Juan Manuel Gómez Aspeitia

Expediente 611/2017 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 2 actuaciones registradas, la última del 21 de junio de 2017.

Datos del expediente

Expediente
611/2017
Año
2017
Actuaciones
2
Última actuación
21/06/2017

Partes del expediente

  • Juan Manuel Gómez Aspeitia

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado que guardan los autos, así como la certificación que antecede, se advierte que el proveído dictado el nueve de junio del año en curso, en el que este Juzgado desechó la demanda promovida por ************, no fue recurrida dentro del término legal de cinco días que dispone el artículo 98, párrafo primero, de la Ley de Amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que HA CAUSADO ESTADO. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente juicio como asunto totalmente concluido, el cual NO ES DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, dado que no satisface las condiciones del último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la nación y del Consejo de la Judicatura Federal. En cumplimiento al punto vigésimo primero, fracciones I y III, del acuerdo en cita, el presente expediente es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, una vez que transcurran cinco años, contados a partir de que se ordenó su archivo, puesto que se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal, lo dio por concluido.

  2. Principal

    Visto el escrito de demanda de amparo, presentado por ***********, contra actos de la Octava Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato y del Juez Único Civil de Partido de Apaseo el Grande, Guanajuato, fórmese cuaderno de amparo y expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), en el entendido de que se encuentra registrado con el número 611/2017. Del análisis integral de la demanda, se advierte que se impugna la determinación efectuada en la sentencia de dieciséis de mayo del año en curso, dictada por el Magistrado de la Octava Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato, en el toca de apelación 290/2017, derivado del auto de quince de marzo de dos mil diecisiete, emitido en el expediente ordinario civil ***, en que únicamente admitió las pruebas de *************, del índice del Juzgado Único Civil de Partido Judicial de Apaseo el Grande, Guanajuato. En tal apelación, únicamente consideró los agravios expuestos por Juan Manuel Gómez Aspeitia, no así los diversos formulados por *********** y como consecuencia de ello, únicamente modificó el auto recurrido y admitió una sola de las pruebas ofertadas por **************, y no las demás propias, ni de los diversos codemandados. De lo anterior se pone de manifiesto que el acto generador de la inconformidad en esta instancia constitucional fue emitido dentro de juicio, al encontrarse previsto el recurso de apelación en el artículo 90 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Guanajuato. Ahora bien, conforme a los numerales 112 y 113 de la Ley de Amparo, se impone la obligación de examinar el escrito de demanda, de manera que si se encontrase algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se desechará de plano sin suspender los actos reclamados; y, en la especie se advierte la concurrencia de un motivo de improcedencia. Consecuentemente, al tratarse el acto reclamado de una resolución dictada dentro de juicio, es inconcuso que no afecta de modo directo e inmediato alguno de los derechos sustantivos consagrados en la Constitución, sino únicamente derechos adjetivos o procesales, que no son de imposible reparación, por lo que se actualiza en forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia que deviene de relacionar la fracción XXIII del artículo 61, con la V del numeral 107, ambos de la vigente la Ley de Amparo y conforme lo dispuesto en el ordinal 113 del mismo ordenamiento, se desecha de plano la demanda. De ellos se extrae que tratándose de actos dentro de juicio, para determinar la procedencia del amparo indirecto, debe analizarse si tienen sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación, pues si es así, el juicio de amparo biinstancial resultará procedente, pero en el caso contrario, dicha vía constitucional resultará improcedente, debiendo reservarse el estudio de la violación impugnada, para el momento en que se reclame, vía amparo directo, la sentencia definitiva que ponga fin al juicio. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que los actos dentro de juicio que tienen una ejecución irreparable, para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto, son aquellos que afectan de modo cierto e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, en oposición a aquellos actos que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, pues en estos casos, la afectación no dejaría huella en la esfera jurídica de los quejosos, en caso de obtener sentencia favorable. Es aplicable al respecto, la jurisprudencia P./J. 24/92, consultable en la página 11, Tomo: 56, Agosto, de 1992, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, cuyos rubro y texto, se plasman enseguida: EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS.- El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio. En la especie, la parte demandante reclama la determinación efectuada en la sentencia de dieciséis de mayo del año en curso, dictada por el Magistrado de la Octava Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato, en el toca de apelación ***, derivado del auto de quince de marzo de dos mil diecisiete, emitido en el expediente ordinario civil ***, en que únicamente admitió las pruebas de ************, del índice del Juzgado Único Civil de Partido Judicial de Apaseo el Grande, Guanajuato. En tal apelación, únicamente consideró los agravios expuestos por *********, no así los diversos formulados por ************, y como consecuencia de ello, únicamente modificó el auto recurrido y admitió una sola de las pruebas ofertadas por ********** y no las demás propias, ni de los diversos codemandados. En el caso, se estima que el juicio de amparo indirecto contra el acto reclamado en cita, es improcedente, ya que no es acto dentro de juicio que tenga una ejecución de imposible reparación, pues no afecta de manera directa e inmediata ningún derecho sustantivo de la parte promovente consagrado en las garantías individuales, sino que sus efectos son meramente intraprocesales; es decir, el acto reclamado no incide en una afectación directa a derechos sustantivos del inconforme. Ello, ya que que únicamente se afectan derechos adjetivos y no sustantivos, al grado de que pueden ser reparados en sentencia definitiva, en caso de obtener un fallo favorable. Lo anterior, porque las violaciones procedimentales relativas a la no admisión de pruebas, en el momento en que se producen, sólo ocasiona una afectación a sus derechos adjetivos o procesales, pero con ello no se afecta de manera irremediable algún derecho fundamental contenido en las garantías individuales, haciendo tan sólo nacer la posibilidad de que ello ocurra al momento de resolverse la controversia en la medida de que la falta de desahogo de dichas pruebas, traigan como resultado un fallo adverso a los intereses de la parte quejosa, razón por la cual es necesario esperar hasta el dictado de la sentencia para poder combatirla mediante el juicio de amparo directo ante el Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente, una vez agotado el principio de definitividad, en caso de que así deba ser, y obtener un fallo definitivo no favorable a sus pretensiones, si la violación trascendió al resultado de la sentencia, podrá la parte demandante reclamarla en el juicio de amparo directo que en su caso promueva contra dicho acto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 170, 171 y 173, fracción X, de la Ley Reglamentaria de los preceptos 103 y 107 de la Constitución General de la República. Resulta aplicable al particular, por identidad de razón jurídica, la tesis: VI. 2o. J/258, instancia Tribunales Colegiados de Circuito, Octava Época, legible en la página 53, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Mayo de 1993, de rubro y texto del tener siguiente: PRUEBAS. AMPARO IMPROCEDENTE CONTRA EL AUTO QUE LAS DESECHA.- El desechamiento de las pruebas del quejoso puede originar que la sentencia le sea adversa; pero no significa que aquel acto sea de imposible reparación desde el momento en que está contemplado como una de las violaciones al procedimiento previstas por el artículo 159 de la Ley de Amparo. Al disponer el artículo 161 de esa misma ley que las violaciones procesales a que se refiere el artículo en consulta podrán reclamarse en la vía constitucional al promoverse la demanda contra la sentencia definitiva, se pretendía evitar que diversas actuaciones de un mismo procedimiento dieran origen a múltiples juicios de amparo, provocando el retraso en la resolución del asunto respectivo. Por ello se consideró que además del hecho de que podrían repararse en sentencia tales violaciones, era conveniente concentrar en una sola demanda la impugnación de aquellas actuaciones que trascendieran al fallo y que el propio legislador contempló en el artículo 159 de la Ley de Amparo. Así como la diversa tesis IV. 3°.111.K., sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, consultable en la página 489, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo:XV-II, Febrero de 1995, Octava Época, de rubro siguiente: PRUEBAS. DESECHAMIENTO DE. NO ES UN ACTO DE EJECUCIÓN IRREPARABLE PARA LA PROCEDENCIA DEL JUICIO BIINSTANCIAL.- Los actos procesales que pueden reclamarse en amparo indirecto son aquéllos que traen consigo una ejecución de imposible reparación, es decir, que por regla general el amparo biinstancial es improcedente para reparar violaciones cometidas en la secuela procesal, por ser propio del amparo directo siempre y cuando se cumpla con las hipótesis previstas en los artículos 158, 159 y 161, este último para el caso de materia civil, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, y que sólo en casos verdaderamente excepcionales en que efectivamente el acto procesal afecte de manera directa e inmediata alguno de los derechos fundamentales del gobernado procederá el amparo ante el Juez de Distrito, por lo cual, tomando en cuenta lo anterior el desechamiento de una prueba en manera alguna afecta en forma directa e inmediata los derechos del oferente, por ser inconcuso que los efectos jurídicos producidos por el desechamiento de una prueba son meramente intraprocesales y por ende no afectan ningún derecho sustantivo tutelado por la ley, pues incluso de obtener sentencia favorable la solicitante de amparo desaparecería el supuesto agravio, y en caso contrario tiene expedito su derecho para alegarlo como violación procesal en términos del artículo 159, fracción III, de la Ley de Amparo, en la demanda de amparo directo, que se promueva contra la sentencia definitiva o resolución que ponga fin al juicio. Por lo expuesto, toda vez que de la lectura del libelo de garantías, se advierte de forma patente y absolutamente clara la operancia de la causal de improcedencia en estudio, en relación con el acto reclamado, sin que pudieran llevar a convicción contraria los elementos que eventualmente pudieran allegarse al sumario en caso de ser admitido; con fundamento en el artículo 113 de la Ley Reglamentaria de los preceptos 103 y 107 Constitucionales, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por ********** De igual manera, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la carta magna, y de la observancia de lo dispuesto por el numeral 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas en el juicio en que se actúa; incluyendo el emplazamiento, a cualesquiera de las partes que intervienen en la controversia constitucional y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, lo anterior previa razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal. Se hace del conocimiento de las partes, que el presente asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el nueve de mayo de dos mil dieciséis, en el entendido que, conforme sus artículos segundo y tercero transitorios, únicamente en cuanto hace a materia de datos personales y archivo, se actuará conforme a la normatividad hasta ahora existente, es decir, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como a lo establecido en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce; ello, hasta en tanto se emita o actualice la normatividad respectiva. En atención a lo anterior, como el artículo 8º de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, dispone que el Poder Judicial de la Federación deberá hacer públicas las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria, y que las partes podrán oponerse a la publicación de sus datos personales; prevéngase a éstas para que manifiesten si se oponen a ello; en la inteligencia que de no hacerlo, se entenderá que aceptan la publicación de la sentencia respectiva con dichos datos. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el ubicado en *** de esta ciudad. Asimismo, se tiene por autorizados en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a las personas que señala en su líbelo constitucional, porque no proporcionó los datos necesarios a efecto de que este juzgado verifique si cuentan con cédula profesional registrada en el referido sistema, creado por Acuerdo General 24/2005, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato · 8,427 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano