Juan Manuel González Ramírez
Expediente 864/2022 tramitado ante el Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Guanajuato. 10 actuaciones registradas, la última del 6 de junio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 864/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 06/06/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Juan Manuel González Ramírez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
CERTIFICACIÓN DE ARCHIVO.
- Principal
Juzgado remite escrito. Agréguese el oficio de cuenta signado por la titular del Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en Irapuato, mediante el cual remite un escrito; por tanto, se provee: Quejoso solicita entrega de medicamento sea de manera personal. Téngase recibido el escrito signado por ***, mediante el cual solicita se requiera al personal de cocina del Centro Federal de Readaptación Social 12 "CPS-Guanajuato", a efecto de que le hagan entrega de los alimentos de manera personal dado que, según, puede ser víctima de ***; por tanto, a efecto de no dejar en estado de indefensión al promovente, remítase copia simple del ocurso de que se trata a ese lugar de internamiento a efecto de que se provea lo conducente en relación a lo peticionado. En el entendido que en este asunto, mediante proveído de diez de octubre de dos mil veintidós causó estado el acuerdo en que se tuvo por no presentada la demanda de amparo y se ordenó su archivo.
- Principal
Asesor jurídico federal pretende desahogar prevención. Agréguese el escrito signado por el asesor jurídico federal del quejoso, mediante el cual pretende cumplir la prevención formulada en autos; sin embargo, de la certificación que antecede se advierte que el escrito de cuenta fue presentado extemporáneamente, ya que el último día con el que contaba para ello fue el veintiuno de septiembre de este año, mientras que la promoción de cuenta fue presentada hasta el veintidós de septiembre siguiente. Por tanto, con fundamento en lo establecido por el artículo 114 de la Ley de Amparo, se hace efectivo el apercibimiento inserto en el acuerdo de cinco de septiembre de este año y se tiene por no presentada la demanda de amparo. No obstante ello, en el supuesto de que el referido escrito hubiese sido presentado oportunamente, del estado de autos se advierte que no habría lugar a tramitar la presente demanda de amparo, pues en el caso se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 61, fracción XIX, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIX. Cuando se esté tramitando ante los tribunales ordinarios algún recurso o medio de defensa legal propuesto por el quejoso que pueda tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto reclamado." [.] El precepto legal en comento consigna la causa de improcedencia que establece que en caso de reclamar en juicio de amparo un acto que sea materia de un recurso o medio de defensa en trámite que haya sido interpuesto por la parte quejosa, mediante el cual pueda ser modificado, revocado o nulificado dicho acto, el juicio de amparo resulta improcedente. Para materializarse la citada hipótesis de improcedencia se requieren los siguientes elementos: 1) Que sea la parte quejosa quien haya interpuesto el recurso o medio legal de defensa en contra del acto de autoridad contra el cual solicite amparo; 2) Que el recurso o medio de defensa haya sido admitido y se encuentre en trámite; y, 3) Que el recurso o medio de defensa legal constituya la vía idónea de impugnación para conducir a la insubsistencia legal del acto de autoridad señalado como acto reclamado en el juicio de amparo. Sirve de apoyo, por las razones que la informan, el criterio sostenido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, contenido en la jurisprudencia P./J. 144/2000, que indica lo siguiente: "IMPROCEDENCIA. LA CAUSAL PREVISTA EN LA FRACCIÓN XIV DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO REQUIERE QUE EL RECURSO O DEFENSA LEGAL PROPUESTO SE HUBIERA ADMITIDO, SE ESTÉ TRAMITANDO AL RESOLVERSE EL AMPARO Y SEA EL IDÓNEO PARA OBTENER LA REVOCACIÓN O MODIFICACIÓN DEL ACTO RECLAMADO. La causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XIV, de la Ley de Amparo se actualiza cuando concurran las siguientes circunstancias: a) Que sea el quejoso quien haya interpuesto el recurso o medio legal de defensa en contra del acto de autoridad contra el cual solicite amparo; b) Que el recurso o medio de defensa haya sido admitido y se esté tramitando cuando se resuelva el juicio de garantías; y, c) Que el recurso o medio de defensa legal constituya la vía idónea de impugnación para conducir a la insubsistencia legal del acto de autoridad señalado como acto reclamado en el juicio de amparo. Esa interpretación se justifica, por un lado, porque el precepto de referencia exige que el recurso o medio de defensa pueda tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto de autoridad que sea materia del juicio constitucional, resultado que podrá obtenerse si el instrumento jurídico de defensa utilizado es el apropiado, esto es, que esté instituido expresamente por la ley y regido por un procedimiento para su tramitación, oponible frente a una resolución que lesione los intereses de la parte que se dice afectada y mediante el que se pueda lograr la invalidación o la modificación de la resolución impugnada; y, por otro, porque de acuerdo con el principio del contradictorio, el tribunal debe otorgar a las partes la oportunidad de ser oídas en defensa de sus derechos, esto es, debe atender si el agraviado está en posibilidad de ser oído en el recurso o medio de defensa que hubiera propuesto ante la autoridad responsable o su superior jerárquico, para lo cual es indispensable que esté demostrada fehacientemente la admisión del recurso, pues la simple presentación del escrito respectivo no implica que se le dé la oportunidad de ser escuchado en defensa de sus derechos. En este orden de ideas, la causal de improcedencia en mención, únicamente puede considerarse actualizada cuando la parte interesada acredite que el recurso o medio de defensa hecho valer en contra del acto reclamado se esté tramitando simultáneamente con el juicio de garantías, correspondiendo al juzgador de amparo determinar si el medio legal de defensa que esté tramitándose simultáneamente al juicio de amparo, constituye o no la vía idónea de impugnación que pudiera tener como resultado la revocación, modificación o anulación del mismo acto contra el cual se solicita amparo." En el caso, se reúnen los requisitos antes aludidos, ya que el propio accionante del amparo fue quien hizo valer la controversia judicial 710/2022 ante el Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Guanajuato, la cual versa sobre los mismos actos reclamados en el presente sumario. Ello, pues en la promoción registrada en el libro de correspondencia de este órgano jurisdiccional con el número 19058, el quejoso conjuntamente con su asesor jurídico, precisaron el acto reclamado en los siguientes términos: "Que no sea reubicado del Dormitorio A, Módulo 8, Estancia 12"; con motivo de las amenazas que el quejoso refiere sufrir de parte de diversos internos. Mientras que de la diversa promoción registrada con el número 19512, se desprende que dentro de la referida carpeta de investigación el quejoso interpuso una petición administrativa de carácter urgente por su temor a ser reubicado de módulo, manifestando igualmente ser objeto de extorsiones, manipulaciones y amenazas de parte de diversas personas privadas de su libertad. Ante lo cual, el Administrador del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Guanajuato, ordenó al Director del Centro Federal de Readaptación Social número 12 "CPS-Guanajuato", de manera inmediata, realizar todas las acciones para mantener la seguridad, gobernabilidad y disciplina en el módulo en que se encuentra el quejoso e informó que con motivo de lo anterior se formó la carpeta de investigación número **. Asimismo, dicha controversia judicial se encuentra en trámite, por lo que tiene la naturaleza de un medio ordinario de defensa que puede tener como consecuencia la revocación, modificación o nulificación de los actos aquí reclamados. En relación con el contenido del precepto legal transcrito y para comprender el significado de defensa legal, tenemos que atender en primer término no sólo al principio de impugnación, sino también al derecho de todo gobernado de tener la posibilidad de acudir ante las instancias legales en defensa de sus intereses y derechos. Por ello, la connotación de defensa legal que prevé la fracción XIX del artículo 61 de la Ley de Amparo, no debe interpretarse en forma restrictiva o limitada, sino de la manera más amplia que comprenda cualquier instrumento, derecho procesal o acción que comprenda la posibilidad del gobernado de obtener la modificación, revocación o nulidad del acto reclamado. Esto, porque el principio que subyace de la citada causal de improcedencia es el de definitividad que rige en el juicio de garantías, entendiéndose por éste como condición general, que el acto que se ataque en el juicio de amparo por considerarlo violatorio de garantías constitucionales, debe ser un acto definitivo, en el sentido de que ya no pueda ser impugnado por ningún medio y cuya interposición de éste, pueda dar lugar a su modificación, revocación o anulación. De esa forma, que para que proceda el juicio de garantías, debe tratarse de 'actos definitivos' en la acepción que la propia legislación da de dichos actos, por lo que resulta lógico que la inobservancia del principio, traiga como consecuencia - también por regla general - la improcedencia de la acción constitucional intentada. En efecto, la fracción XIX del antes citado artículo 61 de la Ley de Amparo establece como causal de improcedencia la derivada del hecho de que se encuentre en trámite algún recurso o defensa legal que pudiere interponerse contra las resoluciones judiciales o de tribunales administrativos o del trabajo reclamadas; en todos estos supuestos, el acto reclamado carece de definitividad y no es, por consiguiente, reclamable en amparo. En este sentido debe señalarse que el principio de definitividad en su doble connotación, es decir, como presupuesto de procedencia y como causa de improcedencia del juicio de amparo, es una regla de aplicación general, opera cuando la parte quejosa ha tomado la decisión de impugnar a través de los medios que prevé la ley, la legalidad del acto reclamado y a su vez ocurre ante la potestad federal a promover el juicio de amparo. Por ello, el legislador consideró la improcedencia del juicio de garantías cuando esté en trámite un medio de defensa legal a través del cual puede modificarse, revocarse o nulificarse el acto reclamado, pues en ese caso, el acto reclamado se encuentra sub júdice, al encontrarse pendiente una decisión que puede modificar, revocar o nulificar el acto reclamado y, por lo mismo, éste carece de la calidad de acto definitivo. Por tanto, la controversia judicial que la parte quejosa promovió, constituye un medio de defensa legal que tiene por objeto obtener la revocación, modificación o nulidad del acto reclamado en el juicio de garantías. Entonces, aunque en el texto de la fracción XIX del artículo en cita no se mencione expresamente qué debe entenderse por 'defensa legal' y si ésta debe estar prevista en la ley para ser utilizada dentro del procedimiento del que derivan los actos reclamados ante las autoridades que los emiten; no debe perderse de vista que el legislador al señalar como procedente el trámite de una defensa legal con la que pueda revocarse, modificarse o nulificarse el acto reclamado, lo hace desde la perspectiva jurídica de que el juicio de garantías no puede subsistir simultáneamente con aquél ante la eventualidad de sentencias contradictorias. De ahí que, al existir la posibilidad de que el acto reclamado pueda sufrir una variante por existir un medio de defensa legal en trámite que lo pueda alterar, es indudable que el juicio de garantías resulta improcedente, en virtud de que en caso contrario, podrían generarse resoluciones antagónicas. Sin que ello implique dejar en estado de indefensión al peticionario, en virtud de que al resolverse la controversia judicial planteada en caso de resultar desfavorable a sus intereses, tiene expedito su derecho para acudir, en su caso, ante esta instancia constitucional. Orienta a lo anterior la tesis aislada sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, de rubro y texto siguiente: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO POR ENCONTRARSE PENDIENTE UN RECURSO O DEFENSA LEGAL INTERPUESTO CONTRA EL ACTO RECLAMADO. Conforme a lo preceptuado por el artículo 73, fracción XIV, de la Ley Reglamentaria del juicio de garantías, éste resulta improcedente cuando se está tramitando, después de la presentación de la demanda y antes de que se falle el amparo, algún recurso o defensa legal propuesto por el quejoso ante los tribunales ordinarios, que pueda tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto reclamado". En tales circunstancias, como se adelantó, en el presente caso, aunque la parte quejosa hubiese cumplido oportunamente la prevención que le fue formulada, de cualquier forma se actualizaría de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia prevista en la fracción XIX del artículo 61 de la Ley de Amparo, por lo que, en su caso, procedería desechar de plano la demanda en estudio, atento a lo dispuesto en el precepto 113 del ordenamiento legal en cita. Precisión que esta Juzgadora estima pertinente realizar, con la finalidad de salvaguardar el derecho de acceso a la justicia del quejoso, en su calidad de persona privada de la libertad. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE AL QUEJOSO Y A SU ASESOR JURÍDICO FEDERAL.
- Principal
CUENTA. En la ciudad de León, Guanajuato, el veintidós de septiembre de dos mil veintidós, la secretaria da cuenta con un oficio y anexo, registrado en el libro de correspondencia bajo el número 19512. Conste. León, Guanajuato, veintidós de septiembre de dos mil veintidós. Vista la cuenta que antecede se provee: Autoridad informa estado procesal de controversia. Agréguese el oficio signado por el Administrador del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Guanajuato, mediante el cual, en cumplimiento al requerimiento que le fue formulado en proveído dictado el pasado diecinueve de septiembre, informa que el diecinueve de agosto de dos mil veintidós ordenó formar la controversia ** de su índice, con motivo de la petición administrativa de carácter urgente respecto de las manifestaciones realizadas por el aquí quejoso en torno a ser objeto de extorsiones, manipulaciones y amenazas de parte de diversos internos, misma que actualmente se encuentra en trámite. Asimismo, informa que con motivo de lo anterior se formó la carpeta de investigación número ** De igual forma, indica que las constancias relativas a dicha controversia quedan a disposición de este órgano jurisdiccional para su consulta mediante el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); por tanto, comisiónese a la analista Jurídico SISE adscrita haga las gestiones correspondientes para que se realice la vinculación de ese asunto con el que se actúa. En consecuencia, una vez que se encuentre habilitada su consulta, analícense las referidas constancias, a fin de estar en condiciones de proveer lo conducente, una vez que la parte quejosa cumpla con la prevención que le fue formulada en autos. NOTIFÍQUESE. Así lo acordó y firma Paola Patricia Ugalde Almada, Jueza Decimoprimera de Distrito en el Estado de Guanajuato, quien actúa asistida de Alexandra Peña Becerra, secretaria que da fe. Doy fe. Firmado electrónicamente. GGM
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