Juan Manuel Gutiérrez Martínez
Expediente 1194/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 19 actuaciones registradas, la última del 24 de octubre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 1194/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 19
- Última actuación
- 24/10/2018
Partes del expediente
- Juan Manuel Gutiérrez Martínez
Actuaciones
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- Principal
TVII.- Vista la certificación de cuenta de la que se advierte que transcurrió el plazo de veinte días otorgado a la parte quejosa en proveído de diecinueve de septiembre de dos mil dieciocho (fojas 126 a 129), con la finalidad de que acreditara haber entregado los edictos para su publicación y exhibiera el pago respectivo; es decir, realizara las gestiones necesarias para emplazar por edictos al tercero interesado Mayolo Munguía González. Ahora bien, la fracción II del artículo 63 de la Ley de Amparo establece: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (.) II. El quejoso no acredite sin causa razonable a juicio del órgano jurisdiccional de amparo haber entregado los edictos para su publicación en términos del artículo 237 de esta Ley una vez que se compruebe que se hizo el requerimiento al órgano que los decretó." Así pues, si durante el lapso de referencia, el impetrante de amparo no acreditó su publicación, lo cual, no constituye una afectación desmedida, sino una carga procesal razonable y acorde con la obligación de preservar el respeto al debido proceso legal. De esta manera, al actualizarse la porción normativa prevista en el artículo 63, fracción II de la ley de la materia; se hace efectivo el apercibimiento decretado en el auto de referencia y se impone sobreseer en el presente juicio de amparo. Es aplicable, la jurisprudencia P./J. 27/2015, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 27 del Libro 22, Tomo I, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, septiembre de 2015, Décima Época, materia común, con número de registro 2009915, que establece: "EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO INTERESADO EN EL JUICIO DE AMPARO. EL PLAZO PARA QUE EL QUEJOSO ACREDITE ANTE EL ÓRGANO JURISDICCIONAL QUE LOS ENTREGÓ PARA SU PUBLICACIÓN, DEBE CONTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE SURTA EFECTOS LA NOTIFICACIÓN DEL ACUERDO POR EL QUE SE PONEN A SU DISPOSICIÓN. Conforme al artículo 27, fracción III, inciso b), segundo párrafo, de la Ley de Amparo, cuando tenga que emplazarse al tercero interesado por edictos, el quejoso debe acreditar que los entregó para su publicación dentro del plazo de 20 días siguientes al en que se pongan a su disposición; ahora bien, dicho plazo, conforme al artículo 22 de la misma ley, debe computarse a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del acuerdo que señale que los edictos se ponen a disposición del quejoso; de ahí que en el plazo referido, éste debe (i) recogerlos, (ii) entregarlos para su publicación, y (iii) acreditar ante el órgano jurisdiccional su entrega (esto es, que efectuó las gestiones tendientes para publicarlos); por lo que no procede la aplicación supletoria del Código Federal de Procedimientos Civiles para establecer distintos plazos, ya que el relativo para acreditar la entrega para la publicación de los edictos se encuentra previsto expresamente en la Ley de Amparo." Así como la diversa jurisprudencia por contradicción de tesis 1a./J. 4/2014, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 729, Libro 5, Tomo I, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, abril de 2014, Décima Época, materia constitucional-común, con número de registro 2006232, que establece: "EMPLAZAMIENTO AL TERCERO PERJUDICADO. LA MODULACIÓN AL DERECHO HUMANO DE ACCESO A LA JURISDICCIÓN PREVISTA EN EL ARTÍCULO 30, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE AMPARO, VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013, QUE IMPONE AL QUEJOSO LA CARGA PROCESAL DE CUBRIR EL COSTO DE LA PUBLICACIÓN DE LOS EDICTOS, ES CONSTITUCIONALMENTE VÁLIDA. El citado artículo modula el derecho humano de acceso a la jurisdicción al imponer la carga procesal al quejoso de cubrir el costo de la publicación de los edictos (en el Diario Oficial de la Federación y en uno de los periódicos diarios de mayor circulación en la República) para emplazar al tercero perjudicado cuyo domicilio no pudo conocerse o, excepcionalmente, de que manifieste a la autoridad de amparo que carece de recursos para cubrir la carga económica respectiva y servirse de los indicios que en tal sentido obren en autos para que se le exima del pago de las publicaciones; destacando que la consecuencia procesal de la omisión de cumplir con esa carga conduciría al eventual sobreseimiento en el juicio de amparo. Ahora bien, la modulación del derecho humano de referencia, contenida en el artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, debe considerarse constitucionalmente válida, ya que cubre satisfactoriamente el examen de admisibilidad, necesidad y proporcionalidad, por lo que no es arbitraria, innecesaria, ni carente de razonabilidad, ya que, por un lado, debe estimarse admisible, pues tiende a dar audiencia al tercero perjudicado en el juicio de amparo, formalidad que tiene su origen en el deber constitucional de no privar de derechos a alguna persona sin previo juicio en el que se sigan las formalidades esenciales del procedimiento, en congruencia con el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; por otro, dicha medida también cuenta con idoneidad y necesidad, pues constituye un instrumento legislativo que tiende a asegurar que, desde el punto de vista jurídico procesal, se cumpla con la formalidad esencial de citar al juicio de amparo al tercero perjudicado, sobre la base de que se agotaron los medios de los que disponía el tribunal para investigar su domicilio; que el sistema de notificación mediante publicación de edictos en medios de comunicación de amplia difusión, es el único instrumento terminal asequible a los tribunales ante la imposibilidad material de practicar una notificación personal directamente con el buscado; y porque es regla general que para que se lleven a cabo materialmente las publicaciones de los edictos en medios de difusión de amplia circulación, alguien debe cubrir su costo. Por último, la medida también es proporcional al fin perseguido por el legislador, pues no implica una afectación desmedida para el quejoso, pues si bien le exige una conducta activa (cubrir el costo de la publicación de los edictos para emplazar al tercero perjudicado, o excepcionalmente, manifestar a la autoridad de amparo que carece de recursos para cubrir la carga económica respectiva), el correlativo derecho constitucional que se busca preservar es la audiencia previa del tercero perjudicado, cuya envergadura procesal es de alta importancia, ya que el emplazamiento constituye la actuación procesal de mayor magnitud por su trascendencia en las demás formalidades del procedimiento." En consecuencia, déjese sin efectos la audiencia constitucional prevista para celebrarse a las nueve horas con quince minutos del veinticinco de octubre de dos mil dieciocho. Asimismo, realícense las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes.
- Principal
VII.- Finalmente no se realiza mayor pronunciamiento en relación al plazo para la publicación de edictos ordenados a la parte quejosa, ello con motivo de que por auto de diecinueve de septiembre pasado, se acordó lo conducente; por consecuencia, este Juzgado de Distrito queda a la espera de que se realice la publicación correspondiente y los mismos sean exhibidos ante este órgano de control constitucional.
- Principal
VII.- La certificación precedente evidencia que la audiencia constitucional se encuentra prevista para celebrarse hoy; sin embargo, se encuentra transcurriendo el plazo de veinte días otorgado a la parte quejosa en auto de diecinueve de septiembre pasado, a fin de que se presente en el local de este juzgado a recoger los edictos ordenados para llevar a cabo el emplazamiento del tercero interesado Mayolo Munguía González, tal como se advierte de la constancia de notificación que obra en autos. En tal virtud, a fin de estar en aptitud de que se cumplimente lo señalado en el párrafo que antecede, la audiencia constitucional se difiere y con fundamento en lo previsto en el artículo 116 de la Ley de Amparo, para su celebración se fijan las nueve horas con quince minutos del veinticinco de octubre de dos mil dieciocho.
- Principal
VII.- Ténganse por recibidos los oficios de cuenta signados por el Juez de Control del Distrito Judicial de Lerma, Estado de México, mediante los cuales en atención al oficio 25609/2018 de doce de septiembre del año en curso, informa que se encuentra realizando las gestiones pertinentes para localizar un diverso domicilio del tercero interesado Mayolo Munguía González; asimismo, proporciona el único domicilio que cuenta del citado tercero interesado, así como un número telefónico. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, agréguense a los autos los oficios de cuenta para los efectos legales procedentes, déjese insubsistente el apercibimiento decretado en auto de mérito y respecto del domicilio no se realiza mayor pronunciamiento; pues, como se evidencia de la razón de veintisiete de agosto pasado, es el mismo domicilio en que el actuario judicial adscrito a este órgano constitucional asentó su imposibilidad para efectuar el emplazamiento. Ahora, respecto del número telefónico proporcionado por la oficiante, no se realizar pronunciamiento alguno; pues, no es un medio que contemple la Ley de Amparo. En ese sentido, y en virtud de que ya fueron agotados los medios de localización ordenados en auto de treinta de agosto del año en curso, además de que en autos no se advierte un domicilio diverso en el cual pueda ser emplazado el tercero interesado Mayolo Munguía González. En tales condiciones, con fundamento en el artículo 27, fracción IIl, inciso b), de la Ley de Amparo y, con el fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, procédase a emplazar al tercero interesado de referencia por medio de edictos, que correrá a costa de la parte quejosa, el cual de acuerdo con el artículo 315 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo por disposición expresa del artículo 2° de la última legislación, deberá contener una relación sucinta de la demanda, el día y hora fijados para la celebración de la audiencia constitucional; se publicarán por tres veces de siete en siete días, en el Diario Oficial de la Federación y en el periódico de mayor circulación en la República; se hará saber al citado tercero interesado que deberá presentarse dentro del plazo de treinta días contados a partir del día siguiente del último de su publicación; se fijará en la puerta de este Juzgado de Distrito una copia íntegra de la resolución por todo el tiempo del emplazamiento; se hará hincapié además, que de no comparecer a través de apoderado o gestor en el plazo señalado, se continuará la tramitación del presente juicio constitucional, y las notificaciones, aún las de carácter personal, se le practicarán por medio de lista que se fija en los estrados de este Juzgado Federal. Por tanto, se requiere a la parte quejosa, para que dentro un plazo de veinte días contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, se presente en local de este juzgado a recoger los edictos, acredite haberlos entregado para su publicación y exhiba el pago que ampare lo anterior, tanto en el Diario Oficial de la Federación, como en el periódico de mayor circulación en la República; apercibida que en caso de no hacerlo así, con fundamento en el artículo 63, fracción II, de la Ley de Amparo, así como en el 14, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se decretará el sobreseimiento en el presente juicio de amparo debido a la falta de concurrencia de una de las partes y falta de interés de la otra para colaborar en la integración de este asunto.
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