Juan Manuel Gonzalez RamìRez

Expediente 515/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato. 9 actuaciones registradas, la última del 26 de julio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
515/2023
Año
2023
Actuaciones
9
Última actuación
26/07/2023

Partes del expediente

  • Juan Manuel Gonzalez RamìRez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    Quejoso realiza manifestaciones y solicita copias. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2, agréguese a los autos para que surta los efectos legales procedentes el escrito presentado por el quejoso ********************, mediante el cual realiza diversas manifestaciones y solicita la expedición de copias certificadas; consecuentemente, se provee: Con relación a las manifestaciones tendentes a acreditar los actos reclamados, dígasele que deberá estarse a lo determinado en acuerdos de dos y veintinueve de junio del año en curso, a través de los cuales se desechó la demanda de amparo y se declaró la firmeza procesal de éste, ordenándose el archivo del presente asunto como totalmente concluido, respectivamente. Ahora, tocante lo manifestado en torno al desempeño de su defensor público federal, se dejan a salvo su derechos para que los haga valer en la vía y forma que estime convenientes, toda vez que este Juzgado de Distrito es totalmente ajeno a su labor como profesionista, dado que se encuentra adscrito a distinto órgano administrativo dependiente del Consejo de la Judicatura Federal. Finalmente, se autoriza la expedición de las copias certificadas de todo lo actuado en el presente expediente. A efecto de hacerle entrega al quejoso de las copias de referencia, envíese oficio al Director del Centro Federal de Readaptación Social número 12 "CPS-Guanajuato", con sede en Ocampo, Guanajuato, para que por su conducto se las haga llegar al quejoso de mérito; en la inteligencia de que deberá remitir a este órgano jurisdiccional, dentro de los tres días siguientes a su recepción, constancia de la que se advierta dicha circunstancia; apercibido que de no contestar, o bien, no dar cabal cumplimiento a lo anterior, se le impondrá multa equivalente a cincuenta unidades de medida y actualización, de conformidad con los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo.

  2. Principal

    Informe de suspensión de plano. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con su numeral 2°, agréguese a los autos el oficio remitido por el Director General de lo Contencioso y Procedimientos Constitucionales de la Unidad General de Asuntos Jurídicos y Transparencia de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana en representación de dicha Secretaría, a través del cual rinde su informe respecto a la suspensión de plano decretada en autos. Con fundamento en el artículo 126 de la Ley de Amparo, se tiene a la citada autoridad rindiendo su informe relativo a la suspensión de plano, de lo que se toma el debido conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. Delegados y domicilio. De igual forma, téngasele señalando como domicilio para para oír y recibir notificaciones el que indica y como delegados de su intención, en términos del artículo 9 de la Ley de Amparo, a los profesionistas que ahí nombra la autoridad de referencia.

  3. Principal

    Cumple prevención. Desechamiento. Del análisis integral de la demanda de amparo se advierte que en la presente instancia constitucional se reclama esencialmente los actos siguientes: a. La falta de reubicación del módulo Alfa-8 al módulo Unve 5, ordenada por el Juez de Ejecución del Centro de Justicia del Estado de Guanajuato dentro de la controversia 710/2022. b. La reubicación del módulo Unve-5 al diverso módulo Alfa-8, esto es, ser regresado al dormitorio que dio motivo a la controversia 710/2022, y saquen a las personas privadas de la libertad del módulo Alfa-8, petición que ha realizado a las autoridades penitenciarias, sin que le hayan dado respuesta alguna. Ahora bien, a efecto de proveer respecto de la admisión o desechamiento de la demanda, es necesario traer a colación lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, que estatuye: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la lectura del artículo transcrito, se desprende que el órgano jurisdiccional tiene la insoslayable obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que encuentre una causa manifiesta e indudable de improcedencia, la deseche de plano. En efecto, para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre una causa de improcedencia del juicio; además, que esa causa sea manifiesta, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Ello obedece a que la improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, la Ley de Amparo o la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver de fondo la cuestión planteada. La improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes, y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda. Así, se estima que la decisión de la Suprema Corte de obligar a las personas privadas de su libertad a que agoten el procedimiento señalado en la Ley Nacional de Ejecución Penal, cuando reclamen las omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento, resulta aplicable independientemente del derecho humano que se señale como vulnerado con tal omisión. Corolario de lo anterior, se considera que en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, lo que conlleva a desechar de plano la demanda de amparo. Cabe precisar que en similares términos se pronunció el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Decimosexto Circuito, al resolver el amparo en revisión 362/2018, en sesión de catorce de febrero de dos mil diecinueve, en el que sobreseyó en el juicio de amparo 681/2018-I del índice de este juzgado, al actualizarse la causal de improcedencia aquí analizada; lo que se invoca como hecho notorio en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. En cumplimiento a los artículos 42 y 43 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública en el Consejo, 71 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y el numeral 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, realícense las acciones necesarias a fin de generar oportunamente la versión pública de la presente determinación, para que pueda ser consultable por el público en general. Se exhorta a las partes para que, de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, así como para que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales. Comuníquese a las partes que desde este momento se autoriza la expedición de las copias que soliciten durante el trámite del presente juicio, lo anterior con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente en vista de lo prevenido por el numeral 2º de la Ley de Amparo.

  4. Principal

    Parte quejosa pretende cumplir prevención. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con su numeral 2°, agréguese a los autos el escrito presentado por ********************, defensor público del aquí quejoso privado de la libertad ********************, mediante el cual pretende cumplir con el requerimiento que se le formuló en proveído de diecisiete de mayo del año en curso; empero únicamente atiende a cabalidad el requerimiento que le fue formulado en el inciso a. más no así el señalado en el inciso b. así como el precisado en el romano V. de dicho proveído, dado que si bien relata los antecedentes del acto reclamado, también verídico es, que nada dijo respecto a las denominaciones actuales y correctas de las autoridades que señaló con el carácter de responsables en la demanda de amparo, así como tampoco nada expresó sobre la vista que le fue otorgada con relación a los actos que aquí se reclaman tienen estrecha vinculación con aquellos que fueron materia de pronunciamiento en la controversia judicial ********************, del índice del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Guanajuato. II. Se requiere nuevamente. En consecuencia, resulta necesario requerir nuevamente a la parte quejosa, a efecto de que, a la brevedad, se entreviste con su defendido y de manera coordinada (a efecto de evitar expresiones o desahogos contradictorios), esto es, en un solo escrito, cumpla con lo siguiente: Señalen con precisión las denominaciones correctas de las autoridades a quienes les atribuye el acto que en esta vía constitucional pretende reclamar. Lo anterior es así, toda vez que en principio señala un listado en forma genérica sin precisar su adscripción, área o dependencia al cual pertenecen, de ahí que se genera duda sobre cuál o cuáles son las autoridades a las que les atribuye el acto reclamado. Requerimiento que se torna necesario, a efecto de no retardar el procedimiento de manera innecesaria con autoridades inexistentes, aunado a un desgaste de recursos materiales y humanos, y en contravención de brindar justicia pronta y expedita en el presente asunto, tal y como lo consagra el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Máxime que con dicha prevención se garantiza el inicio y conducción adecuada del proceso constitucional, a lo que debe añadirse que la facultad de suplir la queja a la que se contrae la fracción III, del artículo 79, de la Ley de Amparo, no tiene el alcance de averiguar cuál es la responsable a la que se quiso demandar y no se hizo correctamente. Para el caso particular es aplicable la tesis visible en la página 186, Tomo XII, de Septiembre de 1993, Octava Época publicada en el Semanario Judicial de la Federación de rubro siguiente: "AUTORIDADES RESPONSABLES. OBLIGACIÓN DEL QUEJOSO DE SEÑALAR CON PRECISIÓN QUIENES SON LAS.". II. Se reitera vista al directo quejoso. Ahora bien, tomando en consideración que el quejoso ni el defensor público federal nada manifestaron respecto a la vista que les fue otorgada respeto a lo manifestado en el escrito de aceptación y protesta del cargo conferido del defensor público federal, en el que expresó que, los actos que aquí se reclaman tienen estrecha vinculación con aquellos que fueron materia de pronunciamiento en la controversia judicial ********************, del índice del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Guanajuato, y que la misma (controversia) ya ha sido resuelta, por lo que considera que han cesado los efectos del acto que se reclama en esta sede constitucional; dese nueva vista a al directo quejoso y a su defensor, para que en el plazo concedido en supralíneas, el segundo se entreviste con el primero y de forma conjunta, esto es en un solo escrito, manifiesten lo que a sus intereses legales convengan respecto de la continuación o no del presente sumario constitucional y únicamente respecto de los actos señalados en la demanda de amparo; en el entendido de que para el caso de no realizar manifestación alguna al respecto, se proveerá lo que en derecho corresponda. Ahora bien, en proveído de diecisiete de mayo de dos mil veintitrés, se hizo saber que contaba con el plazo de cinco días, contado a partir del día siguiente al en que surtiera efectos la notificación de dicho proveído, la cual se realizó tanto al directo quejoso como al defensor público federal el veintidós de mayo pasado, surtiendo efectos dicha notificación al día siguiente hábil (veintitrés de mayo de dos mil veintitrés), y toda vez que el veintiséis de mayo del año en curso, presentó en la oficialía de partes de este órgano de control constitucional, el escrito de cuenta, con el que pretende cumplir con el requerimiento formulado en autos, indíquese a la parte quejosa que cuenta con dos días para cumplir con la prevención de mérito, cómputo que se reanudará el día siguiente al en que surta efectos la notificación que del presente auto se le practique. Como se señaló, resulta aplicable el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis jurisprudencial 2ª/J.106/2003, visible en la página 133, del Tomo XVIII, de Noviembre de dos mil tres, Novena Época, publicada en el semanario Judicial de la federación y su Gaceta, de rubro siguiente: "AMPARO. ACLARACIÓN DE DEMANDA. SI LA PROMOCIÓN DE CUMPLIMIENTO SE PRESENTA ANTES DE TÉRMINO, EL JUEZ DEBE ACORDAR SI SE ACATÓ LA PREVENCIÓN, SEÑALANDO, EN SU CASO, LAS OMISIONES, PARA DAR OPORTUNIDAD AL PROMOVENTE DE SUBSANARLAS, PERO DENTRO DE AQUEL TÉRMINO." Hágasele saber a la parte peticionaria del amparo que subsiste el apercibimiento decretado el diecisiete de mayo del año en curso, en caso de incumplimiento.

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