Juan Manuel Infante Martínez

Expediente 449/2021 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Guanajuato. 2 actuaciones registradas, la última del 18 de junio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
449/2021
Año
2021
Actuaciones
2
Última actuación
18/06/2021

Partes del expediente

  • Juan Manuel Infante Martínez

Actuaciones

  1. Principal

    CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 29 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA, EL PROVEÍDO DE 09 DE JUNIO DE 2021: ".... Vista la demanda de amparo que promueve Juan Manuel Infante Martínez, por propio derecho, contra actos del Juez Cuarto Menor Civil de Irapuato, Guanajuato y otra autoridad; fórmese el cuaderno respectivo y regístrese con el número 449/2021-IV. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley de Amparo, este juzgado tiene la obligación de examinar la demanda, y de encontrar algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la deberá desechar de plano, de conformidad con el artículo 113 del citado ordenamiento legal, en atención al principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que no es dable tramitar demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que desde un inicio se advierte que resultará indudablemente el sobreseimiento. Al respecto, el numeral en comento dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Tal norma, impone la obligación al Juez de Distrito de examinar con todo detenimiento la demanda, y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia, desecharla de plano, para lo cual deben tomarse en consideración únicamente los hechos y circunstancias narrados en la propia demanda, así como los anexos que se acompañen. Por motivo manifiesto, se entiende lo que se advierte clara y patentemente, y por indudable, aquello de lo que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improceder efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal suerte que aún en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, y con total abstracción de lo que en un futuro pudiera probarse, sin lugar a dudas, sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes pudieran allegar o hacer valer en el procedimiento, sean innecesarios para configurar dicha improcedencia ni lleguen a desvirtuar su contenido. Los actos reclamados son dos: (1) El auto de exequendo de diez de mayo del presente año que el Juez Cuarto Menor Civil de Irapuato, Guanajuato, dictó dentro del juicio ejecutivo mercantil M-585/2021, en el cual ordenó requerir a Juan Manuel Infante Martínez que pagara a Daniel Ulises Ramírez Corona, $25,000.00 (veinticinco mil pesos 00/100 moneda nacional), amparados en el pagaré base de la acción y anexidades legales y, en caso de no hacerlo, le embargara bienes de su propiedad para garantizar el adeudo y lo emplazara a juicio. Asimismo, ordenó inscribir en el Registro Público de la Propiedad el embargo de inmuebles que se hubiera trabado. (2) La diligencia de cuatro de junio de dos mil veintiuno, en la que un actuario judicial de Irapuato, Guanajuato, requirió al demandado -quejoso- el pago del adeudo y, ante su negativa, embargó un inmueble de su propiedad y lo emplazó al juicio ejecutivo mercantil. Es cierto que en el apartado relativo a la denominación de las autoridades responsables, el quejoso señala como tal al Juzgado Tercero Menor Civil, en Irapuato, Guanajuato. No obstante, se estima que ello obedeció a un lapsus calami que no impide identificar cuál es la autoridad a la que realmente se reclama la conducta identificada como (1). Es así, porque en las demás partes de la demanda de amparo el quejoso se refiere al Juzgado Cuarto Menor Civil de esta ciudad. Incluso, entre los documentos que anexa se encuentra la cédula de notificación que el actuario entregó al demandado -quejoso- después de emplazarlo y en ella se aprecia que la autoridad que instruye el proceso mercantil y ordenó la diligencia de exequendo es, precisamente, el Juez Cuarto Menor Civil de Irapuato, Guanajuato. Dicho ello, los actos reclamados están afectados por la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; (.)." El principio de definitividad del juicio de amparo que contiene la fracción transcrita, consiste en la obligación de la parte quejosa de agotar previamente al ejercicio de la acción constitucional, los recursos o medios de defensa ordinarios que la ley establezca y que puedan conducir a la revocación, modificación o anulación del acto reclamado. Este principio encuentra justificación en el hecho de que el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional que procede contra actos definitivos, por lo que el agraviado debe acudir a las instancias comunes que puedan dejar insubsistente el acto de autoridad que le afecta, antes de solicitar la protección constitucional. En ese sentido, el Código de Comercio prevé medios de impugnación ordinarios para revocar o modificar los actos reclamados: el recurso de revocación y el incidente de nulidad de actuaciones. En efecto, el acto de autoridad identificado como (1), en principio, es impugnable mediante la apelación de tramitación inmediata, de acuerdo con la jurisprudencia 1a./J. 12/2016 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. No obstante, de acuerdo con el artículo 1339 del Código de Comercio, ese recurso vertical no cabe en el caso, porque para ello sería necesario que la suerte principal reclamada en el juicio de origen fuera igual o mayor a $705,379.03 (setecientos cinco mil trescientos setenta y nueve pesos 03/100 moneda nacional). Por tanto, como en el caso la suerte principal es de $25,000.00 (veinticinco mil pesos 00/100 moneda nacional), el recurso que, de forma subsidiaria, procede en contra del auto de exequendo, es el de revocación, de acuerdo con el artículo 1334 del código mercantil, que establece que los autos que no fueren apelables, serán revocables. Por tanto, como la revocación es el medio de defensa legalmente previsto e idóneo para dejar insubsistente el auto de ejecución, no es factible que el quejoso primero acuda al amparo, pues debe observar el principio de definitividad. Sustenta a lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 70/2013 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 401, Libro 1, Tomo I, diciembre de 2013, correspondiente a la décima época del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto son: "REVOCACIÓN. PROCEDE ESE RECURSO CONTRA AUTOS Y DECRETOS DICTADOS EN UN JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL, CUANDO SU MONTO SEA INFERIOR AL QUE PREVÉ EL ARTÍCULO 1339 DEL CÓDIGO DE COMERCIO PARA QUE EL ASUNTO SEA APELABLE (LEGISLACIÓN POSTERIOR AL DECRETO DE 9 DE ENERO DE 2012). De la interpretación conjunta de los artículos 1334 y 1340 del Código de Comercio, este último reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de enero de 2012, se advierte que los autos y decretos recaídos en un juicio ejecutivo mercantil, cuyo monto sea inferior al previsto en el artículo 1339, reformado por el mismo decreto, pueden impugnarse a través del recurso de revocación, al ser irrecurribles mediante el recurso de apelación. Lo anterior, ya que la intención del legislador al usar la expresión "son irrecurribles", en el párrafo primero del citado artículo 1339, fue definir que no son impugnables específicamente mediante el recurso de apelación aquellas resoluciones, como se advierte de la parte conducente del proceso legislativo de la citada reforma, así como de su párrafo cuarto, el cual establece que las sentencias recurribles conforme al primer párrafo del propio artículo, atendiendo a la cuantía, serán apelables, aunado a que el contenido normativo integral forma parte del libro quinto "De los Juicios Mercantiles", título primero "Disposiciones Generales", capítulo XXV, denominado "De la Apelación", del propio Código de Comercio, que se ocupa de regular la apelación mercantil. Por tanto, constituye regla general que los autos y decretos dictados en un juicio ejecutivo mercantil, cuando su monto sea inferior al señalado, son impugnables mediante el recurso de revocación. Además, debe tenerse presente que el juicio ejecutivo mercantil es de tramitación especial en el Código de Comercio, por lo que acorde con el contenido conducente del artículo 1390 bis 1, no es susceptible de tramitarse en la vía oral mercantil (cuyas resoluciones no admiten recurso ordinario alguno).". Por otro lado, en relación con el acto identificado como (2) procede el incidente de nulidad de actuaciones, en términos de los artículos 1349 a 1358 del Código de Comercio, ya que se trata del medio de defensa idóneo para analizar la legalidad del proceder del actuario judicial que haya requerido de pago, embargado y emplazado al demandado. Por tanto, el solicitante de amparo debió promover el citado incidente que prevé la legislación mercantil, antes de acudir a esta instancia de control constitucional. Además, en el caso no operan las excepciones al principio de definitividad, porque: No se trata de orden de aprehensión o reaprehensión, auto de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad provisional bajo caución, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal de la parte quejosa. El quejoso no es tercero extraño a juicio, porque de acuerdo con la jurisprudencia 1a./J. 67/2013 emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, conoce los datos de identificación del expediente y se halla en aptitud de comparecer a él para interponer los medios ordinarios de defensa en contra de los actos que aquí reclama. Esto obedece a que no subsiste el sigilo que habría impedido que el personal del juzgado le permitiera consultar el expediente del juicio de origen, en atención a que ya se ejecutó la medida cautelar que ameritaba mantener las actuaciones judiciales bajo reserva y sólo hacerlas del conocimiento del actor. c) La procedencia del recurso de revocación y del incidente de nulidad de actuaciones está debidamente previsto en la legislación aplicable al caso. Por tanto, no hay insuficiencia normativa sobre la procedencia de tales medios de defensa que amerite una interpretación adicional. Tiene aplicación a lo anterior, la jurisprudencia VI.2o.C. J/260, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, visible en la página 1816, tomo XXIII, marzo de 2006, Novena Época, Materia Común, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 175624, de rubro y texto: "DEFINITIVIDAD. LAS EXCEPCIONES A ESTE PRINCIPIO SON DE APLICACIÓN ESTRICTA. Para que el juicio de amparo sea procedente es necesario que el quejoso, previamente al ejercicio de su derecho de tutela, interponga el recurso o medio de defensa previsto en la ley que regula el acto reclamado por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, tal como lo indica el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo. En este sentido, la propia ley de la materia prevé determinadas excepciones al principio de definitividad, y en algunos otros casos la jurisprudencia emitida por los órganos facultados para ello, en interpretación de esta norma ha incorporado algunas otras hipótesis específicas. Por ello, fuera de esos supuestos no hay motivo para añadir otros que en concepto del juzgador puedan quedar incluidos en el catálogo que el legislador y los órganos del Poder Judicial de la Federación expresa y limitativamente han definido en la ley y en la jurisprudencia, respectivamente. Así, en principio se tiene que en todos los casos será improcedente el juicio de garantías cuando contra el acto reclamado proceda algún recurso o medio de defensa ordinario, y por excepción será procedente cuando dicho acto sea reclamado por un tercero extraño al juicio, importe peligro de privación de la vida, deportación, destierro o cualquier acto de los prohibidos por el artículo 22 constitucional, o bien, en aquellos supuestos que prevea la jurisprudencia, sin que el Juez de amparo pueda aplicar más excepciones que las expresamente identificadas.". En tales condiciones, se desprende que, en el caso, como requisito de procedencia del juicio de amparo indirecto, debió agotarse previamente el recurso de revocación y el incidente de nulidad de actuaciones, de acuerdo con el Código de Comercio, para cumplir con el principio de definitividad contenido en el artículo 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo. Acorde con lo antes expuesto, se actualiza un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; por lo cual, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por Juan Manuel Infante Martínez...."

  2. Principal

    Vista la demanda de amparo que promueve Juan Manuel Infante Martínez, por propio derecho, contra actos del Juez Cuarto Menor Civil de Irapuato, Guanajuato y otra autoridad; fórmese el cuaderno respectivo y regístrese con el número 449/2021-IV. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley de Amparo, este juzgado tiene la obligación de examinar la demanda, y de encontrar algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la deberá desechar de plano, de conformidad con el artículo 113 del citado ordenamiento legal, en atención al principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que no es dable tramitar demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que desde un inicio se advierte que resultará indudablemente el sobreseimiento. Al respecto, el numeral en comento dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Tal norma, impone la obligación al Juez de Distrito de examinar con todo detenimiento la demanda, y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia, desecharla de plano, para lo cual deben tomarse en consideración únicamente los hechos y circunstancias narrados en la propia demanda, así como los anexos que se acompañen. Por motivo manifiesto, se entiende lo que se advierte clara y patentemente, y por indudable, aquello de lo que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improceder efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal suerte que aún en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, y con total abstracción de lo que en un futuro pudiera probarse, sin lugar a dudas, sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes pudieran allegar o hacer valer en el procedimiento, sean innecesarios para configurar dicha improcedencia ni lleguen a desvirtuar su contenido. Los actos reclamados son dos: (1) El auto de exequendo de diez de mayo del presente año que el Juez Cuarto Menor Civil de Irapuato, Guanajuato, dictó dentro del juicio ejecutivo mercantil M-585/2021, en el cual ordenó requerir a Juan Manuel Infante Martínez que pagara a Daniel Ulises Ramírez Corona, $25,000.00 (veinticinco mil pesos 00/100 moneda nacional), amparados en el pagaré base de la acción y anexidades legales y, en caso de no hacerlo, le embargara bienes de su propiedad para garantizar el adeudo y lo emplazara a juicio. Asimismo, ordenó inscribir en el Registro Público de la Propiedad el embargo de inmuebles que se hubiera trabado. (2) La diligencia de cuatro de junio de dos mil veintiuno, en la que un actuario judicial de Irapuato, Guanajuato, requirió al demandado -quejoso- el pago del adeudo y, ante su negativa, embargó un inmueble de su propiedad y lo emplazó al juicio ejecutivo mercantil. Es cierto que en el apartado relativo a la denominación de las autoridades responsables, el quejoso señala como tal al Juzgado Tercero Menor Civil, en Irapuato, Guanajuato. No obstante, se estima que ello obedeció a un lapsus calami que no impide identificar cuál es la autoridad a la que realmente se reclama la conducta identificada como (1). Es así, porque en las demás partes de la demanda de amparo el quejoso se refiere al Juzgado Cuarto Menor Civil de esta ciudad. Incluso, entre los documentos que anexa se encuentra la cédula de notificación que el actuario entregó al demandado -quejoso- después de emplazarlo y en ella se aprecia que la autoridad que instruye el proceso mercantil y ordenó la diligencia de exequendo es, precisamente, el Juez Cuarto Menor Civil de Irapuato, Guanajuato. Dicho ello, los actos reclamados están afectados por la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; (.)." El principio de definitividad del juicio de amparo que contiene la fracción transcrita, consiste en la obligación de la parte quejosa de agotar previamente al ejercicio de la acción constitucional, los recursos o medios de defensa ordinarios que la ley establezca y que puedan conducir a la revocación, modificación o anulación del acto reclamado. Este principio encuentra justificación en el hecho de que el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional que procede contra actos definitivos, por lo que el agraviado debe acudir a las instancias comunes que puedan dejar insubsistente el acto de autoridad que le afecta, antes de solicitar la protección constitucional. En ese sentido, el Código de Comercio prevé medios de impugnación ordinarios para revocar o modificar los actos reclamados: el recurso de revocación y el incidente de nulidad de actuaciones. En efecto, el acto de autoridad identificado como (1), en principio, es impugnable mediante la apelación de tramitación inmediata, de acuerdo con la jurisprudencia 1a./J. 12/2016 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. No obstante, de acuerdo con el artículo 1339 del Código de Comercio, ese recurso vertical no cabe en el caso, porque para ello sería necesario que la suerte principal reclamada en el juicio de origen fuera igual o mayor a $705,379.03 (setecientos cinco mil trescientos setenta y nueve pesos 03/100 moneda nacional). Por tanto, como en el caso la suerte principal es de $25,000.00 (veinticinco mil pesos 00/100 moneda nacional), el recurso que, de forma subsidiaria, procede en contra del auto de exequendo, es el de revocación, de acuerdo con el artículo 1334 del código mercantil, que establece que los autos que no fueren apelables, serán revocables. Por tanto, como la revocación es el medio de defensa legalmente previsto e idóneo para dejar insubsistente el auto de ejecución, no es factible que el quejoso primero acuda al amparo, pues debe observar el principio de definitividad. Sustenta a lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 70/2013 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 401, Libro 1, Tomo I, diciembre de 2013, correspondiente a la décima época del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto son: "REVOCACIÓN. PROCEDE ESE RECURSO CONTRA AUTOS Y DECRETOS DICTADOS EN UN JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL, CUANDO SU MONTO SEA INFERIOR AL QUE PREVÉ EL ARTÍCULO 1339 DEL CÓDIGO DE COMERCIO PARA QUE EL ASUNTO SEA APELABLE (LEGISLACIÓN POSTERIOR AL DECRETO DE 9 DE ENERO DE 2012). De la interpretación conjunta de los artículos 1334 y 1340 del Código de Comercio, este último reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de enero de 2012, se advierte que los autos y decretos recaídos en un juicio ejecutivo mercantil, cuyo monto sea inferior al previsto en el artículo 1339, reformado por el mismo decreto, pueden impugnarse a través del recurso de revocación, al ser irrecurribles mediante el recurso de apelación. Lo anterior, ya que la intención del legislador al usar la expresión "son irrecurribles", en el párrafo primero del citado artículo 1339, fue definir que no son impugnables específicamente mediante el recurso de apelación aquellas resoluciones, como se advierte de la parte conducente del proceso legislativo de la citada reforma, así como de su párrafo cuarto, el cual establece que las sentencias recurribles conforme al primer párrafo del propio artículo, atendiendo a la cuantía, serán apelables, aunado a que el contenido normativo integral forma parte del libro quinto "De los Juicios Mercantiles", título primero "Disposiciones Generales", capítulo XXV, denominado "De la Apelación", del propio Código de Comercio, que se ocupa de regular la apelación mercantil. Por tanto, constituye regla general que los autos y decretos dictados en un juicio ejecutivo mercantil, cuando su monto sea inferior al señalado, son impugnables mediante el recurso de revocación. Además, debe tenerse presente que el juicio ejecutivo mercantil es de tramitación especial en el Código de Comercio, por lo que acorde con el contenido conducente del artículo 1390 bis 1, no es susceptible de tramitarse en la vía oral mercantil (cuyas resoluciones no admiten recurso ordinario alguno).". Por otro lado, en relación con el acto identificado como (2) procede el incidente de nulidad de actuaciones, en términos de los artículos 1349 a 1358 del Código de Comercio, ya que se trata del medio de defensa idóneo para analizar la legalidad del proceder del actuario judicial que haya requerido de pago, embargado y emplazado al demandado. Por tanto, el solicitante de amparo debió promover el citado incidente que prevé la legislación mercantil, antes de acudir a esta instancia de control constitucional. Además, en el caso no operan las excepciones al principio de definitividad, porque: No se trata de orden de aprehensión o reaprehensión, auto de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad provisional bajo caución, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal de la parte quejosa. El quejoso no es tercero extraño a juicio, porque de acuerdo con la jurisprudencia 1a./J. 67/2013 emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, conoce los datos de identificación del expediente y se halla en aptitud de comparecer a él para interponer los medios ordinarios de defensa en contra de los actos que aquí reclama. Esto obedece a que no subsiste el sigilo que habría impedido que el personal del juzgado le permitiera consultar el expediente del juicio de origen, en atención a que ya se ejecutó la medida cautelar que ameritaba mantener las actuaciones judiciales bajo reserva y sólo hacerlas del conocimiento del actor. c) La procedencia del recurso de revocación y del incidente de nulidad de actuaciones está debidamente previsto en la legislación aplicable al caso. Por tanto, no hay insuficiencia normativa sobre la procedencia de tales medios de defensa que amerite una interpretación adicional. Tiene aplicación a lo anterior, la jurisprudencia VI.2o.C. J/260, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, visible en la página 1816, tomo XXIII, marzo de 2006, Novena Época, Materia Común, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 175624, de rubro y texto: "DEFINITIVIDAD. LAS EXCEPCIONES A ESTE PRINCIPIO SON DE APLICACIÓN ESTRICTA. Para que el juicio de amparo sea procedente es necesario que el quejoso, previamente al ejercicio de su derecho de tutela, interponga el recurso o medio de defensa previsto en la ley que regula el acto reclamado por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, tal como lo indica el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo. En este sentido, la propia ley de la materia prevé determinadas excepciones al principio de definitividad, y en algunos otros casos la jurisprudencia emitida por los órganos facultados para ello, en interpretación de esta norma ha incorporado algunas otras hipótesis específicas. Por ello, fuera de esos supuestos no hay motivo para añadir otros que en concepto del juzgador puedan quedar incluidos en el catálogo que el legislador y los órganos del Poder Judicial de la Federación expresa y limitativamente han definido en la ley y en la jurisprudencia, respectivamente. Así, en principio se tiene que en todos los casos será improcedente el juicio de garantías cuando contra el acto reclamado proceda algún recurso o medio de defensa ordinario, y por excepción será procedente cuando dicho acto sea reclamado por un tercero extraño al juicio, importe peligro de privación de la vida, deportación, destierro o cualquier acto de los prohibidos por el artículo 22 constitucional, o bien, en aquellos supuestos que prevea la jurisprudencia, sin que el Juez de amparo pueda aplicar más excepciones que las expresamente identificadas.". En tales condiciones, se desprende que, en el caso, como requisito de procedencia del juicio de amparo indirecto, debió agotarse previamente el recurso de revocación y el incidente de nulidad de actuaciones, de acuerdo con el Código de Comercio, para cumplir con el principio de definitividad contenido en el artículo 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo. Acorde con lo antes expuesto, se actualiza un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; por lo cual, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por Juan Manuel Infante Martínez.

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