Juan Manuel González Gómez

Expediente 2204/2021 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 4 actuaciones registradas, la última del 11 de febrero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
2204/2021
Año
2021
Actuaciones
4
Última actuación
11/02/2022

Partes del expediente

  • Juan Manuel González Gómez

Actuaciones

  1. Principal

    Zapopan, Jalisco, once de febrero de dos mil veintidós.Causa ejecutoria.del estado procesal de autos, se advierte que ha transcurrido el plazo de diez días aludido en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hubiesen interpuesto recurso de revisión contra la sentencia dictada el veinte de diciembre de dos mil veintiuno, mediante la cual se sobreseyó en el juicio.En consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, se declara que ha causado ejecutoria la citada resolución.Orden de archivo.Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y archívese el expediente como asunto concluido. Orden de destrucción.En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expediente judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente expediente es susceptible de destrucción, en el plazo de tres años, debido a que se sobreseyó en el juicio.IV. Información reservada.Hágase saber para los efectos establecidos en el citado Acuerdo, que el presente expediente no contiene información reservada, como tampoco información de relevancia documental e histórica.V. Oposición de datos personales. De autos se advierte que las partes no manifestaron oposición a que sus datos personales se incluyeran en la publicación con motivo de las consultas solicitadas por terceros.VI. Devolución de documentos.De conformidad con lo dispuesto por el referido Acuerdo General, hágase del conocimiento que en el presente expediente no existe documento alguno, en original, que devolver a las partes.Notifíquese por lista física y electrónica.

  2. Principal

    Zapopan, Jalisco, seis de enero de dos mil veintidós. Estado procesal de autos.Visto el estado procesal que guardan las presentes actuaciones, se observa que no se cuenta con la constancia de notificación del oficio 31859/2021, dirigido a la Subsecretaria de Educación Superior de la Secretaria de Educación Pública, con el que se notifica el proveído de nueve de noviembre de dos mil veintiuno, en el que se le requirió su informe justificado respecto de la ampliación de demanda. Diferimiento.En razón de lo anterior, se difiere la audiencia constitucional programada para hoy y se fijan las nueve horas con dieciséis minutos del dos de febrero de dos mil veintidós, para su celebración.Notifíquese por lista física y electrónica.

  3. Principal

    V I S T O S, para resolver, los autos del juicio de amparo 2204/2021 promovido por ---------, por propio derecho, contra el acto que reclama de la Décimo Tercera Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco y,R E S U L T A N D O:PRIMERO. Presentación de la demanda. ------------, por propio derecho, mediante escrito presentado el once de noviembre de dos mil veintiuno, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, turnado a este juzgado federal, el dieciocho siguiente, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, por el acto reclamado y contra la autoridad siguientes: Actos reclamados:La omisión de avocarse a la demanda y señalar fecha para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones en el juicio laboral ------.Autoridad responsable:Décimo Tercera Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco.SEGUNDO. Trámite del juicio de amparo. Por auto de veintidós de noviembre de dos mil veintiuno, se admitió a trámite la demanda, se señaló hora y día para la celebración de la audiencia constitucional, se requirió a la autoridad responsable informe justificado, y se ordenó dar vista a la representante social de la adscripción tramitado el juicio de amparo de referencia por su cauce legal, se celebró la audiencia constitucional, con el resultado que se asienta en el acta respectiva y que forma parte de esta resolución.C O N S I D E R A N D O:PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Sexto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, tiene competencia legal para conocer y resolver el juicio de amparo, con fundamento en los numerales 103, fracción I y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 1, 37, 107, fracción V, de la Ley de Amparo así como los diversos 57, 60 y 61 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito por tratarse de una omisión en materia laboral que no cuenta la demanda de amparo en la jurisdicción territorial de este juzgado de distrito.SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. De conformidad con lo establecido en la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo, se procede a fijar los actos reclamados en la presente instancia.En esas condiciones, tenemos que los actos que se combate en el presente juicio de amparo son: De la Décimo Tercera Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco:La omisión de avocarse y, como consecuencia, señalar fecha para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones en el juicio laboral ----------. Por lo mismo, respecto de dicho acto versará el estudio de la procedencia y, en su caso, de fondo del juicio de amparo.TERCERO. Informe justificado. La Décimo Tercera Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco, fue omisa en rendir informe con justificación, no obstante de encontrarse notificada para ello, tal como se desprende de la constancia de notificación que obra en autos por lo tanto, con fundamento en el numeral 117, cuarto párrafo, de la Ley de Amparo, se presume cierto el acto reclamado.CUARTO. Causal de sobreseimiento. No obstante la de certeza del acto, no cabe realizar el análisis al fondo de la cuestión planteada, pues el amparo deviene en improcedente cuyo examen por ser de orden público es oficioso, tal y como lo ordena el artículo 62, de la Ley de Amparo.En la especie, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, pues la parte quejosa no acreditó contar con interés jurídico para promover este juicio en razón de que, como a detalle se explicará, no existen elementos de los que se demuestre que --------- sea parte en el juicio laboral que refiere en el escrito inicial de demanda. Primeramente, debe decirse que el interés jurídico es un presupuesto de procedencia en el juicio de amparo, que se impone como carga a la parte quejosa, en ciertos casos, para que demuestre la titularidad del derecho subjetivo que reclama, y que éste, se vio afectado esto es, quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por la Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico.Pues bien, en el caso, la parte quejosa aduce contar con un derecho subjetivo tutelado frente a la responsable, al argumentar que es parte actora en el juicio laboral -------, del índice de la Décimo Tercera Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco. Ahora, tomando en consideración que el quejoso, según lo manifiesta bajo protesta de decir verdad en su demanda de amparo, se duele de que la responsable ha omitido avocarse a la demanda presentada y, como consecuencia, señalar fecha para el desahogo de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, en el juicio laboral ----, por tanto, se veía obligado a demostrar que cuenta con un derecho subjetivo, esto es, acreditar que efectivamente, presentó el escrito de demanda, en su carácter de parte actora en ese juicio del índice de la Décimo Tercera Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco. Así, se tiene que la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, aplica en aquellos amparos en que se promueva en defensa de un interés jurídico, lo que se considera se actualiza en la especie, a la luz de las disposiciones relacionadas con ese precepto jurídico, así como, con las interpretaciones que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha emitido con respecto al requisito de procedibilidad consistente en el interés jurídico. Es aplicable la tesis aislada cuyo rubro y texto dicen: Décima Época Registro: 2010982 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 27, Febrero de 2016, Tomo I Materias: Común Tesis: 2a./J. 10/2016 10a. Página: 705 JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN Y DE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. LA REFORMA AL ARTÍCULO 1o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 10 DE JUNIO DE 2011, NO IMPLICA QUE LA EMITIDA CON ANTERIORIDAD A AQUÉLLA SE TORNE OBSOLETA. La citada reforma que dio origen a la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación, no implica que la jurisprudencia emitida en términos de los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo abrogada, con anterioridad a aquélla, se torne obsoleta, por el contrario, sigue vigente y es obligatoria. No obsta a lo anterior, el hecho de que tomando como sustento el cambio de parámetros que originó el nuevo contenido del artículo 1o. constitucional, los órganos autorizados para integrar jurisprudencia puedan variar algunos de los criterios sostenidos tradicionalmente, atendiendo para ello a las particularidades de cada asunto..Así es, los artículos 6 y 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, reglamentan el artículo 107 constitucional, así como, el 103 de la Carta Magna, conforme a su contenido antes de la reforma, en tratándose del interés jurídico en amparo contra actos de autoridad.Por lo que, para determinar qué debe entenderse por interés jurídico, y cómo debe acreditarse el mismo en amparo contra esos actos, conforme a la ley reglamentaria de ese artículo, de acuerdo a su anterior contenido, conviene tener en cuenta el contenido del numeral 6 de la Ley de Amparo:Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley.Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita..Asimismo, para definir al interés jurídico, de acuerdo a dichos numerales, que conforman la reglamentación del numeral 107, fracción I, de la Constitución, en cuanto al interés jurídico, en el juicio de amparo, conforme a los numerales transcritos, la otrora Sala Auxiliar de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitió la Jurisprudencia cuyo rubro y texto refieren: Séptima Época Registro: 245886 Instancia: Sala Auxiliar Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación Volumen 72, Séptima Parte Materias: Común Tesis: Página: 55 INTERES JURIDICO EN EL AMPARO, QUE DEBE ENTENDERSE POR PERJUICIO PARA LOS EFECTOS DEL. El artículo 4o. de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, prescribe que el juicio constitucional únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique el acto o la ley que se reclaman. Es presupuesto, de consiguiente, para la procedencia de la acción de amparo, de acuerdo con el ámbito conceptual de esa norma legal, que el acto o ley reclamados, en su caso, en un juicio de garantías, cause un perjuicio al quejoso o agraviado. Así lo ha estimado la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sus diversas tesis jurisprudenciales, la que ha llegado, incluso, a definir cuál es el alcance del concepto perjuicio, como podrá apreciarse si se consulta el Apéndice de Jurisprudencia de 1917 a 1965, del Semanario Judicial de la Federación, Sexta Parte, página 239, en donde se expresa que: El concepto perjuicio, para los efectos del amparo, no debe tomarse en los términos de la ley civil, o sea, como la privación de cualquiera ganancia lícita, que pudiera haberse obtenido, o como el menoscabo en el patrimonio, sino como sinónimo de ofensa que se hace a los derechos o intereses de una persona. Este Alto Tribunal de la República, en otras ejecutorias que desenvuelven y precisan el mismo concepto, es decir, lo que debe entenderse por perjuicio, ha llegado a estimar que el interés jurídico de que habla la fracción VI, ahora V, del artículo 73 de la Ley de Amparo, no puede referirse, a otra cosa, sino a la titularidad que al quejoso corresponde, en relación con los derechos o posesiones conculcados Tomo LXIII, página 3770 del Semanario Judicial de la Federación. Y es que la procedencia de la acción constitucional de amparo requiere, como presupuesto necesario, que se acredite la afectación por el acto reclamado, de los derechos que se invocan, ya sean estos posesorios o de cualquiera otra clase, como se sostiene, acertadamente, en la ejecutoria visible en la página 320, del Tomo LXVII del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Epoca. Sin duda, un acto reclamado en amparo, causa perjuicio a una persona física o moral, cuando lesiona, directamente, sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y es entonces cuando nace, precisamente, la acción constitucional o anulatoria de la violación reclamada en un juicio de garantías, conforme al criterio que sustenta la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la ejecutoria publicada en la página 2276, del Tomo LXX del mismo Semanario Judicial..De lo aseverado deriva, que la Superioridad ha sostenido que la afectación que un determinado acto de autoridad ocasiona al gobernado, debe probarse en términos del artículo 6, de la Ley de Amparo, en cuanto previene que el juicio de amparo solamente podrá promoverse por la parte a quien perjudique el acto o la ley que se reclama. Por consiguiente, de acuerdo con el referido numeral, conforme lo establecido en el criterio invocado, el agravio que resienta el gobernado debe ser actual y, por ende, la afectación que se cause también debe existir al momento de intentar la acción constitucional.De esta manera, la demostración del agravio que la parte quejosa aduzca, le causa la responsable al emitir el acto reclamado, así como la legitimación para recurrirlo, conforme al artículo 107, fracción I, constitucional, y acorde a sus normas reglamentarias, constituyen requisitos de procedibilidad para el estudio de la constitucionalidad del acto reclamado, pues, como se ha visto, se requiere en principio, que el acto de autoridad cause perjuicio al promovente y que éste a su vez, se encuentre legitimado para impugnarlo, de tal forma que sólo podrá analizarse el fondo del asunto es decir, determinar si el acto es o no inconstitucional, si se satisfacen dichos requisitos.Así es, pues el artículo 107, fracción I, de nuestra Carta Magna, señala que el juicio de amparo sólo procede a instancia de parte, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por la Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico.De acuerdo a la doctrina y jurisprudencia, asiste interés jurídico al quejoso cuando es titular de un derecho subjetivo público o privado que resulte lesionado por la ley reclamada. Así es, la existencia de un derecho subjetivo supone la reunión de tres elementos: un interés exclusivo, actual y directo el reconocimiento y tutela de ese interés por la ley, y que la protección legal se resuelva en la aptitud de su titular para exigir del obligado la satisfacción de ese interés mediante la prestación debida. El interés es exclusivo, actual y directo, si es personal, existe al momento de promover el juicio constitucional y el bien perseguido por él, conduce a la satisfacción de una necesidad del titular. Ese interés estará reconocido y protegido por la ley, cuando haya una norma jurídica creada para garantizar en forma directa e inmediata su satisfacción. Esto sucederá cuando de la norma surja una relación jurídica, en virtud de la cual una persona sujeto activo tenga el derecho de exigir la satisfacción de su interés, y otra persona sujeto pasivo que podrá ser un particular tratándose de derechos subjetivos privados tenga el deber de satisfacer tal interés a través de una prestación de contenido positivo, de dar o hacer, o de contenido negativo, de no hacer.La concurrencia de ambos extremos determina a su vez la presencia del otro elemento de acuerdo con la norma invocada: que para hacer efectiva la tutela del interés, el orden jurídico conceda a su titular los medios orientados a su satisfacción, que pueden consistir en recursos o acciones judiciales.Así, uno de los requisitos esenciales de todo derecho subjetivo es la existencia de una norma creada por el legislador con el propósito inmediato de tutelar el interés exclusivo, actual y directo del particular colocado en el supuesto.De lo dicho se concluye, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al referirse al concepto de parte agraviada, estatuye las características siguientes: Que aduzca ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo. Siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por la Constitución Con esa alegación, se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico.Como se observa, la obligación de acreditar el interés jurídico y afectación a la esfera jurídica al quejoso no fue suprimido de los presupuestos de procedencia del juicio de amparo, pues, esencialmente, la variación que tuvo dicho precepto constitucional, a partir del cuatro de octubre de dos mil once, fue esencialmente que al juicio de amparo ya no solamente podrán acceder aquellos que directamente se vean afectados en su esfera de derechos y obligaciones por un acto de autoridad, sino además, los que aduzcan tener un interés legítimo individual o colectivo, que por su especial situación frente al orden jurídico, se afecte su esfera jurídica.Lo que se tiene también, porque del análisis de la exposición de motivos de las reformas al artículo en cita, se observa que el principio de agravio personal y directo que se estipulaba en el numeral 107, fracción I, de la Carta Magna, no fue suprimido por el Poder Constituyente Reformador, sino que, se estimó mantener su vigencia, y además, dar apertura a que, aquellos que tengan un interés legítimo, ya sea colectivo o individual, tengan acceso también al juicio de amparo.Es decir, se amplió el concepto de parte agraviada, y a partir del cuatro de octubre de dos mil once, ya no únicamente tienen la posibilidad de promover el juicio de amparo, aquellos que detenten la titularidad de un derecho subjetivo que se haya visto afectado, sino además, aquellos que se encuentren en especial situación frente al orden jurídico, y que por esa razón, se afecte su esfera jurídica por un acto de autoridad.Con base en lo expuesto, se tiene que la forma de considerar el concepto de parte agraviada, dependerá de cada caso en concreto, es decir, de la manera en que el quejoso acuda al juicio de amparo y lo que aduzca que le causa un perjuicio.De ello, deriva que el quejoso acude al amparo, no por la vulneración a un interés legítimo, sino jurídico, con el que, dice, cuenta, esto es, el de parte actora del juicio natural, y que le causa perjuicio la omisión de la Décimo Tercera Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco, de avocarse y señalar fecha para el desahogo de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, en el juicio laboral ------.Bajo esta tesitura, si el juicio de amparo, como se vio, es procedente en contra de actos de autoridad, siempre y cuando se acredite el interés jurídico del impetrante de la protección federal resulta evidente que la afectación que un determinado acto de autoridad ocasiona a la parte quejosa, debe probarse en los términos establecidos en el numeral 5, fracción I, y 6, de la Ley de Amparo, cuando, como en el caso, se acude en defensa de un interés jurídico, pues su contenido reglamenta dos de los principios que continúan rigiendo el juicio de amaro, como lo son, el de instancia de parte agraviada y agravio personal y directo, en cuanto a que dichas disposiciones previenen que la sede constitucional, solamente podrá promoverse por la parte a quien perjudique el acto o la ley que se reclama.Por consiguiente, de acuerdo con los referidos numerales, el agravio que resienta el gobernado debe ser actual y, por ende, la afectación que se cause también debe existir al momento de intentar la acción constitucional.De esta manera, la demostración del agravio que a la parte quejosa le causa la omisión por parte de la autoridad responsable, constituye un requisito de procedibilidad para el estudio de la violación que se le atribuye a ese acto, pues, como se ha visto, de conformidad con el artículo 6, de la Ley de Amparo, se requiere que los actos causen perjuicio al solicitante del amparo, de tal forma que sólo podrá analizarse el fondo del asunto es decir, determinar si dicho acto atenta o no en contra de los derechos humanos reconocidos por la Constitución o por los Tratados Internacionales en que México es parte, o los derechos reconocidos por aquélla para la protección de los mismos, si se satisface el requisito previo del acreditamiento del derecho subjetivo y del consecuente perjuicio producido por el acto de autoridad al mismo.Sin que la parte quejosa, como se previno, acreditara la afectación a ese interés jurídico, por las razones que enseguida serán expuestas.En el caso, --------, reclama, la omisión de avocarse y señalar fecha para el desahogo de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, en el juicio laboral de origen. Sin embargo, este órgano jurisdiccional considera que la parte quejosa no acredita su interés jurídico y tampoco el perjuicio personal y directo que el acto que por esta vía reclama, hace a su esfera jurídica, tan es así que de autos no se advierte que éste haya ofertado medio de convicción idóneo de su parte, con el propósito de demostrar el interés que le asiste para instar el juicio de amparo.Pues bien, la parte quejosa omitió aportar algún elemento de convicción que acreditara su interés jurídico, esto es, que efectivamente es parte actora en el juicio obrero --------, del índice de la Décimo Tercera Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco así como, el que se pudiera elucidar a su vez, el actuar de la junta que se reclama.Así pues, no se tiene certeza de que el quejoso, efectivamente sea parte actora en dicho procedimiento laboral, pues como se dijo, no existe elemento de prueba que así lo demuestre en forma fehaciente.Sirve de sustento, la tesis aislada cuyo rubro y texto dicen: Séptima Época Registro: 251542 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación Volumen 133-138, Sexta Parte Materias: Laboral Tesis: Página: 214 INTERES JURIDICO, IMPROCEDENCIA DEL AMPARO DIRECTO, CUANDO EL LAUDO NO AFECTA EL. Siendo requisito para la procedencia del juicio de garantías que se afecten los intereses jurídicos del quejoso con el acto reclamado, sólo el que resulte afectado de esa manera podrá acudir a él por lo que si el laudo impugnado condena a una persona diversa del quejoso y no determina concreta y directamente a éste como condenado, no es de considerarse que exista esa afectación sin perjuicio de que pueda impugnar la ejecución de ese laudo en amparo indirecto, si se pretende ejecutar el propio laudo en su perjuicio.PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO.Amparo directo 925/76. José Izquierdo Alejandro. 5 de diciembre de 1979. Unanimidad de votos. Ponente: José Martínez Delgado. Secretaria: Nilda R.Muñoz V..incluso, como es bien sabido, los que litigan en un juicio son parte de éste, a quienes se les denomina actor y demandado, y son aquellas a quienes desde ese momento les nace el derecho a que la autoridad judicial declare o constituya un derecho o imponga una condena, o se les absuelva de las prestaciones reclamadas, respectivamente en otras palabras, parte es todo aquel que pide o contra el cual se pide en juicio una declaración de derecho, por tanto, son las únicas que en ese procedimiento pueden hacer uso de todo derecho que les consigne la ley, ya para demostrar su acción, ya para sus excepciones, así como de impugnar los acuerdos o resoluciones que les agravie, a través de los recursos correspondientes y, por ende, son la únicas facultadas, cuando les son transgredidos dentro de ese procedimiento sus derechos por la actuación de la autoridad, para acudir ante el órgano jurisdiccional federal, demandando el cese de esa violación.Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia de rubro y texto que dicen: Décima Época Registro: 2006144 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 5, Abril de 2014, Tomo I Materias: Común Tesis: P./J. 23/2014 10a. Página: 206 INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. CUANDO SE RECLAMAN VIOLACIONES PROCESALES Y EL QUEJOSO NO ACREDITA HABER SIDO PARTE EN EL JUICIO DE ORIGEN, SE DEBE DETERMINAR LA FALTA DE AQUÉL Y, POR ENDE, LA IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO, AUNQUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE NO HAYA RENDIDO SU INFORME JUSTIFICADO. La impugnación de violaciones procesales en el juicio de amparo indirecto requiere que el quejoso haya sido parte en el juicio ordinario del cual deriva el acto reclamado, pues sólo por ello es que cuenta con el derecho público subjetivo para que deba desplegarse correctamente la función jurisdiccional de la autoridad que conoce de su reclamo o donde deduce su defensa, y es uno de los presupuestos a verificar para establecer la procedencia del juicio, ya que el interés jurídico es un presupuesto para su procedencia, con fundamento en el artículo 73, fracción V, de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, debiendo ser este estudio, previo al análisis de fondo de la cuestión planteada. Por tanto, como la presunción de que es cierto el acto reclamado por haber sido omisa la autoridad responsable al no rendir informe justificado se refiere únicamente a la certeza de aquél, pero no a la de los actos o hechos diversos en que el quejoso basa su acción de amparo, se concluye que la falta de prueba que corrobore el dicho del quejoso de ser parte en el procedimiento del cual deriva el acto reclamado, lleva a determinar la falta de interés jurídico y, en consecuencia, la improcedencia del juicio de amparo. Consecuentemente, procede sobreseer en el juicio de garantías, conforme al artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Por lo anteriormente expuesto y fundado y con apoyo en los artículos 76 a 79, todos de la Ley de Amparo, se resuelve: ÚNICO. Se sobresee el juicio de amparo promovido por ---------, contra el acto que reclamó de la Décimo Tercera Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco, indicado en el considerando segundo, por las razones expuestas y por los motivos precisados en el considerando último de este fallo. Notifíquese por lista física y electrónica.

  4. Principal

    ZAPOPAN, JALISCO, VEINTIDÓS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. I. IMPOSIBILIDAD DE NOTIFICAR. VISTO EL CONTENIDO DE LA RAZÓN DE CUENTA, SUSCRITA POR EL ACTUARIO JUDICIAL ADSCRITO A ESTE JUZGADO FEDERAL, POR LA QUE HACE CONSTAR LA IMPOSIBILIDAD PARA NOTIFICAR A LA TERCERA INTERESADA -----------, EL AUTO DE DIECISIETE DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, POR LOS MOTIVOS QUE EXPONE; AGRÉGUESE A LOS AUTOS PARA LOS EFECTOS LEGALES CONDUCENTES. II. NOTIFICACIÓN POR LISTA. EN RAZÓN DE LO ANTERIOR, TÚRNENSE NUEVAMENTE LOS PRESENTES AUTOS AL ACTUARIO QUE CORRESPONDA, A FIN DE QUE REALICE LA ALUDIDA NOTIFICACIÓN, ASÍ COMO LAS SUBSECUENTES, AÚN LAS DE CARÁCTER PERSONAL, POR MEDIO DE LISTA, EN VIRTUD DE QUE A LA FECHA NO SE HA TENIDO A DICHA TERCERA APERSONÁNDOSE AL PRESENTE JUICIO. ES APLICABLE A LO ANTERIOR, LA JURISPRUDENCIA DE RUBRO Y TEXTO SIGUIENTES: "NOVENA ÉPOCA REGISTRO: 169843 INSTANCIA: PRIMERA SALA TIPO DE TESIS: JURISPRUDENCIA FUENTE: SEMANARIO JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN Y SU GACETA TOMO XXVII, ABRIL DE 2008 MATERIA(S): COMÚN TESIS: 1A./J. 20/2008 PÁGINA: 238 NOTIFICACIONES PERSONALES EN EL AMPARO. DEBEN REALIZARSE POR LISTA CUANDO NO PUEDAN PRACTICARSE PERSONALMENTE POR NO ENCONTRARSE ALGUIEN EN EL DOMICILIO SEÑALADO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. DE LA INTERPRETACIÓN ARMÓNICA DE LOS ARTÍCULOS 27 A 34 DE LA LEY DE AMPARO, SE ADVIERTE QUE HAY RESOLUCIONES -COMO LAS QUE CONTIENEN PREVENCIONES Y REQUERIMIENTOS- CUYA NOTIFICACIÓN DEBE PRACTICARSE PERSONALMENTE, Y QUE ANTE LA IMPOSIBILIDAD DE DICHA PRÁCTICA, YA SEA PORQUE NO SE SEÑALÓ DOMICILIO O PORQUE NO SE ESPERÓ AL NOTIFICADOR, LA REGLA ES QUE SE NOTIFIQUEN MEDIANTE LISTA. EN ESE SENTIDO, SI BIEN LA LEY INDICADA NO ESTABLECE CÓMO DEBE ACTUAR EL ÓRGANO JURISDICCIONAL ANTE LA IMPOSIBILIDAD DE NOTIFICAR PERSONALMENTE UN AUTO EN EL QUE SE PREVIENE A LA PARTE QUEJOSA EN EL DOMICILIO QUE DESIGNÓ PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES, CUANDO EL ACTUARIO QUE SE CONSTITUYE EN ÉSTE, NO ENCUENTRA A QUIEN DEBE NOTIFICAR, NI A SUS PARIENTES, EMPLEADOS DOMÉSTICOS O A ALGUNA PERSONA QUE VIVA AHÍ, DEBE ENTENDERSE QUE PARA LLEVAR A CABO LA DILIGENCIA, LA NOTIFICACIÓN DEBERÁ REALIZARSE POR LISTA. LO ANTERIOR, EN VIRTUD DE QUE DICHA EVENTUALIDAD PUEDE ENCUADRARSE EN LOS SUPUESTOS PREVISTOS EN LA LEY DE AMPARO, SEGÚN LOS CUALES, ANTE LA IMPOSIBILIDAD DE PRACTICAR LA NOTIFICACIÓN PERSONALMENTE, DEBE REALIZARSE POR LISTA, CON LO CUAL EL ÓRGANO JURISDICCIONAL CUMPLE CON EL COMETIDO DE HACER DEL CONOCIMIENTO DEL QUEJOSO LA RESOLUCIÓN EMITIDA, UTILIZANDO LAS FIGURAS PREESTABLECIDAS EN LA LEY MENCIONADA; ESTO EN EL ENTENDIDO DE QUE CORRESPONDE AL TITULAR DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL, A PARTIR DE LA RAZÓN ACTUARIAL EN LA QUE CONSTE QUE SE LLEVARON A CABO TODAS LAS ACTUACIONES POSIBLES PARA EFECTUAR LA NOTIFICACIÓN PERSONAL, DETERMINAR QUE ELLO FUE IMPOSIBLE Y, EN CONSECUENCIA, SE ORDENARÁ VÁLIDAMENTE QUE SE PRACTIQUE POR LISTA. ADEMÁS, LO ANTERIOR ES ASÍ PORQUE SI LA LEY DE AMPARO PREVÉ UNA SOLUCIÓN AL CASO PLANTEADO, ES INCONCUSO QUE RESULTA INNECESARIO ACUDIR A OTRA NORMATIVIDAD PARA RESOLVERLO, DE AHÍ QUE EN LA ESPECIE SEA INAPLICABLE SUPLETORIAMENTE EL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES.". NOTIFÍQUESE POR LISTA FÍSICA Y ELECTRÓNICA.

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