Juan Manuel Hernández Segundo

Expediente 328/2019 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 3 actuaciones registradas, la última del 14 de abril de 2023.

Datos del expediente

Expediente
328/2019
Año
2019
Actuaciones
3
Última actuación
14/04/2023

Partes del expediente

  • Juan Manuel Hernández Segundo
  • Juez Décimoprimero de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec

Actuaciones

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, catorce de abril de dos mil veintitrés. Agréguense a los autos de este cuaderno de amparo el oficio de la actuaria judicial adscrita al Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, con residencia en la ciudad de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, quien en cumplimiento a lo solicitado el pasado veintisiete de marzo del año en curso, informa que dicho órgano colegiado se avocó al conocimiento del juicio de amparo 328/2019. En atención a lo anterior, dado que no existe actuación pendiente en este asunto al efecto se provee: En cumplimiento a lo señalado en los artículos 9°, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese el presente asunto como concluido. Se estima que carece de relevancia documental, en virtud que el acto que reclamó no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendido entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido, como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, materia agraria, relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica; o se haya establecido jurisprudencia por los plenos de Circuito. Ahora bien, toda vez que no existen documentos considerados originales, en términos del artículo 3° fracción XVIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, y que se declinó competencia a otro órgano jurisdiccional de acuerdo a los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14, este asunto encuadra en la hipótesis prevista en el inciso a) del numeral 21 del referido Acuerdo General; en consecuencia, se ordena su destrucción. Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación de este auto, procédase a la destrucción de este expediente. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese.

  2. Principal

    Mesa de Amparo I-A "...San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dos de mayo de dos mil diecinueve. Se tiene a la secretaria de acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, con sede en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, informando que previo acordar respecto de la competencia que le fue planteada en proveído dictado por este Juzgado Quinto de Distrito el quince de abril de la presente anualidad, estima prudente requerir diversas consideraciones al Juez Decimoprimero de Distrito del Estado de Oaxaca. [...]. Notifíquese.

  3. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, quince de abril de dos mil diecinueve. Agréguese el ocurso original señalado en la cuenta al expediente en que se actúa, para que surta sus efectos legales correspondientes. Ahora bien, de su contenido se advierte que el promovente manifiesta que por un error involuntario se asentó incorrectamente su nombre en la demanda de amparo, siendo correcto José Manuel Hernández Segundo y no Juan Manuel Hernández Segundo como lo había establecido en el escrito inicial. En consecuencia, téngasele haciendo de conocimiento lo anterior para los efectos legales a que haya lugar y se le tiene como nombre correcto el de José Manuel Hernández Segundo. Por otro lado, como se señala en la certificación de cuenta se desprende que mediante consulta realizada en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) se advirtió la existencia del juicio ejecutivo mercantil 42/2018 del índice del Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Oaxaca, en el cual se dictó sentencia definitiva el veinte de febrero de dos mil diecinueve. En otro aspecto, por conducto del ocurso que se acuerda, el justiciable cumple con el requerimiento formulado en el proveído del pasado cuatro de abril y exhibe siete copias simples de su escrito aclaratorio; por tanto, se tiene por cumplida la citada prevención y se emite el pronunciamiento relativo en cuanto al libelo inicial. Incompetencia. La lectura integral de la demanda de amparo y del escrito aclaratorio, se revela que José Manuel Hernández Segundo, esencialmente insta la acción constitucional contra la sentencia definitiva dictada el veinte de febrero de dos mil diecinueve en el juicio ejecutivo mercantil 42/2018 dentro del índice del Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Oaxaca. Por tanto, se procede al análisis de la competencia de este Juzgado de Distrito para conocer de la demanda de mérito. Los artículos 34, 47 y 170, de la Ley de Amparo, en lo conducente señalan: "Artículo 34. Los tribunales colegiados de circuito son competentes para conocer del juicio de amparo directo. La competencia de los tribunales se fija de acuerdo con la residencia de la autoridad que haya dictado el acto reclamado y, en su caso, atendiendo a la especialización por materia. En materia agraria y en los juicios en contra de tribunales federales de lo contencioso administrativo, es competente el tribunal colegiado de circuito que tenga jurisdicción en donde el acto reclamado deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado; si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un circuito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el tribunal colegiado de circuito que primero hubiere recibido la demanda; en su defecto, aquél que dicte acuerdo sobre la misma". Artículo 47. Cuando se presente una demanda de amparo ante un juez de distrito o ante un tribunal unitario de circuito, en la que se reclamen actos que estimen sean materia de amparo directo, declararán carecer de competencia y de inmediato remitirán la demanda y sus anexos al tribunal colegiado de circuito que corresponda. El presidente del tribunal decidirá, sin trámite alguno, si acepta o no la competencia. En el primer caso, mandará tramitar el expediente y señalará al quejoso un plazo de cinco días para la presentación de las copias, notificará a la autoridad responsable para que en su caso, provea respecto a la suspensión del acto reclamado y le otorgará un plazo de diez días para que rinda el informe correspondiente. En el caso que decida no aceptar la competencia, remitirá los autos al juzgado o tribunal que estime competente, sin perjuicio de las cuestiones de competencia que pudieran suscitarse entre jueces de distrito o tribunales unitarios de circuito. Si la competencia del tribunal colegiado de circuito aparece del informe justificado de la autoridad responsable, el juez de distrito o tribunal unitario de circuito se declarará incompetente conforme a este artículo, remitirá los autos al tribunal colegiado de circuito que estime competente para el efecto previsto en el párrafo anterior y lo comunicará a la autoridad responsable para que ésta en su caso, continúe lo relativo a la suspensión del acto reclamado conforme a lo establecido en esta Ley". Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias absolutorias y los autos que se refieran a la libertad del imputado podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito en los casos establecidos por el artículo 173 de esta Ley. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Cuando dentro del juicio surjan cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales que sean de reparación posible por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes, sólo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda contra la resolución definitiva. Para efectos de esta Ley, el juicio se inicia con la presentación de la demanda y, en materia penal, con el auto de vinculación a proceso ante el órgano jurisdiccional; II. Contra sentencias definitivas y resoluciones que pongan fin al juicio dictadas por tribunales de lo contencioso administrativo cuando éstas sean favorables al quejoso, para el único efecto de hacer valer conceptos de violación en contra de las normas generales aplicadas. En estos casos, el juicio se tramitará únicamente si la autoridad interpone y se admite el recurso de revisión en materia contencioso administrativa previsto por el artículo 104 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El tribunal colegiado de circuito resolverá primero lo relativo al recurso de revisión contencioso administrativa, y únicamente en el caso de que éste sea considerado procedente y fundado, se avocará al estudio de las cuestiones de constitucionalidad planteadas en el juicio de amparo". De la interpretación sistemática de los artículos 34 y 170, de la Ley de Amparo, se concluye que la procedencia del juicio de amparo directo se limita a la impugnación de algunos actos provenientes de tribunales judiciales (comprendiendo entre ellos a los tribunales agrarios), administrativos o del trabajo, y que son: a) Sentencias definitivas o laudos. b) Resoluciones que pongan fin al juicio sin resolverlo en el fondo. En el entendido que por sentencia definitiva se comprende aquella resolución lato sensu, que resuelve el fondo de la cuestión debatida, es decir, que se pronuncia acerca de la relación material que constituye la litis; en otras palabras, en ella debe existir pronunciamiento referente a las acciones y a las defensas y excepciones opuestas (en su caso) dentro del procedimiento; y contra la que no proceda recurso ordinario alguno (principio de definitividad). En tanto que las resoluciones que ponen fin al juicio son aquéllas que sin decidir el juicio en lo principal, lo dan por concluido y respecto de las cuales las leyes comunes no concedan recurso ordinario por virtud del cual pueden ser modificadas o revocadas". En esa virtud, el acto que reclama la parte promovente consistente en la sentencia definitiva dictada el veinte de febrero de dos mil diecinueve en el juicio ejecutivo mercantil 42/2018 dentro del índice del Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Oaxaca, es de aquellos que se encuentran contemplados en el artículo 170, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, es decir, de las que resuelven el fondo de la cuestión debatida, esto es, que se pronuncian acerca de la relación material que constituye la litis. En esas condiciones, este juzgado se declara legalmente incompetente para avocarse al conocimiento de la demanda de amparo y estima que el legalmente competente para conocer la misma, es el Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, en turno, conforme a lo dispuesto en los artículos 34 y 47 de la Ley de Amparo. Remisión de la demanda de amparo al tribunal colegiado competente. Previa copia que se deje en autos, remítase la demanda de mérito, el escrito aclaratorio de la misma y las copias con que se acompañan cada uno al tribunal de alzada. Por esta única ocasión notifíquese a la parte promovente en el domicilio que para tal efecto señala en su demanda de amparo. Fórmese cuaderno de antecedentes con motivo del envío, con las constancias relativas que revelen la historia procesal del expediente. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma el Juez Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca, Leonel Medina Rubio, ante el secretario de acuerdos, Gamaliel Sánchez Cruz, que autoriza y da fe.

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