Juan Manuel Gonzalez Ramírez
Expediente 1586/2016 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 4 actuaciones registradas, la última del 8 de febrero de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 1586/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 08/02/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Juan Manuel Gonzalez Ramírez
Actuaciones
- Principal
El auto por el que se SOBRESEYÓ FUERA DE AUDIENCIA en el presente juicio de control constitucional; HA CAUSADO ESTADO DICHA DETERMINACIÓN. Archívese como asunto concluido. Este expediente es destruible.
- Principal
Notificación por medio de lista al quejoso Juan Manuel González Ramírez. Visto el oficio y anexo de cuenta, téngase al Director General del Centro Federal de Readaptación Social número 12 "CPS-Guanajuato", con residencia en Ocampo, Guanajuato, cumpliendo con el requerimiento formulado en proveído de seis del actual mes y año, anexando copias certificadas de las constancias que así lo acreditan, e informado que el quejoso Juan Manuel González Ramírez, egresó de ese centro penitenciario por traslado a diverso centro. Ahora bien, de las constancias citadas en el párrafo que antecede, se desprende que el accionante Juan Manuel González Ramírez, egresó por traslado del Centro Federal de Readaptación Social número 12 "CPS-Guanajuato", con sede en Ocampo, Guanajuato, al Centro de Prevención y Reinserción Social del Estado de Chihuahua, lo cual se acredita con el acta número 1486/2015, signada por el Director General del Centro Federal de Readaptación Social número 12 "CPS-Guanajuato", con sede en Ocampo, Guanajuato. Se advierte que el acto reclamado en este juicio, el quejoso lo hizo consistir, en las diversas órdenes de traslado de las que fue objeto. Siendo así, con fundamento en la fracción V, del artículo 63 de la Ley de Amparo, se sobresee fuera de audiencia en el presente juicio de garantías, toda vez que se advierte actualizada de forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo, la que por ser una cuestión de orden público, debe analizarse en forma preferente y aun de oficio, según lo dispuesto por el numeral 62 del mismo Ordenamiento. Ahora bien, para que se actualice este motivo de improcedencia, necesariamente deben reunirse los siguientes elementos: Que el acto reclamado no se haya nulificado, revocado o declarado insubsistente, de tal manera que formalmente exista en la vida jurídica; y, Que con posterioridad a la emisión del acto, por cualquier causa, haya desaparecido su objeto o materia sobre el cual rigió en forma eficaz. De llegar a darse esos requisitos, el juicio de amparo resulta improcedente, pues aun en el caso de que el peticionario llegare a obtener la protección constitucional, ésta no tendría efectos prácticos, puesto que no habría forma de restituirle sobre un derecho o cosa que ya no existe o no se encuentra en su esfera de intereses. Así, podemos concluir que el motivo de improcedencia en análisis se actualiza cuando los efectos del acto de autoridad impugnado no se han concretado en la esfera jurídica del quejoso, ni se concretarán, en virtud de la modificación del entorno en el cual éste se emitió, por lo que en caso de concluirse que el mismo es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir a los amparistas en el goce del derecho fundamental que se estime violado, o bien, ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, lo que generalmente sucede cuando la situación jurídica que surgió con motivo de la omisión por parte de autoridad, aun cuando éste subsiste, se modifica sin dejar huella alguna en la esfera jurídica del gobernado, susceptible de reparación, lo que impide que ese preciso acto y sus efectos trasciendan a este último y que, por ende, el fallo protector cumpla con su finalidad. Cobra aplicación al caso, la tesis 2a. XCIX/2000, visible en la página 357, del tomo XII, Agosto de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, instancia Segunda Sala, cuyo rubro y texto son: En este contexto, en virtud de que el acto reclamado (las diversas órdenes de traslado), a causa de la orden de egreso del quejoso por traslado del Centro Federal de Readaptación Social número 12 "CPS-Guanajuato", con sede en Ocampo, Guanajuato, al Centro de Prevención y Reinserción Social del Estado de Chihuahua, en virtud del acta número 1486/2015, signada por el Director General del Centro Federal de Readaptación Social número 12 "CPS-Guanajuato", con sede en Ocampo, Guanajuato; es claro que los efectos perniciosos del acto de autoridad impugnado, como sería las ordenes de traslado de las que fue objeto el impetrante, no se ha concretado en su esfera jurídica, ni se concretará, en virtud de que el entorno en el cual dicha acto se emitió, se modificó, pues en este momento, el solicitante de la tutela federal ya egresó del Centro Federal en donde se encontraba. Por ello, se estima que en el caso cobra vigencia la causa de improcedencia a la que nos hemos referido, pues a pesar de que el acto reclamado subsiste, ya que no existe constancia que demuestre fehacientemente lo contrario, no puede surtir efecto legal o material alguno, pues el objeto del mismo dejó de existir. En mérito de lo anterior, es que se estima actualizada de forma indudable y manifiesta la causa de improcedencia prevista por la fracción XXII del artículo 61 de la Ley de Amparo y, por ello, como se dijo, con fundamento en lo dispuesto en el numeral 63, fracción V del propio cuerpo normativo, se sobresee en el presente juicio de garantías fuera de audiencia. En mérito de lo anterior, se dejan insubsistentes las diez horas con diez minutos del diecinueve de enero de la presente anualidad, señaladas para que tuviera verificativo la audiencia constitucional, así como las providencias dictadas en este juicio. Túrnense los presentes autos a la actuaría judicial de la adscripción, a fin de que se sirva notificar al impetrante Juan Manuel González Ramírez, el auto de cuatro de los corrientes, el presente proveído y las subsecuentes notificaciones por medio de lista, aún las de carácter personal.
- Principal
Vista la razón actuarial que antecede, se advierte que no fue posible notificar al quejoso, conforme a lo ordenado en proveído de cuatro del actual mes y año, toda vez que dicha persona egresó por traslado de ese Centro Federal, en tal virtud, se acurda: Con fundamento en el artículo 75 de la Ley de Amparo, se requiere al Director General del Centro Federal de Readaptación Social número 12 "CPS-Guanajuato" en Ocampo, Guanajuato, para que dentro del término de tres días contados a partir de que se le notifique el presente auto, remita a este órgano jurisdiccional, copia certificada, del acta de egreso del quejoso de mérito. Se le apercibe de que en caso de no cumplir con lo requerido dentro del plazo otorgado, se le impondrá una multa.
- Principal
Agréguense a los autos el oficio y anexo enviados por la autoridad responsable Comandante de Seguridad Penitenciaria del Centro Estatal de Prevención y Reinserción Social de Valle de Santiago, Guanajuato; con fundamento en lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se le tiene rindiendo informe con justificación, al cual adjunta copia certificada de las constancias donde emana el acto reclamado, con lo que se ordena dar vista a las partes y relacionarlo en la audiencia constitucional. Por otro lado y en atención al oficio signado por la Subdirección Jurídica del Centro Estatal de Prevención y Reinserción Social de Valle de Santiago, Guanajuato; téngasele manifestando que el guardia de seguridad Pedro Soto Rosales no existe dentro de la plantilla de seguridad de dicho centro, y por lo que respecta a los guardias mencionados por la parte quejosa en apelativos y a los que se les dirigió el oficio 11084, se encuentra imposibilitada para rendir el informe correspondiente, toda vez que en esa institución se conoce a las personas por su nombre de pila y no por apelativos. En consecuencia, dése vista al quejoso por el término de tres días, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndole que de no manifestar nada al respecto, se tendrá por no presentada su demanda de amparo únicamente por lo que atañe a los guardias de seguridad penitenciaria y que fueron señalados como responsables. NOTIFÍQUESE; HÁGASE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.
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