Juan Manuel González Pinerda y Otros.
Expediente 450/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 14 actuaciones registradas, la última del 29 de julio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 450/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 14
- Última actuación
- 29/07/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Juan Manuel González Pinerda y Otros.
- Dulce Marisol Vega Romero y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 14.
- Principal
Visto el estado que guardan los autos, se advierte que ha transcurrido el plazo de diez días establecido en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de revisión, en contra del auto de seis de julio de dos mil veintidós, mediante el cual este órgano jurisdiccional sobreseyó fuera de audiencia constitucional en el presente juicio, sin que se haya hecho valer; por tanto, se declara firme dicho proveído. Sin que pase inadvertido para este juzgador el hecho de que se carezca con los acuses de recibo de los oficios con los que se les notificó la determinación referida a las autoridades responsables, a fin de computar si les trascurrió o no el plazo para interponer el recurso de revisión, toda vez que éstas carecen de legitimación para interponerlo, debido a que esa resolución no les depara perjuicio alguno en razón de que se sobreseyó respecto del acto que se le reclamó. Notifíquese lo anterior a las autoridades responsables y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Archívese el expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido; el que al no encontrarse en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se considera que no es de relevancia documental. El presente expediente, a consideración del suscrito será susceptible de depuración una vez que transcurran tres años de haberse ordenado su archivo, de conformidad con el punto 7.4. del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, en relación con el artículo 18 del citado Acuerdo General, por lo que deberá conservarse la demanda, el auto donde se decretó la suspensión de plano, las resoluciones recurridas, la sentencia que puso fin al presente asunto, así como el presente acuerdo. Finalmente, toda vez que la parte quejosa omitió manifestar si está o no de acuerdo en que de efectuarse la publicación del contenido del expediente aparezcan sus datos personales; con fundamento en los artículos 3, 104, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Federal, se le tiene aceptando que se publiquen dichos datos.
- Principal
Agréguese únicamente para que obre como corresponda el oficio remitido vía correo electrónico el Apoderado Legal de la Secretaría de Salud e Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato, mediante el cual informa que la niña de iniciales S. G. V., no acudió a la cita programada para su valoración, sin que haya lugar a mayor pronunciamiento respecto de su contenido, toda vez que el seis de julio del año en curso se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio.
- Principal
Agréguese en autos únicamente para que obre como corresponda el oficio signado por la secretaria de acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Decimosexto Circuito, toda vez que el cinco de los actuales se acordó lo relativo a la devolución del testimonio de la resolución pronunciada en el recurso de queja administrativo 597/2022, interpuesto el Subdirector de Recursos Administrativos adscrito a la Oficina de la Abogada General de la Secretaría de Salud, en representación de la Secretaría de Salud, con residencia en la Ciudad de México. Acúsese recibo a la superioridad del legajo de copias que adjuntó al escrito que se acuerda.
- Principal
Visto el estado de autos, se advierte que en el caso se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del numeral 61 de la ley de la materia que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." El análisis gramatical de tal disposición permite precisar que según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, el verbo "cesar" significa dejar de hacer lo que se está haciendo, y el "efecto" es, lo que sigue en virtud de una cosa, el fin para el que se hace una cosa. Respecto de la causal de improcedencia en comento, el tratadista Alfonso Noriega en su obra titulada Lecciones de Amparo, Editorial Porrúa, Sociedad Anónima, fojas 497 y 498, opina que de acuerdo con el contexto de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo abrogada (de idéntica redacción a la fracción XXI del numeral 61 de la Ley de Amparo vigente), se puede afirmar que han cesado los efectos del acto reclamado "cuando estos se suspenden o acaban, cuando la autoridad de quien emana deja de hacerlo; o bien, en otras palabras, cuando lo revoca o deroga."; luego, puntualiza que para que sea aplicable esta improcedencia es necesario "que el acto reclamado y los efectos que haya producido, sean totalmente revocados o derogados por la autoridad responsable", puesto que el efecto legal y natural de la sentencia de amparo, es reponer a la quejosa en el goce de la garantía violada, por lo que en consecuencia, para considerar que han cesado los efectos del acto reclamado "se necesita que aparezca una situación idéntica a la que habría existido, si el acto jamás hubiera nacido; es decir, el acto debe quedar insubsistente"; concluye que ".únicamente puede considerarse que han cesado los efectos de éste cuando se revoca por la autoridad responsable, o cuando se constituye una situación jurídica que definitivamente destruya la que dio motivo al amparo, de tal manera que en virtud de la nueva situación se reponga al quejoso en el goce de la garantía violada". De las precisiones realizadas se arriba a la convicción de que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o, también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruya la que dio motivo al amparo, de tal manera que por esa nueva situación, se reponga al quejoso en el goce de su derecho fundamental violado. Bajo esa óptica, cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del solicitante del amparo, al cesar su actuación, lo que implica no sólo la detención definitiva del acto de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañado o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En el presente caso, ****************, en representación de su hija de iniciales S. G. V., reclamó en esta instancia constitucional la omisión de incluir a los niños y adolescentes de cinco a diecisiete años de edad en la Política Nacional de Vacunación, y, por tanto, la omisión de aplicar la vacuna contra el virus SARS-CoV-2 para la prevención de la COVID-19 a la quejosa en cita, quien cuenta con seis años de edad. Sin embargo, resulta un hecho notorio para el suscrito que al día de hoy ya está contemplada la posibilidad de inoculación para la niña S. G. V. (quien cuenta con la edad de seis años), debiéndose ajustar a los programas, fechas y condiciones que determinen las autoridades responsables competentes, lo que así se corrobora de la propia página oficial del Gobierno Federal https://mivacuna.salud.gob.mx/index.php de la que se aprecia que el registro para los niños de cinco años o más se encuentra habilitado, como se verá a continuación. Datos que representan un hecho notorio en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, según la tesis I.3o.C.35 K (10a.), emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, de rubro: "PÁGINAS WEB O ELECTRÓNICAS. SU CONTENIDO ES UN HECHO NOTORIO Y SUSCEPTIBLE DE SER VALORADO EN UNA DECISIÓN JUDICIAL." De lo expuesto, se aprecia que a la fecha, el grupo al que pertenece la quejosa, quien actualmente tiene seis años de edad, se encuentra en proceso de vacunación, pues está abierto el pre-registro en la página de internet habilitada para ese efecto, a fin de que se le aplique la vacuna, además de que ya se han llevado a cabo campañas de vacunación y éstas son publicitadas por distintos medios de comunicación que resultan de fácil acceso para la población en general. De modo que, una vez registrada, las autoridades sanitarias deberán proporcionar el biológico que le corresponda, acorde con dichos instrumentos normativos y los lotes de vacunas que tengan disponibles para tal efecto. Por tales razones, actualmente la quejosa no se encuentra excluida del plan nacional de vacunación. queda demostrado que el acto omisivo aquí reclamado cesó a través de una conducta positiva, consistente en que el mencionado Plan Nacional de Vacunación sí contempla ya al grupo al que pertenece la quejosa y, por ello, basta con que se realicen los trámites necesarios ante la autoridad sanitaria competente, a fin de que sea inoculada. Consecuentemente, al quedar plenamente demostrada la causal de improcedencia en estudio, procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo fuera de audiencia constitucional, con fundamento en la fracción V del artículo 63 de la Ley de Amparo, y se deja sin efectos el señalamiento de hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional; lo cual hágase del conocimiento de las partes para los efectos legales procedentes, y las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo.
Quedan 10 actuaciones en este expediente
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