Juan Manuel Ivan Rosas Martinez

Expediente 1500/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guanajuato. 4 actuaciones registradas, la última del 23 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1500/2023
Año
2023
Actuaciones
4
Última actuación
23/11/2023

Partes del expediente

  • Juan Manuel Ivan Rosas Martinez
  • Diego de Jesus Alvarez Camarillo
  • PAULO CRISTHOFER MARTINEZ BARAJAS y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede, se advierte que no fueron recurridos los autos de dieciséis y dieciocho de octubre de dos mil veintitrés, por el que, por una parte, se desechó parcialmente la demanda respecto de algunos quejosos y, por otra, se sobreseyó fuera de la audiencia constitucional en el presente juicio de amparo; en tales condiciones, se declara que dichas determinaciones HAN CAUSADO ESTADO. Háganse las anotaciones en el libro de control de este Juzgado y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido, el que a consideración del suscrito, será conservable una vez que transcurran tres años de haberse ordenado su archivo.

  2. Principal

    Visto el estado de los presentes autos, se advierte que el pasado catorce de octubre, se tuvo por recibida la demanda de amparo por comparecencia promovida por ***, en favor de los aquí quejosos; asimismo, que en diverso auto de dieciséis de octubre pasado, por una parte, se desechó parcialmente la misma por cuanto hace a los quejosos ***, *** y ***, y por otra, se admitió respecto del diverso quejoso ***, exclusivamente por el acto consistente en el arresto administrativo del peticionario. Ahora, se trae a cuenta como hecho notorio, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, que el dieciséis de octubre pasado, se recibió en este órgano jurisdiccional el exhorto ***, número de orden ***, del índice del Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en Irapuato, derivado del juicio de amparo ***, promovido a través de comparecencia por ***, por sí y en representación de otras personas; registrándose dicha comunicación bajo el número *** de la estadística de ese órgano jurisdiccional. De lo anterior, se advierte que en el juicio de amparo en que se actúa, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, respecto del acto reclamado consistente en la privación de la libertad fuera de procedimiento en contra del quejoso ***, que en realidad se traduce en la puesta a disposición ante el Ministerio Público por el hecho calificado por el delito de lesiones. Efectivamente, la porción normativa transcrita prevé como causal de improcedencia de la acción constitucional, la de cesación de efectos, que se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo o implique una omisión, el de obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija. Por lo que en términos de dicha fracción XXI del artículo 61 del ordenamiento legal en comento, no existe motivo para la promoción y resolución del juicio de amparo, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. Ahora, es importante acotar que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo, y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce de la garantía violada. Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, lo que implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. De ahí que sea posible colegir, a partir de una interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 61, fracción XXI, y 77 de la ley de la materia, que la causal de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante la existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella. En el caso, como se dijo, el acto reclamado consiste en la privación de la libertad fuera de procedimiento en contra del quejoso ***, que en realidad se traduce en la puesta a disposición ante el Ministerio Público por el hecho calificado por el delito de lesiones. Ahora, de las constancias que integran el exhorto *** de la estadística de ese órgano jurisdiccional, formado con motivo del diverso ********************, número de orden ********************, del índice del Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en Irapuato, se desprende que el aquí quejoso se encuentra en libertad, toda vez que compareció, con posterioridad a la presentación del presente juicio, ante el citado Juzgado Noveno de Distrito en el Estado, a efecto de instar dicho juicio constitucional. Ello, conlleva a establecer que, en la especie, cesaron los efectos del acto reclamado en el presente asunto, al haber desaparecido totalmente las consecuencias generadas por el acto reclamado por la parte quejosa. Es así, pues como se dijo, el quejoso inicialmente reclamó la privación de la libertad fuera de procedimiento con motivo de un arresto administrativo; sin embargo, tal como se desprende del diverso juicio biinstancial ***, el quejoso ya se encuentra en libertad, lo que hace evidente que la detención que le irrogaba perjuicio, cesó por completo, por tanto se torna improcedente la acción constitucional al carecer de materia para analizar el acto motivo de reclamo, pues a ningún fin práctico conduciría ocuparse de su examen constitucional cuando sus efectos ya no están vigentes en la esfera jurídica de la parte peticionaria, ni lo estarán, precisamente por haberse materializado la pretensión final de dicha justiciable -que cese la detención de la cual se encontraba siendo objeto.- Lo que entraña la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia del juicio de amparo, acorde con el artículo 77 de la ley de la materia, como es el restablecimiento de las cosas al estado que guardaban antes de la violación, por los motivos expuestos. Sin que pase inadvertido que, en el referido auto de dieciséis de octubre pasado, se haya reservado emitir diversas medidas (de así resultar necesario), en torno a las manifestaciones realizadas por el quejoso, relativas a que durante su detención fue golpeado, una vez que la autoridad responsable diera una explicación razonable de lo sucedido con el peticionario; pues, se destaca que en el aludido juicio de amparo ***, del índice de la homologa federal, el quejoso señaló, como actos reclamados: tortura, intimidación y amenazas realizadas en su contra por las autoridades responsables; de ahí que será en ese asunto en donde se analicen dichos actos. Así pues, lo que se impone es decretar el SOBRESEIMIENTO en el presente juicio, fuera de audiencia, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, ya que las causales de improcedencia invocadas se configuran de manera manifiesta e indudable y con ningún elemento de prueba podría desvirtuarse, resultando innecesario esperar la fecha de audiencia para decretar el sobreseimiento en el presente juicio.

  3. Principal

    Se agrega oficio del Director de Garantías de la Tesorería de la Federación, con sede en la Ciudad de México, a través del cual acusa recibo del oficio número 14107 de once de agosto de dos mil veintitrés, por el que le fue remitido el billete de depósito número N860428, expedido por Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, Sociedad Nacional de Crédito. Asimismo, comunica que de conformidad con el artículo 45 de la Ley de Tesorería de la Federación, se hizo efectivo el citado billete de depósito a favor del Erario Federal, y su importe fue concentrado en la cuenta respectiva de la Tesorería de la Federación.

  4. Principal

    RECEPCIÓN Y REGISTRO DE DEMANDA. Téngase por recibida la demanda. Regístrese en los libros de control concernientes de este Juzgado, bajo el número que le corresponde y acorde a las disposiciones legales aplicables, fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos. SUSPENSIÓN DE PLANO. Ahora bien, toda vez que en la demanda de amparo se señala que los directamente quejosos son objetos de actos de ataques a su libertad fuera de procedimiento, con motivo de un arresto administrativo; se decreta la suspensión de plano de tales actos Se solicita informe a la autoridad responsable. SE COMISIONA A ACTUARIA. En razón de lo anterior, y tomando en consideración que de lo expuesto por el promovente se advierte que los directos quejosos se encuentran detenidos en las instalaciones que ocupa la Secretaría de Seguridad Ciudadana, con sede en esta ciudad; comisiónese a la actuaria adscrita a este Juzgado, para que se constituya en dicho lugar, a fin de que la autoridad responsable: a. Haga comparecer a los directamente agraviados; b. Acceda a que dicha fedataria requiera a los directos quejosos, en ese mismo acto, para que expresen si ratifican o no la demanda de amparo promovida a su favor; lo anterior, de conformidad con lo que dispone el artículo 15 de la Ley de Amparo; con el apercibimiento que de no hacerlo en ese acto o dentro del plazo de tres días, se tendrá por no presentada dicha demanda y quedarán sin efecto legal las providencias que se hubieren tomado; y, c. Para el caso de no encontrarlos, pongan a la vista de la fedataria pública los libros respectivos de control de detenidos o similares, a fin de que constate y corrobore si existe algún indicio de la detención de los quejosos, debiendo proporcionar toda la información que pueda resultar conducente para su localización. De igual modo, se autoriza a la actuaria de la adscripción, para el caso de que no se localice a los directos quejosos en el lugar que se indica, investigue el sitio en que se encuentren, conforme a la información que obtenga en las aludidas instalaciones; y para el caso de que se ubiquen dentro de la residencia de este juzgado, ahí practique la notificación respectiva, debiendo cerciorarse si se encuentran en alguna situación que ponga en riesgo su integridad física o psicológica. Se apercibe a la autoridad responsable que de no atender estrictamente a las prevenciones apuntadas e informarlo dentro del término señalado, se podrá actualizar la hipótesis del delito contemplado en el artículo 262, fracciones III y V, de la Ley de Amparo, pudiendo hacerse acreedora a una pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientos días, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN. Con fundamento en el artículo 16 Constitucional, 2° párrafo, en relación con los diversos 66, 68 y 71 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 1 Lo anterior, con apoyo en lo resuelto por la Segunda Sala del Máximo Tribunal del país en la contradicción de tesis 361/2021, en sesión de once de enero de dos mil veintitrés. se comunica a las partes que las resoluciones que se emitan en el presente asunto están a disposición del público que lo consulte conforme al procedimiento de acceso a la información; así también el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, previa promoción en tal sentido.

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