre otros, administrativos, fiscales, agrarios, laborales, civiles o penales. De ahí que si los actos reclamados por el promovente no derivan de un procedimiento del orden penal, se estima que corresponde avocarse al conocimiento del presente asunto a un juzgado de Distrito en Materia Administrativa. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 48 de la Ley de Amparo vigente, en relación con los numerales 51 y 52 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, este Juzgado de Distrito, se declara LEGALMENTE INCOMPETENTE, para conocer del presente juicio de amparo. Razón por la que, se ordena remitir a la Oficialía de Partes Común de los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en el Estado, la demanda de cuenta, para que se turne al órgano jurisdiccional en dicha especialidad que corresponda, previo cuaderno de antecedentes que se deje en este juzgado, para los efectos legales conducentes. Hecho que sea lo anterior, solicítese acuse de recibo correspondiente. Se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para efecto de oír y recibir notificaciones el que cita en su demanda de garantías, y para los mismos efectos a la persona que cita.
- Principal
TODA VEZ QUE EL QUEJOSO NO COMPARECIÓ A NOTIFICARSE PERSONALMENTE DEL CONTENIDO DEL AUTO DEL TRECE DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO, EN CONSECUENCIA SE NOTIFICA POR LISTA DE CONFORMIDAD CON EL NUMERAL 28 DE LA LEY DE AMPARO
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