Juan Manuel Lezama Aparicio

Expediente 1034/2015 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 4 actuaciones registradas, la última del 3 de junio de 2016.

Datos del expediente

Expediente
1034/2015
Año
2015
Actuaciones
4
Última actuación
03/06/2016

Partes del expediente

  • Juan Manuel Lezama Aparicio

Actuaciones

  1. Principal

    Téngase por recibido el oficio que suscribe el Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosexto Circuito, con sede en la capital, mediante el cual envía los autos originales del juicio de amparo 1034/2015-IV, así como el testimonio del recurso de queja civil 2/2016, en cuyo punto resolutivo determinó: "ÚNICO. Se declara infundado el recurso de queja". En tales condiciones, se ordena acusar recibo; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno; glósese el cuadernillo de antecedentes correspondiente. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo vigente, archívese el presente juicio como asunto totalmente concluido, el cual NO ES DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, dado que no satisface las condiciones del último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. En cumplimiento al punto vigésimo primero, fracción I del acuerdo en cita, el presente expediente es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, una vez que transcurran cinco años, contados a partir de que se ordenó su archivo, puesto que se dictó resolución en la que únicamente se desechó la demanda de garantías.

  2. Principal

    Téngase por recibido el oficio que suscribe el Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosexto Circuito, con sede en la capital, a través del cual acusa recibo del comunicado mediante el cual le fueron remitidos los autos del juicio de amparo 1034/2015-IV, para la substanciación del recurso de queja interpuesto en contra del proveído de treinta de noviembre de dos mil quince. Este Juzgado se da por enterado de que se admitió el referido medio de impugnación, el cual quedó registrado con el número de recurso de queja civil 2/2016-I

  3. Principal

    Téngase por recibido el escrito suscrito por el quejoso; atento a su contenido, se le tiene interponiendo recurso de queja en contra del auto de treinta de noviembre del año en curso, en el que se desechó la demanda de garantías. En ese sentido, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a), 99 y demás relativos a la Ley de Amparo vigente, y en acatamiento al numeral 101 del referido ordenamiento legal, ríndase el informe con justificación que refiere el citado precepto legal, manifestando la certeza del acto reclamado, y en apoyo remítanse los autos originales del juicio en que se actúa, además del escrito de expresión de agravios y copia, al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosexto Circuito, en turno, con residencia en Guanajuato, capital, para la tramitación de la queja interpuesta, ordenándose formar el cuaderno de antecedentes correspondiente.

  4. Principal

    CONSTANCIA. En cumplimiento al acuerdo de treinta de noviembre de dos mil quince, por este medio se notifica a la parte quejosa el proveído dictado en la propia fecha, que en lo conducente dice: Visto el escrito de cuenta, se provee: téngase por recibida la demanda de amparo promovida contra actos de la Novena Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, con sede en la capital y otra autoridad, que considera violatorios en su perjuicio de las garantías contenidas en los artículos 1 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Regístrese en el libro de gobierno con el número 1034/2015-IV; y, fórmese expediente. Ahora, existe un motivo manifiesto e indudable de improcedencia de la demanda de garantías, que motiva su desechamiento de plano, en razón a que en la especie se surte la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 , en relación con el diverso 107 , fracción V, ambos de la Ley en cita. En efecto, de conformidad con el numeral 107, fracción V, de la Ley de Amparo, el juicio de garantías procede ante el Juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, esto es, se refiere a aquellos actos que realizados durante la secuela del juicio afecten de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por las garantías individuales previstas en la Carta Magna. En este orden de ideas, se evidencia que existen otro tipo de actos dentro del juicio que afectan derechos meramente adjetivos o procesales, pero no de imposible reparación que hagan procedente el amparo indirecto en su contra de modo inmediato. En efecto, conforme a las disposiciones contenidas en los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución General de la República y 107 fracción V de la Ley de Amparo, como actos de imposible reparación deben entenderse aquellos que afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los Tratados Internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte. Actualmente el Pleno de nuestro Máximo Órgano Jurisdiccional, interpretó lo que debe entenderle por "actos de imposible reparación"; al respecto, adujo que esos actos para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían de ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión juridica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender el resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes juridicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de leyes adjetivas; enfatizando el Alto Tribunal que esa interpretación se deducía de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trata de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso, antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetivas. Derechos estos últimos, expresó el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia de la Nación, en los que la afectación no es actual a diferencia de los sustantivos, sino que depende de que llegue o no a trascender al desgloce del juicio o procedimiento, momento en el que sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. En tal virtud, el acto que reclama el quejoso en el presente juicio de garantías, no deja sin defensa al promovente, ni constituye una violación de carácter irreparable, pues si bien, se declara improcedente la recusación del juzgador de origen, tal proceder, por su naturaleza no es susceptible de generar a las partes en el juicio una afectación trascendental que no pueda ser reparada a resolver el juicio de origen; por tanto, el juicio de amparo resulta improcedente contra ese tipo de actos, dado que, se reitera, no contiene decisión alguna que pueda ocasionar un daño irreparable, ello porque, se estima, el único efecto que produce es que el juez recusado continúe ejerciendo sus funciones en la controversia de origen. Por ello, el acto aquí reclamado puede no trascender a la esfera jurídica del quejoso, ya que existe la posibilidad de que incluso el fallo le sea favorable, quedando entonces sin afectación alguna su esfera jurídica. Ahora, suponiendo sin conceder, que el sentido afectatorio del acto reclamado trascienda de tal forma a la sentencia que se dicte en el juicio de origen y sea contrario a los intereses del peticionario de tutela, éste al ser parte en dicho juicio, tienen posibilidad de señalar dicha situación como violación a las leyes del procedimiento al momento de promover el juicio de amparo directo correspondiente, en términos de lo dispuesto por los artículos 171, 172 y 174 de la Ley de Amparo. En suma, toda vez que el acto que por esta vía combate el quejoso, no afectan derechos sustantivos, sino únicamente derechos adjetivos o intraprocesales, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo vigente, se desecha la presente demanda por ser notoriamente improcedente, en términos de lo dispuesto en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con el 107, fracción V, interpretada en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, ya que el acto reclamado no es de aquéllos cuya ejecución sea de imposible reparación. Por otra parte, téngase a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en su escrito de cuenta; asimismo, téngasele como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a la persona que se indica, mientras que a los profesionistas restantes en términos restringidos, en virtud de que no cuentan con cédula profesional de licenciado en derecho registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales Colegiados y Juzgados de Distrito y en términos restringidos a la diversa persona que indica, en virtud de no contar con tal requisito. Con fundamento en el artículo 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se habilitan días y horas inhábiles, a fin de que el Actuario practique cualquier diligencia en el juicio de amparo en que se actúa. Hágase saber a las partes que este órgano jurisdiccional en uso de las facultades conferidas por el numeral 20, fracción VI, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, respecto a la protección de datos personales en posesión de los particulares, con la finalidad de regular su tratamiento legítimo, controlado e informado y garantizar la privacidad y el derecho a la autodeterminación informativa de las personas de quienes intervienen en este expediente judicial, en relación con los diversos numerales 1, 2, 19, 21 y demás relativos de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, así como del 57 de su Reglamento, cualquier uso no autorizado en los términos previstos en dicho ordenamiento legal, puede dar lugar a las sanciones establecidas en los diversos 64, 67, 68 y 69 de la citada legislación. De igual forma, con apoyo en los artículos 6, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8, 18, fracción II, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; 25, 28 y 34 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia a la información pública, protección de datos personales y archivo, publicado en seis de febrero de dos mil catorce en el Diario Oficial de la Federación, se hace constar que en la publicación de la sentencia que se dicte en el presente asunto, no se darán a conocer los datos personales y de identificación de las partes, por no existir consentimiento inequívoco y expreso para ello.

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